CE - 110010315000202300606011SENTENCIA20231018145625

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-00606-01

Demandante: RESGUARDO INDÍGENA TOTARCO DINDE

INDEPENDIENTE Y OTROS

Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA

JUDICIAL QUE SE ABSTUVO DE DAR TRÁMITE AL

INCIDENTE DE DESACATO PRESENTADO POR UNAS

COMUNIDADES INDÍGENAS . CUMPLIMIENTO DE LA

SENTENCIA SU-245 DE 2021. SE REVOCA LA DECISIÓN

QUE AMPARÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y, EN

SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO

POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión del auto del 14 de diciembre de 2022, por medio del cual la accionada se abstuvo de abrir el incidente de desacato presentado por los Resguardos Indígenas Coyaima, Natagaima y Ortega del departamento del Tolima, sin advertir que la Corte Constitucional otorgó efectos “inter

abrir el incidente de desacato presentado por los Resguardos Indígenas Coyaima, Natagaima y Ortega del departamento del Tolima, sin advertir que la Corte Constitucional otorgó efectos “inter comunis” a la sentencia SU -245 de 2021, por lo cual la orden dirigida a la Secretaría de Educación de Nariño se extendía a todas los pueblos y comu nidades indígenas del país. Sin embargo, la Sala revocará el amparo dec retado en primera instancia y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela pues el juez natural del asunto ya se pronunció sobre los mismos argumentos y este mecanismo constitucional no puede ser empleado como una tercera instancia.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia de 19 de julio de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de las siguientes comunidades indígenas Pijao ubicadas en el Departamento del Tolima: Totarco Dinde Independiente, Totarco Dinde Tradicional, Zanja Honda, Guadualito, Meche San Cayetano, La Tut ira Bonanza, Chenche Media Luna, Doyare Provenir, Doyare Centro, Zaragoza Tamarindo, Chenche Amayarco, Chenche Tunarco, Chenche Socorro los Guayabos, Yaberco, Coyarco, El Rosario,2

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Demandante: Resguardo Indígena Totarco Dinde Independiente y otros Acción de tutela – Impugnación fallo

Hilarco, El Floral, Chenche Zaragoza, San Miguel, Yaco Molana, Guadualejas,

Demandante: Resguardo Indígena Totarco Dinde Independiente y otros Acción de tutela – Impugnación fallo

Hilarco, El Floral, Chenche Zaragoza, San Miguel, Yaco Molana, Guadualejas, Calapena, Velú Centro, Cocana, El Palmar, Monte Frio, Chonta el Chircal, Santa Lucía, Aima, Cedrales Peralonso, Guatavita Tua, Llovedero, Vuelta del Rio Centro, Mesa de Cucuana Santa Rita, Las Delicias, Quintim Lame los Colorados, Kiloka Playa Verde, Pijao de Cunirco y La Bandera, por las razones expuestas en la motivación precedente.

2. En consecuencia, dejar sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia de 14 de diciembre de 2022, únicamente en lo relativo a la decisión de no iniciar los incidentes de desacato promovidos por las comunidades indígenas señaladas en el numeral anterior.

3. Ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado (despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López) que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera decisión complementaria, en la que inicie el incidente de desacato propuesto por los tutelantes, a fin de verificar si se materializa o no el cumplimento de la Sentencia SU-245 de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. ”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI - negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 3 de febrero de 2023, los gobernadores de 45 resguardos indígenas del departamento

mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 3 de febrero de 2023, los gobernadores de 45 resguardos indígenas del departamento del Tolima1 promovieron proceso de acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se prote gieran sus derechos constitucionales fundamental es del debido proces o y acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a la siguiente súplica :

“[r]espetuosamente solicitamos a la Sala Plena del H. CONSEJO DE ESTADO, declarar la nulidad de la Sentencia 11001 03 15 000 2019 01291 02 y ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA iniciar con TODOS LOS RESGUARDOS PIJAO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA el total cumplimiento de todos los apartes de la citada Sentencia SU-245/21.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

1 Coyaima: Totarco Dinde Independiente, Totarco Dinde Tradicional, Zanja Honda, Guadualito, Meche San Cayetano, La Tutira Bonanza, Chenche Media Luna, Doyare Provenir, Doyare Centro, Zaragoza Tamarindo, Chenche Amayarco, Chenche Tunarco, Chenche Socorro los Guayabos, Yaberco, Coyarco, El Rosario, Hilarco, El Floral, Chenche Zaragoza, San Miguel .

Natagaima: Yaco Molana, Guadualejas, Calapena, Velú Centro, Cocana, El Palmar, Monte Frio, Chonta el

Chircal, Santa Lucía, Aima, Baloca, Socorro.

Natagaima: Yaco Molana, Guadualejas, Calapena, Velú Centro, Cocana, El Palmar, Monte Frio, Chonta el

Chircal, Santa Lucía, Aima, Baloca, Socorro.

Ortega: Cedrales Peralonso, Guatavita Tua, Llovedero, Vuelta del Rio Centro, Mesa de Cucuana Santa Rita, Las Delicias, Quintim Lame los Colorados, Kiloka Playa Verde, Pijao de Cunirco, La Bandera, Baloca,

Socorco, Aico, Vergel y Puerto Samaria.3

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2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-245 de 2021 mediante la cual dejó sin efectos u nos fallos del Consejo de Estado 2 y ordenó que se adoptaran medidas que permitieran que los etnoeducadores gozaran de los derechos propios del escalafón

docente, en los siguientes términos :

“PRIMERO. - REVOCAR la decisión dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 2 de diciembre de 2019, actuando como juez de primera instancia, dentro del expediente T8.114.575 y declarar la improcedencia de la acción. En consecuencia, se ordenará DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de remplazo dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 16 de julio de 2020, en cumplimiento de las órdenes dictadas por

improcedencia de la acción. En consecuencia, se ordenará DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de remplazo dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 16 de julio de 2020, en cumplimiento de las órdenes dictadas por la Subsección A de la Sección Tercera de la misma Corporación.

SEGUNDO. CONFIRMAR parcialmente las sentencias proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 15 de agosto de 2019, y la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 14 de noviembre de 2019, en lo que tiene que ver con (i) la decisión de dejar sin efecto las sentencias dictadas por el Juzgado 4º Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, en primera y segunda instancia respectivamente; y CONCEDER el amparo invocado por Fidencio Hernando Maingual (cuyas pretensiones fueron confirmadas por José Alirio Oviedo Amana), en nombre del Resguardo de Yascual.

TERCERO. DEJAR SIN EFECTO las demás órdenes adoptadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la Sentencia del 14 de noviembre de 2019, y ordenar a la Secretaría de Educación de Nariño que aplique a los etnoeducadores del Resguardo Yascual las normas contenidas en los artículos 8 al 11 del Decreto 2277 de 1979, modificado por el Decreto 85 de 1980; así como los artículos 55 a 56 de la Ley 115 de 1994 y los artículos pertinentes del Decreto 804 de 1995 y las disposiciones que eventualmente pueda adoptar el Gobierno con fundamento en el artículo 56 transitor io de la Constitución, con el fin de que accedan a los derechos y prestaciones propios

pertinentes del Decreto 804 de 1995 y las disposiciones que eventualmente pueda adoptar el Gobierno con fundamento en el artículo 56 transitor io de la Constitución, con el fin de que accedan a los derechos y prestaciones propios del escalafón docente definido en la normativa citada. La Secretaría de Educación de Nariño deberá dar cumplimiento a esta orden de manera oficiosa, de modo que le corresponde verificar que los etnoeducadores nombrados ya se encuentren en propiedad, así como las demás consecuencias normativas de la aplicación de las normas citadas en este ordinal.

CUARTO. ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en diálogo y consulta con los pueblos indígenas, bien sea en el marco de la CONTCEPI o

2 Expediente T-7.826.882, Primera Instancia: Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de agosto de 2019, Segunda Instancia: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de noviembre de 2019, Sentencia de reemplazo: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de julio de 2020 .

Expediente: T -8.114.575, única instancia: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado sentencia del 3 de abril de 2020.4

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mediante un espacio específico para este efecto, defina un sistema transitorio de equivalencias, que permita a los etnoeducadores que han sido nombrados en propiedad, gozar de los derechos propios del escalafón docente en lo que

mediante un espacio específico para este efecto, defina un sistema transitorio de equivalencias, que permita a los etnoeducadores que han sido nombrados en propiedad, gozar de los derechos propios del escalafón docente en lo que tiene que ver con emolumentos, prestaciones sociales, vacaciones y otros aspectos similares, a partir de su experiencia y de una valoración del conocimiento respetuosa de la diferencia cultural. Como este es un remedio de carácter transitorio, la Sala instará al Ministerio de Educación a que este diálogo se lleve a cabo en un término máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia, salvo por necesidades propias del diálogo intercultural, lo cual debe quedar debidamente acreditado y aprobado por ambas partes.

QUINTO. EXHORTAR al Congreso de la República y al Gobierno nacional para que, previo el agotamiento de la consulta previa ordenada desde la Sentencia C-208 de 2007, adopten la normativa que respete los estándares y principios logrados, y además, avance en torno al Sistema Educativo Indígena Propio, en el marco del principio de progresividad de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales.

SEXTO. La presente decisión tiene efectos inter comunis y, por tal razón, sus efectos se extienden a todos los pueblos y comunidades indígenas que se encuentren en las mismas circunstancias amparadas en la presente providencia.”.

1. En esa decisión , la Corte ordenó a la Secretaría de Educación de Nariño que verificara que los etnoeducadores del Resguardo Yascual que fueron nombrados en provisionalidad ya se encontraran en propiedad; además, de manera expresa, señaló que

que los etnoeducadores del Resguardo Yascual que fueron nombrados en provisionalidad ya se encontraran en propiedad; además, de manera expresa, señaló que la decisión contenida en la sentencia tenía e fectos “inter comunis ”, por lo cual se extendían a todos los pueblos y comunidades indígenas que se encontraran en las mismas circunstancias.

1. Por el presunto incumplimiento de lo ordenado en la sentencia SU -245 de 2021, los resguardos Indígena s Nasa de Tacueyó, Coyaima, Natagaima y Ortega solicitaron a la Sala Plena de la Corte Constitucional iniciar incidente de desacato , por cuanto las

Secretarías de Educación del Cauca y del Tolima i) no habían nombrado en carrera administrativa a los docente s de las comunidades, ii) no les ha bían reconocido los beneficios producto de dicho nombramiento, y iii) no les ha bían cancelado el monto de las reparaciones a los que esas comunidades tenían derecho , solicitud es que fue ron remitidas, mediante el auto 550 del 20 de abril de 2022, a la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que adoptara las medidas correspondientes.

1. De igual manera, los ciudadanos Orlando Ramón Guzmán Feria, Edison Norman Benavides, Luis Carlos Manjin Álvarez, Orlan Cerón Bravo y Miriam Palechor alega ron que las Secretarías de Educación de Sincelejo y del Cauca incurrieron en desacato de la5

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anotada providencia, pues no habían sido nombrados en el grado del escalafón docente que solicitaron, ni se les ha bían pagado las prestaciones sociales derivadas de dichos cargos, solicitudes que también fueron remitidas a la Sección Primera del Consejo de Estado.

1. Por auto de 14 de d iciembre de 2022 3, la Sección Primera del Consejo de Estado 4 abrió oficio el incidente de desacato en contra del Ministerio de Educación Nacional, por no haber acreditado el cumplimiento de los dispuesto en el numeral cuarto de la sentencia SU-245 de 2021, pero se abstuvo de abrir los incidentes de desacato promovidos por los Resguardos Indígena Nasa de Tacueyó , Coyaima, Natagaima y Ortega y por los ciudadanos Orlando Ramón Guzmán Feria, Edison Norman Benavides, Luis Carlos Manjin Álvarez, Orlan Cerón Bravo y Miriam Palechor, por cuanto en la providencia de unificación no se consignó un mandato expreso para que las Secretarías de Educación

de todos los entes territoriales nombraran en propiedad en carrera administrativa a los etnodocentes y les reconocieran los beneficios de dicho nombramiento; por el contrario, la única orden que en ese sentido se fijó se predicaba exclusivamente sobre la Secretaría de Educación de Nariño , en relación con el resguardo Yascual 5.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandad a vulner ó sus derechos constitucional es fundamental es del debido proceso y acceso a la administración de

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandad a vulner ó sus derechos constitucional es fundamental es del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión del auto proferido el 14 de diciembre de 2022, por medio del cual se abstuvo de abrir e l incidente de desacato presentado por los Resguardos Indígenas Coyaima, Na tagaima y Ortega del departamento del Tolima, sin advertir que la Corte Constitucional otorgó efectos “inter comunis” a la sentencia SU-245 de 2021, por lo cual la orden dirigida a la Secretaría de Educación de Nariño se extendía a todas los pueblos y comunidades indígenas del país.

3 Decisión que se notificó el 11 de enero de 2023. 4 Proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-01291 -02. 5 De igual manera, sustentó su decisión en que i) la sentencia de unificación no ordenó nada respecto de reparaciones o indemnizaciones a los cabildos y, además, que ii) la determinació n de adelantar procesos de concertación con las comunidades era potestativa para las secretarías de educación, toda vez que la Corte lo mencionó en las consideraciones de la sentencia de unificación, pero no lo impuso como uno de los mandatos previstos en la parte resolutiva.6

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Manifestó que a fin de que los etnoeducadores recibieran un trato igualitario frente a los

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Manifestó que a fin de que los etnoeducadores recibieran un trato igualitario frente a los demás docentes no indígenas , en la Sentencia SU -245 de 2021 la Corte Constitucional dispuso, para todos los etnoeducadores, la aplicación de los artículos 8 al 113 del Decreto 2277 de 1979 (sobre el escalafón nacional docente), 55 y 564 de la Ley 115 de 1994 (sobre etnoeducación) y los relacionados con la temática del Decreto 804 de 1995 (por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos).

Sostuvo que la sentencia de unificación se profirió con el fin de reparar el daño que se les causó durante mucho tiempo a los etnoeducadores del país debido a que no se les inscribía en el escalafón docente, como sí se hacía con los docentes no indígenas que ejercían la misma labor.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 14 de febrero de 2023, la Sección Cuarta de esta Corporación rechazó la acción de tutela respecto de los Resguardos Indígenas Baloca, Socorco, Aico, Vergel y Puerto Samaria6 y la admitió frente a los Resguardos Indígenas: Totarco Dinde Independiente, Totarco Dinde Tradicional, Zanja Honda, Guadualito, Meche San Cayetano, La Tutira Bonanza, Chenche Media Luna, Doyare Provenir, Doyare Centro, Zaragoza Tamarindo, Chenche Amayarco, Chenche Tunarco, Chenche Socorro los

Cayetano, La Tutira Bonanza, Chenche Media Luna, Doyare Provenir, Doyare Centro, Zaragoza Tamarindo, Chenche Amayarco, Chenche Tunarco, Chenche Socorro los Guayabos, Yaberco , Coyarco, El Rosario, Hilarco, El Floral, Chenche Zaragoza, San Miguel, Yaco Molana, Guadualejas , Calapena , Velú Centro, Cocana, El Palmar, Monte Frio, Chonta el Chircal, Santa Lucía, Aima , Cedrales Peralonso, Guatavita Tua, Llovedero, Vuelta del Rio Centro, Mesa de Cucuana Santa Rita, Las Delicias, Quintim Lame los Colorados, Kiloka Playa Verde, Pijao de Cunirco y La Bandera .

Además, ordenó notificar al presidente y los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado , a los señores William Díaz Velásquez, Arnuldo Noscue Valencia, Marcelino Noscue , Ana Milena Reina Londoño, Arbey Noscue Silva, Jader Nerardo Cachago y Edgar Fernando Medina Taquinas, quienes actúan en el incidente en calidad de representantes del Resguardo Indígena Tacueyó; al señor Fidencio Hernando Maigual en representación del Resguardo Indígena Yascual; al Resguardo Indígena Espinalito; al señor Orlando Ramón Guzmán Feria; al señor Edison Norman Benavides; al señor Luis

6 Por cuanto no suscribieron la solicitud del incidente de desacato .7

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Carlos Majin Álvarez; al señor Orlan Cerón Bravo; a la señora Miriam Palechor; a la Sección Quinta del Consejo de Estado; al Juzgado Cuarto Administrativo de San Juan de Pasto; al Tribunal Administrativo de Nariño; al Ministerio de Educación Nacional; a las Secretarías de Educación de Sincelejo, Cauca, Nariño y Tolima, y a las demás partes y terceros que actúan dent ro del proceso no. 11001-03-15-000-2019-01291-02, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción .

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta de esta Corporación en sentencia de 19 de julio 2023 amparó los derechos de las comunidades indígenas Pijao ubicadas en el departamento del Tolima: Totarco Dinde Independiente, Totarco Dinde Tradicional, Zanja Honda, Guadualito, Meche San Cayetano, La Tutira Bonanza, Chenche Media Luna, Doyare Provenir, Doyare Centro, Zaragoza Tamarindo, Chenche Amayarco, Chenche Tunarco, Chenche Socorro los Guayabos, Yaberco, Coyarco, El Rosario, Hilarco, El Floral, Chenche Zaragoza, San Miguel, Yaco Molana, Guadualejas, Calapena, Velú Centro, Cocana, El Palmar, Monte Frio, Chonta el Chircal, Santa Lucía, Aima, Cedrales Peralonso, Guatavita

Zaragoza, San Miguel, Yaco Molana, Guadualejas, Calapena, Velú Centro, Cocana, El Palmar, Monte Frio, Chonta el Chircal, Santa Lucía, Aima, Cedrales Peralonso, Guatavita Tua, Llovedero, Vuelta del Rio Centro, Mesa de Cucuana Santa Rita, Las Delicias, Quintim Lame los Colorados, Kiloka Playa Verde, Pijao de Cunirco y La Bandera y, en consecuencia , ordenó a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiriera decisión de reemplazo en la que iniciara el incidente de desacato propuesto por los tutelantes a fin de verificar si se materializó o no el cumplimiento de la sentencia SU -245 de 2021.

Afirmó que como la Corte Constitucional le otorgó a la decisión contenida en la sentencia de unificación efectos “inter comunis” , la orden contenida en el numeral tercero se extendía a todos los pueblos y comunidades indígenas , por lo cual no era necesario que se incluy era el listado de cada una de las secretarías de educación del país.

6. Impugnación

La parte deman dada presentó impugnación contra el fallo de primera instancia , concedida en auto del 1 de agosto de 2023.

Señaló que en ninguna de las reglas señaladas en la parte resolutiva de la sentencia SU245 de 2921 la Corte Constitucional ordenó a las Secretarías de Educación8

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Departamentales del país adelantar un trámite de concertación con las comunidades

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Departamentales del país adelantar un trámite de concertación con las comunidades indígenas, situación que i mposibilitaba abrir un incidente de desacato respecto de un mandato inexi stente.

Si bien la sentencia tiene efectos “inter comunis”, no es procedente darle un alcance distinto a lo ordenado allí , pues respecto de esa orden en específico no existe ningún mandato que obligue a la Secretaría de Educación del Tolima a nombrar en propiedad a los etnoeducadores de las comunidades de la región ni a repararlos por el no pago de salarios, prestaciones sociales o por el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales por un presunto daño antijurídico .

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00606 -01

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2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja n los derechos constitucional es fundamental es del debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 14 de diciembre de 2022, por medio del cual se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato que presentaron los demandantes, sin advertir que la Corte Constitucional otorgó efectos “inter comunis” a la sentencia SU-245 de 2021, por lo cual la orden dirigida a la Secretaría de Educación de Nariño se extendía a todas los pueblos y comunidades indígenas del país.

En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó

Nariño se extendía a todas los pueblos y comunidades indígenas del país.

En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados, en consideración a que la sentencia SU-245 de 2021 tenía efectos “inter comunis” y, por lo tanto, la orden contenida en el numeral tercero se extendía a todos los pueblos y comunidades indígenas que se encontraran en las mismas circunstancias amparadas, por lo cual no era necesario que se incluyera el listado de cada una de las secretarías de educación del país.

En el escrito de impugna ción la parte demandada puso de presente que en ninguna de las reglas señaladas en la parte resolutiva de la sentencia SU -245 de 2921 la Corte Constitucional ordenó a las Secretarías de Educación Departamentales del país adelantar un trámite de concertació n con las comunidades indígenas, situación que imposibilitaba abrir el incidente de desacato respecto de un mandato inexistente.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales invocados y , en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

1. La parte demandante indicó que la autoridad judicial demandada se abstuvo abrir el incidente de desacato que presentaron , sin advertir que la Corte Constitucional otorgó efectos “inter comunis” a la sentencia SU -245 de 2021, por lo cual la orden dirigida a la Secretaría de Educación de Nariño se extendía a todas los pueblos y comunidades

efectos “inter comunis” a la sentencia SU -245 de 2021, por lo cual la orden dirigida a la Secretaría de Educación de Nariño se extendía a todas los pueblos y comunidades indígenas del país, incluyendo a los del departamento del Tolima.10

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1. No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que sopor tan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del incidente de desacato , con miras a que se declarara que, si bien en la sentencia SU -245 de 2021 la Corte Constitucional ordenó de manera puntual a la Secretaría de Educación de Nariño que aplicara los etnoeducadores del Resguardo Yascual las normas7 que garantizaran que estos pudieran acceder a los derechos y prestaciones propios del escalafón docente , por sus efectos “inter comunis” , esa disposición se extendía a todas las comunidades indígenas del país ; de manera expresa, en la solicitud de verificación de cumplimiento

indicó lo siguiente:

“[n]os dirigimos a ustedes con el fin de que nos instruyan sobre la manera de coordinar la iniciación del cumplimiento de las diversas acciones jurídicas ordenadas por la SALA PLENA de esa H. CORTE que con carácter “INTER COMUNIS” expidió la Corte en su Sent encia SU-245 de 2021 de la cual ese Honorable Consejo en su Sección Primera fue la primera instancia.

(…).

carácter “INTER COMUNIS” expidió la Corte en su Sent encia SU-245 de 2021 de la cual ese Honorable Consejo en su Sección Primera fue la primera instancia.

(…).

En primer términ o, hay que expedir un Decreto con el nombramiento EN PROPIEDAD de todos los Etnodocentes que hayan ingresado a cualquiera de los 37 Resguardos PIJAO del Departamento del Tolima y cuyos nombramientos se hicieron CON CARÁCTER PROVISIONAL, permitiendo así las varias sentencia expedidas por la Corte, entre ellas la C-208 de 2007 y la T-049 de 2013, corroboradas por la SU-245 de 2021, puesto que por el hecho de haber recibido el AVAL de la Comunidad Indígena, esos Etnodocentes y sus comunidades adquirieron el DERECHO FUNDAMENTAL de ser nombrados en

PROPIEDAD (…).

(…).

En tercer lugar , se debe proceder a INSCRIBIR EN EL ESCALAFON

DOCENTE a TODOS LOS ETNODOCENTES INDÍGENAS PIJAOS de los 37

RESGUARDOS de nuestra etnia ubicados en territorio del departamento del TOLIMA QUE NO LO ESTÉN, con retrospectividad a la fecha de su nombramiento en PROVISIONALIDAD, pues era una condición indispensable

SEGÚN EL H. CONSEJO DE ESTADO para ingresar en la CARRERA ADMINISTRATIVA (DERECHO FUNDAMENTAL IRRENUNCIABLE) (…) .”.

(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

1. En esos términos, es claro que en la solicitud de verificación del cumplimiento de la sentencia SU -245 de 2021 , la parte demandante indicó, en los mismos términos que

la Sala).

1. En esos términos, es claro que en la solicitud de verificación del cumplimiento de la sentencia SU -245 de 2021 , la parte demandante indicó, en los mismos términos que

7 Las normas contenidas en los artículos 8 al 11 del Decr