CE - 110010315000202300571001SENTENCIA20230317103650

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00571-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE CONFIGURÓ

EL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

EL TRIBUNAL VALORÓ LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE

REPARACIÓN DIRECTA A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA

RELATIVA A LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. LA ACTORA NO

MENCIONA LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBERÍA

CONTABILIZARSE EL TÉRMINO RESPECTIVO NI DEMUESTRA EN

QUÉ MOMENTO GARANTIZÓ LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

PARA EL RETORNO DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO

FORZADO A SUS LUGARES DE ORIGEN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA

IGUALDAD

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 110010315000 2023 00571 00

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actora: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL2, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 10 de diciembre de 2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 130013333008-2015-00445-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que en el año 2015 un grupo aproximado de 200 personas que adujeron ser víctimas de desplazamiento forzado del MUNICIPIO DE SAN JACINTO (Bolívar) por hechos ocurridos en los años 1999 a 2003, promovieron una demanda en ejercicio del

2 En adelante la Policía Nacional.3

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Actora: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL

2 En adelante la Policía Nacional.3

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medio de control de reparación directa en su contra y del EJÉRCITO y la ARMADA NACIONAL, con la finalidad de que se les indemnizara por los perjuicios causados por su situación.

Comentó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 130013333008-2015-00445-01 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 3 que, mediante sentencia de 26 de marzo de 2019, denegó las pretensiones de la demanda p or cuanto no hubo certeza sobre la calidad de desplazados de los demandantes.

Informó que la parte vencida interpuso el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2021, revocó la decisión recurrida y , en su lugar, accedió a las pretensiones solicitadas y la condenó solidaria y administrativamente responsable junto con las demas entidades demandadas al pago de perjuicios morales en relación con 187 actores en cuantía de 80 SMLMV por cada uno.

3 En adelante el JUZGADO.4

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actores en cuantía de 80 SMLMV por cada uno.

3 En adelante el JUZGADO.4

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, en particular, los contenidos en la sentenci a de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 85001-33-33-0022014-00144-01, así como en la sentencia T -490 de 2014 proferida por la Corte Constitucional , conforme con las cuales e l medio de control de reparación directa está sometido al término de caducidad, incluso en los asuntos relacionados con crímenes de lesa humanidad.

Agregó que de igual forma el TRIBUNAL desconoció el precedente fijado por la Sección Tercera de esta Corporación en el “[…] auto de 21 de noviembre de 2012208, la sentencia de 13 de mayo 20152009 y el auto de 10 de febrero de 2016210 […]”, conforme con los cuales es claro que en ese tipo de asuntos es aplicable el término de caducidad.

Expuso que en el presente caso no era posible establecer si el daño cesó o se ha mantenido en el tiempo, dado que las pruebas no

es claro que en ese tipo de asuntos es aplicable el término de caducidad.

Expuso que en el presente caso no era posible establecer si el daño cesó o se ha mantenido en el tiempo, dado que las pruebas no demostraban si el retorno de los actores a su lugar de origen no ha5

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sido posible porque subsist an las situaciones de peligro o amenaza que les obligó a desplazarse.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…]PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión Oral 7 […]

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo solicitado por la Policía Nacional y se deje sin efectos la sentencia citada y se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión Oral 7, dentro de un término razonable, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos expuestos en la presente acción y observando el precedente fijado por el H. Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó, respecto del conteo de caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad[…]”.

I.5.- Defensa

las sentencias cuyo desconocimiento se invocó, respecto del conteo de caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir debates probatorios y jurídicos que se surtieron ante el juez natural de un asunto.

Agregó que comoquiera que en el presente caso el actor pretende6

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que se dé aplicación a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente porque para tal efecto la actora tenía a su disposición el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, conforme con el artículo 256 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Indicó que en la providencia cuestionada efectuó un análisis minucioso de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de desplazamiento forzado, en el que incluyó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 citada por la actora como desconocida.

Expuso que “[…] en Auto Interlocutorio No. 0238 -2018 de fecha 05 de Junio de 2018, había declarado la no operancia de la caducidad

desconocida.

Expuso que “[…] en Auto Interlocutorio No. 0238 -2018 de fecha 05 de Junio de 2018, había declarado la no operancia de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias derivadas del Desplazamiento Forzado de los demandantes, decisión que qued ó ejecutoriada y contra la cual, la parte demandada no interpuso acciones constitucionales […]”.

Explicó que, en la providencia cuestionada planteó que, aun aplicando la sentencia de unificación aludida, en el caso no operaba7

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la caducidad porque había circunstancias que impidieron a los actores ejercer el derecho de acción con anterioridad, sin que al momento en que fue presentada la demanda hubiesen sido superadas las situaciones que llevaron a su desplazamiento.

Comentó que la decisión sobre la caducidad tuvo como eje principal el hecho “[…] de que el desplazamiento forzado es un daño continuado el cual se prolonga en el tiempo y cesa cuando se dan las condiciones establecidas por la ley y por la jurisprudencia del Consejo de Estado, tesis que se ha mantenido incólume aun con posterioridad a la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020 […]”.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

de Estado, tesis que se ha mantenido incólume aun con posterioridad a la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020 […]”.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente o , en su lugar , ser denegada, dado que no existió la vulneración alegada.

Explicó que, si bien en primera instancia denegó las pretensiones de la demanda, al ser apelada su decisión el TRIBUNAL la revocó con base en sus argumentos y criterios jurídicos admisibles expuestos en la providencia cuestionada.8

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I.5.3.- El MINISTERIO DE DEFENSA , vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, comentó que las pretensiones de la solicitud de amparo debían ser accedidas, dado que, en efecto, en su sentir, “[…] no se pu ede desconocer que actualmente existe una sentencia de unificación del Consejo de Estado en torno a la caducidad del medio de contr ol de reparación directa que es de obligatorio acatamiento […]” y, por ende, debía haberse declarado la caducidad en el caso origen de la controversia.

Aseguró que la caducidad no es un capricho ni un mecanismo de

directa que es de obligatorio acatamiento […]” y, por ende, debía haberse declarado la caducidad en el caso origen de la controversia.

Aseguró que la caducidad no es un capricho ni un mecanismo de afectación del derecho de acceso a la administración de justicia, sino que se trata de una figura fundada en principios constitucionales que pretenden garantizar la seguridad jurídica.

Agregó que las sentencias de unificación naturalmente nacen para dirimir diferentes interpretaciones judiciales y sus efectos son instantáneos, es decir, se aplican a todos los procesos vigentes y venideros, por lo que para el caso bajo estudio debió aplicarse el precedente contenido en la providencia de 29 de e nero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de estado sobre la caducidad en reparación directa.9

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I.5.4.- La señora NEREIDA MARGARITA MEJIA DIAZ , vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo por inexistencia de vulneración a los derechos deprecados.

Afirmó que no es cierto que el TRIBUNAL haya desconocido la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 aludida, porque en la providencia cuestionada dicha autoridad desarroll ó un acápite en

Afirmó que no es cierto que el TRIBUNAL haya desconocido la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 aludida, porque en la providencia cuestionada dicha autoridad desarroll ó un acápite en el que estudió la caducidad del medio de control de reparación directa en lo relacionado con el desplazamiento forzado, en el que incluyó un análisis legal y probatorio de cara a las reglas jurisprudenciales allí contenidas.

Sostuvo que además “[…] el juicio valorativo del juez de instancia no fue irrazonable ni desproporcionado, pues tuvo en cuenta las sentencias vigentes proferidas con posterioridad a la Sentencia de Unificación del año 2020 […]”.10

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Secc ión el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Secc ión el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la11

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fu e reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fu e reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucio nal señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que co rresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y12

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de forma expresa porqué la cuestión qu e entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de pro piciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificar ían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de u na irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

conflictos.

d. Cuando se trate de u na irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de im putarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los13

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hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al funda mento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al funda mento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tute la[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas la s sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, c omo lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió l a providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se14

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se14

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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la POLICÍA NACIONAL pretende que se deje sin efecto la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida por el TRIBUNAL en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 130013333008 2015 00445 01 , mediante la cual se le declaró solidaria y administrativamente responsable por el desplazamiento forzado de 187 personas.15

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La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada en el año 2015 por un grupo de personas que adujeron ser víctimas de desplazamiento forzado por hechos ocurridos entre los años 1999 a 2003.

El disenso de la parte actora radica en que, en su sentir, el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 85001TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 8500133-33-002-2014-00144-01, así como en la sentencia T 490 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, conforme con las cuales aún en casos relacionados con delitos de lesa humanidad, el medio de control de reparación directa está sometidos a caducidad.

Además, la accionante asegura que en el caso bajo estudio no era posible establecer si el daño cesó o se ha mantenido en el tiempo, dado que las pruebas no demostraban si el retorno de los actores a su lugar de origen no fue posible porque hayan subsistido las situaciones de peligro o amenaza que les obligó a desplazarse.16

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La Sala precisa que el estudio del caso se limitar á al presunto desconocimiento de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la sentencia T 490 de 2014 proferida por la Corte Constitucional , dado que si bien en el escrito introductorio se hizo mención a otras providencias adicionales, estas no fueron identificadas de forma tal que permitiera su individualización y consulta, además porque en

sentencia T 490 de 2014 proferida por la Corte Constitucional , dado que si bien en el escrito introductorio se hizo mención a otras providencias adicionales, estas no fueron identificadas de forma tal que permitiera su individualización y consulta, además porque en todo caso lo cierto es que fueron mencionadas para ilustrar la misma regla jurisprudencial invocada como desconocida, esto es, la aplicación de la caducidad en reparación directa en casos relacionados con delitos de lesa humanidad.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto sustantivo por desconocimie nto del precedente judicial , al haber proferido la sentencia de 10 de diciembre de 2021 aludida.

La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su17

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criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se configuró el defecto alegado ; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se configuró el defecto alegado ; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable 4, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico del defecto alegado, para enseguida resolver el fondo del asunto.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).18

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unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 5 y el 270 de la Ley 1437 de 2011; así como su respaldo jurisprudencial en las sentencias C -836 de 9 de agosto de 2001 6; C-816 de 1o. de noviembre de 2011 7; C179 de 13 de abril de 20168; y T-102 de 25 de febrero de 20149.

En relación con esta causal, la C orte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].”10 (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

5 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina proba