CE - 110010315000202300740011SENTENCIA20230627125722

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar

Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Defecto fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política / Sentencia SU-316 de 2021 reconocimiento personería jurídica

de Colombia Humana

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por José Manuel Abuchaibe Escolar , en contra de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. La solicitud

José Manuel Abuchaibe Escolar promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta , en el medio de control de nulidad

ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta , en el medio de control de nulidad electoral 11001-03-28-000-2022-00094-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. José Manuel Abuchaibe Escolar, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, presentó demanda en contra del acto de elección de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez Ochoa, como representantes a la Cámara por la circunscripción del departamento de Cundinamarca, periodo 2022 -2026, debido a la expedición irregular del formulario denominado E -26CAM del 26 de marzo de 2022 por el Consejo Nacional Electoral.

1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia proferida el 19 de enero de 2023 negó las pretensiones de la demanda al considerar que los votos obtenidos por el movimiento político Colombia Humana en los comicios2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

presidenciales del año 2018 no deben tenerse en cuenta para los efectos del artículo 262-51 de la Constitución Política, en tanto se trata de circunscripción diferente; por ello, el acto de elección acusado se ajusta a los parámetros normativos en materia de coaliciones para presentar listas de candidatos para corporaciones públicas (en este caso a la Cámara de Representantes).

1. En relación con esa decisión, la parte demandante considera que la corporación

de coaliciones para presentar listas de candidatos para corporaciones públicas (en este caso a la Cámara de Representantes).

1. En relación con esa decisión, la parte demandante considera que la corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, al incurrir en defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política por indebida valoración de la sentencia SU -316 de 2021 y errónea aplicación del artículo 108 constitucional, por no tener en cuenta la votación de Colombia Humana en los comisión presidenciales del año 2018, la cual les reconoció el derecho a la personería jurídica, para establecer la no procedencia de la coalición para las elecciones de corporaciones públicas 2022-2026.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Se nos conceda la Tutela sobre nuestros derechos al debido proceso (art. 29CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40-1 CP), igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados que ustedes consideren resulten vulnerados o infringidos por la entidad accionada, dentro de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en atención a las consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.

2. DEJAR SIN EFECTO la providencia judicial proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023) por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00094-00 por la cual se negó la nulidad de la elección de

dos mil veintitrés (2023) por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00094-00 por la cual se negó la nulidad de la elección de EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO y ALEXANDRA VÁSQUEZ OCHOA como representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca. Período constitucional 2022-2026.

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que pro ceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales de los accionantes. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo Nacional Electoral2 se opuso a las pretensiones de amparo, para lo cual refirió que la vulneración alegada es respecto del Consejo de Estado, Sección Quinta, por lo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva.

1 «[…] Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. […]» 2 Ver índice 13 de SAMAI en el expediente 11001031500020230074000. Archivo denominado «

RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf ) NroActua

13»3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

13»3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

1.2.2. La Registraduría Nacional de Estado Civil3 señaló que carece de competencia para pronunciarse respecto de las pretensiones del demandante, toda vez que la decisión acusada fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de su autonomía e independencia judicial como juez natural del asu nto cuestionado, por lo cual, solicitó la desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.2.3. Leider Alexandra Vásquez Ochoa 4 solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo , al considerar que la procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional , lo cual no significa la prolongación de debates jurídicos ya surtidos.

Señaló que la decisión acusada no desconoció el artículo 262 de la Constitución Política, « en la medida en que claramente la exigencia allí dispuesta refiere a la participación en la elección inmediatamente anterior, en la misma circunscripción, lo que no se puede predicar del movimiento Colombia Humana como parte de la coalición “Pac to Histórico”, ya que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado».

1.2.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta, y Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo (demandado en el medio de control cuestionado) guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 30

(demandado en el medio de control cuestionado) guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 30 de marzo de 2023 negó el amparo solicitado, al considerar que «la posición jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura ninguno de los defectos alegados por el accionante toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el proceso, precedente jurisprudencial y las normas aplicables al asunto, estableció que el cargo por infracción de norma superior18 no resultó demostrado en el proceso ordinario, porque la tesis propuesta por el demandante no se ajustaba a los requisitos de la norma constitucional presuntamente desconocida19; además, porque la decisión de la Corte Constitucional contenida en la sentencia SU-316 del 2021 no impactaba la forma en que se aplicaba e interpretaba el inciso 5º del artículo 262 Superior, porque las razones de decisión respondían a una elección diferente y a las consecuencias propias de la misma.[…]»

1.4. Escrito de impugnación6

3 Ver índice 1 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230074000. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_AT007402023JOSEM(.pdf) NroActua 12 4 Ver índice 11 de SAMAI en el expediente 11001031500020230074000. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf ) NroActua 11» 5 Ver índice 1 6 de SAMAI en el expediente 11001031500020230074000. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf ) NroActua 11» 5 Ver índice 1 6 de SAMAI en el expediente 11001031500020230074000. Archivo denominado «SENTENCIA(.pdf) NroActua 16» 6 Ver índice 20 de SAMAI en el expediente 11001031500020230074000. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_IMPUGNACIONFALLOTU(.pdf ) NroActua 20»4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

José Manuel Abuchaibe Escolar impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 7 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 8, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 10 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P . María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra de cisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se

haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 13 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.14

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de José Manuel Abuchaibe Escolar al proferir la sentencia del 19 de enero de 2023, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad de los actos de elección de Eduard Giovanny

derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de José Manuel Abuchaibe Escolar al proferir la sentencia del 19 de enero de 2023, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad de los actos de elección de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez Ochoa, como representantes a la Cámara

11 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Al pina Productos Alimenticios.

Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C -590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

por el departamento de Cundinamarca, periodo constitucional 2022-2026, al incurrir, presuntamente, en defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política por indebida valoración de la sentencia SU -316 de 2021 y errónea aplicación del artículo 108 constitucional?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela

aplicación del artículo 108 constitucional?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 15 tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»,16 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente». 17 La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».18

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tien e una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto19. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta20, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 17 Sentencia SU-159 de 2002, MP . Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 18 Sentencia T-538 de 1994. 19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 20187

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) n o se efectúa una interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configur a este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales21.

2.4.4. Violación directa de la Constitución Política

En cuanto a la referida causal de procedencia específica es importante recordar que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias TEn cuanto a la referida causal de procedencia específica es importante recordar que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T949 de 2003 y C-590 de 200522 de la Corte Constitucional.

Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados» , el cual puede configurarse por dos hipótesis23:

La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal d e conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de

21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018 22 Pese a lo anterior, en la Sentencia T -086 de 2007 la ausencia de motiva ción, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del defecto

22 Pese a lo anterior, en la Sentencia T -086 de 2007 la ausencia de motiva ción, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del defecto sustantivo; y, en la Sentencia T -178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos primeros defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación de una norma, situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo, defecto orgánico y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de 2004]. 23 Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º constitucional cuando exista incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.5. Sobre el caso concreto

José Manuel Abuchaibe Escolar acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en cuanto reconoció la validez de las elecciones para representantes a la Cámara del departamento de Cundinamarca y negó la pr etensión de nulidad de los actos de elección de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez Ochoa, como tal.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defectos fáctico,

negó la pr etensión de nulidad de los actos de elección de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez Ochoa, como tal.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política por indebida valoración de la sentencia SU-316 de 202124 y errónea aplicación del artículo 108 constitucional, pues se desconoció que los comicios a tenerse en cuenta para efectos de verificar los requisitos para la inscripción de list as de candidatos por la coalición Pacto Histórico al Congreso de la República eran las indirectas, es decir, las presidenciales del 2018 -2022; cargos que serán desatados de manera conjunta dada su relación.

Para mayor claridad, la Sala recuerda el análisi s efectuado por el Consejo de Estado, Sección Quinta, respecto de la decisión judicial y el precepto constitucional alegados como desconocidos, así:

«[…] 117. Se concluye que el cargo por infracción de norma superior no resultó demostrado en el presente asunto, pues la tesis propuesta por el demandante no se compadece con los requisitos de la norma constitucional presuntamente desconocida.

118. Por un lado, el partido político “Colombia Humana” no participó de una elección anterior, en tanto nació solam ente hasta el 2021 mediante una orden judicial, y, adicionalmente, la votación que el accionante pretende sea contabilizada en la conformación de la coalición “Pacto Histórico” se depositó en una elección que se lleva a cabo en una circunscripción diferente.

119. De otra parte, de aceptar la tesis del señor Abuchaibe Escolar, se presenta una

conformación de la coalición “Pacto Histórico” se depositó en una elección que se lleva a cabo en una circunscripción diferente.

119. De otra parte, de aceptar la tesis del señor Abuchaibe Escolar, se presenta una dificultad práctica para establecer los votos que fueron depositados a favor del entonces grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, dado que su participación en las presidenciales de 2018 se dio bajo la figura de la coalición con un partido político.

120. Finalmente, las anteriores consideraciones no cambian al estudiar las razones de la decisión SU -316 del 2021, en la medida en que en dicha oportunidad, l a Corte Constitucional interpretó el artículo 108 constitucional en el contexto de las garantías del derecho a la oposición y el ejercicio del derecho personal a ocupar una curul en el Congreso de la República por la fórmula que ocupó un segundo lugar en las elecciones presidenciales, todo ello en el contexto de dicho cargo uninominal, lo que permite

24 Reconocimiento de personería jurídica al movimiento político Colombia Humana, Mp. Alejandro Linares Cantillo.9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00740-01

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

entender que abordó cuestiones de una elección diferente a la que se regula por el inciso 5º del artículo 262 Superior […]»

Como se observa, el Consejo de Estado, Sección Quinta, refirió que la Corte Constitucional a través de la sentencia SU 316 de 2021 le reconoció personería jurídica a Colombia Humana, forma de reconocimiento que, contrario al decir del demandante electoral, no conllevaba a desconocer que dicha colectividad, en su

Constitucional a través de la sentencia SU 316 de 2021 le reconoció personería jurídica a Colombia Humana, forma de reconocimiento que, contrario al decir del demandante electoral, no conllevaba a desconocer que dicha colectividad, en su momento, era una minoría, por lo que se ajustaba a las disposiciones del artículo 262 Superior para formar parte de una coalición; sin embargo, puso de presente que si bien dicha normativa fijó el m áximo porcentaje de votos válidos de la respectiva circunscripción, omitió señalar cuáles eran las elecciones que debían examinarse para ese efecto.

La autoridad judicial demandada analizó el contenido de la sentencia SU -316 de 2021 de la Corte Constituci onal y las disposiciones del artículo 108 constitucional en aras de establecer si los actos acusados se ajustaron a los parámetros del inciso 5.° del artículo 262, que determina que «[l]os partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas», lo cual le permitió concluir que:

«[…] los alcances de la decisión de la Corte Constitucional no impactan la forma en que se aplica e interpreta el inciso 5º del artículo 262 Superior, en tanto que las razones de decisión de la sentencia SU-316 del 2021, responden a una elección diferente y a las consecuencias propias de la misma. […]»

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada expuso suficientes argumentos jurídicos que le permitieron concluir que el acto de elección de Eduard

consecuencias propias de la misma. […]»

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada expuso suficientes argumentos jurídicos que le permitieron concluir que el acto de elección de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez Ochoa , como representantes a la Cámara por la circunscripción de Cundinamarca, se ajustaron a los parámetros del artículo 262 de la Constitución Política, quien es hicieron parte de lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica d