CE - 110010315000202300611011SENTENCIA20230525165949

Demandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-00611-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00611-01

Demandante: JOSÉ ELBERTH VELOZA RINCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas:

Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 16 de marzo de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A por medio de la cual se negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 7 de febrero de 2023 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el señor José Elberth Veloza

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 7 de febrero de 2023 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el señor José Elberth Veloza Rincón, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , con el fin de que sean amparados sus fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulnera das dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 1 1 de agosto de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que revocó el fallo dictado por el Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa1 que interpusieron el señor Veloza Rincón y otros 2 contra el Distrito Capit al de Bogotá, Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (de ahora en adelante IDU). Lo anterior, para, en su lugar, negar lo solicitado

1 Con radicado 11001-33-36-036-2014-00104-00 2 Blanca Azucena Veloza Rincón, Maribel Veloza Rincón y Rosa Ema Rincón Torres quien acudió a título individual y como representante legal del menor Esneyder Jadirh Veloza Rincón.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A

individual y como representante legal del menor Esneyder Jadirh Veloza Rincón.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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en el medio de control.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2. DEJAR SIN VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 11 de agosto 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, constituido en sala de decisión por los magistrados: Bertha Lucy Ceballos Posada, Juan Carlos Garzón Martínez Y Javier Tobo Rodríguez dentro del medio de control de reparación directa No. 11001 33 36 036 2014 00104 00 de José Elberth Veloza Rincón y otros contra el Distrito Capital de Bogotá -

Secretaría de Movilidad e Instituto de Desarrollo Urbano.

3. ORDENAR a la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que profiera una nueva sentencia , en la cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales vigentes a la presentación de la demanda, y corrija los yerros predicados en cada una de las causales alegadas en la presente acción d e tutela.3

valoración adecuada del precedente judicial en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales vigentes a la presentación de la demanda, y corrija los yerros predicados en cada una de las causales alegadas en la presente acción d e tutela.3

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 10 de febrero de 2012 , el señor Veloza Rincón sufrió un accidente de

tránsito en la Avenida Usme con Calle 50 (actualmente, Avenida Caracas con Calle 47 sur) de Bogotá D.C. El incidente fue causado por un h undimiento en la vía que le causó la pérdida del equilibro en la motocicleta que conducía en dicho momento. Esto le causó una pérdida del 56.15% de la capacidad laboral.

5. Por tanto, el señor Veloza Rincón y otros interpusieron demanda en ejercicio del medio de cont rol de reparación directa contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Movilidad y el IDU con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados por dicho suceso.

6. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020, el Ju zgado 59

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera accedió parcialmente a lo pretendido, declaró la responsabilidad administrativa del IDU y lo condenó a la indemnización por los daños moral y a la salud ocasionados.

7. El juez de primera instancia concluyó que, conforme con el material probatorio obrante en el expediente, la causa determinante del accidente que

indemnización por los daños moral y a la salud ocasionados.

7. El juez de primera instancia concluyó que, conforme con el material probatorio obrante en el expediente, la causa determinante del accidente que produjo el daño alegado fue el hundimiento en la vía que no contaba con ninguna

3 Transcripción con posibles errores.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

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señal de advertencia o prevención, debido a la falla de la administración en cuanto a la verificación del estado del funcionamiento de la carretera y al mantenimiento preventivo que correspondía.

8. Inconformes con ello, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación. Por medio de sentencia del 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

9. Argumentó que, conforme con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado4, era necesario acreditar la imputación fáctica cuando lo pretendido es el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por lesiones afrontadas como consecuencia del estado de la red vial. En tal sentido, arguyó que demostrar la existencia de un obstáculo, co mo un hundimiento en la vía, no era suficiente para

resarcimiento de los perjuicios ocasionados por lesiones afrontadas como consecuencia del estado de la red vial. En tal sentido, arguyó que demostrar la existencia de un obstáculo, co mo un hundimiento en la vía, no era suficiente para declarar la responsabilidad del Estado, pues es necesario acreditar el nexo causal entre aquel y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

10. De tal forma, adujo que, de acuerdo con el órgano de cierre en la materia, la imputabilidad debía ser demostrada por quien perseguía la reparación del daño .

Estimó que los medios de prueba “no resultan conclusivos frente a las condiciones espaciales y modales en que se produjo el hecho”, pues el registro efectuado en la historia clínica se basaba en lo dicho por el demandante, “por lo que no es el medio de prueba exclusivo para delinear las circunstancias en que aconteció el suceso”.

11. Agregó que, no obstante, los registros clínicos eran contradictorios “pues en ciertos apartados consagran que el accidente ocurrió porque el señor Veloza iba a chocar con un hueco en la vía, pero en otros se indica que el afectado tomó el hueco”.

12. Puso de presente que “con respecto a las pruebas remanentes, esto es, informe de tránsito A105450 y certificación de accidente de tránsito (…) se observa que las mismas entran en contradicción frente a la determinación de las circunstancias del siniestro”. Sostuvo que dichos documentos , expedidos por la misma institución, “no se cohesionan porque mientras el informe circunscribe como hipótesis del accidente un hundimiento en la vía, el certificado indica que se trató de

circunstancias del siniestro”. Sostuvo que dichos documentos , expedidos por la misma institución, “no se cohesionan porque mientras el informe circunscribe como hipótesis del accidente un hundimiento en la vía, el certificado indica que se trató de un hueco el cual el señor Veloza trató de esquivar”.

4 Citó las siguientes providencias de esta corporación: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 08.02.17. M.P. Hernán Andrade Rincón. Exp.: 08001-23-31-000-1998-00663-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14.07.16. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera . Exp.: 41631; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19.03.21. M.P. María Adriana Marín.

Exp.: 41001-23-31-000-2009-00171-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 05.06.20. M.P. Guillermo Sánchez Luque. Exp.: 23001-23-31-000-200700167-01.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

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13. Explicó que “existía una divergencia frente a los signatarios de esos

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13. Explicó que “existía una divergencia frente a los signatarios de esos documentos”. Esto pues, “mientras el informe es firmado el 11 de febrero de 2012 por el patrullero Alex Rocha Rozo, identificado con placa 05950, el certificado lo suscribe, en esa misma data, el investigador Rafael Cadena Alemán identificado

con placa 92967”. Al respecto, señaló:

aunque ambos documentos apuntan a rendir el conocimiento -en sitiode los hechos, en ninguno de ellos se alude al otro su jeto; es decir, en el informe no se indica la comparecencia del investigador Cadena Alemán y, de igual forma, en el certificado no se refiere la presencia del patrullero Rocha Rozo.

14. Por tanto, indicó que no se lograron probar los detalles del accidente de l señor Veloza Rincón y, por tanto, no se tenía certeza de las circunstancias del suceso. Indicó que no era “factible determinar si la lesión se generó, en primer lugar, por un hueco o hundimiento y, en segundo lugar, si esto ocurrió por tratar de esquivarlo o por haber pasado sobre el mismo”.

15. Expuso que los oficios expedidos el 2 y 19 de enero de 2018 por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial , hacían notoria la falta de certeza frente a los sucesos en cuestión. Afirmó que al IDU le correspondía para el 2012 el mantenimiento, diagnóstico y consolidación de reportes de

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial , hacían notoria la falta de certeza frente a los sucesos en cuestión. Afirmó que al IDU le correspondía para el 2012 el mantenimiento, diagnóstico y consolidación de reportes de intervención del tramo donde tuvo lugar el siniestro; añadió que, no obstante, por medio de aquellos se informó que “las bases de datos con las que cuenta la entidad, así como el sistema de información geográfico del IDU, no recoge información acerca de reportes, deterioros o afectaciones (…) en años anteriores”. Al respecto, agregó que

estas documentales, aunque reafirman el contenido obligacional que tiene el IDU, frente al mantenimiento de la malla vial -en particular de la avenida caracas con calle 47 surno denotan que el mismo haya sido inobservado. En efecto, no hay prueba de que a la administración distrital le fuera puesto en conocimiento algún deterioro en ese segmento.

16. En este orden de ideas, concluyó que “a partir de los elementos de prueba aportados al expediente, no se puede dilucidar la faceta fáctica del juicio de imputabilidad”.

17. La sentencia de segunda instancia fue notificada vía electrónica el 17 de agosto de 2022.

1.4. Sustento de la vulneración

18. La parte actora expuso que la demandada al proferir la sentencia de segunda instancia en el trámite de reparación directa incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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desconocimiento del precedente.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

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19. En relación con el defecto fáctico , señaló que el tribunal valoró indebidamente el informe de accidente de tránsito A105450, la certi ficación del accidente de tránsito y las historias clínicas aportadas pues no le dio “el alcance correspondiente” y divagó “en la certeza que ofrecen”. Esto pues, a su juicio:

no hay duda de la existencia de la falla en el servicio, ocasionada por la falta de mantenimiento de la malla vial por parte de la demanda, y queda debidamente probado la existencia del daño, puesto que con las pruebas aportadas, se ratificaba la existencia de un “hueco” o “hundimiento” en la vía, la cual fue la causa adecuada del daño.

20. Alegó que la demandada “ obvió la existencia de la falla del servicio, ocasionada por la falta de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, trasladando dicha carga al ciudadano ” al concluir que no había prueba de que se hubiera puesto en conocimiento de la administración distrital el deterioro de la vía en donde tuvo lugar el suceso. Por tanto, arguyó que “no hay claridad en las consideraciones del Tribunal para negar las pretensiones de la demanda”.

hubiera puesto en conocimiento de la administración distrital el deterioro de la vía en donde tuvo lugar el suceso. Por tanto, arguyó que “no hay claridad en las consideraciones del Tribunal para negar las pretensiones de la demanda”.

21. Sostuvo que “al existir libertad probatoria, la parte afectada logra demostrar la existencia del daño y el nexo causal con las consecuencias del mismo, tanto que, el Juez de Primera Instancia consideró declarar responsable al IDU”. Advirtió que,

aunado a ello:

hay desvalor de las fotografías, del informe de tránsito, de las historias clínicas y del mismo dictamen de pérdida de capacidad laboral, pruebas documentales que fueron debidamente practicadas por el Juez de primera instancia, y los cuales nunca fueron tachados de falso por la demandada IDU, por el contrario, las mismas son sustento probatorio del fallo de primera instancia, en donde se encontró probada la falla en la prestación del servicio por parte de la entidad IDU, y los cuales dan cuenta de la existencia del daño, de la causa adecuada del mismo y de las consecuencias que trajo en la vida de la víctima, las cuales a todas luces resultan imputables a la demandada.5

22. Manifestó que , a diferencia del tribunal, el Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera evidenció la falla del servicio en la que incurrió el IDU por la falta de mantenimiento de la malla vial, el daño producido con motivo del accidente y los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado.

23. Indicó que la accionada trasladó una carga probatoria a la víctima que no

incurrió el IDU por la falta de mantenimiento de la malla vial, el daño producido con motivo del accidente y los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado.

23. Indicó que la accionada trasladó una carga probatoria a la víctima que no estaba en la obligación de soportar, lo que conllevó a que le fuera desconocido el derecho a la reparación integral por los perjuicios ocasionados a partir del daño que era imputable a la entidad demandada. Esto pues, desde su perspectiva, el acervo probatorio daba cuenta del lugar, fecha y hora de la ocurrencia de los hechos y las circunstancias que rodearon el accidente, así como de las secuelas padecidas por el accionante.

5 Transcripción textual con posibles errores.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

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24. Con respecto al desconocimiento del precedente, señaló que en sentencia del 16 de agosto de 20186, la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que, con respecto a la falta de mantenimiento de la malla vial, la omisión en el cumplimiento de dichas funciones debe ser estudiada desde la óptica de la responsabilidad estatal por falla del servicio.

25. A su vez, trajo a colación las sentencias del 20 de septiembre de 20077 y del 22 de julio de 20098, a través de las cuales la Sección Tercera del Consejo de Estado

responsabilidad estatal por falla del servicio.

25. A su vez, trajo a colación las sentencias del 20 de septiembre de 20077 y del 22 de julio de 20098, a través de las cuales la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que los daños derivados de los hundimientos en la vía son imputables al Estado, siempre que se verifique que la entidad responsable incumplió su deber de vigilancia y control y que no haya r ealizado ninguna actuación tendiente a eliminar los obstáculos o a advertir a los transeúntes sobre su existencia para evitar, de tal forma, la ocurrencia de hechos dañosos.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

26. Mediante auto del 15 de febrero del 2023, el despacho ponente de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al accionante y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A como autoridad judicial accionada; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Movilidad y al IDU y, iv) ofició al Juzgado 59 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera para que allegara copia digital del expediente de reparación directa y que notificara de este trámite constitucional a las partes del proceso en cuestión, exceptuando al señor Veloza Rincón, al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Movilidad y al IDU.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Veloza Rincón, al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Movilidad y al IDU.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

27. Por medio de escrito enviado el 21 de febrero de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial accionada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.

28. Aseguró que la providencia cuestionada fue proferida en observancia del deber de valorar el acervo probatorio en conjunto y, a partir de ello, se concluyó que no se había acreditado la relación causal necesaria para la configuración de la responsabilidad alegada.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16.08.18. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Exp: 76001-23-31-000-2006-00268-02. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20.09.07. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Exp: 15740. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22.07.09. M.P .

Enrique Gil Botero. Exp: 16333.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

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29. En tal sentido, argumentó que la decisión judicial cuestionada no fue irrazonable, caprichosa o arbitraria y tampoco existió una contradicción en las razones que la fundamentaron, dado que el estudio del caso se ajustó a lo alegado en las apelaciones y tuvo como soporte una valoración holística de los elementos materiales probatorios, conforme a las reglas de la sana crítica.

30. Concluyó que los cargos propuestos por el tutelante no remiten a cuestiones relacionadas con la vulneración de sus derechos fundamentales, pues lo pretendido es usar el meca nismo de tutela como una tercera instancia para refutar el análisis probatorio realizado en el trámite de reparación directa por el juez de la segunda instancia y, de tal forma, controvertir los argumentos adversos a sus intereses.

1.6.2. Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Movilidad

31. Mediante memorial remitido el 22 de febrero de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad señaló que no era le competía pronunciarse con respecto a los reclamos formulados por el señor Veloza Rincón, dado que los hechos y las pretensiones estaban relacionados con una providencia proferida por

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

1.6.3. Instituto de Desarrollo Urbano

32. Por medio de informe enviado el 27 de f ebrero de 2023 a la Secretaría

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

1.6.3. Instituto de Desarrollo Urbano

32. Por medio de informe enviado el 27 de f ebrero de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, el IDU consideró que en el caso objeto de controversia no se había configurado ningún perjuicio irremediable en contra del accionante, pues en el trámite judicial se le garantizaron todas las in stancias procesales. Por tanto, no se configuró una vulneración a sus derechos fundamentales.

1.6.4. Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera

33. Por medio de correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2023, la autoridad judicial remitió el expediente solicitado en el auto admisorio de la demanda. El 28 del mismo mes y año, envió el certificado de notificación a las partes del proceso de repara ción directa, en cumplimiento de la orden dada por el a quo constitucional.

1.7. Sentencia de primera instancia

34. Por medio de sentencia proferida el 16 de marzo de 2023, notificada el 11 de abril del mismo año, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo solicitado.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

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Rad: 11001-03-15-000-2023-00611-01

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35. Expuso que la autoridad judicial accionada examinó el régimen de responsabilidad del Estado, el título de imputación y la reparación de los perjuicios ocasionados a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado . Adujo que ello le permitió constatar al tribunal que la existencia de un obstáculo en la vía, como un hueco o hundimiento, no era suficiente para declarar responsable al Estado, pues las pruebas debí an acompañarse de la acreditación de la causal entre el hecho dañoso y la acción u omisión en la que pudo incurrir la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

36. Puso de presente que la demandada estableció que los medios de convencimiento que reposaban en el expediente no eran conclusivos respecto de la causa del accidente, pues el material probatorio no permitía clarificar las circunstancias de hecho del accidente del señor Veloza, ya que no ofrecían certeza sobre el suceso.

37. Consideró como razonables la interpretación y conclusión del tribunal , pues efectuó un estudio ajustado a la jurisprudencia del órgano de cierre en la materia y, con ello, concluyó que no era posible atribuir la responsabilidad al IDU por el daño causado al accionante.

38. Manifestó que, desde tal óptica, la autoridad judicial demandada señaló que no existía prueba alguna de que a la administración distrital se le hubiera puesto en conocimiento algún deterioro en la vía, “circunstancia que difiere a lo planteado en

38. Manifestó que, desde tal óptica, la autoridad judicial demandada señaló que no existía prueba alguna de que a la administración distrital se le hubiera puesto en conocimiento algún deterioro en la vía, “circunstancia que difiere a lo planteado en el medio de control de reparación directa”.

39. En este orden de ideas, sostuvo que las sentencias del 22 de julio de 2009 y del 22 de julio de 2009 de la Sección Tercera del Consejo de Estado no fueron desconocidas, pues no se logró acreditar el incumplimiento del deber de vigilancia por parte de la entidad demandada. A su vez, afirmó que la sentencia del 16 de agosto de 2018 había estudiado un caso cuyos presupuestos fácticos no eran análogos a los del asunto en cuestión.

1.8. Impugnación

40. A través de correo electrónico enviado el 1 7 de abril de 2023 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Veloza Rincón impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara para que, en su lugar, se accediera al amparo de sus derechos.

41. Argumentó que en los fallos proferidos por la accionada y por el juez constitucional de primera instancia no se llevó a cabo “el análisis que se debe hacer del acervo probatorio, ya que, como se probó en primera instancia el hueco o hundimiento existía es la causa adecuada del daño causado”. Por tanto, insistió en que “no se debe imponer al demandante una prueba adicional a la requerida paraDemandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A

que “no se debe imponer al demandante una prueba adicional a la requerida paraDemandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-00611-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

demostrar el daño, puesto que con las obrantes en el proceso está suficientemente probado”.

42. Reiteró que la accionada valoró indebidamente las pruebas del expediente pues

No cabe duda que la existencia de la falla en el servicio, es ocasionada por la falta de mantenimiento de la malla vial por parte del IDU, y queda debidamente probado la existencia del daño, puesto que con la s pruebas aportadas, se ratificaba la existencia de un “hueco” o “hundimiento” en la vía, la cual fue la causa adecuada del daño.

43. Arguyó que, distinto a ello, era que el tribunal no le hubiera dado “el alcance correspondiente a las pruebas, y divague en la certeza que ofrecen las mismas, aspectos que claramente se observan en los argumentos que sustentan el fallo de segunda instancia”.

44. Sostuvo que

El ordenamiento jurídico colombiano contempla la libertad probatoria, y teniendo en cuenta que se logró demostrar la existencia del daño y el nexo causal con las pruebas aportadas con la demanda, resulta irrazonable que se exija una nueva prueba para probar la existencia de un hecho que con el informe de

en cuenta que se logró demostrar la existencia del daño y el nexo causal con las pruebas aportadas con la demanda, resulta irrazonable que se exija una nueva prueba para probar la existencia de un hecho que con el informe de accidente de tránsito No. A105450 quedan descritas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de este.9

45. Señaló que el juez constitucional de primera instancia no valoró que el tribunal estudió indebidamente que el daño fue ocasionado por la existencia de un hundimiento en la vía , causal que era “ jurídicamente relevante para atribuirle a la demandada”, bajo el título de imputación por falla del servicio. Ello conllevó a que en la primera instancia del trámite constitucional no se tomara en consideración la falta de reconocimiento a los perjuicios causados a la víctima y su núcleo familiar.

46. Alegó que el a quo no tuvo en cuenta que la demandada desconoció el precedente judicial precisado en el escrito de tutela, aspecto que permite “dejar sin valor y efecto la providencia que desató el recurso de apelación”.

47. Concluyó que

es tan flagrante la falla del servicio en la que incurrió la demandada IDU que resulta a todas luces violatorio tanto el fallo del tribunal como el fallo de tutela contra mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, esto teniendo en cuenta que se resisten a reconocer la responsabilidad de la entidad distrital, la cual está claramente probada.

9 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

la responsabilidad de la entidad distrital, la cual está claramente probada.

9 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: José Elberth Veloza Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Rad: 11001-03-15-000-2023-00611-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (5