CE - 110010315000202300738011SENTENCIA20230630100311

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia Demandados: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra la sentencia de tutela de 17 de marzo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1.La actora, obrando mediante apoderad o, present ó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 26 de enero de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 050012331000200600476 01 , vulner ó sus derechos fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que , la Cooperativa Financiera de Antioquia celebró un contrato de comisión para la compra y venta de valores con la sociedad Multivalores S.A. En virtud de dicho contrato, la Cooperativa Financiera de Ant ioquia a través de la comisionista, adquirió títulos valores y realizó operaciones sobre éstos.

4. Afirmó que , a 31 de diciembre de 2002 Multivalores S.A. reportó a la Superintendencia utilidades netas por ciento setenta y siete millones ciento setenta y dos mil quinientos catorce pesos con treinta y cinco centavos ($177.172.514,35).

Superintendencia utilidades netas por ciento setenta y siete millones ciento setenta y dos mil quinientos catorce pesos con treinta y cinco centavos ($177.172.514,35).

5. Manifestó que, el 14 de marzo de 2003 la Superintendencia de Valores autorizó a Multivalores S.A. para que distribuyera ciento veintiocho millones doscientos veintidós mil cien pesos ($128.222.100) entre sus accionistas, con base en la cifra de utilidades reportada por la sociedad.

6. Indicó que, Multivalores S.A. reportó a la Superintendencia que, a 30 de junio de 2003, obtuvo utilidades por seiscientos sesenta millones doscientos diez mil trescientos siete pesos ($660.210.307) y que a 30 de septiembre de 2003 percibió3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

utilidades por ochocientos cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento dieciocho pesos ($843.758.118).

7. Agregó que , con fundamento en los rendimientos reportados por Multivalores S.A., la Cooperativa Financiera de Antioquia realizó por medio de ésta inversiones

en los siguientes títulos valores:

“[…] 1. BONO FOGAFIN adquirido con la operación (…) número 01611 de 22 de marzo de 2002 (…) por valor de TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000) PESOS (…) 2. TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido con la operación (…) 17495

marzo de 2002 (…) por valor de TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000) PESOS (…) 2. TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido con la operación (…) 17495 de 8 de octubre de 2003 por valor de DOSCIENTOS MIL (200.000) DÓLARES (…)

3. TES EN Dólares (…) 5150307 adquirido con la operación (…) 17495 de 8 de octubre de 2003 por valor de DOSCIENTOS MIL (200.000) DÓLARES (…) 4. TES en pesos (…) O5140307 adquirido con la operación (…) 17132 de 22 de octubre de 2003 por valor de QUINIENTOS MILLONES ($500.000) de pesos (…) 5. TES en pesos (…) O5140307 adquirido con la operación (…) 17133 de 22 de octubre de 2003 por valor de QUINIENTOS MILLONES ($500.000) de pesos (…)

6. TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido en la operación de salida 33286 de 20 de octubre de 2003 para ser vendido el 28 del mismo mes y año en la operación de regreso 33287 por valor de TRESCIENTOS MIL DÓLARES (300.000) (…) 7.TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido en la operación de salida 33324 de 20 de octubre de 2003 para ser vendido el 28 del mismo mes y año en la operación de regreso 33325 por valor de DOSCIENTOS MIL DÓLARES (200.000) […]”.

8. Adujo que , el 22 de octubre de 2003 la Superintendencia de Valores exp idió la Resolución 0682 en la que tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de

DÓLARES (200.000) […]”.

8. Adujo que , el 22 de octubre de 2003 la Superintendencia de Valores exp idió la Resolución 0682 en la que tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Multivalores S.A. porque advirtió el ocultamiento de pérdida s de la compañía durante un periodo de 13 meses y el reporte de información financiera falsa o engañosa. Según la Supertintendencia, las pérdidas de Multivalores S.A. alcanzaron los cuatro mil millones de pesos.

9. Expresó que el 24 de octubre de 20 03 la Cooperativa Financiera de Antioquia solicitó a Multivalores S.A. que trasladara los títulos valores adquiridos a otra comisionista de bolsa. El 28 de octubre de 2003 la Cooperativa Financiera de Antioquia solicitó a Multivalores S.A. información sobre el cumplimiento de las operaciones de reembolso previstas para esa fecha.

10. Multivalores S.A., por medio del agente especial de la Superintendencia de Valores, le informó que los títulos no fueron trasladados porque los había vendido4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

sin su consentimiento y que las operaciones de reembolso no se concretaron porque la comisionista no contaba con los dineros para realizarlas.

11.El 20 de febrero de 2004 la Superintendencia de Valores ordenó la liquidación de Multivalores S.A. por considerarla inviable financiera y económicamente.

12.Manifestó que, la Cooperativa Financiera de Colombia presentó demanda contra

11.El 20 de febrero de 2004 la Superintendencia de Valores ordenó la liquidación de Multivalores S.A. por considerarla inviable financiera y económicamente.

12.Manifestó que, la Cooperativa Financiera de Colombia presentó demanda contra la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de la acción de reparación directa, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de la sociedad comercial “[…] MULTIVALORES S.A.

COMISIONISTA DE BOLSA […]”.

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia el 12 de septiembre de 2011, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 26 de enero de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] REVÓCASE la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, disponer:

PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Superintendencia de Valores (hoy Financiera) de los perjuicios causados a la Cooperativa Financiera de Antioquia como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de

Multivalores S.A.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Superintendencia Financiera a pagar a favor de la Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062).

Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062).

TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin CONDENA en costas […]”.

15. Consideró que:

“[…] La Sala revocará la sentencia de primera instancia porque está probado que existió omisión en el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Valores que, de haberse ejercido oportunamente y en5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

forma adecuad a, habría evitado la pérdida de los dineros invertidos por la demandante, a través de la comisionista de bolsa Multivalores S.A. La responsabilidad de la Superintendencia se funda en lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., según el cual el Estado debe r esponder cuando se acredite que el demandante sufrió un daño antijurídico como consecuencia de una omisión imputable a la entidad demandada. El <> no exonera al Estado de responder si no está acreditado que el mismo fue la causa exclusiva del daño. En este caso, está demostrado que el daño fue causado por la actuación irregular de la comisionista de bolsa Multivalores S.A., pero resulta evidente que el mismo habría podido ser impedido con una actuación adecuada y oportuna de la Superintendencia, a la que le correspondía legalmente la función de vigilancia y control; por tal razón, la solidaridad legal del artículo 2344 del Código Civil no permite la exoneración de la

impedido con una actuación adecuada y oportuna de la Superintendencia, a la que le correspondía legalmente la función de vigilancia y control; por tal razón, la solidaridad legal del artículo 2344 del Código Civil no permite la exoneración de la Superintendencia demandada.

6.1.- No es admisible la posición de la Superintendencia según la cual quien realiza una inversión en el mercado de valores sabe que asume riesgos que debe soportar; los riesgos que asume son los relativos a la suerte de la inversión misma, no a la idoneidad del intermediario ni a su capacidad para responder por los perjuicios que cause. La autorización, el control y la vigilancia para el ejercicio de las funciones que están a cargo de la Superintendencia es la base sobre la cual quien realiza la inversión decide utilizar al intermediario. La existencia de riesgos con los ahorros e inversiones en dinero de los particulares es precisamente lo que motiva la vigilancia especial a cargo del Estado de esta actividad. Y el ejercicio de este control se le asigna a una entidad que tiene amplias facultades para realizarla y, so bre todo, los conocimientos técnicos que le permiten analizar la información que recibe y detectar oportunamente a partir de determinados indicios (como los incrementos singificativos en las utilidades), las irregularidades en la información y en las activ idades del intermediario.

La función de la Superintendencia no es simplemente de divulgación de la información que le presentan sus vigilados ni mucho menos de certificación de idoneidad de la misma ante los particulares, basada en la buena fe o en la presunción de legalidad de los informes. A la Superintendencia le corresponde, con su particular experticia, realizar el análisis de la información que se le reporta y detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de veracidad; no cumple

de legalidad de los informes. A la Superintendencia le corresponde, con su particular experticia, realizar el análisis de la información que se le reporta y detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de veracidad; no cumple una labor simplemente formal relativa a verificar que la información se presenta a tiempo considerando que ella […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

16. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con la formulación de la presente demanda solicito que se adopten todas aquellas decisiones judiciales a las que constitucional y legalmente haya lugar y que, además, se impartan todas las órdenes judiciales que resulten necesarias y/o pertinentes para garantizar de manera real y efectiva los Derechos Fundamentales que le han sido desconocidos a la SFC dentro del proceso judicial de reparación directa, SFC, en cuanto en segunda (2ª) instancia, además de que de manera infundada e indebida se revocó “la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

demanda”, también se dispuso declarar a mi poderdante patrimonialmente responsable “de los perjuicios causados a la Cooperativa Financier a de Antioquia como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de Multivalores S.A.” y, consecuencialmente, se la condenó “a pagar a favor de la Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres

como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de Multivalores S.A.” y, consecuencialmente, se la condenó “a pagar a favor de la Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062)”.

Dichas decisiones judiciales fueron adoptadas a través de la parte resolutiva del fallo fechado en enero 26 de 2022, por lo cual se requiere que, entre las decisiones y órdenes judiciales que deban adoptarse en virtud de la presente Acción de Tutela se contemple la viabilidad de dictar las siguientes o similares declaraciones:

PRIMERA: Tutelar los Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO (artículo 29

C.P.), a la DEFENSA (artículo 29 C.P.), a LA IGUALDAD (artículo 13 C.P.), a la SEGURIDAD JURÍDICA (artículos 2 y 230 C.P.) a la CONFIANZA LEGÍTIMA y a la BUENA FE (artículo 83, C.P.) de los cuales es titular mi mandante.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia del 26 de enero de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se decidió: (i) revocar “la sentencia proferida el 12 de s eptiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda”; (ii) declarar a la SFC patrimonialmente responsable “de los perjuicios causados a la Cooperativa Financiera de Antioquia como consecuencia de la omisión en la

Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda”; (ii) declarar a la SFC patrimonialmente responsable “de los perjuicios causados a la Cooperativa Financiera de Antioquia como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de Multivalores S.A.” y, (iii) condenarla “a pagar a favor de la Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062)”.

TERCERA: Ordenar que se tutelen y se protejan los Derechos Fundamentales que se le han vulnerado a la Parte Demandante y como consecuencia de ello se deba proferir una sentencia judicial que reemplace las cuestionadas decisiones de segunda (2ª) instancia que deben dejarse sin efectos.

CUARTA: Ordenar a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado la expedición de una sentencia que reemplace la dictada en enero 26 de 2022, dentro de la cual, con independencia del sentido en que sea proferida, se tengan en cuenta tanto la normatividad como la jurisprudencia realmente aplicables sobre la materia y, además, se efectúe una valoración racional, razonable y lógica del material probatorio decretado y practicado en el proceso, al igual que los precedentes y jurisprudencia del Consejo de Estado en punto de responsabilidad extracontractual por falla en el servicio de las funciones a cargo de la demandada

SV, hoy SFC.

QUINTA: Las demás órdenes judiciales que se consideren procedentes y/o pertinentes con la finalidad de asegurarle a mi mandante la efectividad real y concreta de sus referidos derechos constitucionales […]”.7

SV, hoy SFC.

QUINTA: Las demás órdenes judiciales que se consideren procedentes y/o pertinentes con la finalidad de asegurarle a mi mandante la efectividad real y concreta de sus referidos derechos constitucionales […]”.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

17. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un i) d efecto fáctico, en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial , en un iii) defecto procedimental absoluto , en un iv ) defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas; y en la causal de v) violación directa de la Constitución.

Actuación

18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 15 de febrero de 202 3; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; y iv) vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Cooperativa Financiera de Antioquia, al Ministerio Público, y a “[…] todos quienes hubieren intervenido en el proceso de reparación directa radicado al número 05001233100020060047600/01 y que a la fecha no hubieren sido vinculados al presente trámite constitucional […]”, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

y que a la fecha no hubieren sido vinculados al presente trámite constitucional […]”, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular. Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que:

“[…] Mediante auto del 15 de febrero de 2023 se admitió la tutela instaurada por la Superintendencia Financiera de Colombia contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la providencia —de la que fui ponente— del 26 de enero de 2022, en la que se revocó la sentencia del 12 de septiembre de 2011 que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se accedió a las pretensiones de la demanda, al interior del medio de control de reparación directa identificado co n el radicado número 05001233100020060047600/01.

En el referido auto se me requiere para que rinda informe sobre los hechos objeto de la solicitud de amparo. Con todo respeto me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella […]”.

20. La Cooperativa Financiera de Antioquia señaló que:

“[…] En atención a las pretensiones de la parte accionante, de conformidad con el informe rendido, en calidad de apoderado de la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA - CFA como parte interesada, me opongo a cada una de ellas y en su8

informe rendido, en calidad de apoderado de la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA - CFA como parte interesada, me opongo a cada una de ellas y en su8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

lugar se solicita que se DECLARE IMPROCEDENTE la presente acción de tutela promovida por la Superintendencia Financiera d e Colombia – SFC en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado […]”.

21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expresó que:

“[…] i) En primer lugar, la sentencia no resolvió todos los extremos de la litis, toda vez que no se pronunció acerca de la existencia de la culpa exclusiva de la víctima, ni sobre el hecho de que como entidad financiera debía tener un cuidado especial en la gestión de sus negocios en el mercado financiero, el cual, a diferencia de lo que parece considerar la Subsección B, se rige por las reglas de la autonomía de la voluntad y de la libertad de empresa, con regulación estatal.

En este sentido, la Subsección B de la Sección Tercera debió, al menos, analizar los argumentos de las partes en tal sentido, para determinar si la participación de la CFA en la producción del daño era determinante -eximenteo no - concausa-, en la producción del daño. Asunto que f ue obviado por completo por el juzgador en la decisión de segunda instancia.

1. En segundo lugar, la simple lectura de la providencia atacada demuestra que está única y exclusivamente basada en razones argumentativas, pero no existe soporte

decisión de segunda instancia.

1. En segundo lugar, la simple lectura de la providencia atacada demuestra que está única y exclusivamente basada en razones argumentativas, pero no existe soporte probatorio alguno de las conclusiones a las que llega la Sala. En los folios del fallo contentivos de las consideraciones, no existe referencia a las pruebas que podrían permitir arribar a la conclusión de la responsabilidad del Estado o de su conocimiento en relación la conducta de Multivalores S.A., previo a junio y julio de 2003.

1. Existe, además, una grave incongruencia del fallo, pues afirma que debió informarle a la CFA en octubre de 2003 para que no realizara las operaciones de ese mes, sin embargo, la liqu idación de los perjuicios versa sobre las operaciones realizadas en 2002. En el caso concreto, el único incumplimiento que podría ocurrir -plenamente justificado por la cronología de los hechos - podría tener que ver con estas operaciones, por lo que, en gr acia de discusión, la sentencia debió encontrar la responsabilidad solo por esos hechos y no por lo ocurrido con anterioridad al conocimiento de las irregularidades de Multivalores S.A.

1. Finalmente, resultaría redundante repetir el exhaustivo recuento de la pacífica postura jurisprudencial del Consejo de Estado en torno al alcance de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control del Sector Financiero y del paradójico hecho de que esta sea la única sentencia que acoge y promueve la responsabilidad automática del Estado por el hecho de terceros que actúan en el mercado de valores […]”.

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó constancia de remisión del expediente de reparación directa.

La sentencia impugnada

del Estado por el hecho de terceros que actúan en el mercado de valores […]”.

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó constancia de remisión del expediente de reparación directa.

La sentencia impugnada

23. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 17 de marzo de 2023, resolvió lo siguiente:9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

“[…] PRIMERO. DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó la Superintendencia Financiera de Colombia en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

24. Consideró que:

“[…] i) El asunto no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, en la medida en que, si bien la SFC aludió a que el defecto fáctico en su dimensión negativa cambiaría la decisión que se adoptó, no ahondó en una vulneración concreta para alguno de los elementos que integran el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. Este último, que entendió la Corte Constitucional como “hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho” 2, garantía que integra el derecho a la defensa como la “posibilidad de que toda persona pueda emplear todas las herramientas y mecanismos adecuados para defenderse”3.

fundada en derecho” 2, garantía que integra el derecho a la defensa como la “posibilidad de que toda persona pueda emplear todas las herramientas y mecanismos adecuados para defenderse”3.

En tal sentido, la SFC no explicó con suficiencia cómo se le impidió solicitar y aportar pruebas que consideró pertinentes, al margen de que si se revisa el asunto ordinario se colige que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó íntegramente las doc umentales que la parte allegó, y solicitó los exhortos que requirió.

1. La controversia se limita a una discusión meramente legal, pues los reparos dirigidos a la realización efectiva del deber de vigilancia y a la previsibilidad de los riesgos por los inversionistas, son asuntos litigiosos propios del proceso de reparación directa, que se identifican con los argumentos defensivos que planteó la SFC en dicho trámite, en particular, en torno a la desacreditación del nexo de causalidad.

En este orden, el asunto puntual de la diligencia en la detección de las irregularidades fue materia de pronunciamiento por el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 12 de septiembre de 2011, al considerar que sí operó el eximente de responsabilidad de cul pa exclusiva de la víctima ya que Multivalores burló la confianza y la publicidad a partir del suministro de información falsa. En razón a tal circunstancia, encontró probada la ausencia de un nexo causal entre el daño y la conducta de la SFC.

Bajo tal panorama se pronunció la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 26 de enero de 2022, en la que a partir de

un nexo causal entre el daño y la conducta de la SFC.

Bajo tal panorama se pronunció la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 26 de enero de 2022, en la que a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, consideró que quedó demostrada la existencia de un daño antijurídico. Aunado a ello, puntualizó que el actuar oportuno de la SFC hubiera impedido la causación del resultado lesivo, por lo que el hecho de asumir riesgos no era de recibo, pues si bien la comisionista debe revestir de idoneidad, la SFC está llamada a ejercer labores de vigilancia y autorización.

Así pues, diferenció la labor de divulgación de la de certificación, y realizó un recuento normativo y jurisprudencial a partir del que exteriorizó la valoración de las siguientes pruebas : i) la resolución 0682 del 22 de octubre de 2003; ii) el

2 Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 1998. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01

Actora: Superintendencia Financiera de Colombia

informe de visita número 383 del 2 de abril de 2004 sobre la detección de operaciones fraudulentas; iii) el informe de inspección; iv) el acta de visita del 22 de octubre de 2003; y iv) la denuncia penal en contra de los administradores de Multivalores.

De acuerdo con lo establecido, esta judicatura considera que la SFC estructuró su acción constitucional como una contraargumentación a cada uno de los

de octubre de 2003; y iv) la denuncia penal en contra de los administradores de Multivalores.

De acuerdo con lo establecido, esta judicatura considera que la SFC estructuró su acción constitucional como una contraargumentación a cada uno de los sustentos que planteó la accionada en su decisión. Dicho de otro modo, manifestó que las conclusiones de la accionada no tenían soporte probatorio, frente a lo que esta Sala encontró que la providencia destacó las pruebas que estimó relevantes para fundar su convencimiento.

Sumado a ello, si bien la SFC identificó algunas pruebas que a su juicio no fueron valoradas o lo fueron indebidamente, y puso de presente que tal apreciación hubiera incidido materialmente en el sentido de la decisión, no expuso, concretamente, cómo cada de una de las aludidas nec esariamente hubiera llevado a una decisión distinta, puntualmente a la exoneración de responsabilidad en sede judicial. De este modo, no le brindó al juez constitucional los elementos mínimos suficientes para examinar las pruebas particulares.

En igual s entido, esta judicatura pone de presente que la SFC realizó afirmaciones de legalidad y defensivas, a partir de las que es dable extraer que le asiste una inconformidad con la decisión que adoptó la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al haber sido esta última desfavorable a sus intereses y haberla condenado al pago de una suma cuantiosa por concepto de perjuicios a favor de la CFA.

Adicionalmente, la SFC al estructurar su acción de tutela como una crítica a cada una de las aseveraci ones que realizó la accionada, permite inferir que está

de perjuicios a favor de la CFA.

Adicionalmente, la SFC al estructurar su acción de tutela como una crítica a cada una de las aseveraci ones que realizó la accionada, permite inferir que está utilizando el mecanismo constitucional como un juicio de corrección y no de validez de la decisión judicial, a partir de lo que pretende que el juez de tutela realice una revaloración probatoria de lo s medios incorporados al plenario para desacreditar su responsabilidad administrativa, bajo la premisa de un estudio de sus elementos.

En contraposición, el juzgador constitucional no está llamado a reabrir el debate ordinario de forma integral sin una j ustificación válida que lo habilite, mucho menos para determinar cuál es la postura que mejor consulta de los derechos e intereses de las partes, por lo que la estructuración de la demanda de tutela en el caso examinado sirve como parámetro para justificar la limitación de la controversia a una problemática puramente legal, sin trascendencia iusfundamental para la protección de las garantí