CE - 110010315000202300660011SENTENCIA20230629163325

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Decisión que declara la falta de requisitos del título. Defecto procedimental

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 3 de marzo de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se resaltan como hechos relevantes, los siguientes:

requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se resaltan como hechos relevantes, los siguientes:

La señora Esther del Tr ánsito Holguín Cely presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), para que se reliquidara su pensión de jubilación.

En sentencia de 30 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito de Tunja accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que ordenó a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación incluyend o todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio. Esa d ecisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por fallo de 15 de octubre de 2015.

La UGPP expidió la Resolución No. RDP 032240 de 14 de agosto de 2017, por medio de la cual se reliquidó la pensión de la demandante en cumplimiento de una orden judicial, sin embargo, la señora Esther del Transito Holguín Cely , al considerar que se “realizó una serie de descuentos ilegales a [la ejecutante], los que la demandada estaba obligada a cancelar” presentó demanda ejecutiva contra la UGPP, con el fin de que se diera cumplimiento a lo estableci do en las sentencias de 30 de mayo de 2014 y 15 de octubre de 2015, proferidas, en su orden, por el Juzgado Segundo Administrativo d el Circuito de Tunja y el Tribunal

sentencias de 30 de mayo de 2014 y 15 de octubre de 2015, proferidas, en su orden, por el Juzgado Segundo Administrativo d el Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

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2 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja en auto de 2 de noviembre de 2018, previo a librar mandamiento de pago, requirió a la UGPP para que allegara información sobre el cumplimie nto de las órdenes judiciales que conforman el título ejecutivo y las liquidaciones derivadas de la Resolución No. RDP 032240 de 14 de agosto de 2017. Igualmente, en proveído de 27 de febrero de 2020, requirió nuevamente a la entidad ejecutada para que exp licara la liquidación que determinó el descuento de la suma de $23.220.042.

Por auto de 13 de noviembre de 2020 libró mandamiento de pago por i) $21.700.135, correspondiente al valor superior descontado por la UGPP por concepto de aportes al sistema de seguridad social y ii) $17.009.471, por intereses moratorios sobre los valores descontados de más por aportes.

La UGPP propuso la excepción de pago, al considerar que dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, además que las s entencias que conforman el título ejecutivo no establecen de manera clara la fórmula con la

La UGPP propuso la excepción de pago, al considerar que dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, además que las s entencias que conforman el título ejecutivo no establecen de manera clara la fórmula con la que se deben realizar la restitución de los valores por concepto de aportes ni cómo se deben realizar los respectivos descuentos.

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja en el curso de la audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 3 de diciembre de 2021, declaró no probada la excepción de pago total de la obligación y orden ó seguir adelante con la ejecución.

Finalmente, la UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de 10 de agosto de 2022, la revocó y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de requisitos del título ejecutivo, en especial la c laridad, “ respecto a la orden de realizar descuentos sobre los nuevos factores salariales a incluir en la pensión de la actora”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por el Tribunal Administrativo de Boyacá con la providencia de 10 de agosto de 2022, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, declaró probada la excepc ión de falta de requisitos del título ejecutivo.

Sostuvo que el tribunal accionado incurrió en el defecto procedimental, pues consideró que la resolución que daba cumplimiento al fallo de esa misma

título ejecutivo.

Sostuvo que el tribunal accionado incurrió en el defecto procedimental, pues consideró que la resolución que daba cumplimiento al fallo de esa misma corporación se podía discutir de fondo y que ante su situ ación de indefensión, el Tribunal Administrativo de Boyacá debido retrotraer la actuación y transformar el medio de control, atendiendo a sus facultades de juez natural del asunto.

Afirmó que la autoridad judicial accionada “desbordó la órbita de la cuest ión apelada y no tuvo en cuenta que el proceso no fue 'fijado en lista para contestar la demanda y presentar excepciones y si declaró que las excepciones por mí presentadas se consideren extemporáneas, sin contar con otro medio procesal para controvertir la decisión, de igual forma, frente a la oportunidad la interposición de la presente acción se hace concomitante a la decisión sin que se afecte el principio de inmediatez para la procedencia de la tutela”.

Sostuvo que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja ya había determinado dos puntos importantes en el proceso ejecutivo : primero, que el título ejecutivo cumplía con todos los requisitos formales, esto es , que contenía una obligación clara, expresa y exigible, y segundo, determinó el valor de lo adeudado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

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3 Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió nuevamente sobre los

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3 Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió nuevamente sobre los vicios del título ejecutivo, cuando la ley establece la oportunidad y la competencia para hacerlo, etapa procesal que fue agotada y por consiguiente precluyó, si n que el tribunal accionado se pueda pronunciar nuevamente sobre los mismos.

Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada lesiona sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, pues desconoce las normas de l procedimiento que reg ulan el trámite de estos asuntos y no las aplica debidamente, a lo que agregó que si bien el derecho sustancial cobra preponderancia sobre el adjetivo, también lo es que cuando no se aplica en debida forma el derecho adjetivo, se incurre en violaciones a l os derechos fundamentales antes mencionados, dado que estas normas fijan los pasos y trámites a seguir para hacer efectivo el derecho sustancial, y en este caso, el tribunal accionado se salió de los límites y alcances de la apelación desconociendo los pre cedentes jurisprudenciales sobre la materia.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Señores Consejeros, con base en lo anterior, tutelen el Derecho fundamental al Debido proceso del señor ESTHER DEL TRANSITO HOLGUIN CELY, v ulnerado por vías de hecho por defecto procedimental cometido por la Sala de Decisión No. 5 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, junto con los demás derechos enunciados en este escrito y los que resultaren probados.

procedimental cometido por la Sala de Decisión No. 5 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, junto con los demás derechos enunciados en este escrito y los que resultaren probados.

Como consecuencia de lo anterior, señores Consejeros, sírvanse declarar la nulidad por inconstitucionalidad derivada de la vulneración al debido proceso por defecto procedimental de la sentencia del 10 de agosto de 2022 proferida dentro del proceso ejecutivo 15001 -3333-001-201200078-01.

Señores Consejeros, sírvanse ORDENAR al Accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - Sala de Decisión No. 5, continuar con el trámite. dentro del proceso ejecutivo 150013333-001-2012-00078-01, profiriendo nuevamente la sentencia de segunda instancia, en los términos que disponga el Consejo de Estado como juez constitucional”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 14 de febrero de 202 3, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja remitió enlace para ingresar al expediente digital No. 15001-33-31-010-2023-000660-00 correspondiente al proceso ejecutivo iniciado por la señora Esther del Tránsito Holguín Cely contra la UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de febrero de 202 3, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la a cción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja y a la UGPP.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la UGPP

autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja y a la UGPP.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la UGPP

En oficio de 15 de febrero de 202 3, el subdirector de defensa judicial pensional pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos generales de procedencia.

Afirmó que la demandante no demostró que en el presente asunto se le esté causando un perjuicio irremediable o una afectación al mínimo vital que amerite la intervención del juez de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

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4 Señaló que no se demostró que la sentencia objetada incurriera en los defectos orgánico, procedimental absoluto, sustantivo, fáctico ni por desconocimiento d el precedente judicial, pues el tribunal demandado fue claro en sus argumentos al explicar las razones por las cuales dio por terminado el proceso.

Finalmente, indicó que a la demandante se le canceló el retroactivo y se hicieron los respectivos descuento s relacionados con los aportes al sistema de seguridad social.

6.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Décimo Administrativo de l Circuito de Tunja, guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

social.

6.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Décimo Administrativo de l Circuito de Tunja, guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 3 de marzo de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que la di scusión tiene un contenido claramente económico y de mera legalidad, en la medida que la inconformidad de la actora tiene origen en un proceso ejecutivo en el cual pretendía el pago de los descuentos que le fueron efectuados como aportes a seguridad social con ocasión de la reliquidación de su pensión, sin que se advierta que dicha situación pueda llegar a comprometer su mínimo vital o cualquier otro derecho fundamental, ni que su edad sea una causal para omitir el estudio del requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional.

Para terminar, señaló que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el juez n atural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual s olo es dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revoque el

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revoque el fallo que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Sostuvo que la solicitud de amparo constitucional resulta procedente en la medida que pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso por la indebida interpretación de las normas procesales por parte del Tribunal Administrativo Boyacá

Afirmó que “ efectivamente el debate resulta de relevancia constitucional, en la medida que el Despacho Judicial Accionado me deja sin posibilidades de acudir a otra vía judicial para discutir el objeto de la litis en el proceso ejecut ivo, toda vez que por una errónea interpretación de las pruebas llegó a una conclusión equivocada, esto hace que no tenga acceso a la tutela judicial efectiva, además que como sujeto especial de protección constitucional, la tutela resulta el único medio p rocesal idóneo para defender mis derechos constitucionalmente vulnerados”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Por último, s ostuvo que el debate no es de naturaleza legal, razón por la cual el asunto goza de relevancia superior, pues está de por medio su derecho fundamental al debido proceso.

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5 Por último, s ostuvo que el debate no es de naturaleza legal, razón por la cual el asunto goza de relevancia superior, pues está de por medio su derecho fundamental al debido proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es c ompetente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 3 de marzo de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, y de superarse los restantes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administra tivo de Boyacá vulneró el derecho fundamental al debido proceso con la providencia de 1 0 de agosto de 2022, al incurrir, supuestamente, en defecto procedimental, toda vez que al resolver el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia anali zó los requisitos formales del título ejecutivo, cuando la etapa para debatir sobre esos aspectos ya se había agotado.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela c ontra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.

En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.

En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

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6 Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se di scuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia qu e se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique

trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia qu e se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proc eso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo 9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 13 y de la Corte Constitucional14.

En definitiva, la ac ción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa

Constitucional14.

En definitiva, la ac ción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engañ o lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivació n reposa la legitimidad de su órbita funcional. 12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 13 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciem bre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 14 Cfr., Sentencias SU -556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU -490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU -659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional y los restantes generales de pr ocedencia, por lo que se debe revocar la decisión del a quo

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional y los restantes generales de pr ocedencia, por lo que se debe revocar la decisión del a quo

El juzgador de primera instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la discusión planteada por la demandante e s de contenido claramente económico y de mera legalid ad, por lo que no se cumplió el presupuesto de la relevancia constitucional.

Contrario a la conclusión a la que arribó el a quo, para la Sala el citado requisito general de procedencia se encuentra cumplido porque la discusión que propone la demandante, s i bien resulta de trámite de un proceso ejecutivo en el que en principio los debates que allí se formulan son de contenido económico, lo cierto es que la solicitud de amparo constitucional se dirige a cuestionar la competencia del ad quem para analizar los requisitos del título ejecutivo, lo que, a su juicio, desconoce el artículo 430 del Código General del Proceso, pues la etapa en la que se debía realizar ese análisis ya había precluido. En otros términos, no se trata de una discusión de mera legalidad o de contenido económico que escape de la competencia del juez de tutela, a lo que se debe agregar que las razones en las que se sustentó la decisión de segunda instancia en el proceso de ejecución fueron diferentes a las de la decisión objeto de apelación e n la que se había ordenado seguir adelante con la ejecución.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que l a accionante no cuentan con otro mecanismo de defensa

ordenado seguir adelante con la ejecución.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que l a accionante no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de un plazo razonable 15 precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 16 ; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto procedimental alegado

4.2.1. La demandante señala que el Tribunal Administrativo de Boyacá con la providencia de 1 0 de agosto de 2022, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al incurrir, supuestamente, en defecto procedimental, toda vez que al resolver el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia analizó los requisitos formales del título ejecutivo, cuando la etapa para debatir sobre esos aspectos ya se había agotado.

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 3 de marzo de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela por que no cumplió el requisito de la relevancia constitucional, en tanto el debate propuesto es de naturaleza económica y de mera legalidad.

En el escrito de impugnación, la accionante aclaró que la solicitud de amparo goza de relevancia constitucional, toda vez que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al resolver sobre un aspecto que no le correspondía al juez de

En el escrito de impugnación, la accionante aclaró que la solicitud de amparo goza de relevancia constitucional, toda vez que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al resolver sobre un aspecto que no le correspondía al juez de

15 Expediente: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 16 La providencia atacada se profirió el 10 de agosto de 2022 y si bien no se pudo constatar la fecha exacta de notificación, lo cierto es que la acción de tutela se instauró el 8 de febrero de 2023, es decir, dentro del plazo razonable.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01

Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely

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8 segunda instancia dentro del proceso ejecutivo . Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

4.2.2. Previo a resolver de fondo el asunto, se harán referencias a las principales actuaciones del proceso ejecutivo, con el fin de tener mayor claridad y elementos de juicio.

La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con la pretensión de que se reliquidara la pensión de jubilación con la

de juicio.

La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con la pretensión de que se reliquidara la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factore salariales devengados en último año. E n sentencia de 30 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo de 15 de octubre de 2015.

La UGPP expi dió la Resolución No. RDP 032240 de 14 de agosto de 2017 , por medio de la cual se dio cumplimiento de unas órdenes judiciales.

La señora Esther del Transito Holguín Cely formuló demanda ejecutiva contra la UGPP, con el fin de que se diera cumplimiento a las sentencias de 30 de mayo de 2014 y 15 de octubre de 2015, dictadas, en su orden, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá, en las que se ordenó a la entidad demandada reliquidar la pensión de j ubilación incluyendo todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio , pues la demandante consideró que se “realizó una serie de descuentos ilegales a [la ejecutante], los que la demandada estaba obligada a cancelar”.

El Juzgado Décim o Administrativo del Circuito de Tunja en auto de 13 de noviembre de 2020, libró mandamiento de pago p