CE - 110010315000202300815011SENTENCIAREVOCA20230518143948

Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00815-01

Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

(ICBF)

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca para declarar la improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación instaurada por la parte acci onante, contra la sentencia de 9 de marzo de 2023, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2023, e l Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) instauró acción de tutela en contra de la Subsección

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2023, e l Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) instauró acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administr ativo del Chocó, por la presunta vulneración de sus derecho s fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales se transgredieron con ocasión de las siguientes providenci as: i) del 25 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó negó una solicitud de nulidad dentro del trámite ejecutivo promovido por la señora María Ninfa Córdoba Palacios y otros1 y, ii) del 24 de octubre de la misma anualidad, con la

1 Ayner Esteban, Rosney y Ninfa María Córdoba Palacios; Iván Darío, Gonzalo, Elizabeth, Jorge Elín, Betsy Yadira y Luis Alberto Bechara Ospina; Doris Ospina de Andrade, Elián Bechara Andrade, Angélica e Iván Hesneyder Bechara Córdoba, Ang ie Daniela Correa Córdoba, KareliaDemandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la confirmó.

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que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la confirmó. Esto, en el proceso ejecutivo 27001-23-33-0002016-00150-00/01/02.

En consecuencia, la demandante busca que se ordene “al Tribunal Administrativo del Chocó, realizar la notificación del mandamiento de pago de la forma ordenada en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

El ICBF señaló que los señores María Ninfa Córdoba Palacios y otros presentaron un proceso de reparación directa en su contra, el cual se identificó con el radicado 27001-23-31-000-2010-00030-00, en el que, mediante sentencia de 15 de mayo de 2016, el Tribunal Adm inistrativo del Chocó la declaró patrimonialmente responsable junto con la Nación , Rama Judicial por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la muerte del menor Jesús David Bechara Córdoba, ocurrida el 25 de abril de 2009. En el numeral quinto de la sentencia se profirió una condena no pecuniaria como medida de justicia restaurativa.

Mencionó que en dicha decisión se ordenó el pago de la indemnización y, entre otros asuntos “realizar una ceremonia pública de reconocimiento a los familiares de la víctima directa” para los demandantes y prestarles tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Adujo que, los mencionados demandantes promovieron una acción ejecutiva en

de la víctima directa” para los demandantes y prestarles tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Adujo que, los mencionados demandantes promovieron una acción ejecutiva en su contra y de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administr ación Judicial, con la finalidad de obtener el cumplimiento de las obligaciones de hacer, impuestas en la sentencia ordinaria y que, el referido tribunal , con auto del 13 de septiembre de 2018, libró mandamiento de pago en el que se dispuso que la acreenci a debía cumplirse dentro de los tres meses siguientes y fijó la suma de dos SMLMV “por los perjuicios por la no ejecución”.

Manifestó que los ejecutantes presentaron recurso de reposición en contra de tal proveído y que el tribunal , con auto del 6 de dici embre de 2018 , la repuso

Dayanara Vélez Córdoba, Hernán Darío Valois Córdoba, Johana Andrea Arias Córdoba, Afife Elena Bechara de Zúñiga, Rosa Lilia Palacios Córdoba, Martha Cecilia Palacios Pino; Isis Elena, Gustavo Alfonso y Vivian Alexandra Zú ñiga Bechara; Mayra Catalina Bechara Chalá, York Elián y Jhon Carlo Bechara Castro, Jhonny Alberto y Edwin Stiward Bechara Hurtado, Kelly Johana Bechara Ramírez, Keiner Alberto Bechara Salas; Yury Alexandra, Edward Alexánder y Hailín Liseth Bechara Lagarej o; Rafael Eldano, Jorge Elián y Andrés Felipe Ensuncho Bechara; Yulieth Karina y Karen Moreno Bechara, Yazmín Liliana Garrido Bechara; Liseth Alexandra, Wilber y Deimer Conto Córdoba; Keidy Julieth y William Darío Palomeque

Ensuncho Bechara; Yulieth Karina y Karen Moreno Bechara, Yazmín Liliana Garrido Bechara; Liseth Alexandra, Wilber y Deimer Conto Córdoba; Keidy Julieth y William Darío Palomeque Palacios y Fabián Hernando Ramírez Arias.Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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para tener como demandantes a las mencionadas personas, y adicionarla para disponer “que los perjuicios se ta[s]an en dos salarios mínimos mensuales vigentes, desde que la obligación se hizo exigible”.

Agregó que esta decisión fue apelada por los mismos ejecutantes, al considerar que debía precisarse que los dos SMLMV, cuyo pago se exige y que fueron estipulados en el mandamiento de pago, eran para cada uno de ellos.

Refirió que, con auto del 24 de marzo de 2020 la Subsección A d e la Sección Tercera del Consejo de Estado desató el recurso de apelación interpuesto contra el pronunciamiento del 6 de diciembre de 2018, para modificarlo y aclarar que los dos SMLMV de los perjuicios moratorios eran para cada uno de los ejecutantes.

Precisó que, el 18 de diciembre de 2020 el Tribunal Administrativo del Chocó profirió auto de obedézcase y cúmplase, en el que trascribió su ordinal primero,

los ejecutantes.

Precisó que, el 18 de diciembre de 2020 el Tribunal Administrativo del Chocó profirió auto de obedézcase y cúmplase, en el que trascribió su ordinal primero, pero no el acápite que modificó, referido a que los dos SMLMV corresponden a cada uno de los demandantes.

Expuso que, posteriormente, con providencia del 29 de octubre de 2021 , el aludido tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución y a las partes, efectuar la liquidación del crédito, sin embargo, no se hizo mención a la notificación de los “proveídos que fijaron el monto de la deuda exigida ” ni a la fecha en que inició el plazo para contestar la demanda, omisiones que motivaron a que formulara incidente de nulidad, por cuanto las notificaciones de las providencias no se realizó de acuerdo con el art ículo 199 de la Ley 1437 de 2011 y no se convocó a audiencia de “verificación de cumplimiento de la obligación de hacer”.

Indicó que, el 23 de noviembre de 2021 el instituto le manifestó al tribunal que cumplió las órdenes judiciales que se exigían . Con fundamento en lo anterior, solicitó la nulidad de lo actuado en el trámite ejecutivo, al considerar que se configuraron las causales de que tratan los numerales 2 y 8 del artículo 133 (numeral 2) del Código General del Proceso porque: i) se pretermitió el t rámite señalado en el artículo 433 (numeral 213) ibidem antes de ordenar seguir adelante con la ejecución, y ii) no se le notificó de manera correcta el mandamiento de pago, porque en el proveído de 18 de diciembre de 2020, con

señalado en el artículo 433 (numeral 213) ibidem antes de ordenar seguir adelante con la ejecución, y ii) no se le notificó de manera correcta el mandamiento de pago, porque en el proveído de 18 de diciembre de 2020, con el que se “ obedeció y cumpli ó” no se trascribieron apartes trascendentales y tampoco se adjuntó en el correo electrónico enviado el 12 de enero de 2021, pese a que así lo exige el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que con providencia del 25 de febrero de 2022 la precitada autoridad judicial negó la nulidad, al considerar que las correspondientes providencias se notificaron en debida forma, pues los autos relacionados con el mandamientoDemandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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de pago se remitieron al correo electrónico del demandante, salvo el de 24 de marzo de 20 20, dictado por el Consejo de Estado, el cual fue notificado por estado, por ende, no era necesario enviarlo al buzón virtual, máxime cuando la notificación personal ya se había surtido.

Precisó que, la anterior decisión la apeló y que, con proveído del 24 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera de l Consejo de Estado, la confirmó, al considerar que, la mencionada decisión se comunicó el 19 de

de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera de l Consejo de Estado, la confirmó, al considerar que, la mencionada decisión se comunicó el 19 de septiembre de 2018 al correo electrónico creado para recibir notificaciones judiciales, al que se adjuntaron la demanda ejecutiva y sus anexos, en virtud del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, esto es, porque se practicó en debida forma y el a quo no pretermitió ninguna instancia. Al respecto, agregó que tampoco resultaba procedente la causal de nulidad invocada.

Esta providencia se notificó por estado del 1° de noviembre de 2022 y la electrónica del 28 de octubre de la misma anualidad.

3. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con las providencias cuestionadas se incurrió en defecto pro cedimental absoluto, al considerar que el mandamiento de pago dictado en el procedimiento ejecutivo 27001 -23-33-000-2016-00150-00 se notificó en debida forma, pese a que no fue así, por lo que, a su juicio, se pretermitió la etapa procesal instituida para proponer excepciones y plantear inconformidades frente a dicha decisión.

Refirió que, la forma en que fueron presentadas y notificadas las actuaciones dentro del proceso ejecutivo al ICBF impidieron que se pudiera determinar el momento procesal del trasla do del mandamiento ejecutivo, de manera que se pudiera interponer el recurso de reposición ante la evidencia de falta de requisitos del título ejecutivo, proponer las excepciones previstas para este tipo de procesos, así como poder objetar la estimación ex agerada de los perjuicios causados.

pudiera interponer el recurso de reposición ante la evidencia de falta de requisitos del título ejecutivo, proponer las excepciones previstas para este tipo de procesos, así como poder objetar la estimación ex agerada de los perjuicios causados.

Adujo que no es factible asumir que el mandamiento ejecutivo se comunicó correctamente con el mensaje electrónico al que se adjuntó el pronunciamiento de 13 de septiembre de 2018, porque esa decisión no fue definitiva, en consecuencia, no era dable dilucidar los términos en que se fijó la obligación exigida en el proceso ejecutivo.

Indicó que, el mandamiento de pago 701 de 13 de septiembre de 2018 y la demanda fueron remitidos al ICBF mediante mensaje de datos el 19 de septiembre de 2018. No obstante, el ejecutante no estuvo de acuerdo con los términos de expedición del mandamiento de pago y decidió interponer recurso de reposición en contra del mismo.Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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Mencionó que, en la providencia que resolvió el recurso de apelació n del incidente de nulidad, el Consejo de Estado aseveró que a partir de este momento el ICBF había sido notificado personalmente del mandamiento ejecutivo. Pero obvió el despacho que esta providencia fue objeto de recurso de

incidente de nulidad, el Consejo de Estado aseveró que a partir de este momento el ICBF había sido notificado personalmente del mandamiento ejecutivo. Pero obvió el despacho que esta providencia fue objeto de recurso de reposición y de apelación por parte del ejecutante. De acuerdo con lo anterior, es necesario que se explique cómo es posible que el ICBF pueda entenderse notificado de forma personal de un mandamiento de pago que no se encuentra ejecutoriado.

Señaló que, no se ha logrado la ejecutoria del mandamiento de pago porque el ejecutante está discutiendo una diferencia abismalmente sustancial en la redacción del mandamiento, así:

1. Indicó que para el Tribunal Administrativo del Chocó dos salarios mínimos legales mensuales vigentes era una est imación razonada y suficiente de los perjuicios causados por la supuesta inejecución de las actividades de hacer.

1. Por su parte, el ejecutante consideraba que los perjuicios debían ser tasados a razón de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los ejecutantes y por cada mes de retraso. Es decir, se discutía si el valor a ejecutar era de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) más intereses moratorios, o un valor aproximado de dos mil millones de pesos

($2.000.000.000.oo).

1. Agregó que, mediante auto de 27 de febrero de 2019, el Tribunal concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, lo cual quiere decir que el proceso judicial quedaba suspendido hasta tanto el Consejo de Estado desatara el recurso de apelación.

Mencionó que, e l Consejo de Estado mediante auto de 24 de marzo de 2020

proceso judicial quedaba suspendido hasta tanto el Consejo de Estado desatara el recurso de apelación.

Mencionó que, e l Consejo de Estado mediante auto de 24 de marzo de 2020 decidió hacer modificaciones significativas al mandamiento de pago originalmente expedido, pero dejó en claro que era el tribunal el que debía adelantar las medidas respectivas para continuar el trámite. Este auto fue notificado por estado a todas las partes.

Consideró que, en dicha oportunidad se determinó que la estimación de perjuicios de una obligación de hacer era totalmente libre por parte del ejecutante y que así se debí a expedir el mandamiento de pago; de hecho, explicó que las entidades demandadas contaban con el traslado del mandamiento ejecutivo para objetar esa exagerada calificación y así dejar que el juez determinara el monto, pero siempre teniendo en cuenta lo que se lograra probar.

Precisó que, es aquí donde se genera el inconveniente procesal para el ICBF porque el tribunal dictó el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior,Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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pero transcribió parcialmente el contenido de lo decidido por el superior; de hecho, omitió la parte más importante para el ICBF y los ejecutantes, esto es, que se debe librar mandamiento de pago por dos SMLMV para cada uno de los ejecutantes y por cada mes de retardo en que se dejó de cumplir con la

hecho, omitió la parte más importante para el ICBF y los ejecutantes, esto es, que se debe librar mandamiento de pago por dos SMLMV para cada uno de los ejecutantes y por cada mes de retardo en que se dejó de cumplir con la obligación de hacer.

Destacó qu e, si el Tribunal Administrativo del Chocó entiende que este es el nuevo mandamiento de pago, el mismo no cuenta con la claridad y especificidad suficiente para que el ICBF pueda defenderse del mismo. Se insiste, la parte más importante de la decisión adop tada por el Consejo de Estado había sido cercenada del auto que ordenó obedecer y cumplir.

Sostuvo que “… terminó de impedir que el ICBF pudiera entender y comprender que ese auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior constituía la actuación procedente para el traslado del mandamiento ejecutivo, es el hecho de que el auto sostiene que ‘ [e]jecutoriado este proveído vuelva el proceso al despacho para continuar con su tramitación”.

Indicó que, el Código General del Proceso tiene una filosofía adver sarial, en donde los demandantes son los encargados de realizar la notificación del mandamiento ejecutivo. Por lo general, los demandantes no realizan esa notificación sino hasta el momento en que, en caso de ser necesario, se han resuelto todos los recurs os en contra del mandamiento de pago y ha sido expedido en la forma y condiciones solicitadas. Luego de que el mandamiento ejecutivo se encuentra plenamente ejecutoriado, y en la mayoría de los casos decretadas y practicadas las medidas cautelares, los dem andantes proceden con la notificación personal.

Señaló que, en el procedimiento de los procesos ejecutivos ante la jurisdicción

decretadas y practicadas las medidas cautelares, los dem andantes proceden con la notificación personal.

Señaló que, en el procedimiento de los procesos ejecutivos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la notificación personal de entidades de derecho público, están sujetas a dos diferencias su stanciales: i) que la notificación está estrictamente reglada en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011; y ii) que la notificación la debe realizar la secretaría del despacho o tribunal competente. Esas sustanciales diferencias, hacen que la secretaría del Tribunal sea especialmente cuidadosa en realizar la notificación de forma correcta, so pena de afectar de forma grave y ostensible el derecho fundamental del debido proceso de las entidades públicas.

Adujo que dicha autoridad judicial no tuvo en cuenta q ue solo hasta el auto de 18 de diciembre de 2020 (y de forma totalmente cercenada) se podía decir que se tenía plena certeza del contenido del mandamiento ejecutivo. Todas las providencias dictadas en fecha previa a esas decisiones no contenían una obligación de la manera como había solicitado por el ejecutante, y luego como fue determinada por el superior.Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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Refirió que pretende que s e ordene notificar en debida forma el mandamiento de pago al ICBF de manera que pueda ejercer en debida forma el derecho de

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Refirió que pretende que s e ordene notificar en debida forma el mandamiento de pago al ICBF de manera que pueda ejercer en debida forma el derecho de defensa y contradicción , pues con la falencia procesal que señaló, conllevó l a imposibilidad de intervenir en el proceso ejecutivo.

Destacó que , al instituto en ningún momento procesal, le emitieron un mandamiento ejecutivo que explicara de forma adecuada c uál era la tasación de perjuicios de la que debía defenderse, ya que el auto que obedece y cumple lo resuelto por el superior no menciona estos perjuicios.

4. Trámite en primera instancia

La acción de tutela se admitió mediante auto del 17 de febrero de 202 3 y, en consecuencia, se ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a los del Tribunal Administrativo del Chocó.

A su vez, se dispuso vincular a la directora Ejecutiva de Administración Judicial y a quienes actuaron como demandantes2 en el asunto ejecutivo 27001 -23-330002016-00150-02.

5. Contestaciones

5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Esta autoridad judicial solicitó que se niegue el amparo solicitado, pues lo que la parte ac tora es reabrir la discusión sobre la notificación del mandamiento de pago, con el fin de que se retrotraigan las actuaciones surtidas en el expediente ejecutivo.

Resaltó que, que las comunicaciones de las providencias proferidas en el mencionado asunto s e realizaron de acuerdo con los artículos 199 y 201 de la

ejecutivo.

Resaltó que, que las comunicaciones de las providencias proferidas en el mencionado asunto s e realizaron de acuerdo con los artículos 199 y 201 de la Ley 1437 de 2011; por lo que, a su juicio no existe irregularidad alguna que vulnere las garantías superiores del instituto demandante.

2 Ayner Esteban, Rosney y Ninfa María Córdoba Palacios; Iván Darío, Gonzalo, Elizabeth, Jorge Elín, Betsy Yadira y Luis Alberto Bechara Ospina; Doris Ospina de Andrade, Elián Bechara Andrade, Angélica e Iván Hesneyder Bechara Córdoba, Angie Danie la Correa Córdoba, Karelia Dayanara Vélez Córdoba, Hernán Darío Valois Córdoba, Johana Andrea Arias Córdoba, Afife Elena Bechara de Zúñiga, Rosa Lilia Palacios Córdoba, Martha Cecilia Palacios Pino; Isis Elena, Gustavo Alfonso y Vivian Alexandra Zúñiga Bec hara; Mayra Catalina Bechara Chalá, York Elián y Jhon Carlo Bechara Castro, Jhonny Alberto y Edwin Stiward Bechara Hurtado, Kelly Johana Bechara Ramírez, Keiner Alberto Bechara Salas; Yury Alexandra, Edward Alexánder y Hailín Liseth Bechara Lagarejo; Rafae l Eldano, Jorge Elián y Andrés Felipe Ensuncho Bechara; Yulieth Karina y Karen Moreno Bechara, Yazmín Liliana Garrido Bechara; Liseth Alexandra, Wilber y Deimer Conto Córdoba; Keidy Julieth y William Darío Palomeque Palacios y Fabián Hernando Ramírez Arias.Demandante: ICBF

Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

Palacios y Fabián Hernando Ramírez Arias.Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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5.2. Directora Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial

Esta autoridad sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no ha vulnerado los derechos constitucionales fundamentales invocados por el accionante; por lo que, carece de competencia para cumplir la sentencia que eventualmente acceda a sus pretensiones, dado que no tiene la condición de autoridad judicial y tampoco está dentro de sus funciones la de corregir yerros de los jueces.

5.3. Tribunal Administrativo del Chocó

A pesar de su notificación, esta autoridad judicial guardó silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 9 de marzo de 2023, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

Consideró que se cumplían los requisitos generales de procedencia y, particularmente, señaló:

“(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante…”

Precisó que el argu mento sobre el cual se sustentó la vulneración no era el defecto procedimental absoluto, como lo indicó la entidad demandante, sino

proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante…”

Precisó que el argu mento sobre el cual se sustentó la vulneración no era el defecto procedimental absoluto, como lo indicó la entidad demandante, sino violación directa de la Constitución Política, porque involucra una presunta trasgresión del referido precepto superior, que es lo que conllevó la supuesta indebida notificación del mandamiento de pago en el aludido expediente. Por tal motivo, analizó el asunto bajo esta causal, en virtud del principio de oficiosidad.

Hizo referencia al trámite surtido en el proceso ejecutivo, así como a las notificaciones como actos procesales, su finalidad y a que las normas procesales prevén diferentes tipos para llevar a cabo tales diligencias.

Sostuvo que, en el trámite ejecutivo el 13 de septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo del Chocó libró mandamiento de pago, decisión notificada el día 19 de los mismos mes y año, mediante correo electrónico enviado al buzón virtual dispuesto por el tutelante para recibir comunicaciones judiciales 3, al que se adjuntó copia de dicha providencia y de la demanda ejecutiva, actuación de la que también da cuenta aquel en la solicitud de amparo.

3 notificaciones.judiciales@icbf.gov.coDemandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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Constató que, contrario a lo aseverado por el demandante, el mandamiento de pago sí le fue notificado conforme al artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el 612 del CGP), situación que impedía declarar la nulidad mediante el proveído censurado, dado que no se trasgredió su garantía superior de defensa.

Señaló que, el actor sostuvo que el auto de 24 de marzo de 2020 (por cuyo conducto el Consejo de E stado decidió el recurso de apelación interpuesto contra el de 6 de diciembre de 2018, con el que el Tribunal Administrativo del Chocó repuso el de 13 de septiembre de ese año) no se le notificó personalmente y en la providencia con la que ese Tribunal le dio cumplimiento no se trascribieron sus acápites transcendentales que le permitieran dilucidar cómo había quedado el mandamiento de pago, para así poder plantear argumentos a su favor relacionados con este.

Precisó que, no obstante, este argumento no es de recibo, porque el mandamiento de pago se le comunicó correctamente, por tanto, se cumplió la finalidad de la notificación personal, que era enterar al aquí accionante del proceso ejecutivo surtido en su contra, con el objeto de que ejerciera su prerrogativa de defensa oportunamente y si no lo hizo comporta un descuido en el que no tuvo incidencia la administración de justicia.

Resaltó que, la oposición al mandamiento de pago no está supeditada a la realización de la notificación personal de todas las p rovidencias relacionadas

el que no tuvo incidencia la administración de justicia.

Resaltó que, la oposición al mandamiento de pago no está supeditada a la realización de la notificación personal de todas las p rovidencias relacionadas con él, pues, de aceptarse ello, se impondría una regla que contraría el propósito de ese tipo de comunicación, que es, se reitera, dar a conocer al demandado de la existencia de las diligencias jurisdiccionales, con lo que, además, se dejarían sin efectos las otras formas de informar las decisiones judiciales.

Anotó que es dable presumir que el demandante conocía de lo que se controvertía en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 6 de diciembre de 2018, proferido po r el Tribunal Administrativo del Chocó, pues en ese proveído se hizo alusión a la inconformidad de los ejecutantes sobre el monto de los perjuicios que reclaman por la tardanza en la ejecución de las obligaciones allí exigidas (notificado por correo electrónico, al que se adjuntó la providencia), situación de la que se evidencia que, contrario a lo que se afirma en el escrito de tutela, el actor no fue sorprendido con el tema discutido en segunda instancia.

Señaló que, la notificación del mandamiento de pa go dictado en el trámite ejecutivo se surtió de acuerdo con el sistema normativo, tal como se dijo en el auto objeto de censura constitucional, motivo por el cual concluyó que no se incurrió en violación directa de la Constitución Política.Demandante: ICBF Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00815-01

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7. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 13 de abril de 2023 , l a parte demandante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia , notificado vía electrónica el 10 de abril de la misma anualidad, bajo los siguientes términos:

Indicó q ue el a quo constitucional omitió pronunciarse sobre los argumentos expuestos en relación con las consecuencias derivadas de la expedición de forma incompleta de las órdenes dictadas en el mandamiento de pago y, sobre todo, sobre la afirmación de que el ex pediente ingresaría “luego de su ejecutoria” para continuar el trámite.

Mencionó que, con auto de 27 de febrero de 2019, el tribunal concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, lo cual quiere decir que el proceso judicial quedaba suspendido hasta tanto el Honorable Consejo de Estado desatara el recurso de apelación.

Refirió que, el Consejo de Estado, mediante auto de 24 de marzo de 2020 decidió hacer modificaciones significativas al mandamiento de pago originalmente expedido, pero dejó en claro que era el Tribunal quien debía adelantar las medidas respectivas para continuar el trámite. Este auto fue notificado por estado a todas las partes.

Señaló que, el Consejo de Estado determinó que la estimación de perjuicios de

originalmente expedido, pero dejó en claro que era el Tribunal quien debía adelantar las medidas respectivas para continuar el trámite. Este auto fue notificado por estado a todas las partes.

Señaló que, el Consejo de Estado determinó que la estimación de perjuicios de una obligación de hace r era tot