CE - 110010315000202300656011SENTENCIA20230706162517

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii) igualdad y iii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: i) Acceso a la administración de justicia, ii) igualdad y iii) debido proceso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP contra la sentencia de tutela de 13 de abril de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado , present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de octubre de 2022, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El actor, obrando mediante apoderado , present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de octubre de 2022, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 05001-33-33-005-2013-00052-01, vulneró sus derechos fundamentales indicados supra.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. RDP 000264 del 04 de enero de 2013 y RDP 012153 del 12 de marzo de 2013, por medio de las cuales se negó la reliquidación de la pensión de jubilación.

4. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia el 10 de marzo de 2016, accediendo a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de segunda instancia el

25 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. SE MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DE LA SENTENCIA No. 011 del 10

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de segunda instancia el

25 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. SE MODIFICA EL NUMERAL CUARTO DE LA SENTENCIA No. 011 del 10 de marzo de 2016, proferida por la Juez Quinta Admi nistrativa Oral del Circuito de Medellín conforme lo expuesto, el cual quedará así:

“Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, RELIQUIDAR la pensión de vejez del señor German Triviño Rojas identificado con cédula de ciudadanía No. 83.087.441 en un monto del 75% del promedio sobre el salario cotizado en los últimos 10 años entre el 1 de septiembre de 2001 y el 31 de agosto de 2011, y teniendo en cuenta los factores salariales cotizados y los previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 y 1068 de 1995, conforme lo expuesto”.

2. SE REVOCAN LOS NUMERALES SEGUNDO Y SEXTO DE LA SENTENCIA No. 011 del 10 de marzo de 2016, proferid a por la Juez Quinta Administrativa Oral del Circuito de Medellín, conforme a lo expuesto.

3. SE CONFIRMAN LOS NUMERALES PRIMERO, TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE LA SENTENCIA No. 011 del 10 de25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

marzo de 2016, proferida por la Juez Qui nta Administrativa Oral del Circuito de Medellín, conforme a lo expuesto.

4. NO SE CONDENA EN COSTAS en esta instancia […]”.

6. Consideró que:

[…] Corolario de lo anterior, pese a que el legislador indicó expresamente en los Decretos 1137 de 2 de junio de 1994 y 2646 de 29 de noviembre de 1994, que la prima de riesgo no constituía factor salarial, lo cierto es que dicha prima tiene proyección dentro del marco de la liquidación de la pensión, toda vez que acorde con el artículo 73 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969, la pensión vitalicia de jubilación debe liquidarse con el promedio de los salarios y primas de toda especie, motivo por el cual el hecho de que la prima de riesgo no tenga carácter salarial, no la excluye de ser tenida en cuenta para efectos liquidar la pensión de jubilación de los detectives del DAS que se encuentren en régimen de transición […]”.

[…]

“[…] En el caso bajo examen, la Sala encuentra que el señor Germán Triviño Rojas laboró al servicio del DAS desde el 20 de enero de 1989 hasta el 31 de agosto de 201181, sin embargo la pensión se le reconoció mediante la Resolución No. PAP 017016 del 8 de octub re de 201082 con tiempo acreditados hasta el 28 de febrero de 200983, cuando adquirió el estatus de

de agosto de 201181, sin embargo la pensión se le reconoció mediante la Resolución No. PAP 017016 del 8 de octub re de 201082 con tiempo acreditados hasta el 28 de febrero de 200983, cuando adquirió el estatus de jubilado, condicionando el pago a la fecha de retiro.

Advierte la Sala que el demandante a la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994 se encontraba al servicios (sic) del DAS, toda vez que al 4 de agosto de 1994 laboraba para el DAS. En consecuencia, le son aplicables las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, de lo probado en el proceso se desprende que el accionante laboró como detective para el DAS del 20 de enero de 1989 al 31 de agosto de 2011, habiendo cumplido más de 20 años en dicha condición, por lo que la entonces Cajanal, en la Resolución No. PAP 017016 del 8 de octubre de 201086, le reconoció una pensión de vejez con fundament o en el Decreto 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003, calculada con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, incluyendo la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, en consonancia con los emolumentos establecidos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización.

Se advierte que la pensión de vejez del actor le fue liquidada en atención a las reglas fijadas por esta Corporación, en la sentencia de 28 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de

Se advierte que la pensión de vejez del actor le fue liquidada en atención a las reglas fijadas por esta Corporación, en la sentencia de 28 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de que la pensión de los beneficiarios de la transición se calculara con el ingreso base de liquidación dispuesto en el régimen anterior que les fuera aplicable, por lo que se someten a la disposición prevista en tal norma o en el artículo 2125

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

ibídem, según corresponda, conforme con el artículo 48 de la Constitución Política, en cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (...)”.

En conclusión, se aclara que aunque el actor es beneficiario del régimen de transición del Decreto artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, en lo que respecta al IBL de su mesada, éste debe calcularse en los términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, como bien lo hizo Cajanal; y solo con los factores que fueron incluidos por la entidad, pues en el proceso no se acreditó que realizara cotizaciones sobre otros factores […]”.

[…]

“[…] Pide también el demandante se liquide la pensión con los factores devengados durante el último año de servicios, incluida la prima de riesgo.

el proceso no se acreditó que realizara cotizaciones sobre otros factores […]”.

[…]

“[…] Pide también el demandante se liquide la pensión con los factores devengados durante el último año de servicios, incluida la prima de riesgo. De acuerdo con las normas citadas y la sentencia de unificación del Consejo de Estado sólo pueden considerarse para la pensión los factores cotizados previstos en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995 […]”.

[…]

“[…] En este caso no se demostró que el demandante haya cotizado sobre la prima de riesgo.

La anterior posición fue reiterada por el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 en el proceso con radicado No. 25000-23-42000-2013-00329-01 y con ponencia del Doctor Cesar Palomino Cortés.

También solicita el actor se liquide la pensión teniendo en cuenta el promedio de todos los salarios o rentas devengados durante el último año de servicios. Tampoco puede accederse a dicha pretensión, puesto que en las normas y jurisprudencia citadas se establece que la liquidación se hace conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y/o cualquiera otro que se considere vulnerado, por la vía de hecho en que incurrió el operador judicial colegiado al tipificar con su decisión el defecto de desconocimiento del precedente judicial.

2. Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales de mi

vulnerado, por la vía de hecho en que incurrió el operador judicial colegiado al tipificar con su decisión el defecto de desconocimiento del precedente judicial.

2. Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales de mi representado se ordene dejar sin efectos la providencia judicial de segunda instancia25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

del 25 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso adelantado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 05001-33-33-005-2013-0005201.

3. Se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia en un término perentorio a la comunicación de la decisión proferir una nueva providencia que tenga en cuenta los parámetros de la Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (NI 2656-2014) […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 14 de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia ; y iii) vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y

admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia ; y iii) vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP expresó que:

“[…] PRIMERA: Por las anteriores consideraciones, y por aquellas que el despacho tenga a bien desarrollar en su escrito decisorio, respetuosamente solicito se declare la IMPROCEDENCIA de la tutela de la referencia, por cuanto:

a. En la deci sión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, no se incurrió en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no le asi stía el derecho a la reliquidación de la pensión con los factores devengados en el último año de servicios.

b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

c. La acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente de la causa.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior se NIEGUE el amparo a los derechos fundamentales incoados por la accionante por no configurarse vulneración alguna y como consecuencia de ello se ORDENE a quien corresponda el archivo del presente expediente constitucional […]”.

11. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín señaló que:

“[…] Estimo oportuno señalar que de acuerdo a lo anterior, no se incurrió en vulneración de ninguno de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que se respetaron los derechos procesales que le asisten, así como los términos y las oportunidades para oponerse a las decisiones proferidas en cada una de las instancias, contando cada decisión con la motivación jurídica y jurisprudencial correspondiente […]”.

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 13 de abril

de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia invocados del señor Germán Triviño Rojas,

de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia invocados del señor Germán Triviño Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, dejar sin e fectos la sentencia del 25 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, y ordenar a esa autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, p rofiera una sentencia de reemplazo en la que tome en consideración las pautas indicadas en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito […]”.

14. Consideró que:

“[…] Pues bien, de acuerdo con el recuento hecho en la sentencia que se cuestiona, es posible advertir que, en efecto, no se hizo mención al reciente precedente de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, concretamente la sentencia SUJ-028-S2-2022 del 28 de julio de 2022, que estableció varias reglas de25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

unificación en relación con el personal que estuvo al servicio del DAS, dentro de las que destacó lo relacionado con la prima de riesgo y el deber de cotización ante la respectiva entidad que, de no haberse efectuado, no podía serle oponible al servidor […]”.

[…]

que destacó lo relacionado con la prima de riesgo y el deber de cotización ante la respectiva entidad que, de no haberse efectuado, no podía serle oponible al servidor […]”.

[…]

“[…] Para la Sala, debió atenderse al precedente de unificación que de manera específica reguló el caso de la prima de riesgo de los ex servidores del extinto DAS así como las consecuenc ias en la omisión de las cotizaciones y aportes a efectos del reconocimiento y la inclusión de la prestación en la liquidación pensional, estableciendo las siguientes reglas de unificación:“

3. Reglas de unificación

(i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio

actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE-.

(ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.

• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

(iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si25

porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

123. Se aclara que no se desconoce que anteriormente se emitieron algunas providencias de Subsección en las que se adoptaron interpretaciones distintas en relación con la inclusión de la prima de riesgo del DAS como factor salarial en el ingreso base de liquidación de las pensiones sometidas al régimen especial aquí estudiado, tal y como se expuso en el auto del 23 de septiembre de 2021, por el cual esta Sección avocó conocimiento del asunto. Sin embargo, la Sala de Sección acoge las reglas de unificación aquí definidas, pues luego de efectuar una nueva revisión de la materia bajo los parámetros de las Leyes 860 de 2003 y 100 de 1993, en armonía con las ob ligaciones que se generan a cargo del empleador, particularmente, con la de deducir los aportes y su traslado a los entes de previsión social, derivada del artículo 22 de la mencionada Ley 100 de 1993, lleva a la

particularmente, con la de deducir los aportes y su traslado a los entes de previsión social, derivada del artículo 22 de la mencionada Ley 100 de 1993, lleva a la conclusión de que la motivación que en esta oportunidad se presenta se acompasa de mejor forma con los principios que inspiran el derecho laboral y el de sostenibilidad financiera del sistema pensional”.

6.6. De manera que, se cumplen los presupuestos para entender que se trataba de un precedente jurisprudencial de obligatoria observancia por parte del tribunal en la decisión, pues: (i) la situación fáctica de la demandante que se estudió en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta Corporación es similar al caso del actor; (ii) se trata de una sentencia anterior a la decisión del tribunal, pues es un pronunciamiento del 28 de julio de 202213; (iii) se trata de una sentencia de unificación sobre el tema que fijó unas reglas de obligatoria observancia y, (iv) es una decisión que de ma nera expresa dejó establecido que tenía efectos retrospectivos, de manera que las reglas jurisprudenciales allí establecidas se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial.

6.7. En ese orden de ideas, enc uentra la Sala que el tribunal debió observar el precedente de unificación de la Sección Segunda citado y, de considerar que no había lugar a tenerlo en cuenta, debió haberlo dejado dicho de manera expresa en la decisión cuestionada, indicando las razones por las que se apartaba del precedente de unificación […]”.

La impugnación

15. La U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

la decisión cuestionada, indicando las razones por las que se apartaba del precedente de unificación […]”.

La impugnación

15. La U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado . En ese orden de ideas, expresó lo

siguiente:

“[…] En el caso que se estudia, si bien el señor GERMAN TRIVIÑO ROJAS acudió a la jurisdicción contenciosa con el fin de controvertir y debatir su inconformidad, respeto de la reliquidación pensional, proceso que se llevó a cabo respetando la25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

doble instancia, también lo es que tenía a su disposición los recursos extraordinarios, que para el tema en concreto podían ser invocados con el objeto de lograr la protección de los derechos y no puede ser la acción de tutela el mecanismo idóneo para revisar decisiones j udiciales proferidas por el juez natural de la causa.

En consecuencia, no debió ser la tutela, el mecanismo de elección para revisar el fallo judicial con el cual no se encuentra de acuerdo, el interesado no probo haber hecho uso de los recursos ordinarios que tiene a su disposición […]”. […]

“[…] No existe un defecto sustantivo, como una circunstancia que determina la procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales, como así lo pretende hacer ver la parte actora pues como se indicó atrás, tanto el juez de

[…]

“[…] No existe un defecto sustantivo, como una circunstancia que determina la procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales, como así lo pretende hacer ver la parte actora pues como se indicó atrás, tanto el juez de primera instancia como los magistrados del Tribunal no desconocieron las normas de rango legal o infra legal aplicables al caso para efectos de ordenar la suspensión de la pensión reconocida ilegalmente, ni las aplicó indebid amente o le dio una interpretación errada, por el contrario, esa decisión se fundó en los preceptos legales relacionados con el tema y en la jurisprudencia tanto del máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa como de la Corte Constituci onal, quedando así sin piso los argumentos dados por la accionante para obtener la prosperidad de esta acción de tutela […]”.

[…]

“[…] En el caso en concreto se evidencia, que la decisión tomada se ajusta a derecho y que la misma ha sido revisada por el órgano judicial competente para pronunciarse sobre el objeto de estudio.

Corresponderá pues a su Estrado Judicial, despachar desfavorablemente las pretensiones de la presente tutela y prevenir a la accionante, para que en lo sucesivo se abstenga de incur rir en este tipo de maniobras que contravienen los principios orientadores de este tipo de acciones.

• AUTONOMÍA DE LOS JUECES NATURALES DE LA CAUSA

Es importante tener en cuenta que el mandato superior preserva tanto el respeto a las decisiones de los órganos constituidos - fundamentalmente el Congreso de la República - como que las decisiones judiciales no se orienten por el criterio personal de los administradores de justicia sino por la ley que están llamados a acatar. Este

las decisiones de los órganos constituidos - fundamentalmente el Congreso de la República - como que las decisiones judiciales no se orienten por el criterio personal de los administradores de justicia sino por la ley que están llamados a acatar. Este postulado constitucional implica entonces, que las decisiones de los jueces no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto en cuestión, de ahí que no encaje en nuestro or den constitucional, como lo sostiene la propia Corte Constitucional, un sistema que permita al Juez de Tutela invadir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir puntos de derecho que la propia Carta ha reservado al conocimiento de éstas. (Sentencia C-543/92)

De la misma forma, se tiene que la providencias judiciales por la ocurrencia de una vía de hecho, cuando el juez, en forma acción de tutela por su naturaleza residual y subsidiaria, sólo procede en forma excepcional contra arbitraria, caprichosa y con fundamento en su sola voluntad actúa en absoluta desconexión con el25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

ordenamiento jurídico; situación que no se presenta en el caso subexamine, pues al tutelante no se le ha violado derecho fundamental alguno, teniendo en cuenta que las actuaciones se encuentran ajustadas a derecho […]”.

[…]

“[…] Como se ha analizado previamente, la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para solicitar el reconocimiento de derechos prestacionales, por

que las actuaciones se encuentran ajustadas a derecho […]”.

[…]

“[…] Como se ha analizado previamente, la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para solicitar el reconocimiento de derechos prestacionales, por lo que escapa a la órbita del Juez Constitucional el estud io de la presente tutela, partiendo de la base que es otra la jurisdicción competente para ello por las pretensiones del accionante […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, es claro que el derecho fundamental a la administración de justicia no se ha visto ni siqui era amenazado mucho menos vulnerado por las autoridades judiciales o por esta entidad, pues se hizo una adecuada valoración legal y jurídica del caso y de las de las pruebas dentro del proceso contencioso que dirimió el conflicto, se aplicó la constitución y la Ley y el precedente jurisprudencial en lo que concierne a los requisitos para acceder a una prestación y en ese entendido no hay lugar a conceder la reliquidación pensional al aquí accionante con la inclusión de la prima de riesgo […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20211 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 2 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento

en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 2 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

1 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00656-01

Actor: Germán Triviño Rojas

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos