CE - 110010315000202300730011SENTENCIACONFIRMA20230504160515

Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

Demandantes: ORLAN ORTIZ HURTADO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia del 16 de marzo de 2023 , proferida por la Sección Primera de esta Corporación. En esta providencia se declaró improcedente la acción de tutela, porque no se encontró acreditado el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 13 de febrero de 2023, los señores Orlan Ortiz

la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 13 de febrero de 2023, los señores Orlan Ortiz Hurtado, María Doralba Ramírez Betancur, Millerlay Ortiz Ramírez, Nellireth Ortiz Ramírez y Pablo Andrés Betancurt Ramírez interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Los accionantes consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.

2. Los accionantes adjudicaron la trasgresión de las citadas garantías constitucionales a la sentencia de 28 de abril de 2022 1 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la que resolvió revocar la decisión proferida el

1 Notificada a los accionantes a través de su apoderado judicial el 11 de agosto de 2022, según consta en el expediente ordinario aportado al plenario y de acuerdo a la información reportada en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial.Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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28 de septiembre de 2018 por el Juzgado 3.º Administrativo Oral del Circuito Judicial del Valle del Ca uca; y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por los accionantes contra la Nación – Ministerio de

28 de septiembre de 2018 por el Juzgado 3.º Administrativo Oral del Circuito Judicial del Valle del Ca uca; y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por los accionantes contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A., y la Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda., –Cosmitet Ltda2.

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron:

1. Señores Magistrados sírvanse DECLARAR que el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA al proferir la sentencia del día veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) y notificada el once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso en el medio de control de reparación directa por responsabilidad médica interpuesto en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – COSMITET LTDA. – CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM Y CÍA LTDA y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y tramitado con el Radicado No. 6001-33-33-003-2015-00341-01 ha conculcado los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia, materializándose así los llamados “ defecto material o sustantivo” y “desconocimiento del precedente” conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

igualdad ante la ley, al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia, materializándose así los llamados “ defecto material o sustantivo” y “desconocimiento del precedente” conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se proceda a:

2.1. CONCEDER a los actores el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia.

2.2. Se DECRETE dejar sin efecto la sentencia en segunda instancia con fecha del veintiocho (28) de abri l de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

2.3. En su lugar ORDENE, según corresponda, proferir fallo de reemplazo donde se materialicen las responsabilidades –falla del servicio– en la que incurrieron las entidades prestadoras del servicio de salud que se demandaron.

2.4. Se ORDENE igualmente, que en dicha sentencia de reemplazo se tasen los perjuicios causados a los actores conforme a los varemos establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre la indemnización integral y de ley, para el afectado directo y sus familiares afectados.

2.5. Se ORDENE el cumplimiento del fallo conforme a lo ordenado por la ley.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El señor Orlan Ortiz Hurtado ingresó a la Clínica Pinares Médica de Pereira, en la que fue remitido a la clínica Rey David de la ciudad de Cali, lugar donde

2 Rad. 76001-33-33-003-2015-00341-00/01Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros

en la que fue remitido a la clínica Rey David de la ciudad de Cali, lugar donde

2 Rad. 76001-33-33-003-2015-00341-00/01Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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permaneció hospitalizado entre el 15 y 22 de diciembre de 2012 por síndrome linfoproliferativo3.

5. El día 15 de diciembre de 2012 , el personal médico de la clínica Rey David de la ciudad de Cali registró en la historia clínica del accionante el resultado de exámenes de laboratorio de «virus HIV POSITIVO ». Por esto, la compañía de seguros le negó la reclamación de renta básica por el tiempo que estuvo hospitalizado en el centro médico en cita.

6. Posterior a ello, el 15 de agosto de 2013 el accionante se realizó un nuevo examen de diagnóstico arrojando como resultado «no reactivo» y el 2 3 de agosto del mismo año, el centro hospitalario efectuó la aclaración en la historia clínica del paciente en el sentido de indicar que por error se le adjudicó un examen positivo para VIH que correspondía a otra persona.

7. Por lo anterior, los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria La

7. Por lo anterior, los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria La Previsora S.A., la C orporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda., –Cosmitet Ltda. La interposición del medio de control tenía como fin que se declararan administrativa y patrimonialmente responsable s a los demandados por el diagnóstico errado de VIH del que fue víctima el señor Orlan Ortiz Hurtado.

8. En primera instancia, el proceso lo conoció el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial del Valle del Cauca. Esa autoridad judicial, a través de sentencia del 28 de septiembre de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda.

9. Indicó que estaba acreditado que existió un error en la transcripción de la historia clínica del accionante, pues aquel nunca obtuvo un resultado positivo del virus de VIH. Este yerro , en su sentir, era atribuibl e al personal de la Clínica Rey David, pues por su descuido habrían cargado en la epicrisis del señor Orlan Ortiz Hurtado el resultado de unos exámenes positivos de VIH que correspondían a otra persona.

10. Por lo anterior, la autoridad judicial de primer gr ado concluyó que el daño sufrido por los accionante s era consecuencia del actuar del personal médico suscrito a la entidad Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía.

Ltda., –Cosmitet Ltda., sin que estuviera llamada a responder solidariamente las demás entidades demandadas.

3 Enfermedad en la que las células del sistema linfático crecen excesivamente . Por lo general, los

Ltda., –Cosmitet Ltda., sin que estuviera llamada a responder solidariamente las demás entidades demandadas.

3 Enfermedad en la que las células del sistema linfático crecen excesivamente . Por lo general, los trastornos linfoproliferativos se tratan como cáncer.Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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11. Contra la anterior decisión, la parte accionantey la Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda., –Cosmitet Ltda. presentaron recurso de apelación4.

12. Las alzadas fueron decididas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en sentencia del 28 de abril de 2022 revocó la decisión de primer grado y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

13. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial accionada encontró que en la historia clínica del paciente se registró un resultado de prueba de laboratorio de positivo para VIH. Por otra parte, mencionó que estaba probado que el señalado análisis no pertenecía al demandante , pues el 15 de agosto de 2013, se recibieron los resultados de unas muestras que indicarían un resultado negativo, lo cual demostraría que efectivamente el personal médico del centro médico cometió un error en el registro cronológico de la salud del accionante.

14. Pese a lo anterior , el juez de segundo grado consideró que el error en la

lo cual demostraría que efectivamente el personal médico del centro médico cometió un error en el registro cronológico de la salud del accionante.

14. Pese a lo anterior , el juez de segundo grado consideró que el error en la transcripción de la historia clínica no conllevaba por sí sola la configuración de una falla en el servicio, pues a pesar de la confusión creada con la duda del resultado de la prueba de VIH del paciente, este no afectó la atención en salud a él brindada, por lo que no se agredió bien jurídico alguno.

15. Por lo anterior, la autoridad judicial revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se encontraba configurados los elementos para declarar la responsabilidad del Estado.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. Los tutelantes alegaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad porque incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente judicial.

17. Al punto, l os peticionarios mencionaron que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las providencias del 28 de agosto de 20145, del 1.º de febrero de 20126 y del 27 de abril de 20117 de la Sección Tercera de esta Corporación relacionadas con el reconocimiento de los perjuicios

4 Como fundamento del recurso de apelación, los accionantes considera ron que la tasación del monto indemnizatorio otorgado era baja teniendo en cuenta que el señor Orlan Ortiz Hurtado se enteró del diagnóstico VIH + - cuando la entidad aseguradora le negó el reconocimiento de

monto indemnizatorio otorgado era baja teniendo en cuenta que el señor Orlan Ortiz Hurtado se enteró del diagnóstico VIH + - cuando la entidad aseguradora le negó el reconocimiento de indemnización por hospitalización, por lo que era natural presumir la congoja, angustia, dolor y aflicción que sufrió no solo la víctima directa sino también los miembros de su grupo familiar. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1.º de febrero de 2012. Rad. 73001-23-31-000-1999-00539-01. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2011. Rad. 7001-23-31-000-1996-08017-01.Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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inmateriales, la falla en el servicio y la imputación del daño antijurídico. Esto, bajo los siguientes argumentos:

18. En primer lugar , los tutelantes mencionaron que el Tribunal accionado desconoció el perjuicio inmaterial probado y padecido por aquellos. Esto, porque

los siguientes argumentos:

18. En primer lugar , los tutelantes mencionaron que el Tribunal accionado desconoció el perjuicio inmaterial probado y padecido por aquellos. Esto, porque quedó demostrado –sin indicar con qué medios probatorios– en el proceso ordinario que el paciente y su familia «fueron afectados moralmente», pues estaba probado «cuán angustiados estuvieron» al recibir la noticia del diagnóstico o del registro en la historia clínica del VIH + en los términos ilustrados por la jurisprudencia de esta corporación.

19. En segundo lugar, los peticionarios señalaron:

En la argumentación del ad quem en la sentencia hoy cuestionada, que indica la búsqueda en el «error de diagnóstico» o en el «error de trascripción de la historia clínica» si se materializa un daño antijurídico atribuible a la entidad demandada. Ante tal afirmación y sobre todo su argumentación, sin embargo, entendemos que no abarca toda la extensión comprendida por el «daño antijurídico», pues este como ha sido definida tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado comprende no solo el patrimonio ma terial sino también el inmaterial, justificándose de esta manera la condena en primera instancia de la entidad por los perjuicios morales causados a los accionantes. No entendiéndose como se limita a mencionar solamente el daño de índole material y como no lo visualiza no accede a ninguna indemnización. (SIC en toda la cita)

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. En auto del 14 de febrero de 2023, la magistrada ponente de la decisión de

visualiza no accede a ninguna indemnización. (SIC en toda la cita)

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. En auto del 14 de febrero de 2023, la magistrada ponente de la decisión de primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca.

21. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–; ii) la Fiduciaria La Previsora S.A.; iii) la Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda., –Cosmitet Ltda.; iv) el Juzgado

3.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali.

1.6. Intervenciones e informes

22. Realizadas las notificaciones ordenadas8, se presentaron las siguientes

intervenciones:

8 Índice 7 – SAMAI.Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.1. La Fiduprevisora S.A.

23. La fiduciaria vinculada presentó informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia y se le desvinculara del presente trámite constitucional por no estar legitimado en la causa por pasiva.

23. La fiduciaria vinculada presentó informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia y se le desvinculara del presente trámite constitucional por no estar legitimado en la causa por pasiva.

24. Lo anterior, porque la autoridad judicial accionada adoptó la decisión reprochada con plena observancia al debido proceso atendiendo a los procedimientos legales.

1.6.2. La Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda., –Cosmitet Ltda.

25. La sociedad vinculada rindió informe en el que manifestó que esta solicitud de amparo no cumplía con los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial.

26. Sostuvo que la parte actora no logró demostrar dentro del proceso de reparación directa el nexo causal entre la responsabilidad médica, el riesgo que asume el paciente en virtud de los tratamientos que recibe y las consecuencias que debe soportar cuando la s mismas no puedan ser imputables al comportamiento irregular del prestador del servicio.

1.6.3. Juzgado 3.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali

27. El juez de primer grado rindió informe en el que hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas en esa instancia. Luego sostuvo que la acción de reparación directa que dio lugar a la interposición de la presente solicitud de amparo, se le impartió el trámite correspondiente.

28. Por lo anterior, la autoridad judicial que conoció en primera in stancia del proceso ordinario solicitó su desvinculación del presente tramite. Esto, porque la inconformidad en la que se fundamenta la acción de tutela recae solo sobre la decisión de segunda instancia.

28. Por lo anterior, la autoridad judicial que conoció en primera in stancia del proceso ordinario solicitó su desvinculación del presente tramite. Esto, porque la inconformidad en la que se fundamenta la acción de tutela recae solo sobre la decisión de segunda instancia.

29. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pese a que fueron notificados de la presente acción de tutela, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

30. En sentencia del 16 de marzo de 20239, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado porque no encontró acreditado el

9 Esta decisión fue notificada el 28 de marzo de 2023.Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional. Esto, por los siguientes motivos:

31. La autoridad judicial accionada consideró que los fundamentos que soportan la acción de tutela son una reiteración de los planteamientos que fueron resueltos en la demanda de reparación direct a incoada y se dirigen de manera exclusiva a poner de presente que resultaba procedente acceder a ordenar la indemnización solicitada en virtud de los perjuicios morales sufridos por los accionantes con

en la demanda de reparación direct a incoada y se dirigen de manera exclusiva a poner de presente que resultaba procedente acceder a ordenar la indemnización solicitada en virtud de los perjuicios morales sufridos por los accionantes con ocasión del dolor y la aflicción que sufrieron al enterarse de que el señor Ortiz Hurtado era portador de VIH.

1.8. Impugnación

32. Los accionantes presentaron escrito de impugnación10 en el que solicit aron revocar la decisión de primera instancia y , en su lugar , amparar sus derechos fundamentales. Como fundamento de su alzada, reiter aron los argumentos expuestos en el escrito inicial.

33. Mediante auto del 14 de abril de 2023, la magistrada ponente de la decisión de primera instancia concedió la impugnación presentada por los accionantes contra la decisión del 16 de marzo de 2023.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 16 de marzo de 2023 dictado por la Sección Primera de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 d e 2019 de la

Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de

2.2. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que los señores Orlan Ortiz Hurtado, María Doralba Ramírez Betancurt, Millerlay Ortiz Ramírez, Nellireth Ortiz Ramírez y Pablo Andrés Betancurt Ramírez se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque les asiste un interés directo y personal en las resultas del proceso, pues figura n como

10 El escrito de impugnación fue presentado 31 de marzo de 2023.Demandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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demandantes dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la providencia reprochada a través de este mecanismo constitucional.

37. Por su parte, esta colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Esto, porque es la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia del 28 de abril de 2022 reprochada en esta oportunidad.

38. Por otro lado, la Sala considera que la Fiduprevisora S.A., le asiste un interés

autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia del 28 de abril de 2022 reprochada en esta oportunidad.

38. Por otro lado, la Sala considera que la Fiduprevisora S.A., le asiste un interés en este trámite constitucional, pues figura como demandado en el proceso ordinario. Por esto, no podrá acceder a su solicitud de desvinculación.

39. Igual suerte corre el Juzgado 3.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, pues fue la autoridad judicial accionada que adoptó la decisión primera instancia dentro del proceso de reparación directa. Por esto, le asiste un interés dentro de las resultas de esta acción de tutela.

2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

40. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Primera de esta Corporación, el 16 de marzo de 2023.

41. Para ello, le corresponde a la Sala determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de la relevancia constitucional. De encontrarse superados, la Sala analizará lo siguiente:

•¿El Tribunal Administrativo del Val le del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad de los accionantes . Lo anterior, porque incurrió en un presunto desconocimiento del precedente con la expedición del fallo del 28 de abril de 2022 que revocó la decisión de primer grado y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa por ellos presentada con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Educ ación Nacional – Fondo Nacional de

pretensiones de la demanda de reparación directa por ellos presentada con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Educ ación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A., y Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda., – Cosmitet Ltda de los perjuicios morales a ellos ocasionados por el diagnóstico errado de VIH del que fue víctima el señor Orlan Ortiz Hurtado?

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobr e la acción de tutela contra providenciasDemandantes: Orlan Ortiz Hurtado y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicación: 11001-03-15-000-2023-00730-01

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judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales13.

43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 14. En esta decisión se

43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 14. En esta decisión se establecieron seis requisitos generales de procedencia15 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial16.

44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan lo s siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 15 Los seis requisitos generales de procedib ilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcio nado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la par te actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 16 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la

material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presen ta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario apli