CE - 110010315000202300743011SENTENCIA20230629084420

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2023 00743 01

Referencia: Acción de tutela

Actora: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TESIS: MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU LUGAR,

DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL

PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE

LEGAL Y ECONÓMICO. INAPLICA POR INCONSTITUCIONALIDAD Y

SOLAMENTE ENTRE LAS PARTES DEL PROCESO LA EXPRESIÓN “NO

CONSTITUYE FACTOR SALARIAL” CONTENIDA EN LAS NORMAS RESPECTO A

LA PRIMA TÉCNICA AUTOMÁTICA Y LA PRIMA DE ALTA GESTIÓN.

DERECHOS FUNDAM ENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO

PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 27 de abril de 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el

1 En adelante la Sección Cuarta.2

sentencia de 27 de abril de 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el

1 En adelante la Sección Cuarta.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-00743-01

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amparo solicitado.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , actuando a través de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2 al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335021 2019 00097 02.

I.2.- Hechos

Indicó que el señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA se encuentra vinculado a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , en el cargo de

2 En adelante el Tribunal3

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2 En adelante el Tribunal3

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Director Grado 03, adscrito a la Dirección de Estudios Sectoriales de la entidad desde el 13 de agosto de 2014.

Refirió que el señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA solicitó ante la entidad el reconocimiento y pago de la prima técnica automática y la prima de alta gestión como factor salarial y prestacional, petición denegada mediante Oficio núm. 2017IE0094705 de 25 de enero y confirmada a través de la Resolución núm . 81117-00279-2018 de 5 de febrero de 2018.

Relató que, como consecuencia de lo anterior el señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mencionados y, en su lugar, se ordenara la reliquidación de las prestaciones sociales adeudadas, incluyendo la prima técnica y la prima de alta gestión, como factor salarial, desde el 13 de agosto de 2014.

Manifestó que a la demanda se le asignó el número único de radicación 2019-00097-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá que, en sentencia de 10 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones al considerar que la4

radicación 2019-00097-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá que, en sentencia de 10 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones al considerar que la4

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prima técnica y la prima de falta gestión no constituyen factor salarial.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 27 de octubre de 2022, por medio la que revocó la decisión del a quo y, en su lugar , accedió a las pretensiones de la demanda , por lo que dispuso inaplicar parcialmente por inconstitucionalidad y solamente entre las partes , la expresión “ no constituye factor salarial para ningún efecto” contenida en los artículos 5º y 6º de los decretos3 182 de 7 de febrero de 2014, 1093 de 26 de mayo de 2015, 241 de 12 de febrero de 2016, 1010 de 9 de junio de 2017, 344 de 19 de febrero de 2018, 1005 de 6 de junio de 2019 y 320 de 27 de febrero de 2020, respecto a las primas técnica y prima de alta gestión.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

respecto a las primas técnica y prima de alta gestión.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al resolver el asunto sin aplicar la normativa que constituye el régimen salarial y prestacional de la carrera especial de

3 Por los cuales se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.5

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la Contraloría General de la República.

En efecto, resaltó que el TRIBUNAL no aplicó en debida forma el artículo 4º de la Carta Política, que trata respecto de la excepción de inconstitucionalidad; además, pasó por alto que de conformidad con el artículo 113, numeral 5 de la Ley 106 de 30 de diciembre de 19934, la prima técnica como la de alta gestión, no constituyen salario, por tratarse de prestaciones sociales; además, tales emolumentos por haber sido concedidos por el simple hecho de estar vinculado en un cargo que exige unas calidades excepcionales, no tienen carácter de factor salarial, en la medida en que no retribuyen la labor desempeñada, tal como lo prevé n los artículos 4º y 5º del Decreto 270 de 2000 5, aplicable a la planta de personal de la entidad, establecida con ocasión del ejercicio de las facultades extraordinarias

desempeñada, tal como lo prevé n los artículos 4º y 5º del Decreto 270 de 2000 5, aplicable a la planta de personal de la entidad, establecida con ocasión del ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 1 del artículo 1º de la Ley 573 de 2000.

Afirmó que el TRIBUNAL también incurrió en decisión sin motivación, toda vez que si bien presentó las consideraciones con las

4 “Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones.” 5 Por el cual se fija el sistema de remuneración de los empleos de la Contraloría General de la República6

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que resolvió el problema jurídico planteado “en realidad no es así, porque mas que eso, lo que busca es darle visos de legalidad y razonabilidad a la tesis de los Magistrados de esa Sala veían sosteniendo con anterioridad, a pesar de ir en clara contradicción con decisiones del Consejo de Estado sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos”.

Destacó que la autoridad judicial accionada simplemente mencionó

sosteniendo con anterioridad, a pesar de ir en clara contradicción con decisiones del Consejo de Estado sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos”.

Destacó que la autoridad judicial accionada simplemente mencionó la definición del concepto de salario y aludió al principio de progresividad y no regresividad, lo cual no tiene relación directa con el caso concreto y no resuelve nada. Sumado a ello, refirió que acudió a líneas sin contexto de pronunciamientos del Consejo de Estado que tampoco guardan similitud fáctica ni jurídica con el problema jurídico a resolver, desatendiendo la normativa existente sobre la materia.

Añadió que, no siendo suficiente lo anterior, de manera arb itraria acudió al principio de autonomía no solo para desconocer los pronunciamientos del órgano de cierre para casos similares, sino para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, incumpli endo con las condiciones señaladas para ello, dado que no demos tró la vulneración de las disposiciones constitucionales que dijo aplicar con preferencia a la preceptiva inmediatamente referida, omitió informar7

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cual derecho fundamental tenía prevalencia en el caso concreto y presentó razones ajenas al asunto.

Asimismo, adujo que también se incurrió en desconocimiento del precedente judicial dispuesto para el asunto por la Corte

cual derecho fundamental tenía prevalencia en el caso concreto y presentó razones ajenas al asunto.

Asimismo, adujo que también se incurrió en desconocimiento del precedente judicial dispuesto para el asunto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado 6, quienes fijaron una línea jurisprudencial sobre la materia y consideraron que dentro del régimen de carrera administrativa especial de la Contraloría General de la República, la prima técnica y la prima de alta gestión no constituyen factor salarial.

Recalcó que el TRIBUNAL se alejó de los precedentes judiciales ya dispuestos, sin motivar de manera alguna su decisión, pese a que se trataba de casos análogos al presente.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 30 de marzo de 2017, C.P. César Palomino Cortés, radicación número 250002325000 2010 00012 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de mayo de 2022, C.P. William Hernández Gómez, radicación número 250002342000 2018 01942 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 30 de marzo de 2017, C.P. César Palomino Cortés, radicación número 250002325000 2010 00012 01.8

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01.8

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Finalmente, aseveró que la providencia acusada pone a la entidad ante un imposible jurídico y administrativo que amenaza con causar un daño irreparable al patrimon io del Estado, pues ordena unos reconocimientos económicos que contravienen la ley y la jurisprudencia.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección “D”, M.P. Dra. Alba Lucía Becerra Avella, que profiera sentencia de remplazo de segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 001333502120190009700/01 promovido por Iván López Dávila, tomando las medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados y subsanando los eventos violatorios de los fundamentales derechos al debido proceso, a la igualdad, a la doble instancia, y de acceso imparcial a la administración de justicia de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; esto es, ajustando su decisión tanto a la legislación existente, como al precedente jurisprudencial vinculante dado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. […]”.

I.5.- Defensa

es, ajustando su decisión tanto a la legislación existente, como al precedente jurisprudencial vinculante dado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que no se observa la configuración de9

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ninguno de los defectos indicados, en la medida en que: i) fue proferida por funcionarios competentes ; ii) con acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de actuaciones ; iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento de la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente ; iv) sin que se presente contradicción entre los fundamentos y la par te resolutiva; v) sin la presencia de un error inducido ; vi) con una decisión ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho; y, vii) sin desconocimiento del precedente constitucional.

Sumado a ello, manifestó que la acción de tutela de la referencia se torna improcedente, ya que la actora ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales que tenía a su disposición, de tal forma que los argumentos planteados son lo s ya resueltos en la providencia censurada, por lo que este mecanismo constitucional no puede ser usado como una tercera instancia, como lo pretende la parte actora.

I.6. Intervinientes

los argumentos planteados son lo s ya resueltos en la providencia censurada, por lo que este mecanismo constitucional no puede ser usado como una tercera instancia, como lo pretende la parte actora.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA , vinculado como tercero interesado en las resultas del proceso , solicitó denegar el presente amparo y mantener incólume el fallo acusado, toda vez que la acción10

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de tutela de la referencia no cumple los requisitos de la relevancia constitucional, la subsidiariedad y mucho menos con los yerros que se le endilgan.

Alegó que los cargos propuestos por la actora aparentemente buscan una instancia adicional, lo cual no resulta de tal validez, además, los argumentos acá expuestos no fueron presentados dentro del proceso ordinario.

Añadió que el asunto bajo examen no tiene precedente a lguno; además, el precedente alegado no es una sentencia de unificación que sea de obligatorio cumplimiento para los asuntos por resolver, sumado a ello, en ese caso se analizó una solicitud de reliquidación de pensión, mas no de un funcionario que continua en actividad.

Por último, destacó que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el caso concreto que amerite la intervención del juez

de pensión, mas no de un funcionario que continua en actividad.

Por último, destacó que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el caso concreto que amerite la intervención del juez constitucional, máxime cuando la controversia versa sobre un asunto meramente legal.11

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 27 de abril de 2023, la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos endilgados.

Al entrar a analizar el asunto bajo examen, el a quo determinó que aun cuando la actora alegó la presunta configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, en relación con este último defecto advirtió que reforzaba el argumento de no haber tenido en cuenta l a jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que lo abordó bajo la caracterización del desconocimiento del precedente, al compartir los mismos argumentos.

Ahora, frente al defecto sustantivo, destacó que en la sentencia acusada se hizo mención expresa a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 106 de 1993 , al Decreto 270 de 2000 y a los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional para fijar la escala de

acusada se hizo mención expresa a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 106 de 1993 , al Decreto 270 de 2000 y a los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional para fijar la escala de remuneración para las distintas categorías de empleos, en los que se estableció la prima técnica automática y la prima de alta gestión, por lo que no se desconoció el contenido de dichos preceptos, otra cosa12

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es que el TRIBUNAL haya resuelto acud ir a la figura de la inaplicación por inconstitucionalidad de las disposiciones que indicaban que estos rubros no constituían salario.

Ahora, en cuanto a los precedentes de 30 de marzo de 2017 y 5 de mayo de 2022 proferidos por el Consejo de Estado, en una Sala de Sección, sostuvo que la autoridad judicial accionada admitió que pese a existir dichos pronunc iamientos se apartaba de los mismos en ejercicio de la autonomía e independencia judicial que le asistía, lo que, a su juicio, resulta válido a la luz del precedente constitucional.

Aseveró que, a lo largo del fallo acusado, se indicó ampliamente las consideraciones por las cuales desconocer que se trataba de un rubro que percibían ciertos funcionarios de manera permanente y habitual, no podía ir en contra de los postulados constitucionales del artículo

consideraciones por las cuales desconocer que se trataba de un rubro que percibían ciertos funcionarios de manera permanente y habitual, no podía ir en contra de los postulados constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, relativos a la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral.

Así las cosas, advirtió que no se desconoció el precedente judicial, sino que el TRIBUNAL se apartó del mismo cumpliendo los requisitos de transparencia y suficiencia para no aplicar el precedente, lo que le permitió evidenciar una justificación razonable13

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de los motivos que llevaron a no coincidir en esa oportunidad con el antecedente.

Finalmente, respecto de los demás precedentes restantes, afirmó que eran posteriores a la sentencia cuestionada, por lo que no era posible hablarse de precedente frente a estos.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que sigue estando inerme ante la vulneración de sus derechos fundamentales, esta vez po r cuenta de l juez de primera instancia que para negar el amparo decidió adecuar el debate desde la órbita constitucional que fue puest a a consideración y limitarse a copiar las consideraciones dadas por el TRIBUNAL para decir brevemente que la decisión que aquel adoptó sí fue justificada

la órbita constitucional que fue puest a a consideración y limitarse a copiar las consideraciones dadas por el TRIBUNAL para decir brevemente que la decisión que aquel adoptó sí fue justificada razonablemente, al punto que hay transparencia y suficiencia en el apartamiento de precedente.

Señaló que no le asistió razón al a quo al considerar que el defecto por decisión si n motivación constituía el mismo reproche del desconocimiento de precedente, por lo que solicitó que se proceda a14

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hacer un estudio individual de los cargos inicialmente formulados.

Destacó que el a quo acudió a los mismos motivos que dieron pie a la petic ión de amparo, lo cual, a su juicio, no resulta válido comoquiera que no comprende de qué manera la determinación del TRIBUNAL de acudir a la excepción de inconstitucionalidad le permite al juez de tutela entender y asumir que estaba satisfecho el deber de motivación para apartarse del precedente dado por el órgano de cierre, pues nunca ha estado en discusión que las primas debatidas no constituyen salario.

Añadió que la suficiencia y transparencia en las razones de apartamiento mencionada por la SECCIÓN C UARTA han debido referirse de manera argumentada, precisa y rigurosa acerca del precedente judicial dado por la Sección Segunda del Consejo de

Añadió que la suficiencia y transparencia en las razones de apartamiento mencionada por la SECCIÓN C UARTA han debido referirse de manera argumentada, precisa y rigurosa acerca del precedente judicial dado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, máxime cuando ni la autonomía ni la independencia judicial fueron invocados por el TRIBUNAL para apartars e de los pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Insistió en que el desconocimiento de precedente judicial no fue atendido por el juez de primera instancia, pues dicho yerro estaba15

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debidamente probado, en la medida en que la autoridad judicial accionada no dio una razón válida para inaplicar la jurisprudencia ya emitida sobre el asunto, para lo cual reiteró las sentencias presuntamente desconocidas.

Así las cosas, solicitó que se realice un estudio de la totalidad de los argumentos expuestos en el escrito de tutela para que, en su lugar, se conceda el amparo inmediato de los derechos fundamentales invocados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.16

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamental es, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

violación de derechos constitucionales fundamental es, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).17

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y18

vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y18

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisio nes judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o d eterminante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independi entemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es n