CE - 110010315000202300713011SENTENCIA20230724125115

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00713-01

Demandante: Jhonny Mena Gamboa y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00713-01

Demandante: Jhonny Mena Gamboa y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Temas: Tutela contra providencia judicial / relación laboral encubierta/ /no prosperan las causales de procedibilidad desconocimiento de l precedente jurisprudencial y defecto fáctic o /revoca la improcedencia por falta de relevancia constitucional y deniega el amparo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , por medio de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Jhonny Mena Gamboa, Leidy d el Carme n Cuesta Palacios, Mayerling Perea Ríos, Lucelly Londoño Murillo, Andrea Gómez Mantilla, Apleey Mosquera Agualimpia, Yaritza Milena Mosquera Mena, Yadith Lorena Salazar Palacios y Ronnie2

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Oliva Diez Salazar, por conducto de apoderado, promovieron demanda en orden a que se les amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de justicia que consideran conculcados con ocasión de las sentencias del 27 de enero de 2020 y 2 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo d el Chocó , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo e l número 27001333300120160031701, instaurado contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como sustento fáctico de la solicitud de amparo, lo siguiente:

1. Entre los actores y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— se

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como sustento fáctico de la solicitud de amparo, lo siguiente:

1. Entre los actores y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— se celebraron sendos contratos de prestación de servicios tendiente s a «brindar la atención especializada a los niños, niñas, jóvenes y familia s víctimas del conflicto armado y/o desastres naturales, para la atención de la población infantil en situación de desplazamiento forzado».

1. La anterior vinculación se mantuvo de manera ininterrumpida, primero contratando directamente con el —ICBF— y, luego, mediante contratos de prestación de servicios profesionales de naturaleza civil y sin vínculo laboral alguno suscritos con la Organización Internacional para las Migraciones —OIM—.

1. Las funciones de atención especializada a los niños, niñas, jóvenes y familiares de las víctimas del conflicto armado y/o desastres naturales para la atención de la población en situación de desplazamiento forzado que desempeñaron los accionantes eran idénticas a las realizadas por el equipo psicosocial de la defensoría de víctimas, vinculado a la planta de personal del ICBF, según el Manual de Reglamentos de la

Institución.3

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1. La prestación del servicio estuvo sujeta a subordinación y dependencia, pues los

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1. La prestación del servicio estuvo sujeta a subordinación y dependencia, pues los accionantes recibían órdenes, rendían informes sobre sus actividades de manera permanente y tuvieron que ceñirse a las instrucciones que le impartía la Coordinadora de Asistencia Técnica del —ICBF—; igualmente, tenían un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, es decir, no tenían ninguna autonomía o independencia para determinar el lapso de cumplimiento de la labor y para la realización de las tareas encomendadas.

1. Quienes impartían las órdenes de trabajos eran los funcionarios del —ICBF— y no los de la Organización Internacional para las Migraciones —OIM—.

1. Los actores solicitaron el pago de las acreencias que se desprendían de la configuración de una relación laboral ante el ICBF, mediante derechos de petición radicados con los números E -2016-062777-2700 y E-2016-092849-2700.

1. El 1 y 4 de marzo de 2016 a través de los oficios Nos. S2016093496-2700 y S2016-101556-2700, respectivamente, fue ron resueltas de manera negativa la s peticiones con lo cual se agotó la vía gubernativa.

1.1.3. Los defectos invocados

La parte accionante, indicó que las providencias cuestionadas incurrieron los defectos desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico.

1.1.3.1 Respecto del primero, se señaló que:

La parte accionante, indicó que las providencias cuestionadas incurrieron los defectos desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico.

1.1.3.1 Respecto del primero, se señaló que:

1. Se omitió analizar la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -025-CE-S22021 del 9 de septiembre de 2021, precedente obligatorio del Consejo de Estado, el cual exige que los contratos de prestación de servicios solo pueden celebrarse por un término estrictamente indispensable y para desarrollar actividades relacionadas con la4

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administración o funcionamiento de la entidad, de manera que no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes.

1. En igual sentido, se omitió hacer un examen de la sentencia

25000232500020070039401.

1. Por su parte, la Sección Segunda mediante sentencia del 5 de junio de 2017

Rad. 11001 -03-15-000-2017-01122-00(AC) con ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter, consideró que en asuntos donde se controviertan derechos laborales en los que el vencido sea la parte débil de la relación laboral, se debe tener en cuenta que al ser éste un derecho de índole constitucional, la condena en costas constituye una restricción del acceso a la administración de justicia, por lo que no resulta ajustada a derecho la imposición de la mencionada sanción.

que al ser éste un derecho de índole constitucional, la condena en costas constituye una restricción del acceso a la administración de justicia, por lo que no resulta ajustada a derecho la imposición de la mencionada sanción.

1.1.3.2. Respecto del segundo defecto se invocó lo siguiente:

1. De acuerdo con el acervo probatorio allegado al expediente, se evidencia que en la planta de personal del —ICBF— existía un cargo cuya naturaleza correspondía a las mismas funciones desempeñadas por los demandantes durante su permanencia en la institución.

1. Se acreditó que los actores no contaban con la posibilidad de discutir las condiciones de cada uno de los con tratos que suscribían, pues hacían parte del contrato existente entre el —ICBF— y la —OIM—y que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio les eran fijadas, pues al ser una unidad móvil debían hacer actos de presencia donde su empleador lo determinara.

1. En el sub examine dejaron de analizarse pruebas que permitían establecer la existencia de una relación laboral encubierta, pues no se tuvo en cuenta que las actividades desarrolladas por los actores correspondían al giro ordinario de la entidad demandada, lo cual traía como consecuencia que no se les podía vincular a través de contratos de prestación de servicios.5

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1.2. Actuación procesal

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1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 2 de marzo de 2023, el ponente sustanciador, admitió la acción de tutela y, dispuso notificar como demandados al Tribunal Administrativo del Chocó y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó a fin de que rindieran el informe que correspondiese.

En virtud de su intervención en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 27001333300120160031701, en calidad de tercero con interés, se ordenó notificar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— con el objeto de que rindie ra informe sobre los hechos y las pretensiones objeto de la presente acción.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Chocó.

La magistrada ponente de la sentencia cuestionada, solicita que se niegue el amparo constitucional, por considerar que:

1. En el caso debatido se efectuó un análisis juicioso de las pruebas , se aplicó la normatividad vigente sobre la materia y el precedente jurisprudencial del Consejo de

Estado.

1. La sentencia cuestionada en parte alguna co nfigura una vía de hecho, por el contrario, ostenta presunción de legalidad, veracidad y acierto , por lo que quien pretenda desvirtuarla deberá arrimar al expediente de tutela las pruebas que demuestren que se ha actuado con desconocimiento del precedente judicial, lo cual

contrario, ostenta presunción de legalidad, veracidad y acierto , por lo que quien pretenda desvirtuarla deberá arrimar al expediente de tutela las pruebas que demuestren que se ha actuado con desconocimiento del precedente judicial, lo cual no ha acontecido en este caso.6

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1. Al analizar los medios de prueba obrantes en el expediente, el Tribunal precisó que el eje central de la controversia giraba en torno a la posible configuración del elemento subordinación, centró su estudio en las certificaciones expedidas por la Coordinadora de la Unidad de dicho organismo internacional y , conclu yó, que no se acreditó la existencia de una relación laboral.

1.3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó guardó silencio.

1.4. Intervención

Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

La apoderada del ICBF emitió pronunciamiento frente a las pretensiones incoadas en el presente mecanismo constitucional, así:

1. Teniendo en cuenta los argumentos que fundamentaron las sentencias del 27 de enero de 2020 y 2 de agosto de 2022, proferidas , respectivamente, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, se advierte que en las dos decisiones se relacionó y motivó la normativa, así como la jurisprudencia de la Corte Constitu cional y del Consejo de Estado sobre las

Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, se advierte que en las dos decisiones se relacionó y motivó la normativa, así como la jurisprudencia de la Corte Constitu cional y del Consejo de Estado sobre las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo.

1. En la sentencia cuestionada se resaltaron las pautas trazadas en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cuéter y se invocó la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, respecto a las reglas para declarar la existencia de una relación laboral y la prescripción de los derechos prestacionales.

1. La carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral y , en el presente caso, no se logr aron demostrar de forma contundente los elementos del contrato realidad, particularmente la subordinación continuada, ni mucho menos se des conoció el precedente judicial toda vez que la7

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decisión cuestionada se soportó en la normativa y jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado previamente citada.

1. Frente a la subsidiariedad, resulta palmario establecer que de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del CPACA, es el recurso extraordinario de revisión el que

Constitucional y del Consejo de Estado previamente citada.

1. Frente a la subsidiariedad, resulta palmario establecer que de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del CPACA, es el recurso extraordinario de revisión el que procede contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Admin istrativo del Consejo de Estado y de los Tribunales o de los jueces administrativos. En el artículo 250 del mismo cuerpo normativo, se regula como una de las causales de revisión «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 27 de abril de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que en el caso sub lite no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional , con fundamento en lo siguiente:

1. De los reproches formulados por la parte actora en el escrito de tutela , se desprende que lo pretendido es darle continuidad al debate relacionado con el elemento subordinación y, por ese motivo, la vía de amparo carece de relevancia constitucional por cuanto el asunto en sus dos instancias, fue examinado probatoriamente. En esas oportunidades, se concluyó que la relación laboral no se configuraba en tanto no existía prueba de la labor desempeñada por los demandantes.

1. En lo relativo al desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-025-CE-82-2021 del 9 de septiembre de 2021, se advierte que dicho argumento incumple con el requisito de relevancia constitucional,

1. En lo relativo al desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-025-CE-82-2021 del 9 de septiembre de 2021, se advierte que dicho argumento incumple con el requisito de relevancia constitucional, por falta de carga argumentativa, pues si bien en la solicitud de amparo se citan apartes de dicha sentencia, estos no se contrastan con el caso particular.8

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1. Respecto del supuesto desconocimiento del precedente ju risprudencial aplicable, contenido en la sentencia de 5 de junio de 2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado número 11001 -03-15-000-2017-01122-00 (AC), se precisa que esa decisión se dictó en el marco de una acción de tutela y la decisión objetada se dictó con sustento en el numeral 4º del artículo 365 del Código General del Proceso.

1.6. impugnación

La parte accionante , inconforme con la decisión anterior, impugnó la sentencia de primera instancia y, señaló, que, e n el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Chocó omitió la aplicación de la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, sin señalar la razón de su distanciamiento.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del

de septiembre de 2021, sin señalar la razón de su distanciamiento.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 2 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó que confirmó la proferida el 279

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de enero de 2020 emitida por el Juzgado Primero Administrativo Or al del Circuito de Quibdó, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , radicado bajo el número 27001333300120160031701.

En segundo lugar, en caso de resultar procedente, se analizará, si con la adopción de

Quibdó, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , radicado bajo el número 27001333300120160031701.

En segundo lugar, en caso de resultar procedente, se analizará, si con la adopción de la referida providencia, se incurrió los defectos desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico y, por ende, si se les vulneraron a los accionantes sus derechos f undamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando qu iera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controve rtir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, adem ás de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad ,

autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transito rio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,10

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actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidado so, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

1 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.11

2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.11

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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de

proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20144 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la sentencia del 2 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Choc ó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el número 27001333300120160031701

3 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Adm inistrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).12

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2.4.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela , en tanto que la decisión censurada fue proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4.3. Se presentó con inmediatez . Sobre el particular es preciso indicar que, la sentencia de segunda instancia del 2 d e agosto de 2022 se notificó vía correo electrónico el día 9 del mes y año mencionado según se advierte del registro de actuaciones de la Rama Judicial y la acción de tutela se instauró el 10 de febrero del año en curso.

Así las cosas, en atención a la regla de unificación jurisprudencial adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado mediante auto del 29 de noviembre de 2022,5 por el cual se dispuso que «[l]a notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación…», en el presente asunto se advierte que se satisfacen los pa rámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial, el cual no debe sobrepasar los seis meses.

asunto se advierte que se satisfacen los pa rámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial, el cual no debe sobrepasar los seis meses.

2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional . Se invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales fueron justificados razonablemente por la parte accionante, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de dichas garantías por

5 Consejo de Estado, Sala Plena, auto de 29 de noviembre de 2022, radicación número 68001 -23-33000-2013-00735-02 (68177), consejera Ponente doctora Stella Jeannette Carvajal Basto. O13

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parte de las autoridades judiciales, que permiten considerar que se cumple con este presupuesto respecto de las presuntas vías de hecho alegadas.

2.4.5. Se agotaron los medios de defensa judicial: comoquiera que la providencia de primera instancia fue apelada y, contra la de segunda, no proceden otros medios ordinarios de defensa ni, de acuerdo con lo argumentado, las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de

la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la parte accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 6 contra providencias judiciales , es d ecir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ell o; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo , como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación , que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación