CE - 110010315000202300613011SENTENCIA20230426122637

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00613-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: DANNY FABIÁN RODRÍGUEZ VARGAS

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. SE CONFIGURÓ EL HECHO SUPERADO POR CUANTO LA PETICIÓN FUE RESUELTA EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN. LA SOLICITUD DE AMPARO NO ES PROCEDENTE PARA RESOLVER LOS REPROCHES RELATIVOS A LA FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESERVA LEGAL CON BASE EN LA QUE SE NIEGA UNA INFORMACIÓN POR INCUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDARIEDAD, TODA VEZ QUE SE DEBIÓ HACER USO DEL

RECURSO DE INSISTENCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN Y AL DEBIDO

PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de 2 de marzo de 2023 , mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 por una parte, declaró

1 En adelante SECCIÓN QUINTA.2

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Actor: DANNY FABIÁN RODRÍGUEZ VARGAS

1 En adelante SECCIÓN QUINTA.2

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improcedente el amparo y, por otra, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor DANNY FABIÁN RODRÍGUEZ VARGAS , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales, estima vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL2 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA3 por la falta de respuesta a una solicitud que elevó el 5 de diciembre de 2022.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18 -11077 de

2 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL. 3 En adelante la UNIVERSIDAD.3

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3 En adelante la UNIVERSIDAD.3

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16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, en los que obtuvo un puntaje no aprobatorio.

Sostuvo que interpuso el recurso de reposición contra la referida decisión, el cual complementó una vez se efectuó la jornada de exhibición de la prueba, con el fin de impugnar varias de las preguntas de las pruebas.

Comentó que el 5 de diciembre de 20 22, elevó una petición ante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD en la que solicitó, entre otros aspectos, certificaciones sobre la calidad de las preguntas del examen, la información técnica con base en la cual fueron sustentadas las preguntas, número de concursantes que respondieron cada una de estas y copia del manual de procedimientos para la aplicación de la prueba, así:4

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para la aplicación de la prueba, así:4

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“[…] PRIMERO: 1) se certifique la calidad en la construcción de las preguntas que conforman el pliego de preguntas del grupo 17, “JUECES PROMISCUOS MUNICIPALES; 2) se expida constancia de la existencia de errores o no en su calificación; 3) se precise la existencia o no de ítems frente a los cuales se deba ratificar la respuesta; 4) se precise la existencia o no de ítems frente a los cuales se deba modificar la clave; 5) si hay alguna que implique algún puntaje adicional por presentar ambigüedad en su contenido, desconocían el ordenamiento jurídico vigente o hacían alusión a normas derogadas o a sentencias que no tenían vigencia al momento de la aplicación de la prueba.

[…]

SEGUNDO: Me permito solicitar que en relación con las siguientes preguntas: i) componente de aptitudes: 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43; y ii) conocimientos examen juez promiscuo municipal: 53, 63, 65, 66, 70, 82, 84, 100, 101, 102, 116, 126 y 129, se ponga en conocimiento la información técnica que las sustentaron y, en concreto, la autoridad requerida se sirva:

y 129, se ponga en conocimiento la información técnica que las sustentaron y, en concreto, la autoridad requerida se sirva:

2.1. Indicar: i) sus características esenciales; 2) atributo o proceso cognoscitivo o de pensamiento a evaluar; 3) tema; 4) competencia; 5) nivel de com plejidad; 6) área del derecho; 7) opciones de repuesta y justificación de su inclusión; 8) clave de respuesta y su justificación; 9) tiempo estimado para la respuesta.

2.2. Informar el índice o nivel de discriminación y el comportamiento estadístico de c ada una de las preguntas y respecto de cada uno de sus distractores.

2.3. Señalar el índice de dificultad de cada una de las preguntas citadas y si alguna de ellas estuvo dentro de las que presentaron mayor dificultad en el contexto global de la prueba.

2.4. Certificar los índices confiabilidad de todas y cada una de las preguntas referidas anteriormente.

2.5. Informar el número de concursantes que presentaron el examen el 24 de julio de 20221 y que respondieron cada opción de respuesta de las preguntas: 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43, 53, 63, 65, 66, 70, 82, 84, 100, 101, 102, 116, 126 y 129, ubicadas en el componente de aptitudes y conocimientos del examen de juez promiscuo municipal. Esto es cuántos de los concursantes que presentaron el examen, respondieron la opción a), cuántos la opción b), cuántos la opción c) y cuántos la opción d), de cada una de las preguntas referidas en este numeral.5

promiscuo municipal. Esto es cuántos de los concursantes que presentaron el examen, respondieron la opción a), cuántos la opción b), cuántos la opción c) y cuántos la opción d), de cada una de las preguntas referidas en este numeral.5

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2.6. Indicar qué sucede con determinada pregunta (se excluye, se asume por válida, etc.) cuando un alto número de participantes, que presentaron el examen el 24 de julio de 2022, contestaron de forma incorrecta determinada pregunta según la clave de respuesta otorgada por la UNAL.

2.7. Bajo la hipótesis reseñada en el numeral 2.6. de esta petición, señalar cuánto es el porcentaje mínimo o el número mínimo de personas que contestaron de acuerdo con la clave de respuesta d e la UNAL, respecto de las que presentaron el examen el 24 de julio de 2022, requerido para que una pregunta se asuma por válida.

2.8. Bajo la hipótesis reseñada en el numeral 2.6. de esta petición, indicar cuánto es el porcentaje mínimo o el número mínimo de personas que contestaron de acuerdo con la clave de respuesta de la UNAL, respecto de las que presentaron el examen el 24 de julio de 2022, requerido para que una pregunta sea excluida del examen.

mínimo de personas que contestaron de acuerdo con la clave de respuesta de la UNAL, respecto de las que presentaron el examen el 24 de julio de 2022, requerido para que una pregunta sea excluida del examen.

2.9. Señalar qué implicaciones tiene en la califica ción de la prueba de cada persona, cuando una o varias preguntas del examen de aptitudes y conocimientos realizado el 24 de julio de 2022 no es contestada de forma correcta por un número mínimo de los concursantes de acuerdo con la clave de respuesta de la UNAL (se excluye, se invalida, se valida, etc.)

2.10. Indicar qué implicaciones tiene en la calificación de la prueba de cada persona, cuando una o varias preguntas del examen de aptitudes y conocimientos realizado el 24 de julio de 2022 tiene más de una opción de respuesta correcta.

[…]

3.1. Copia del documento denominado “Manual de Procedimientos para la Aplicación de las Pruebas”, que la UNIVERSIDAD NACIONAL debía entregar al Consejo Superior de la Judicatura en el marco del contrato de consultoría No. No. 096 de 1 de agosto de 2018, según documento denominada “anexo técnico” de aquel acuerdo de voluntades. Puntualmente, el referente al examen realizado el pasado 24 de julio […]”.

Agregó que a la fecha de presentación de la acción de tutela no había recibido respuesta a su petición.6

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que en virtud de los artículos 23 y 29 de la Constitución Política, las autoridades tienen el deber de resolver las peticiones que les sean elevadas sin dilaciones injustificadas.

Apuntó que las accionadas no pueden negarle la información que requiere, toda vez que al haberse realizado el examen, ya no hay fundamento para que puedan invocar algún tipo de reserva legal, además porque participó en la convocatoria respectiva.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Tutelar mis derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo vulnerados por las accionadas.

SEGUNDA: Ordenar a las accionadas que, en el término máximo de 48 horas siguientes a la notificación de la respectiva sentencia, me otorguen una respuesta clara, precisa, congruente y sin ambigüedades a cada uno de los ítems solicitados en mi petición radicada el 5 de diciembre de 2022 y

señalados en el hecho No. 8 de esta demanda de tutela.

TERCERO: Ordenar a las entidades mencionadas que no7

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TERCERO: Ordenar a las entidades mencionadas que no7

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continúen vulnerando el derecho fundamental de petición y debido proceso administrativo de los ciudadanos que elevaron diversas solicitudes con similar fin, de ntro de la denominada “convocatoria 27” […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL señaló que por medio del Oficio núm. CONV27DP-5191 A de 15 de febrero de 2023, dirigido a la dirección de correo electrónico suministrada por el actor, atendió de manera clara, completa y de fondo la totalidad de los puntos de la petición que elevó el 5 de diciembre de 2022, por lo que debía declararse el hecho superado.

Explicó que de igual forma por medio de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, en la cual fueron resueltos los recursos de reposición presentados contra los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, atendió las solicitudes formuladas en la petición origen de la controversia y en el escrito del recurso interpuesto por el actor.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD señaló que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente por carencia actual de objeto, dado que los requerimientos que el actor efectúo en su petición de 5 de

interpuesto por el actor.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD señaló que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente por carencia actual de objeto, dado que los requerimientos que el actor efectúo en su petición de 5 de diciembre de 2022 fueron resueltos a través de la Resolución CJR23-8

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0042 de 16 de enero de 2023 y el Oficio núm. CONV27DP-5191 A de 15 de febrero de la misma anualidad.

Apuntó que a través del acto administrativo y el oficio aludidos brindó toda la información relacionada con la calidad de la prueba aplicada, proceso de calificación, construcción de ítems, valor de cada pregunta, preguntas con respuesta multi -clave, asignación de puntaje adicional a preguntas por ambigüedad, por desconocimiento del ordenamiento jurídico o vigencia, índices psicométricos, entrega de copia parcial del material de la prueba, tiempo de aplicación de la prueba, así como las objeciones a las preguntas de aptitudes y conocimientos.

I.6.- Trámite

Con ocasión de las respuestas que allegaron las accionadas el actor manifestó que, en efecto, durante el trámite de la acción de tutela las autoridades accionadas respondieron algunos de sus requerimientos, no obstante, insistió en que continuaba la omisió n

Con ocasión de las respuestas que allegaron las accionadas el actor manifestó que, en efecto, durante el trámite de la acción de tutela las autoridades accionadas respondieron algunos de sus requerimientos, no obstante, insistió en que continuaba la omisió n frente a las solicitudes que hizo en el numeral 2.1 de la petición frente a los ítems “[…] i) opciones de respuesta y justificación de su inclusión; ii) clave de respuesta y su justificación […]”, así como los9

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datos estadísticos solicitados en los numerales 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 de su petición, que fueron negados por presunta reserva legal.

Comentó que la información requerida no podía negarse, dado que no existe la reserva legal aducida por las demandadas, además que al haber sido concursante en la convocatoria origen de la controversia tenía derecho a acceder a lo solicitado.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de marzo de 2023 , la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela en relación con las solicitudes que el actor elevó en los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición y declaró la carencia de objeto por hecho superado en lo demás, así:

relación con las solicitudes que el actor elevó en los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición y declaró la carencia de objeto por hecho superado en lo demás, así:

“[...] PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, en relación con los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición, formulada por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas el 5 de diciembre de 2022, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, respecto a demás numerales de la petición del 5 de diciembre de 2022 […]”.

Para tal efecto, indicó que centraría su análisis en los aspectos frente10

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a los cuales de forma puntual el actor había insistido una vez las entidades accionadas rindieron su informe, además que se atendría a lo que estas contestaron en el Oficio de 15 de febrero de 2023, comoquiera que en la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de esa anualidad fueron resueltos los recursos interpuestos en el concurso contra los resultados y no la petición origen de la controversia.

Expuso que, en la respuesta que las accionadas dieron al actor, le

anualidad fueron resueltos los recursos interpuestos en el concurso contra los resultados y no la petición origen de la controversia.

Expuso que, en la respuesta que las accionadas dieron al actor, le indicaron que la información contenida en los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición se encontraba bajo la reserva legal establecida en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19964.

Explicó que, en ese orden de ideas, si el actor no estaba de acuerdo con lo decidido por las accionadas frente a esos aspectos tenía a su disposición el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115.

Arguyó que, en relación con los numerales 2.6, 2.9 y 2.10, en la respuesta a la petición, las accionadas se refirieron de manera clara y de fondo, en el sentido de indicarle al actor “[…] que no existía

4 “Estatutaria de la Administración de Justicia”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.11

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ninguna implicación respecto a las preguntas y que no resultaba necesario excluir ítems comoquiera que todos los interrogantes evaluados en la prueba respecto del cargo de Juez Promiscuo

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ninguna implicación respecto a las preguntas y que no resultaba necesario excluir ítems comoquiera que todos los interrogantes evaluados en la prueba respecto del cargo de Juez Promiscuo Municipal, no solo fueron válidos y se ajustaron a los parámetros establecidos, sino que además, solo admitían una opción de respuesta […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que, en su sentir, la acción de tutela sí es procedente para determinar si las razones por las cuales las accionadas negaron la información que requirió en los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 constituían o no una verdadera reserva legal.

Indicó que , en efecto, en la medida que la respuesta de las accionadas se dio en el curso de la acción de tutela, no podía haber ejercido el recurso de insistencia, además que en este momento ya no podría acudir a dicho mecanismo porque ya se han vencido los 10 días previstos para tal efecto.

Aseveró que “[…] el recto proceder del Juez de tutela es verificar si12

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la respuesta otorgada por la accionada, como consecuencia del inicio de la presente acción, satisface el núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Entre otras, determinar si la respuesta es

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la respuesta otorgada por la accionada, como consecuencia del inicio de la presente acción, satisface el núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Entre otras, determinar si la respuesta es coherente con lo solicitado, de manera que se establezca si la reserva invocada encuentra sustento legal o, por el contrario, no es más que un artificio para evadir el análisis del Juez Constitucional […]”.

Adujo que tampoco se presenta la carencia actual d e objeto por hecho superado, por cuanto “[…] al confrontar mi petición de 5 de diciembre de 2022 con la respuesta otorgada por las accionadas, no se puede concluir que hayan respondido los puntos 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y13

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de d efensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se ordene a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y a la

6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».14

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UNIVERSIDAD resolver la petición de 5 de diciembre de 2022, a

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UNIVERSIDAD resolver la petición de 5 de diciembre de 2022, a través de la cual solicitó, entre otros aspectos, certificaciones sobre la calidad de las preguntas del examen, la información técnica con base en la cual fueron sustentadas las preguntas, datos estadísticos sobre número de concursantes que respondieron cada una de estas y copia del manual de procedimientos para la aplicación de la prueba.

En el curso de la primera instancia las autoridades accionadas señalaron que debía declararse el hecho superado, dado que a través del Oficio núm. CONV27DP-5191 A de 15 de febrero de 2023, resolvió la petición origen de la controversia.

No obstante, antes de que se dictara sentencia de primera instancia el actor se opuso a la contestación de las accionadas, para indicar que si bien aceptaba que ciertas de sus solicitudes habían sido resueltas, lo cierto era que en relación con lo que requirió en los numerales 2.1 de la petición frente a los ítems “[…]i) opciones de respuesta y justificación de su inclusión; ii) clave de respuesta y su justificación […]”, así como los datos solicitados en los numerales 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 no había recibido una respuesta, dado que dicha información le fue negada por reserva legal.15

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que dicha información le fue negada por reserva legal.15

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En el fallo proferido en primera instancia, l a SECCIÓN QUINTA de esta Corporación encontró que, en efecto, la información requerida por el actor en los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de su petición había sido denegada porque en criterio de las entidades accionadas dichos datos tenían reserva legal, por lo que cualquier reproche que aquel tuviera sobre dicho aspecto podía haber sido discutido a través del recurso de insistencia.

Además, el a quo indicó que frente a las solicitudes elevadas en los numerales 2.6, 2.9 y 2.10 de la petición, se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que las autoridades accionadas habían dado una respuesta clara y precisa.

En la impugnación el actor indicó que debía determinarse si había reserva legal sobre la información que le había sido denegada, porque la respuesta se había dado en el curso de la acción de tutela y ya no podía acudir al recurso de insistencia, además que no se podía declarar el hecho superado porque los requerimientos que efectúo en los numerales aludidos no fueron resueltos.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en lo que concierne a los derechos deprecados, el análisis se centrará en relación con lo16

efectúo en los numerales aludidos no fueron resueltos.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en lo que concierne a los derechos deprecados, el análisis se centrará en relación con lo16

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solicitado por el actor en su impugnación frente a los numerales 2.1 (ítems 7 y 8), 2.5, 2.6, 2. 7, 2.8, 2.9 y 2.10 de la petición , en la medida en que dichos puntos fueron sobre los que se versó la decisión impugnada, conforme con lo que aquel mismo precisó en el curso de la primera instancia.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si se encuentran o no vulnerados los derechos d e petición y debido proceso del actor, con la respuesta que las autoridades accionadas le dieron en el curso de la presente acción, en relación con los numerales 2.1 (ítems 7 y 8), 2.5, 2.6, 2. 7, 2.8, 2.9 y 2.10 de la solicitud que les elevó el día 5 de diciembre de 2022.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al marco legal de l derecho fundamental de petición para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al marco legal de l derecho fundamental de petición para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, que textualmente indica:17

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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20117, estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos estructurales esenciales del derecho fundamental de petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2 004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de

2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Co nstitucional en materia de características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un

7 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.18

Número único de radicación: 110010315000 2023 00613 01

derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un

7 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.18

Número único de radicación: 110010315000 2023 00613 01

Actor: DANNY FABIÁN RODRÍGUEZ VARGAS

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agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i) -; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T -1160A de 2001, T-1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes elementos: ( i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y

otorgada dentro de los términos establecidos en el