CE - 110010315000202300645011SENTENCIA20230620154224

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Improcedencia – pretende una instancia adicional al proceso ordinario.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Martha Lucía Muñoz Gómez en contra de la sentencia proferida el 13 de abril de 2023 , por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 7 de febrero de 2023 , la señora Martha Lucía Muñoz Gómez interpuso demanda de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso , así como los principios de favorabilidad e imparcialidad. Considera que tal es prerrogativas fueron vulneradas por las

Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso , así como los principios de favorabilidad e imparcialidad. Considera que tal es prerrogativas fueron vulneradas por las autoridades judiciales accionadas al proferir las sentencias de 25 de enero de 20231 y 29 de julio de 2022, dentro del proceso disciplinario2 que se adelantó en su contra como Juez Primera Penal del Circuito de Pitalito y contra Julio Vicente Ortiz en su condición de Fiscal 26 Seccional de Pitalito.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones se contraen a que “decrete la NULIDAD” de tales providencias “(…) y en su lugar, se ordene a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, remitir el proceso para ser fallado y conocido por otro servidor ju dicial de Juzgamiento, de acuerdo con los dispuesto para el efecto en la ley y en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura”.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que3:

1 Notificada el 25 de enero de 2023. 2 Identificado con número de radicado: 410011102000201600513-01 3 Folios 1 a 4 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

2

4.- En providencia de 25 de julio de 2016 proferida por la Sala Penal del Tribunal

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

2

4.- En providencia de 25 de julio de 2016 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Huila, se compulsaron copias para que se adelantara investigación en contra de la señora Martha Lucía Muñoz Gómez, en calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pitalito, y del Fiscal 26 Seccional de Pitalito, por las posibles faltas en las que hubier en podido incurrir por “ las graves omisiones en la firma, suscripción y aprobación del acta de preacuerdo degradado por la ruptura de unidad procesal dentro del proceso penal radicado No 41551600059720150076700 contra los señores (…) por el delito de fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, hurto calificado y agravado”.

5.- La accionante señaló que se en virtud de esa compulsa de copias, se inició un proceso disciplinario en su contra y se surtió todo el trámite procesal respecti vo en primera instancia ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila , quien le formuló pliego de cargos a través de auto de 31 de julio de 2020. Indicó que el 20 de mayo de 2022 presentó los alegatos de conclusión. En su escrito precisó que de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Ley 2094 de 20214 a la Ley 1952 de 2019, en su proceso se debía garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento. Con fundamento en ello pidió que en virtud del principio de favorabilidad, la magistrada que esta ba conociendo el asunto se apartara del

2019, en su proceso se debía garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento. Con fundamento en ello pidió que en virtud del principio de favorabilidad, la magistrada que esta ba conociendo el asunto se apartara del conocimiento del mismo y remitiera el expediente a la Secretar ía de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para ser repartido a otro magistrado.

6.- Mediante fallo de 29 de julio de 2022, la Comisión Seccional de D isciplina Judicial del Huila determinó que la accionante es responsable disciplinariamente por haber cometido falta en los términos del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en tanto vulneró el deber funcional consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Lo anterior, teniendo en cuenta que desconoció lo previsto en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 y aplicó una rebaja de pena por los delitos del artículo 365 del Código Penal en concurso con el punible del artículo 240 ibidem, sin que la referida norma la habilitara para ello. Como sanción disciplinaria se le impuso un mes de suspensión del ejercicio del cargo.

7.- En esa misma providencia, la referida Comisión resolvió no acceder a la solicitud elevada por el apoderado de la disciplinada, relacionada con la separación del conocimiento del asunto en aplicación de lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 1952 de 2019, al considerar que el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, estableció un régimen de transitoriedad, en virtud del cual la Ley 734 de 2002 debe continuar aplicándose plenamente a los casos en los que , a la entrada en vigencia

estableció un régimen de transitoriedad, en virtud del cual la Ley 734 de 2002 debe continuar aplicándose plenamente a los casos en los que , a la entrada en vigencia de la norma, ya se hubiera formu lado pliego de cargos , situación en la que se enmarca al caso bajo análisis.

8.- La accionante presentó recurso de apelación contra esa decisión , en el que , entre otras cosas, pidió que se decretara la nulidad de lo actuado, como quiera que la petición realizada sobre la aplicación del principio de favorabilidad e imparcialidad establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 1952 de 2019 no había sido resuelta de fondo.

4 Entró a regir el 29 de marzo de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

3

9.- El mencionado recurso fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de sentencia de 25 de enero de 2023, en la que se confirmó la decisión recurrida y se negó la solicitud de nulidad, por considerar que, tal como lo dijo el A quo, el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, estableció un régimen de transitoriedad en virtud del cual la Ley 734 de 2002 debe continuar aplicándose a los casos en los que a la entrada en vigencia de la norma, ya se hubiera formulado pliego de cargos. En ese sentido el trámite debe finalizar bajo el procedimiento fijado en esta última disposición.

734 de 2002 debe continuar aplicándose a los casos en los que a la entrada en vigencia de la norma, ya se hubiera formulado pliego de cargos. En ese sentido el trámite debe finalizar bajo el procedimiento fijado en esta última disposición.

10.- La parte actora manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto por violación al debido proceso, y de igual forma desconocieron los principios de favorabilidad e imparcialidad.

11.- Manifestó que la Ley 1952 de 2019 consagró en sus artículos 8 y 12, los principios de favorabilidad y debido proceso, este último, particularmente, en su último inciso, dispone que, “ En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento( …)”.

12.- Indicó que el 29 de marzo de 2022 entró en vigencia la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021, y como quiera que esta consagra reglas procesales más favorables, las mismas deben ser aplicadas a su caso. Entre las mismas se encuentra la garantía de que el juzgamiento lo realice un funcionario diferente de aquel que adelantó la investigación y la acusación, a efectos de garantizar el principio de imparcialidad.

13.- Precisó que la Ley 1952 de 2019 consagró un régimen de transición sobre la vigencia de la Ley 734 de 2002 y, en ese sentido, en el a rtículo 263 modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 se estableció que “A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de

el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 se estableció que “A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuar án su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley”; sin embargo, sostuvo que, en el caso concreto, no se está solicitando la aplicación directa de la Ley 1952 de 2019 o de la Ley 2094 de 2021, sino que en aplicación del principio de favorabilidad (establecido en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019), sea un juez diferente al acusador el que falle su asunto. No obstante, sostuvo que ninguna de las accionadas le dio respuesta de fondo a su solicitud, pues no se pronunciaron sobre la aplicación del principio de favorabilidad.

14.- Aseveró que las autoridades judiciales accionadas “ al haber efectuado una lectura restrictiva de la norma transitoria ”, desco nocieron sus garantías fundamentales dentro del proceso disciplinario, incurriendo en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

B. Sentencia de primera instancia 15.- Mediante providencia del 13 de abril de 2023 5, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo. Consideró que el asunto

5 Notificada el 19 de abril de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

4

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

4

carecía de relevancia constitucional en la medida en que la parte actora pretende darle continuidad al debate relacionado con la aplicación del artículo 12 de la Le y 1592 de 2019 , asunto sobre el cual las respectivas autoridades judiciales se pronunciaron en su debido momento . Estimó que ese debate ya fue superado bajo el argumento de que, en aplicación del régimen de transitoriedad consagrado en el artículo 263 de dicha norma, los casos en los que a la entrada en vigencia de tal disposición ya se hubieran formulado y notificado pliego de cargos continuarían adelantándose conforme con el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002.

C. La impugnación

16.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación, en la que reiteró que no desconoce el contenido del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, y que lo solicitado es la aplicación del principio de favorabilidad, como parte elemento del debido proceso.

17.- Adujo que este principio supone que, ante la coexistencia o sucesión de leyes que regulan una misma situación fáctica, es factible aplicar de forma retroactiva o ultractiva –según el caso-, la más benigna, bajo la condición de que la norma haya estado vigente, bien sea en el momento de la ocurrencia del hecho o cuando se va a tomar la decisión, requisitos que en su caso concreto se cumplen.

18.- Indicó que en su caso el mismo funcionario instructor falló el proceso, estando vigente la nueva ley, que consagra como garantía la separación de estas dos

a tomar la decisión, requisitos que en su caso concreto se cumplen.

18.- Indicó que en su caso el mismo funcionario instructor falló el proceso, estando vigente la nueva ley, que consagra como garantía la separación de estas dos actividades. En su concepto, las accionadas hicieron caso omiso de esta situación de la solicitud que presentó para subsanar ese yerro.

19.- Adicionalmente, sostuvo que en este caso está acreditada la relevancia constitucional, porque: (i) realmente involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) expuso de manera clara las razones por las que considera que la providencias judiciales acusadas amenazan o vulneran sus garantías constitucionales, (iii) la discusión propuesta -aplicación del principio de favorabilidad, tiene incidencia en las decisione s que se puedan tomar en las instancias, pues se trata de garantizar la imparcialidad de su juez, (iv) los argumentos expuestos en la tutela, también se presentaron en el proceso ordinario y, (v) la acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

20.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

6 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

5

21.- Corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo impugnado, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo solicitado por la señora Martha Lucía Muñoz Gómez.

22.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos 7: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

23.- Valorados los presupuestos sustanciales del proceso disciplinario, así como los alegatos de co nclusión y el recurso de apelación presentado por la accionante en ese trámite judicial, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya transgredido los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Una revisión de los planteamientos expuestos en la acción de tutela permite adverti r que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio disciplinario tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo

propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio disciplinario tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión allí adoptada.

24.- Como se indicó previamente, en el caso bajo estudio, la parte actora alegó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en un defecto procedimental absoluto, por cuanto ninguna de las dos resolvió de fondo la solicitud que presentó, encaminada a que se ap licara por favorabilidad el artículo 12 de Ley 1952 de 2019, y en esa medida su proceso fuera resuelto por un juez diferente al acusador.

25.- Sobre el aludido cargo, se advierte que, tal como lo afirmó el A quo, la acción de tutela es improcedente porque se observa que la actora busca una instancia adicional al proceso ordinario , con el fin de continuar un debate debidamente concluido por el juez natural.

26.- Para corroborar la anterior afirmación, basta con remitir nos a las solicitudes elevadas por la ahora accionante y el análisis realizado por los jueces de instancia frente al tema. Por ende, por interesar a la causa, las mismas se traerán a colación.

27.- Así, se tiene que en los alegatos de conclusión la apoderada de la señora

Martha Lucía Muñoz solicitó:

˂˂ Señora Magistrada en mi calidad de defensor de confianza y como quiera que la ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 trae incita como ga rantía la

Martha Lucía Muñoz solicitó:

˂˂ Señora Magistrada en mi calidad de defensor de confianza y como quiera que la ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 trae incita como ga rantía la separación de las funciones de Instrucción y Juzgamiento en el proceso disciplinario,

7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

6

para efectos de garantizar la imparcialidad en las distintas etapas del proceso, y como quiera que dicha norma puede ser aplicada al presente caso en aplicación del principio de favorabilidad y en atención a lo señalado mediante providencia del 30 de marzo de 2022 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del proceso disciplinario radicado No 201900535, le solicito se aparte del conocimiento del presente asunto y remita el expediente a la Secretaria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para ser repartido a un Magistrado diferente para efectos de que este proyecte la respectiva sentencia.

A continuación hago transcripción de la providencia del 30 de marzo de 2022 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del proceso disciplinario radicado No 201900535, seguido contra el Juez 16 Civil Municipal de

A continuación hago transcripción de la providencia del 30 de marzo de 2022 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del proceso disciplinario radicado No 201900535, seguido contra el Juez 16 Civil Municipal de Bogotá, con la cual presento y sustento mi petición, en ella se consideró (…).

Como quiera que en dicha providencia se hace el análisis completo de la situación jurídica por la cual se debe apartar del conocimiento del asunto, situación que jurídica y fácticamente es la misma que en el presente proceso disciplinario, pues este proceso está en etapa de alegatos de conclusión y pasa a Despacho para proferir sentencia y además por cuanto, usted señora Magistrada instruyo el proceso y profirió el pliego de cargos, amén de presidir el j uicio disciplinario en etapa de juzgamiento, por lo que en aplicación de la Constitución Política de 1991, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 734 de 2002, la Ley 1952 de 2019 y la ley 2094 de 2021, la jurisprudencia de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado, que dan cuenta de la aplicación del principio de favorabilidad en materia disciplinaria con las siguientes consecuencia s: (I) en materia disciplinaria, tiene aplicación el principio de favorabilidad; (II) que éste aplica, inclusive, en el caso de tránsito de legislación; (III) y que, cuando la nueva norma vía principio (artículo 12 CDG) separa las funciones de instrucción y juzgamiento, y por demás consagra como garantía fundamental la dignidad humana, la aplicación de esta nueva norma trae

tránsito de legislación; (III) y que, cuando la nueva norma vía principio (artículo 12 CDG) separa las funciones de instrucción y juzgamiento, y por demás consagra como garantía fundamental la dignidad humana, la aplicación de esta nueva norma trae como consecuencia la imposibilidad de continuar con la investigación por este operador disciplinario en razón de la convencionalidad dispensada, que le solicito se aparte del conocimiento del presente asunto.

Por lo anterior señora Magistrada le solicitó se aparte del conocimiento del presente asunto como quiera que en la etapa de instrucción y juzgamiento seguida contra mi poderdante la doctora MARTHA LUCIA MUÑOZ GOMEZ, usted tuvo a cargo el trámite del presente proceso, siendo necesario en aras de garantizar los caros principios convencionales, constitucionales y legales de la separación del Juzgador y el fallador que este proceso sea pasado a otro MAGISTRADO para que profiere la decisión que en derecho corresponda, garantizando con ello el derecho de defensa, el debido proceso, el principio de favorabilidad y el principio de imparcialidad˃˃.

28.- En ese contexto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Seccional Huila, en el fallo de 29 de julio de 2022, resolvió tal solitud de forma negativa, indicando lo siguiente:

˂˂6.3 De la solicitud de separación de roles investigación-Juzgamiento.

Señala que la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 trae incita como garantía la separación de las funciones de Instrucción y Juzgamiento en el proceso disciplinario, para efectos de garantizar la imparcialidad en las distintas etapas del

garantía la separación de las funciones de Instrucción y Juzgamiento en el proceso disciplinario, para efectos de garantizar la imparcialidad en las distintas etapas del proceso, y dado que dicha norma pu ede ser aplicada al presente caso en aplicación del principio de favorabilidad y en atención a lo dispuesto mediante providencia del 30 de marzo de 2022 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del proceso disciplinario radicado No 201900535, solicita que la Magistrada aquí ponente se aparte del conocimiento del presente asunto y remita el expediente aRadicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

7

la Secretaria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para ser repartido a un Magistrado diferente para efectos de que este proyecte la respectiva sentencia.

Conforme a lo anterior se debe indicar que no es posible dar aplicación a la separación de roles, como quiera que la Ley 2094 de 2021 establecido un régimen de transitoriedad y es el previsto en el artículo 263 1 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71 de la Ley 2094, donde se contempló que a la entrada en vigencia de dicha norma, los procesos en los cuales^ se hubiere surtido la notificación del pliego de cargos, continuaran su trámite hasta finalizar, bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.

Por lo tanto, en el presente asunto el pliego de cargos fue emitido el 31 de julio de 2020, siendo notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de tales Leyes, y por

de 2002.

Por lo tanto, en el presente asunto el pliego de cargos fue emitido el 31 de julio de 2020, siendo notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de tales Leyes, y por ende, de acuerdo a la transitori edad de estas, esta actuación se debe tramitar hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002, en la cual tanto la investigación y el Juzgamiento se halla en cabeza del mismo funcionario, por lo cual no se accede a la solicitud elevada˃˃.

29.- Posteriormente, en el recurso de apelación contra el anterior fallo, la parte actora solicitó la nulidad de lo actuado en los siguientes términos:

˂˂Para este defensor la sentencia impugnada no resolvió de fondo la solicitud planteada a la Magistrada Instructora en el escrito de alegatos de conclusión presentado por la defensa y en el cual se solicitó que se apartara del conocimiento del proceso, en aplicación del principio de favorabilidad y por ello remitiera el proceso a otro Magistrado para que profiriera la sentencia que en derecho correspondía.

En la solicitud este abogado entre otros argumentos solicitó la aplicación de precedente horizontal y la Sala en la sentencia recurrida no se pronunció sobre dicho aspecto con lo cual se vulnera el debido proceso, amen que en la sustentación de la medida se indicó…

Para este defensor la sentencia impugnada no resolvió de fondo la solicitud planteada en el escrito de alegatos de conclusión…

Obsérvese que en la sentencia impugnada frente a la sol icitud planteada por la defensa de aplicar el precedente horizontal y el principio de favorabilidad al peticionar que la Magistrada Sustanciadora remitiera el proceso a otro funcionario judicial para

Obsérvese que en la sentencia impugnada frente a la sol icitud planteada por la defensa de aplicar el precedente horizontal y el principio de favorabilidad al peticionar que la Magistrada Sustanciadora remitiera el proceso a otro funcionario judicial para que emitiera la sentencia respectiva, como quiera que el la había adelantado todo el trámite del proceso e incluso había elaborado el pliego de cargos y el Juzgamiento, no se dijo nada más allá de señalar que el proceso se regiría por la ley 734 de 2002 y por ello ella no se apartaba del conocimiento del asunto, cuando el verdadero asunto planteado era precisamente garantizar la imparcialidad en la forma en que la reforma introducida por el Código General Disciplinario y la ley 2094 de 2021 lo consagran…

Para este defensor el hecho de que la Sala no se pronuncie sobre la aplicación del precedente y del principio de favorabilidad reconocido en la misma ley 734 de 2002 y en la ley 1952 de 2019 modificada por la ley 2094 de 2021 constituye una violación del debido proceso y se constituye en una irregularidad sustancial que lo afecta y que debe ser declarada, pues con ello es que se garantiza realmente el derecho de defensa, al imponer que los Magistrados resuelvan de manera completa y de fondo todas las solicitudes que en ejercicio de dicho de derecho de defensa le sean planteadas.

En relación a los principios que rigen la declaratoria de nulidad y su convalidación, se observa que los mismos no se encuentran presentes en el asunto que se debate, pues es claro que con la falta de pronunciamiento de fondo y el negar una solicitud de aplicación del principio de favorabilidad y de aplicación de precedente horizontal sinRadicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

es claro que con la falta de pronunciamiento de fondo y el negar una solicitud de aplicación del principio de favorabilidad y de aplicación de precedente horizontal sinRadicación número: 11001-03-15-000-2023-00645-01

Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

8

argumentarla y solo con base en el artículo transitorio de la ley 1952 de 2019 se vulnera de manera sustancial el debido proceso˃˃.

30.- En lo concerniente con la solicitud de nulidad, la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial indicó:

˂˂De la nulidad

La nulidad como un medio procesal que busca controlar una irregularidad de la actuación, asegurando la garantía al debido proceso ante una eventual violación de los requisitos de ley o como requisito para la validez de actos, tiene su desarrollo en el artículo 143 de la ley 734 de 2002.

ARTÍCULO 143. Causales de nulidad. Son causales de nulid ad las siguientes: 1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de defensa del investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Dicho lo anterior, las nulidades bajo esa naturaleza taxativa que le ha reconocido el legislador y ha ratificado la jurisprudencia, debe obedecer, primero a un carácter de interpretación restrictivo y segundo solo se puede declarar la nulidad por las causales expresamente señaladas en la ley, que se adviertan, ya sea de manera oficiosa por el operador judicial o en su momento la alegue el interviniente, invocando las razones en

interpretación restrictivo y segundo solo se puede declarar la nulidad por las causales expresamente señaladas en la ley, que se adviertan, ya sea de manera oficiosa por el operador judicial o en su momento la alegue el interviniente, invocando las razones en que se funda y determinando la causal.

En ese orden, la defensa técnica del disciplinable ha planteado que la actuación surtida en la primera instancia estaría inmersa en la causal 3°, referidas sobre violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso indicando que, la sentencia impugnada no resolvió de fondo la solicitud planteada en el escrito de alegatos de conclusión, en aplicación al principio de favorabilidad donde se solicitó se apartara del conocimiento del proceso para que otro magistrado profiriera sentencia, ello a efectos que existiera una división de roles según lo consagrado en la Ley 1952 de 2019.

Al respecto, se debe acotar que el mismo planteamiento de nulidad fue referido por la defensa del disciplinable en sus alegatos de conclusión, etapa procesal pertinente para haber dilucidado po