CE - 110010315000202300762011SENTENCIA20230616150933

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C. quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: MAURICIO SÁNCHEZ ROJAS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN A

Temas: tu

Tutela contra providencia judicial, requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la providencia del 30 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió: «PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Mauricio Sánchez Rojas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia (…)».

Quinta, que resolvió: «PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Mauricio Sánchez Rojas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia (…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El ciudadano Mauricio Sánchez Rojas, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración de justicia: En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«(…) Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, proferida el 24 de febrero de 2022 y notificada electrónicamente el 24 de marzo de 2022, dentro del expediente 5000 23 42000 2016 02132 01, Proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho siendo demandante MAURICIO SANCHEZ ROJAS demandado DISTR ITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y corrección el 28 de marzo de 2022, la cual fue negada mediante providencia proferida el 10 de noviembre de 2022 y notificada el 15 de agosto de 2022, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva sentencia donde se de alcance real a la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda

tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva sentencia donde se de alcance real a la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado de fecha de 12 de febrero de 2015 en el expediente 25000 23 25000 2010 00 225 01, siendo demandante OMAR BEDOYA, toda vez que el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D de fecha 28 de marzo de 2019, recovada por el H. Consejo de Estado Sección Segunda Subsección “A”, cuando seRadicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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encuentra probado de manera fehaciente que a la fecha el actor la entidad demandada NO LE HA RECONOCIDO ningún pago por concepto de 50 horas extras diurnas mensuales, reliquidación de recargos ordinarios nocturnos del 355, reliquidación de cesantías, (…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Mauricio Sánchez Rojas ingresó al servicio del Distrito Capital el 29 de junio de 2011 y en la actualidad mantiene un vínculo laboral con la Unidad Administrativa

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Mauricio Sánchez Rojas ingresó al servicio del Distrito Capital el 29 de junio de 2011 y en la actualidad mantiene un vínculo laboral con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ( en adelante Cuerpo Oficial de Bomberos), desempeñándose como bombero código 475, grado 15, con una jornada laboral establecida mediante el sistema de turnos de 24 horas de trabajo, por 24 horas de descanso remunerado.

El actor radicó reclamación laboral administrativa ante la Secretaría Distrital de Gobierno el 22 de diciembre de 2014, en la que solicitó la liquidación, pago e indexación de horas extras diurnas y nocturnas en días ordinarios, dominicales y festivos que excedieron las 44 horas semanales . A simismo, de los descansos compensatorios correspondientes a los días festivos y dominicales, la reliquidación de los recargos nocturnos en días ordinarios, domingos y festivos, la prima de servicios, vacaciones y demás factores salariales percibidos de conformidad con la liquidación total de horas extras laboradas y recargos nocturnos.

El Director de la Unida d Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, mediante la Resolución 197 del 27 de marzo de 2015, negó la solicitud.

Como consecuencia del r ecurso de reposición interpuesto por el actor, dicho organismo, mediante Resolución 956 del 14 de diciembre de 2015, modificó la decisión y ordenó reliquidar el valor correspondiente a 50 horas extras diurnas al mes desde el

Como consecuencia del r ecurso de reposición interpuesto por el actor, dicho organismo, mediante Resolución 956 del 14 de diciembre de 2015, modificó la decisión y ordenó reliquidar el valor correspondiente a 50 horas extras diurnas al mes desde el 22 de diciembre de 2011 ; reajustar los recargos nocturnos, el trabajo dominical y los festivos con factor de 190 horas, reliquidar el valor de las cesantías reconocidas desde el 22 de diciembre del 2011, con el valor que surgiera por concepto de horas extras y negó los descansos compensatorios y la reliquidación de las primas de servicios, vacaciones, por cuanto el trabajo suplementario no constituye factor salarial para su liquidación.

El actor ejerció demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la ilegalidad de los actos admin istrativos y que, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pag o, de forma indexada, de las horas extras, días compensatorios, reliquidación de recargos nocturnos, dominicales y festivos, factores salariales y prestacionales e intereses moratorios dejados de percibir.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda.

El organismo demandado interpuso recurso de apelación sobre la d ecisión y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 24 de febrero de 2022; notificado electrónicamente el 25 de marzo de 2023, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , al

febrero de 2022; notificado electrónicamente el 25 de marzo de 2023, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , al estimar que l a entidad, mediante la Resolución 956 de 2015, reconoció y ordenó laRadicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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reliquidación del reajuste pretendido, por ende, no había lugar a acceder a las súplicas de la demanda y condenó en costas al actor.

Señaló que mediante el acto administr ativo se ordenó: i) reliquidar a favor del actor el valor correspondiente a 50 horas extra diurnas al mes, desde el 22 de diciembre de 2011, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, con factor de 190 horas; ii) reajustar los recarg os nocturnos que se generen en la jornada ordinaria y el trabajo en dominicales y festivos laborados desde dicha fecha, con factor de 190 horas y, iii) reliquidar las cesantías con el valor que surja por concepto de horas extras y reajuste de recargos noct urnos, dominicales y festivos.

En estas condiciones, explicó que no era procedente ordenar el reconocimiento y

de 190 horas y, iii) reliquidar las cesantías con el valor que surja por concepto de horas extras y reajuste de recargos noct urnos, dominicales y festivos.

En estas condiciones, explicó que no era procedente ordenar el reconocimiento y reliquidación de horas extras, debido a que en el acto acusado se reconocieron las 50 horas extra a las que tenía derecho, a partir de una jorna da laboral mensual de 190 horas. Sostuvo que, por medio de la resolución cuestionada, la administración distrital ordenó el reajuste de los recargos nocturnos y el trabajo habitual en dominicales y festivos, en los porcentajes indicados en los artículos 34 y 39 del Decreto 1042 de 1978, sobre la asignación básica mensual, en virtud del 35% de recargo nocturno, 200% por trabajo habitual en dominicales y festivos y 235% por recargo festivo nocturno.

El actor presentó escrito de solicitud de aclaración y/o adición el 28 de marzo de 2022, solicitó que se revocara el fallo, en virtud de que se le diera el alcance real a la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015, y pidió que se confirmara la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Segunda, Subsección D.

La autoridad judicial accionada , mediante providencia del 10 de noviembre de 2022, negó la solicitud y, concluyó que lo pretendido por el señor Mauricio Sánchez Rojas no era procedente a través de la solicitud de aclaración y adi ción de providencias , en aplicación de que el actor desconoció el artículo 285 del Código General del Proceso. En igual medida, la petición solicitada podía quebrantar los principios de seguridad

era procedente a través de la solicitud de aclaración y adi ción de providencias , en aplicación de que el actor desconoció el artículo 285 del Código General del Proceso. En igual medida, la petición solicitada podía quebrantar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

3. Argumentos de la tutela

A juicio del actor, expuso que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

En cuanto al defecto sustantivo , el actor señaló que la providencia cuestionada de segunda instancia lesionó su patrimonio, teniendo en cuenta que la administración distrital entre el 22 de diciembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2019, period o en el cual laboraba turnos de 24 horas por 24 horas de descanso «NUNCA LE HA CANCELADO HORAS EXTRAS y los recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, fueron cancelados de manera incompleta tomando como base las 240 horas mensuales conforme con el manual de liquidación del Distrito Capital (…)»

Afirmó que se desconoció el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 que determina que la jornada máxima legal para empleados públicos nacionales y territoriales en 44 horas semanales y 190 horas mensuales, en consecuencia de lo anterior, sostuvo que «(…) además se le afecta doblemente al condenarlo en costas de segunda instancia, sin tenerRadicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

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«(…) además se le afecta doblemente al condenarlo en costas de segunda instancia, sin tenerRadicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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en consideración el perjuicio al patrimonio del demandante, a pesar que no fue apelante en el presente proceso, toda vez que el apelante único en este proceso fue la entidad demandada (…)»

En relación con el desconocimiento del precedente , manifestó que el fallo de segunda instancia, desconoce sus derechos laborales, acorde con «la sentencia de unificación jurisprudencial<Sic>» expediente 25000-23-25-000-2010-00725-011, por otro lado, compartió apartados de expedientes análogos, que, a su juicio , se conceden amparos constitucionales similares al pr esente caso como:

 Sentencia del Consejo de Estado con radicado 11001 -03-15-000-2021-01379002 el cual accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados mediante acción de tutela contra una providencia judicial dictada en un proceso ejecutivo.

 Sentencia del Consejo de Estado con radicado 11001 -03-15-000-2021-05248003, afirmó que allí se concedieron los amparos constitucionales respecto a los

ejecutivo.

 Sentencia del Consejo de Estado con radicado 11001 -03-15-000-2021-05248003, afirmó que allí se concedieron los amparos constitucionales respecto a los descansos compensatorios por exceso de horas extras, reconocidos en la sentencia de recaudo y negados en la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo laboral.

Citó textualmente la parte resolutiva de las sentencias de tutela del Consejo de Estado con radicados 11001-03-15-000-2010-00830-004, 11001-03-15-000-2010-00897-005 y 11001-03-15-000-2012-00538-006

4. Trámite previo

El despacho sustanciador, mediante auto del 15 de febrero de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al actor, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, ordenó vincular como terceros interesados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de los terceros interesados.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , allegó informe en el q ue indicó que los argumentos tenidos en cuenta para revocar la decisión de primera instancia se concretaron en que la Resolución 956 de 14 de diciembre de 2015 ya reconoció y liquidó los conceptos objeto de discusión, luego no habría lugar a reconocer nuev amente los derechos laborales a favor del señor Mauricio Sánchez Rojas.

reconoció y liquidó los conceptos objeto de discusión, luego no habría lugar a reconocer nuev amente los derechos laborales a favor del señor Mauricio Sánchez Rojas.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Gerardo Arenas Monsalve 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Victor Hernando Alvarado Ardila 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas MonsalveRadicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Adujo que, mediante la providencia del 10 de noviembre de 2022, la Sala resolvió de forma negativa la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia proferida el 24 de

Adujo que, mediante la providencia del 10 de noviembre de 2022, la Sala resolvió de forma negativa la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022, en virtud de que no se demostró la existencia de conceptos o frases incluidas en la parte resolutiva que influyan en ella, o que generen dudas provenientes de una redacción ininteligible, asimismo, afirmó que lo que pretendía el demandante con la solicitud era que se revisara la decisión adoptada, adversa a sus pretensiones , y que se efectuara nuevamente el análisis del caso, asunto para el cual no procede el mecanismo de la aclaración de las providencias.

Concluyó que la acción constitucional no cumple con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente, el de inmediatez.

6. Intervención de terceros interesados

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, solicitó negar el amparo y declarar improcedente la acción, en virtud de que el actor solicita que se profiera una nueva decisión en la que se aplique la sentencia de 12 de febrero de 2015 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en donde se resolvió un caso similar, y ordenó el reconocimiento y pago de las horas extras y la reliquidación de los recargos nocturnos y festivos y de las cesantías a un bombero, ya que considera que a la fecha la entidad empleadora no le ha pagado en debi da forma tales emolumentos.

Consideró que, en el asunto en concreto, no había lugar a reconocer los emolumentos

que considera que a la fecha la entidad empleadora no le ha pagado en debi da forma tales emolumentos.

Consideró que, en el asunto en concreto, no había lugar a reconocer los emolumentos solicitados por el actor, puesto que, tal como lo consider ó la autoridad judicial demandada, en el acto administrativo cuestionado se le rec onoció y reliquidó al actor dichas sumas, en los t érminos en los cuales hab ían sido concedidos en primera instancia.

Aclaró que, en caso de que se considere que la acci ón constitucional se dirige contra el fallo proferido por el a quo, debe declararse su improcedencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, puesto que contra dicha providencia no se interpuso el respectivo recurso de apelación por parte del actor.

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá allegó informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, con sustento en que no se cumplen con los requisitos de subsidiariedad y procedibilidad de la misma contra providencia judicial, adujo que no acreditó un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta , en sentencia del 30 de marzo de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Mauricio Sánchez Rojas, en virtud del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de inmediatez contra providencias judiciales, sostuvo que para el ca so concreto la solicitud de amparo se ejerció por fuera del término razonable que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido.

providencias judiciales, sostuvo que para el ca so concreto la solicitud de amparo se ejerció por fuera del término razonable que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido.

Señaló que la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 24 de febrero de 2022, la cual fue notificada a los buzones de correoRadicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

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electrónico de las partes el 24 de marzo del 2022, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho allegado, el escrito de tutela se presentó el 13 de febrero de 2023, tiempo superior a 10 meses después de que el actor tuvo conocimiento efectivo del hecho que presuntamente vulneró sus garantías constitucionales.

Por otro lado, puso de presente que el accionante interpuso “solicitud de aclaración y/o adición” de la sentencia objeto de controversia el 28 de marzo de 2022, el cual fue resuelto mediante auto del 10 de noviembre siguiente y notificado el 22 del mismo mes y año, los argumentos del demandante se dirigieron exclusivamente c ontra dicha sentencia, pues no formuló motivo alguno contra el auto que negó la solicitud. Por

resuelto mediante auto del 10 de noviembre siguiente y notificado el 22 del mismo mes y año, los argumentos del demandante se dirigieron exclusivamente c ontra dicha sentencia, pues no formuló motivo alguno contra el auto que negó la solicitud. Por ende, señaló que era evidente que para el actor la vulneración alegada derivó de la decisión proferida el 24 de febrero de 2022, la cual tuvo conocimiento el 24 de marzo siguiente. Indicó que, respecto del incumplimiento de este requisito, el actor no elevó argumento alguno tendiente a explicar la tardanza en el uso del mecanismo constitucional, por lo que no permitió estudiar la flexibilización del requisito de procedibilidad de inmediatez.

Concluyó que no hubo explicación válida para que el ejercicio de la acción de tutela, se diera por fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado por la corporación, pues el actor no se encontró dentro de alguna de las situaciones que establece la Corte Constitucional como justificación 7.

8. Impugnación

El actor impugnó la decisión de tutela de primera instancia por considerar:

«que en la petición de la acción de tutela se registra claramente la inconformidad con la providencia del 10 de noviembre de 2022 notificada el 22 de noviembre de 2022 donde se negó de plano la solicitud de adición, aclaración y corrección, la cual fue formulada en su debida oportunidad con el objeto de cumplir el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, previo a interponer la acción de tutela, la cual no podía ser impetrada antes de ser notificada la providencia donde se resolviera de fondo dicha solicitud, por ende entre el 25 de

tutela, previo a interponer la acción de tutela, la cual no podía ser impetrada antes de ser notificada la providencia donde se resolviera de fondo dicha solicitud, por ende entre el 25 de noviembre de 2022 hasta el 13 de febrero de 2023 solamente habían transcurrido menos de 3 meses y no los 10 meses tenidos en cuenta en la sentencia de tutela de primera instancia. Toda vez que hasta que no fuera resuelta la petición radicada el 28 de marzo de 2022 no era posible interponer la acción de tutela, sin conocer la decisión final.

No se tiene en cuenta que en los puntos 6, 7 y 8 de los hechos de la acción de tutela, se ataca también la providencia donde se negó la solicitud de adición, aclaración y corrección de sentencia, lo cual no fue considerado en la sentencia donde se niega la acción de tutela por incumplir presuntamente el requisito de inmediatez, sin tomar en consideración que hasta que no fuera notificada la decisión frente a la petición radicada el 25 de marzo, la sentencia de segunda instancia no se encontraba debidamente ejecutoriada y por ende no era posible impetrar la acción de tutela por el requisito de subsidiariedad»

7 (i) no existe un motivo válido para la inactividad de la accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afe ctados con la decisi ón; (iii) no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) el fundamento de la acci ón de tutela no surgi ó después de acaecida la actuaci ón violatoria de los

entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) el fundamento de la acci ón de tutela no surgi ó después de acaecida la actuaci ón violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Con base en lo expuesto, señaló que no se incumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tute la pretendía atacar el auto que negó la solicitud de adición, aclaración y corrección de sentencia. Por cuanto la sentencia de segunda instancia no se encontraba debidamente ejecutoriada frente a la solicitud pendiente de ser resuelta, razón por la que no se impetró la acción de tutela en el tiempo razonable contemplado.

Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amena za o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amena za o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y a cogió el criterio de la procedencia excepcional 8 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 9 y específicas 10 de procedencia de la acción de tutela.

8 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos

después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 9 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 10 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providenci a controvertida

vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 10 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providenci a controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico,Radicado: 11001-03-15-000-2023-00762-01

Demandante: Mauricio Sánchez Rojas.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx

Probl