CE - 110010315000202300581001SENTENCIA20230627153532

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00581-00

Accionante: HÉCTOR MAURO PORTILLA PABÓN Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia ju dicial / derechos fundamentales a la seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso / medio de control de reparaci ón directa / pleito pendiente / procedencia para la reparación de perjuicios causados a un grupo / criterios para la integración del grupo / Ley 472 de 1998

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Héctor Mauro Portilla Pabón, Sara Gómez de Portilla y Héctor Freddy Portilla Gómez, quienes actúan por conducto de apoderado1, en contra del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y de la Subsección C de la S ección Tercera del Tribunal

Freddy Portilla Gómez, quienes actúan por conducto de apoderado1, en contra del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y de la Subsección C de la S ección Tercera del Tribunal

1 El abogado Erwin Giovanny Ochoa Villalba.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Administrativo de Cundinamarca, por la presunt a vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la ex pedición de las providencias de 28 de febrero y 10 de noviembre de 2022, respectivamente, proferidas dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm. 11001-33-36-037-201900077-01.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

Los señores Héctor Mauro Portilla Pabón, Sara Gómez de Portilla y Héctor Freddy Portilla Gómez presentaron medio de cont rol de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , del departamento del Putumayo , de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y de

reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , del departamento del Putumayo , de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de D esastres con el fin que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión de la avalancha ocurrida el 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en el municipio de Mocoa.

El proceso correspondió al Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 28 de febrero de 2022, declaró probada la excepción de pleito pendiente ante la existencia de una acción de grupo en curso y ordenó terminar el proceso. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelaci ón, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Sección Tercera – Subsección C que, a través de providencia de 10 de noviembre de 2022, confirmó lo fallado en primera instancia.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal

noviembre de 2022, confirmó lo fallado en primera instancia.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C incurrieron en un defecto sustantivo por la indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998 , disposición que fue usada por las autoridades accionadas para exigirle a los demandantes que acudieran a la acción de grupo para reclamar por los perjuicios sufridos por la ocurrencia de la avalancha en el municipio de Mocoa.

Indica que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, prima su voluntad de interponer acciones individuales sobre las acciones de grupo, y que a otros accionantes en situación similar sí les han permitido continuar con el trámite del medio de control de reparación directa, lo cual constituye una vulneración de su derecho fundamental a la igualdad.

Manifiesta que la exclusión de que habla el artículo 56 de la Ley 472 de 1998 aplica únicamente para las personas que hayan cumplido con las exigencias del artículo 55 de dicha normal, es decir que sean miembros de la acción de grupo instaurada, para lo cual se debe pasar un escrito manifestando la voluntad de hacerse parte del mismo, razón por la que encuentra que la interpretación efectuada por parte de los jueces de lo contencioso administrativo carece de fundamento legal y es abiertamente ligera y violatoria de sus garantías constitucionales.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

contencioso administrativo carece de fundamento legal y es abiertamente ligera y violatoria de sus garantías constitucionales.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«De la manera más comedida demando que se me tutelen los derechos fundamentales de los accionantes y en consecuencia, se dejen sin efectos los autos proferidos por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección 3 – Subsección C, los días 28 de febrero de 2022 y 10 de noviembre de 2022, respectivamente, dentro de los siguientes procesos:

a) Héctor Mauro Portilla Pabón y otros – rad. 2019 – 77. b) Blanca Socorro Guacán y otros – rad. 2019 – 76. c) Dagoberto Ortega Mega y otros – rad. 2019 – 95.

, y (sic) en su lugar se profiera una nueva decisión, fav orable los argumentos esbozados en la presente tutela». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto de l 9 de febrero de 2023 , el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial Bogotá y a la

4. INFORMES

Mediante auto de l 9 de febrero de 2023 , el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial Bogotá y a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y «al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial», al Departamento de Putumayo y a los señores Dagoberto Ortega Mega y Blanca Socorro Guacán como terceros interesados en las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Posteriormente, a través de auto de 2 de mayo de 2023, ordenó:AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 «PRIMERO.- NOTIFÍQUESE a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación para el D esarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a los demás intervinientes en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm. 11001Corporación para el D esarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a los demás intervinientes en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm. 1100133-36-037-2019-00077-01 como terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejerzan su derecho de defensa».

4.1. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, por medio de su director general, se opuso a la prosperidad de las peticiones solicitadas porque considera que no se demostró la vulneración de algún derecho fundamental, y lo pretendido por la parte accionante es usar la acción de tutela como una tercera instancia para controvertir lo que ya fue decidido por el juez del medio de control de reparación directa.

4.2. La Gobernación del Putumayo , por intermedio de apoderada, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por no haberse configurado una violación de derechos fundamentales o un desconocimiento de las garantías procesales de las partes.

Precisó que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue correcta porque no es posi ble promover procesos individuales paralelos sin haber solicitado previamente la exclusión del grupo, comoquiera que la norma prevé este escenario como una forma de salvaguardar los intereses gravemente desconocidos de un interesado en un proceso de grupo al que, habiendo estado vinculado no hubiere participado, pero tampoco hubiere iniciado acción individual, para que no pierda su oportunidad de iniciar un proceso particular posterior.

Esto, siempre y cuando su derecho de acción tampoco haya caducado

no hubiere participado, pero tampoco hubiere iniciado acción individual, para que no pierda su oportunidad de iniciar un proceso particular posterior.

Esto, siempre y cuando su derecho de acción tampoco haya caducado por el paso del tiempo; entonces, al advertir que ello no sería posibleAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 por el transcurso del tiempo, como según advierte ocurre en el sub examine, en el cual ya han pasado casi cinco años desde la producción del daño, lo exigible era accionar oportunamente lo s instrumentos de defensa establecidos dentro del proceso de grupo para lograr su exclusión y, antes de que opere el fenómeno de caducidad, acudir a la reparación directa.

4.3. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, actuando por conducto de su titular, solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional.

Indicó que es evidente que en el asunto bajo estudio se configuró la excepción de pleito pendiente en el proceso de reparación directa, como quiera que los demandantes: i) no solicitaron la exclusión del grupo y ii) no interpusieron el medio de control antes de haberse interpuesto la

excepción de pleito pendiente en el proceso de reparación directa, como quiera que los demandantes: i) no solicitaron la exclusión del grupo y ii) no interpusieron el medio de control antes de haberse interpuesto la acción de grupo, po r lo que se entiende, conforme con la norma, que hacen parte del grupo afectado y podrán acogerse a los efectos del fallo de la acción de grupo.

Expuso que l os argumentos de los accionantes están encaminados a que en una tercera insta ncia y a través del juez constitucional, se analice nuevamente el asunto que ya fue decidido a través de la vía procesal pertinente y el juez competente, esto es, la acción de reparación directa tramitada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que la procedencia de la acción de tutela interpuesta atentaría contra el principio de cosa juzgada, principio que garantiza la seguridad jurídica como elemento esencial del Estado de Derecho.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 4.4. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de apoderado, pidió que se desestime la acción de tutela incoada por no existir ninguna vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

Manifestó que no se generó una irregularidad procesal que afectara

por medio de apoderado, pidió que se desestime la acción de tutela incoada por no existir ninguna vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

Manifestó que no se generó una irregularidad procesal que afectara decisivamente el proceso de reparación directa por cuanto la decisión adoptada tanto en primera instancia que luego fue confirmada en segunda instancia demuestra la existencia de un pleito pendiente deviniendo en que se declarara la prosperidad de la excepción en mención y se diera por terminado el proceso de reparación directa.

4.5. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de apoderado, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección, a través del magistrado Fernando Iregui Camelo, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Señaló que analizadas las pruebas allegadas al expediente y el escrito de la demanda, se logró evidenciar la configuración de la excepción previa de pleito pendiente, teniendo en cuenta la exi stencia de otro proceso vigente. Esto, por cuanto se encontraba cursando an te la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso de acción de grupo, identificado con el radicado núm. 25000-23-41000-2017-000687-00, el cual fue admitido el 25 de mayo de 2017 y que según la consulta realizada en la plataforma S AMAI, a la fecha no se ha proferido sentencia.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

que según la consulta realizada en la plataforma S AMAI, a la fecha no se ha proferido sentencia.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Expuso que en dicho caso existe identidad de causa (hechos), objeto (pretensiones) y partes, toda vez que se basan en la avalancha ocurrida entre el 31 de marzo y e l 1º de abril de 2017 sobre el municipio de Mocoa tras el desbordamiento de las micro cuencas de los ríos Sangoyaco, Mulato y Las quebradas Taruca, Conejo y Almorzadero, lo que provocó el represamiento y colmatación de los causes principales de las fuentes hídricas mencionadas, del cual resultaron afectados 17 barrios de dicho ente territorial.

Finalmente, manifestó que la decisión acusada no es violatoria del derecho fundamental a la administración de justicia, sino por el contrario, se justifica con la ampliación del rango de protección hacia las personas afectadas con un mismo suceso; quienes tienen la posibilidad de manifestar su inconformidad para ser excluidos del grupo afectado e interponer un proceso aparte con pretensiones individuales a través del medio de reparación directa, pero no por ello es permitido que se adelanten dos procesos paralelos con identidad fáctica y de causa.

4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

a través del medio de reparación directa, pero no por ello es permitido que se adelanten dos procesos paralelos con identidad fáctica y de causa.

4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, por medio de la magistrada María Cristina Quintero Facundo, también rindió informe y solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Indicó que el asunto que aquí se discute no cumple con el requisito general de relevancia constitucio nal, por cuanto si bien la parte accionante identifica como desconocidos sus derechos constitucionales con ocasión al auto proferido dentro del medio de control de reparación directa 1001-3336-037-2019-00077-01, por el que se declaró probada la excepción de pleito pendiente y dio por terminado el proceso deAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 reparación directa adelantado con ocasión a los perjuicios padecidos por la avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa; no esboza argumento que determine que el asunto tien e relación causa - efecto con la vulneración alegada, en especi al, la

por la avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa; no esboza argumento que determine que el asunto tien e relación causa - efecto con la vulneración alegada, en especi al, la afectación de bienes iusfundamentales, y por el contrario pretende que el juez constitucional asuma como una tercera instancia ante las discrepancias en contra de las decisiones judiciales.

4.8. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por intermedio de apoderado, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y por no haber vulnerado ninguno de los derechos fundamentales a legados por la parte accionante en el proceso.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 .º del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 de 2021.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C2, al proferir la providencia de 10 de noviembre de 2022, incurrió en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos

2 Si bien la parte accionante también acusa la decisión del 28 de febrero de 2022, dictada por el el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, esta Sala de Subsección centrará su estudio sobre la providencia

2 Si bien la parte accionante también acusa la decisión del 28 de febrero de 2022, dictada por el el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, esta Sala de Subsección centrará su estudio sobre la providencia de segunda instancia, por ser esta la que puso fin al proceso.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

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Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados po r decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspecti va, cualquier autoridad investida de la potestad de

poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspecti va, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de p rocedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración

3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

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Bogotá D.C. – Colombia 11 jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

La doctrina constitucional ha señalado las causales espec iales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se profirió el 10 de noviembre de 2022 y la acción de tutela se presentó el 6 de febrero de 2023.

3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo en que

se presentó el 6 de febrero de 2023.

3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

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3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistente s o inconstitucionales 5, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada,

la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»6.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuan do desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la

5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

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Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente8.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la solicitud de tutela instaurada por los señores Héctor Mauro Portilla Pabón, Sara Gómez de Por tilla y Héctor Freddy Portilla Gómez, quienes actúan por conducto de apoderado, en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 10 de noviembre de 2022, proferida dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-3336-037-2019-00077-01.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. La parte accionante sostiene que la sentencia acusada incurrió en

identificado con el radicado 11001-3336-037-2019-00077-01.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. La parte accionante sostiene que la sentencia acusada incurrió en un defecto sustantivo por la indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998, di sposición que fue usada por las autoridades accionadas para exigirle a los demandantes que acudieran al medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo

7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -00851 -00

Acci onante: Héctor Mauro Portilla Pabón y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 para reclamar por los perjuicios sufridos por la ocurrencia de la avalancha en el municipio de Mocoa.

Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se advierte que el Tribunal fundamentó su decisión en las siguientes disposiciones normativas:

En primer lugar, realizó un estudio de la titularidad de las acciones de grupo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 472 de 1998, el cual prevé:

«ARTÍCULO 48. TITULARES DE LAS ACCIONES. Podrán presentar

grupo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 472 de 1998, el cual prevé:

«ARTÍCULO 48. TITULARES DE LAS ACCIONES. Podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo establece el artículo 47.

El Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales y Distritales podrán, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. En este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados».

De igual modo, lo consagrado en el artículo 55 ibídem, el cual indica la forma en que el grupo debe ser integrado, a saber:

«ARTICULO 55. INTEGRACION AL GRUPO. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuici o podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a