CE - 110010315000202300677011SENTENCIA20230525144706

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00677-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

TRANSMILENIO S.A.

TESIS: MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA RESPECTO AL

DEFECTO FÁCTICO ALEGADO Y, EN SU LUGAR, DECLARA IMPROCEDENTE LA

SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 21 de marzo de 2023, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó el amparo solicitado en relación con el defecto fáctico alegado

1 En adelante la Subsección “B” de la Sección Tercera2

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Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

1 En adelante la Subsección “B” de la Sección Tercera2

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Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

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y declaró improcedente la acción respecto al defecto por desconocimiento del precedente judicial.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.2, actuando a través de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido la providencia de 4 de noviembre de 2022, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 25000-2336-000-2017-01343-01.

I.2.- Hechos

Refirió que suscribió con la empresa RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. el

2 En adelante Transmilenio 3 En adelante la Subsección “A” de la Sección Tercera3

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Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

3 En adelante la Subsección “A” de la Sección Tercera3

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contrato núm. 001 de 2011 para la concesión del sistema integrado de recaudo, control e información y servicio al usuario del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Adujo que el 25 de septiembre de 2013, RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. interpuso demanda en su contra ante el Tribunal del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá4 que, mediante laudo de 7 de diciembre de 2016, dispuso:

“[…] Décimo: Condenar a [Transmilenio] a reliquidar a [Recaudo Bogotá] el valor de la participación en el i ngreso del SITP con base en la CLÁUSULA 59 del Contrato de Concesión, aplicando el valor de la tarifa al usuario, actualizada, de acuerdo con la normatividad tarifaria, conforme lo dispone el Contrato, suma que asciende a COP $6.511.400.000,00 a marzo de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva.

Dicha suma deberá ser actualizada por las partes en la misma forma y con la misma metodología del perito hasta la fecha de este Laudo […]”.

Sostuvo que las partes solicitaron aclaración, corrección y adición del

Dicha suma deberá ser actualizada por las partes en la misma forma y con la misma metodología del perito hasta la fecha de este Laudo […]”.

Sostuvo que las partes solicitaron aclaración, corrección y adición del laudo, las cuales fueron denegadas mediante auto de 16 de enero de 2017.

Relató que mediante Resolución 019 de 23 de enero de 2017, actualizó la suma a pagar a RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. que

4 Integrado por Juan Pablo Cárdenas Mejía (presidente), Hernando Yepes Arcila, William Namén Vargas y Diego Fernando Morales Gil (secretario).4

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cuantificó en $7.420’947.274 , por lo cual, el 25 de enero de 2017 pagó, a través de un cheque, la suma de $7.056’281.924 y a su recibo, se registró que esa suma correspondía a un “pago parcial de la condena”.

Afirmó que el 13 de marzo de 2017 , la empresa INVERLINK S.A., en calidad de perito designado dentro del proceso arbitral, presentó actualización del valor de la participación de ingreso del SITP, utilizando la misma forma y metodología indicada por el Tribunal, cuya suma ascendió a $17.425.819.437, por lo cual el 3 0 de marzo

actualización del valor de la participación de ingreso del SITP, utilizando la misma forma y metodología indicada por el Tribunal, cuya suma ascendió a $17.425.819.437, por lo cual el 3 0 de marzo siguiente, RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. radicó ante su empresa cuenta de cobro por $10.004’872.163 bajo el concepto de saldo del remanente de la condena.

Manifestó que el 4 de mayo de 2017 , alegó haber pagado toda la obligación y desconoc er la actuali zación elaborada por el perito INVERLINK S.A. que ascendía a la suma de $17.425.819.437.

Indicó que , inconforme con lo anterior, el 19 de julio de 2017 , RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. presentó demanda ejecutiva en su contra con el fin de obtener el pago de $10.004.872.163 que, en su criterio, correspondían a la actualización de la tarifa del usuario con5

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base en el IPC entre abril de 2015 y diciembre de 2016 y, en consecuencia, al saldo remanente de la condena que le fue impuesta mediante el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016, desconociendo que la actualización de la condena debía hacerse en la misma forma y con la misma metodología del perito, razón por la cual la suma que

mediante el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016, desconociendo que la actualización de la condena debía hacerse en la misma forma y con la misma metodología del perito, razón por la cual la suma que le dio como resultado fue inferior a la fijada en el laudo arbitral.

Expuso que a la demanda le correspondió el número único de radicación 25000-23-36-000-2017-01343-01 y en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 5 que, mediante sentencia de 25 de agosto de 2021, declaró probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo por no contener una obligación clara, expresa y exigible, propuesta por la ejecutada y declaró terminado el proceso pues aunque que del laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016 se desprendía una obligación clara, expresa y exigible consistente en el pago a la ejecutante de $6.511’400.000; no sucedía lo mismo respecto a la condena relacionada con la actualización de ese valor desde abril de 2015 , hasta diciembre de 2016, pues al respecto no se indicó en el laudo una suma específica a pagar y solo se dieron unas directrices para el pago , las cuales someten la actualización del mismo a un trámite posterior entre las

5 En adelante el Tribunal6

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partes.

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partes.

Estimó que a la ejecutante le correspondía instaurar el correspondiente recurso extraordinario de anulación, en tanto que se configuraba la causal novena de anulación, pues no se había decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

Expuso que la parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia , por considerar que se habí an allegado los documentos que conformaban el titulo ejecutivo complejo, el cual fue desatado por la SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 4 de noviembre de 2022, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró no probadas las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante con la ejecución y que las partes practicaran la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del Código General del Proceso.

Finalmente, adujo que en la providencia cuestionada se concluyó que no le asistió razón al TRIBUNAL, habida cuenta que la forma y la metodología que se aplicó en la actualización de la condena aportada por el ejecutante acató lo ordenado por el Tribunal Arbitral, por lo que la obligación fue correctamente cua ntificada en un valor de7

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$17.425.819.437 y, en consecuencia, el pago realizado a RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. por valor de $7.056’281.924 , solamente se p odía considerar como un pago parcial del crédito, de manera que seguía pendiente el pago del saldo remanente de la condena impuesta en el laudo de 7 de diciembre de 2016.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico porque concluyó, equivocadamente, que el título ejecutivo estaba comprendido por el laud o arbitral y por el peritaje aportado por RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. y se le otorgó una veracidad total al peritaje aportado en el proceso ejecutivo sin tener en cuenta que dicha prueba fue desconocida por el Tribunal Arbitral mediante auto de 16 de enero de 2017.

Destacó que en el citado auto de 16 de enero de 2017, el Tribunal de arbitramento precisó el alcance del numeral 10 del laudo y también concluyó que la liquidación que presentó RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. como actualización de la condena no era procedente, en tanto que no tuvo en cuenta el incremento de las tarifas, el número de viajes

concluyó que la liquidación que presentó RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. como actualización de la condena no era procedente, en tanto que no tuvo en cuenta el incremento de las tarifas, el número de viajes esperados y el impacto económico de la actualización de la tarifa, de8

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manera que no comprendía los motivos por los cuales la autoridad judicial demandada accedió a las pretensiones.

Arguyó que se valoró de manera sesgada el peritaje rendido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , prueba de oficio decretada por el TRIBUNAL, en la cual se precisó que INVERLINK no usó una fórmula explícita para liquidar la condena, de manera que no podía afirmarse que existía una metodología para esos efectos.

Sostuvo que el Tribunal Arbitral no realizó la actualización de la liquidación porque en ese momento no contaba con la información dentro del expediente de la tarifa media al usuario, los incrementos, ni el impacto económico de la actualización de la tarifa o el número de viajes esperados.

Agregó que el título ejecutivo no contiene una obligación clara, expresa y exigible, pues el mismo sometió el pago de la actualización a un trámite posterior entre las partes, encaminado a determinar las cifras exactas que se deben reconocer y pagar, pues en el laudo

expresa y exigible, pues el mismo sometió el pago de la actualización a un trámite posterior entre las partes, encaminado a determinar las cifras exactas que se deben reconocer y pagar, pues en el laudo arbitral se señaló una suma líquida por valor de $6.511.400.000.00, la cual tiene la naturaleza jurídica de título ejecutivo, pero en cuanto a lo pretendido con el proceso ejecutivo, esto es, la actualización de9

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la tarifa del usuario con base en el IPC entre abril de 2015 y diciembre de 2016, el Tribunal de Arbitramento en su laudo arbitral dejó en abstracto la condena , que sólo podía concretarse a través de los mecanismos legales dispuestos para esos efectos.

Afirmó que la liquidación de la condena realizada por el perito de INVERLINK no tuvo en cuenta la normatividad tarifaria y que de haberla examinado el resultado habría sido distinto al ahora pretendido, toda vez que no existe la forma, ni la metodología a la que hace referencia el artículo 10º del laudo en la manera reconocida por la autoridad judicial accionada.

Sostuvo que se configuró el defecto por violación a la Constitución Política debido a que la accionada desconoció sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues la decisión

por la autoridad judicial accionada.

Sostuvo que se configuró el defecto por violación a la Constitución Política debido a que la accionada desconoció sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues la decisión controvertida desconoció diferentes precedentes jurisprudenciales y, además, valoró defectuosamente el acervo probatorio recaudado.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:10

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“[…] se deje sin valor ni efecto la sentencia proferida en segunda instancia el día 4 de noviembre de 2022, notificada por estado el 25 de noviembre de 2022, por el CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, dentro del proceso ejecutivo número 25000233600020170134301.

TERCERO: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A que dicte un nuevo fallo, en razón a los fundamentos de hecho y de derecho que más adelante se exponen […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA solicitó

fundamentos de hecho y de derecho que más adelante se exponen […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la acción por falta de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por la actora es constituir una tercera instancia.

Advirtió que la sustentación de la acción de tutela revela que lo pretendido por la actora es la revisión del criterio que fundamentó la liquidación de la condena, pues no alude a aspectos que acrediten la vulneración de un derecho fundamental, así como tampoco al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad como la relevancia constitucional.

En efecto, destacó qu e el auto de 16 de enero de 2017, aclaró que11

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este no hacía parte del título ejecutivo complejo y, en consecuencia, sus consideraciones eran irrelevantes para la liquidación de la condena, máxime aun, teniendo en cuenta que en el mismo se denegaron todas las solicitudes elevadas por las partes.

Resaltó que en el dictamen rendido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , se concluyó que la liquidación del crédito aportada por la ejecutante coincidió con la efectuada por INVERLINK, acatando las instruccio nes impartidas en el ordinal

DE LA REPÚBLICA , se concluyó que la liquidación del crédito aportada por la ejecutante coincidió con la efectuada por INVERLINK, acatando las instruccio nes impartidas en el ordinal décimo de la parte resolutiva del laudo base de ejecución.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. alegó que la presente solicitud de amparo resulta improcedente, comoquiera que la parte actora no sustentó en debida forma la procedencia de este mecanismo constitucional, además, carece de relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido es revivir un debate de los argumentos propuestos dentro del proceso ordinario.

Sostuvo que la actora interpretó de forma inadecuada el dictamen de la Contraloría General de la República, pues la conclusión allí12

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alcanzada resulta opuesta a lo expuesto en los cargos de la solicitud de amparo, toda vez que en el mismo se estableció que la liquidación realizada por Transmilenio no empleó la fórmula usada por el perito, requisito para garantizar el cumplimiento adecuado del laudo arbitral.

Precisó que, en el auto de 16 de enero de 2017, se negaron las solicitudes de aclaración, complementación y adición formuladas por

requisito para garantizar el cumplimiento adecuado del laudo arbitral.

Precisó que, en el auto de 16 de enero de 2017, se negaron las solicitudes de aclaración, complementación y adición formuladas por las partes, lo cual pone de manifiesto que el Tribunal Arbitral concluyó que el laudo proferido no requería ajuste alguno. En todo caso, aclaró que el informe de Recaudo Bogotá al cual se refiere la actora en su escrito de tutela y que fue desestimado en el señalado auto, es un informe distinto al presentado en el proceso ejecutivo.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 21 de marzo de 2023, la SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN TERCERA de esta Corporación denegó el amparo solicitado en relación con el defecto fáctico alegado al considerar que la posición asumida en la providencia cuestionada resulta válida y razonable, pues la au toridad judicial valoró adecuadamente las pruebas allegadas al proceso.13

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Para el efecto, explicó que el título base de ejecución es complejo, en la medida en que está compuesto por el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016, la experticia técnica rendida ante el Tribunal

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Para el efecto, explicó que el título base de ejecución es complejo, en la medida en que está compuesto por el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016, la experticia técnica rendida ante el Tribunal Arbitral y la respectiva actualización de la condena impuesta por este último.

Recordó que el Tribunal Arbitral resolvió condenar a Transmilenio a pagar el valor de la participación en el ingreso del SITP con base en la cláusula 59 del contrato de concesión, aplicando el valor de la tarifa al usuario, actualizada, de acuerdo con la norma tividad tarifaria, conforme lo dispone el contrato, suma que asciende a $6.511.400.000,00 a marzo de 2015 y estableció que esa suma debía ser actualizada por las partes en la misma forma y con la misma metodología del perito hasta la fecha del laudo.

Sumado a lo anterior, afirmó que, para la actualización de la condena, las partes debían emplear las mismas fórmulas y variables que empleó INVERLINK en el proceso arbitral, de manera que la obligación dineraria allí contenida es liquidable, es decir, determinable a través de una operación aritmética en los términos del artículo 424 del CGP.14

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Concluyó que no le asistía razón a la actora, al afirmar que en el peritaje rendido por la Contraloría General de la República se concluyó que INVERLINK no usó una fórmula explícita para liquidar la condena, debido a que no podía afirmarse que existía una metodología para esos efectos, pues lo cierto era que en dic ho peritaje la entidad reconoció de forma explícita la existencia de una metodología en el informe de INVERLINK, la cual también fue acogida por el Tribunal Arbitral para liquidar los perjuicios a favor de RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. , lo cual ponía de manifiesto que no se había configurado el defecto fáctico alegado.

Finalmente, d eclaró la improcedencia por falta de carga argumentativa en relación con el defecto por desconocimiento del precedente, toda vez que respecto al mismo la actora no agotó la carga mínima de argumentación requerida en los casos de acción de tutela contra providencia judicial, pues si bien era cierto que había alegado el desconocimiento de precedentes judiciales, no era menos cierto que, la actora no hizo referencia a ningún precedente en concreto.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN15

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La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque, bajo los siguientes argumentos:

Insistió en que se configuró una vía de hecho por defecto fáctico en la providencia cuestionada al haber efectuado una valoración defectuosa del acervo probatorio separándose de lo probado en el proceso, específicamente , en el auto de 16 de enero de 2017, proferido por el Tribunal de Arbitramiento.

Afirmó que la autoridad judicial accionada valoró a su arbitrio la prueba del peritaje rendido por la Contraloría General de la República vulnerando sus derechos fundamentales y desconociendo que el título ejecutivo no contiene una obligación clara, expres a y exigible, pues el mismo Tribunal de Arbitramento no aceptó la actualización de la condena del laudo de 7 de diciembre de 2016, presentada por RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. y realizada por INVERLINK, que es la misma actualización que presentó como parte del tít ulo ejecutivo a cobrar en la demanda ejecutiva.

Sostuvo que la liquidación que presentó RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. como actualización de la condena no resultaba procedente, toda vez que no tuvo en cuenta el incremento de las tarifas, el número de16

Sostuvo que la liquidación que presentó RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. como actualización de la condena no resultaba procedente, toda vez que no tuvo en cuenta el incremento de las tarifas, el número de16

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viajes esperados y el impacto económico de la actualización de la tarifa, lo cual demostraba una valoración de las pruebas irracional, ilegal y en perjuicio del patrimonio público.

Arguyó que, contrario a la conclusión arribada por el juez de primer grado, no puede afirmarse válidamente que el laudo arbitral hubiese incorporado una condena liquidable en los términos fijados en los artículos 422 y 424 del CGP, pues, aunque el fallo contenido en el laudo señaló una cantidad determinada de dinero, la misma ya había sido sufragada por TRANSMILENIO S.A. y una cantidad en abstracto que las partes debían determinar, sin embargo, dicha suma no podía establecerse pacíficamente.

Refutó que en el fallo de primer grado se declaró la improcedencia de la acción por la falta de carga argumentativa en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, cuando a todas luces era evidente que se refería a la sentencia dictada por el TRIBUNAL, lo cual demostraba que se había efectuado una interpretación errónea del escrito de tutela.17

desconocimiento del precedente judicial, cuando a todas luces era evidente que se refería a la sentencia dictada por el TRIBUNAL, lo cual demostraba que se había efectuado una interpretación errónea del escrito de tutela.17

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 8 0 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de l o Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con mira s a

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con mira s a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la18

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta e l momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con to da claridad y de forma19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00677-01

Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre tod as las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando