CE - 110010315000202300567011SENTENCIA20230512083616

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle Demandados: Presidencia de la República y otros1

Temas: Derecho fundamental de petición/alcance

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) d ignidad humana , iii) igualdad, iv) acceso a la administración de justicia, v) salud, vi) educación y vii) vivienda

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 14 de marzo de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la improcedencia de la solicitud de amparo frente al reparo relacionado con “[…] la exigencia de requisitos adicionales para acceder al rompimiento de la solidaridad […]” y, en lo demás, negó la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Presidente de la República, el Gerente general de la empresa Afinia Grupo EPM y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, porque, a su juicio, i) al no dar respuesta de fondo, clara y congruente a la petición que presentó el 10 de enero de 2023; y ii) al exigir requisitos no establecidos en la Ley y en la Constitución Política para acceder al rompimiento de solidaridad y para conceder los recursos de reposici ón y en subsidio de apelación contra la decisión que negó dicha solicitud: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, el 19 de enero de 2021 , presentó una petición ante Afinia Grupo EPM, mediante la cual solicitó que se decretara la ruptura de solidaridad del periodo contractual comprendido desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 16 de febrero de 2021.

4. Indicó que, e l 29 de enero de 2021 , Afinia Grupo EPM le informó que la

periodo contractual comprendido desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 16 de febrero de 2021.

4. Indicó que, e l 29 de enero de 2021 , Afinia Grupo EPM le informó que la dirección registrada en el certificado de libertad y tradición no coincidía con la registrada ante la empresa, por lo que se requería el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Agustín Codazzi , documento que adujo remitió e l 16 de febrero de 2021.

5. Sostuvo que, e l 26 de febrero de 2021 , Afinia Grupo EPM le informó que no era procedente declarar el rompimiento de solidaridad , toda vez que: i) “[…] pese a que el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Agustín Codazzi aportado registraba el mismo número de matrícula, no tenía la misma dirección registrada en las bases de datos de la empresa […]”, no se encontraba demostrada3

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Actora: María Claudia Lulle

la titularidad del predio; y ii) como propietaria dejó de hacer efectivo el contrato de arrendamiento y consintió la deuda dejada por el arrendatario.

6. Manifestó que, e l 3 de marzo de 2021 , presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la respuesta emitida por Afinia Grupo EPM en el que reiteró la solicitud de rompimiento de solidaridad y solicitó que , previamente a suspender el servicio de energía eléctrica , expidiera un acto administrativo que garantizara sus derechos fundamentales.

reiteró la solicitud de rompimiento de solidaridad y solicitó que , previamente a suspender el servicio de energía eléctrica , expidiera un acto administrativo que garantizara sus derechos fundamentales.

7. Indicó que, el 4 de marzo de 2021, Afinia Grupo EPM confirmó la decisión del 26 de febrero de 2021.

8. Agregó que, el 10 de mayo de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión de 26 de febrero de 2021.

9. Afirmó que, e l 10 de enero de 2023 , presentó una solicitud dirigida al Presidente de la República, al Gerente General de Afinia Grupo EPM y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual solicitó que el Presidente y el Superintendente ordenaran a Afinia EPM : i) darle trámite al derecho de petición y resolver de fondo cada una de las pretensiones; ii ) explicar los fundamentos constitucionales y legales para exigir como requisito para conceder el rompimiento de solidaridad el certificado de libertad y tradición expedido por la ORIP y el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Agustín Codazzi; iii) conceder el recurso de apelación; iv) dar respuesta a cada una de las pretensiones del derecho de petición; v) abstenerse de exigir el pago de factura solidaria; y vi) explicar bajo qué fundamento la empresa suspendió el servicio de energía sin expedir un acto administrativo.

10. Indicó que, e l 16 de enero de 2023 , Afinia Grupo EPM dio respuesta su

factura solidaria; y vi) explicar bajo qué fundamento la empresa suspendió el servicio de energía sin expedir un acto administrativo.

10. Indicó que, e l 16 de enero de 2023 , Afinia Grupo EPM dio respuesta su solicitud, para lo cual le señaló que: i) mediante decisión de 26 de febrero de 2021 se le informó que no se accedía a declarar el rompimiento de solidari dad y le explicó las razones, por lo que no era procedente referirse de nuevo frente a esas peticiones; ii) no solicitó requisitos adicionales a los establecidos en la ley, pues to que los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de rompimiento de4

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Actora: María Claudia Lulle

solidaridad son el certificado de libertad y tradición vigente y que, si la dirección de este es distinta a de la factura, debía anexar el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Agustín Codazzi y el contrato de arrendamiento; iii) no era posible conceder los recursos de ley, toda vez que estos ya habían sido concedidos, por lo que se agotó debidamente la vía administrativa; y iv) si el cliente tiene facturas no objeto de reclamación pendientes de pago, la empresa puede suspender el servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 142 de 11 de julio de 19942.

11. Manifestó que, mediante Oficio de 14 de febrero de 2023, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó que la ley establece que dicha autoridad es un órgano de segunda instancia que vigila las actuaciones que las empresas

11. Manifestó que, mediante Oficio de 14 de febrero de 2023, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó que la ley establece que dicha autoridad es un órgano de segunda instancia que vigila las actuaciones que las empresas realizan en el marco de la ejecución del c ontrato, por lo que el competente para resolver en primera instancia su inconformidad era la empresa Afinia Grupo EPM y que, en caso de recibir una respuesta no favorable, se debía interponer recurso de reposición y subsidiariamente apelación para que la e mpresa envíe el expediente a la Superintendencia para que esta resuelva el recurso.

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo

y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL PRESIDENTE

DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIAS, OTORGADAS A LA

SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LA LEY 489 DE 1998

DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C -727 DEL 2000, artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DE LA LEY 142 DE 1994, y dé respuesta al derecho de petición, ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDE NE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICOS, A EJERCER SUS FUNCIONES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICOS, A EJERCER SUS FUNCIONES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no au torizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION (…) y se garanticen

2 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.5

Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle

MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del derecho de petición , la administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los precedente de la cortes constitucional que han reiterado que si es procedente la acción de tutela contra las empresas de servicios públicos domiciliarios y contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos, que el señor juez del conocimiento

han reiterado que si es procedente la acción de tutela contra las empresas de servicios públicos domiciliarios y contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO

DE OFICIOSIDAD (…)

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y legales, para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por el instituto de Agustín Codazzi, cuando este último ya no lo expide, y nadie está obligado a lo imposibles violando o la sentencias de tutelas T636

DEL 2006 Y T -281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) (…) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, expedida por la superservicios, donde el superintendente juró cumplir la constitución y la ley, sin que la empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL, que define cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley 142 de

levantamiento CATASTRAL, que define cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 es al municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar las direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio.

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamentos constitucionales y legales para obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposición y apelación y de queja exige como requisito absoluto , el pago de la factura solidaria, y lo que no está objetos de reclamos, sin importar que el usuarios se abstienen de pagarla, y la po ne en reclamo, a la súper no le importa esto o la paga, o la paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción, o que ya tienen más de 20 años hay que pagarla por las buenas o por las malas de lo contrario declaran improcedente el derecho de petición (…).

CUARTO que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía, exige como requisito para darle tramite a un derecho de petición

el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía, exige como requisito para darle tramite a un derecho de petición de solidaridad, certificado de libertad y tradición, certificado de nomenclatura expedido por el instituto de Agustín Codazzi, cuando este organismo ya no lo viene expidiendo, además la empresa no tiene en su poder el levantamiento catastral y la carta catastral que definen la dirección del inmueble?¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía exige como requisito para conceder los recursos de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superservicicios, que el usuario obligatoriamente, y absolutamente debe pagar la factura solidaria y lo6

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Actora: María Claudia Lulle

que no es objeto de reclamo, donde esta exigencia no es obligatoria, como lo dejó claro la corte constitucional en la sentencia c-558 del 2001 .

QUINTO SEÑOR presidente ordene a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento, cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada, debido que siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley, pero no dicen cuál es la ley ,debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe exigir dicho requisito (…)

SEXTO que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de Afinia que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de

(…)

SEXTO que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de Afinia que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función pública, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994 (…)

SÉPTIMO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE GENERAL DE AFINIA, y al superintendente de servicios públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA

SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…) CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, que el señor Denis Martínez, Y la se ntencia de tutela T -636 DEL 2006, donde la empresa de energía, viene violando el artículo 84 de la constitución que prohíbe exigir requisito no autorizado por la constitución y las ley (…) y Y LE DE TRAMITE AL a los derecho de petición de solidaridad, sin exigir requisito adicionales para demostrar la propiedad del inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra juicio, de igual forma que se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los certificado sin ante no presente como medio de prueba, la copia de la carta catastral del inmueble, así mismo el levantamiento catastral,

los derechos de petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los certificado sin ante no presente como medio de prueba, la copia de la carta catastral del inmueble, así mismo el levantamiento catastral, debido que según la empresa, la dirección que po seen predominan sobre las direcciones registradas en las entidades catastrales las cuales son las entidades facultadas para determinar la dirección de cada inmueble según el plan de ordenamiento territorial (…)

OCTAVO que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD (…)

NOVENO señor juez constitucional es procedente esta acción de tutela, debido que no existen otros mecanismos judiciales para obligar a estas entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición, además todavía estamos en pandemia por lo que si es procedente esta acción de tutela conforme lo ordenado por la cortes constitucional en la sentencias Sobre la satisfacción del requisito de subsidiariedad en acciones de tutela dirigidas contra empresas de servicios públicos domiciliarios en el contexto de la pandemia por Covid (…)

DECIMO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada una de la superintendencia para que el pueblo

el término no superior de dos meses realice en Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada una de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus denuncia explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20 años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente7

Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle

las sentencias C-558 de 2001 debido a que para que procedan los recursos exigen que el usuario se encuentre a paz y salvo sin importar que se deuda de 1998 (…)

UNDÉCIMO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió, para determinar que si hubo o no peticiones reiterativas para que la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente […]”.3

13. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que la respuesta de 16 de enero de 2023 por Afinia Grupo EPM no fue de fondo, clara, precisa y congruente; e indicó que “[…] no se puede hablar de peticiones reiterativas […]” frente a las solicitudes presentadas el 19 de enero de 2021 y el 10 de enero de 2023.

14. Igualmente, adujo que el Presidente de la República ni el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios dieron respuesta a su derecho de petición, toda vez que solo Afinia Grupo EPM dio respuesta de forma aislada.

15. A continuación, sostuvo que el Gerente General de Afinia exigió requisitos

Servicios Públicos Domiciliarios dieron respuesta a su derecho de petición, toda vez que solo Afinia Grupo EPM dio respuesta de forma aislada.

15. A continuación, sostuvo que el Gerente General de Afinia exigió requisitos adicionales y prohi bidos por la Constitución Política y la Ley para acceder al rompimiento de la solidaridad y para conceder los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

16. Indicó que, “[…] se hace necesario que el juez constitucional ordene al señor presidente asumir sus competencias, otorgadas a la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios […]”.

Actuación

17. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 10 de febrero de 2022: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al Gerente General de Afinia Grupo EPM y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios ; concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera n informe sobre el particular.

3 Transcripción literal del texto.8

Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle

Intervención de la demandada

18. La Presidencia de la República solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, al considerar que no es la autoridad competente para brindar una respuesta de fondo a las denuncias por presuntas irregularidades en las facturas que emite la empresa de servicios públicos.

acción de tutela, al considerar que no es la autoridad competente para brindar una respuesta de fondo a las denuncias por presuntas irregularidades en las facturas que emite la empresa de servicios públicos.

18.1. Indicó que, la actora presentó dos peticiones ante dicha autoridad, en las cuales requirió a la Presidencia de la República revocar una resolución proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios donde ratificó unas facturas proferidas por la empresa Afinia ; solicitudes fueron resueltas mediante Oficios de 17 de octubre de 2022 como se indica a continuación:

“[…] Una vez se consultó el Área de correspondencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la misma encontró que la comunicación radicada bajo el EXT22-00090406 fue contestada a través del OFI2200123663 / GFPU 12000002 del 17 de octubre de 2022 […] En concordancia con lo expuesto, el DAPRE emitió el OFI22-00123768 / GFPU

12000002 del 17 de octubre de 2022, mediante el cual comunicó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la petición de la accionante […]”.

19. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó negar la acción de tutela, al advertir que, mediante consecutivo núm. 20238600651671 de 14 de febrero de 2023 sí resolvió de fondo la petición de la actora. Para tal efecto,

señaló lo siguiente:

“[…] Al respecto, le indicamos al respetado despacho que el usuario radicó ante este organismo el derecho de petición RADICADO 20235290109822 del 11 de enero de 2023 EXPEDIENTE 2023860340101413E.

Respetado señor juez, la Dirección Territorial Nororiente de la Superintendencia sí resolvió de fondo la petición de la hoy parte accionante.

Para el efecto, la Dirección Territorial Nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Radicado No.: 20238600651671 fecha 14 de febrero de 2023, informa9

Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle

“En primer lugar, señor usuario le informamos que la Superservicios es un órgano de segunda instancia, que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución del contrato usuario –empresa existente; es decir, que la Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones des pués que las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto

Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones des pués que las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación”.

De esta forma mediante respuesta con radicado 20238600651671 fecha 14 de febrero de 2023 se le informo al usuario que su reclamación debe iniciarla en sede de empresa, to da vez que es la Ley 142 de 1994 establece el procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos. Adicionalmente, se observa que usted no aporta un número de consecutivo y/o radicado ante esta superintendencia, al que se deba asociar los documentos anexos a la presente petición.

Así mismo, se comunicó al usuario dicha respuesta al correo electrónico […]”.

20. La Afinia Grupo EPM solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Al respecto, sostuvo que:

“[…] De los recursos presentados

El día 3 de marzo de 2021 presentó recurso de reposición en subsidio el de apelación contra la decisión de Consecutivo No.202170057947, en el que solicitaba ruptura de solidaridad en el periodo desde el 30 de marzo de 2019, (fecha d inicio del contrato de arrendamiento) hasta el 16 de febrero de 2021 (fecha de reclamación). La empresa el 4 de marzo de 2021, mediante consecutivo No. 202070063957, resuelve

de arrendamiento) hasta el 16 de febrero de 2021 (fecha de reclamación). La empresa el 4 de marzo de 2021, mediante consecutivo No. 202070063957, resuelve el recurso y le informa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. confirma la decisión inicial. También se le comunicó Que por haber interpuesto el recurso de apelación subsidiario al de reposición, se remitiría el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios una vez se surta la notificación personalmente o por aviso, y será dicha entidad quien defina acerca del caso, tal como se demuestra con la copia de la respuesta a esa reclamación que se adjunta a esta tutela.

El segundo hecho, solo me consta que la reclamación. RE3110202301936 presentada el 11 de enero de 2023, por el accionante por concepto de ruptura de solidaridad, mediante el cual, solicita se dé nuevamente trámite a la reclamación con radicación RE3110202107724, del 16 de febrero de 2021, la que la empresa le dio respuesta de fondo clara y oportuna mediante de consecutivo No. 202070057947 del 26 de febrero de 2021, al respecto se le informó que, Caribemar d e la Costa S.A.S E.S.P no solicita requisitos adicionales, a los establecidos por la ley, para dar trámite a las solicitudes por rompimiento de solidaridad, los únicos documentos requeridos para el trámite a dichas peticiones fueron relacionados en las respectiva respuesta. También se le dijo en esa respuesta que el usuario ya había presentado escrito el día 16 de febrero de 2021, bajo el radicado No. RE3110202107724,, mediante el cual solicitó rompimiento de solidaridad desde el 30 de marzo de 2019,

respuesta. También se le dijo en esa respuesta que el usuario ya había presentado escrito el día 16 de febrero de 2021, bajo el radicado No. RE3110202107724,, mediante el cual solicitó rompimiento de solidaridad desde el 30 de marzo de 2019, (fecha d inicio del contrato de arrendamiento) hasta el 16 de febrero de 2021 (fecha de reclamación), Como respuesta a dicha petición la empresa emitió la decisión con consecutivo No. 202070057947 del 26 de febrero de 2021 en la cual se le informó y explicó que, no se accede a declarar el rompimiento de solidaridad, toda vez que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la10

Núm. único de radicación: 110010315000202300567-01

Actora: María Claudia Lulle

deuda dejada por el inquilino, por lo que, se concedieron los respectivos recursos de ley. Tal como se soporta con la copia de la respuesta que se adjunta a esta contestación […]”.

[…]

“[…] El octavo hecho no es cierto, revisado el trámite de la reclamación RE3110202107724 se evidenció que mi representada dio respuesta al recurso de reposición interpuesto por el accionante concediendo la apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos la cual, resolvió confirmar la decisión emitida por la empresa […]”.

[…]

“[…] Es decir que cuando alguien considera que un acto administrativo, decisión empresarial de una ESP o la Resolución de la Superintendencia, fue expedido en forma irregular, violando su debido proceso o desconociendo su derecho de defensa, tiene la posibilidad de acudir ante los jueces administrativos y solicitar la nulidad del

empresarial de una ESP o la Resolución de la Superintendencia, fue expedido en forma irregular, violando su debido proceso o desconociendo su derecho de defensa, tiene la posibilidad de acudir ante los jueces administrativos y solicitar la nulidad del acto, y su correspondiente restablecimiento del derecho. Es decir, cuenta con un medio de defensa judicial diferente a la acción de tutela […] En este caso el actor no ha demostrad o siquiera sumariamente haber sufrido o estar sufriendo perjuicio irremediable que no le permita al accionante hacer uso de los demás medios de defensa con que cuenta para el estudio de su pretensión, situación fáctica necesaria para fallar la tutela según la corte constitucional […]”.

La sentencia impugnada

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 14 de marzo de 2023, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por la actora por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia frente al reproche relacionado con la exigencia de requisitos adicionales para acce