CE - 110010315000202300816011SENTENCIA20230516115347

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00816-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE AMPARÓ LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA INCURRIÓ EN EL DEFECTO SUSTANTIVO POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE. RECONOCIMIENTO DEL

SUBSIDIO FAMILIAR A SOLDADOS PROFESIONALES DECRETO 1794

DE 2000.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, A LA TUTELA

JUDICIAL EFECTIVA Y AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META1 contra la sentencia de 16 de marzo de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 que accedió al amparo solicitado.

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante la Sección Quinta2

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soldados profesionales de las Fuerzas Militares ”, en su artículo 11 se estableció el subsidio familiar para el soldado profesional casado o con unión marital de hecho vigente y la obligación de reportar el cambio de estado civil con el fin de obtener tal reconocimiento.

Sostuvo que, posteriormente, mediante Decreto 3770 de 30 de septiembre de 2009, el Gobierno Nacional derogó el artículo antes mencionado, por lo que ya los soldados profesionales no tenían la obligación expresa de reportar el cambio de estado civil, en la medida en que el reporte no generaría ningún efecto.

Indicó que a través del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se reactivó e l reconocimiento del subsidio familiar para los soldados profesionales, pero en una cuantía inferior a la anterior.

Relató que el Consejo de Estado mediante sentencia de 8 de junio de 2017, declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, de tal forma que al considerar que le era aplicable la mencionada providencia debido a la fecha de consolidación de su derecho, esto es, 19 de febrero de 2010, momento en el que contrajo matrimonio, solicitó ante el Ejército Nacional el reconocimiento del4

mencionada providencia debido a la fecha de consolidación de su derecho, esto es, 19 de febrero de 2010, momento en el que contrajo matrimonio, solicitó ante el Ejército Nacional el reconocimiento del4

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subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, petición que no fue resuelta por lo que se generó acto ficto o presunto, negándosele así su solicitud.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a la cual le fue asignado el número único de radicación 20 20-00116-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio4 que, en sentencia de 28 de julio de 2022 , denegó las pretensiones de la demanda.

Manifestó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal que, mediante sentencia de 27 de octubre de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer los efectos ex tunc de la declaratoria

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer los efectos ex tunc de la declaratoria

4 En adelante el Juzgado.5

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de nulidad del Decreto 3770 de 2009, toda vez que contrajo matrimonio el 19 de febrero de 2010, es decir, el cambio de estado civil se dio antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, por lo que con la sentencia de 8 de junio de 2017 recobró vigencia el Decreto 1794 de 2000, normativa aplicable para el reconocimiento del subsidio familiar solicitado.

Destacó que el subsidio familiar conforme el Decreto 1161 de 2014 solamente se debe aplicar a aquellos soldados profesionales que contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de hecho a partir del 24 de junio de 2014, lo cual no ocurrió en el asunto, pues contrajo matrimonio el 19 de febrero de 2010, de tal forma que al declarar la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, revivió a la vida jurídica el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, la cual le era aplicable a su caso.

Sumado a lo anterior, trajo a colación como referente jurisprudencial

revivió a la vida jurídica el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, la cual le era aplicable a su caso.

Sumado a lo anterior, trajo a colación como referente jurisprudencial y no como precedente, la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta el 7 de abril de 2022, identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-2021-07051-01, a través de la cual en6

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un asunto con identidad fáctica a la presente, se accedió al amparo solicitado.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó la protección de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Meta proferir nueva sentencia dentro del expediente No. 50001-33-33-003-2020-00116-01 y en su lugar proceda a preferir fallo concediendo el derecho al Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000 […]”.

I.5.- Defensa

en su lugar proceda a preferir fallo concediendo el derecho al Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal ratificó en todos los argumentos jurídicos que sustentaron la providencia cuestionada, en especial la circunstancia que dentro del trámite de tutela no fue acreditada la configuración del vínculo que daba derecho al reconocimiento del subsidio familiar.7

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Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, dado que resolvió el asunto en debida forma y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El Ministerio de Defensa Nacional solicitó denegar la solicitud de amparo al estimar que los planteamientos propuestos por el actor ya fueron resueltos y desvirtuados por la administración de justicia, al dejar en evidencia la carencia de prueba que sirviera de sustento de los argumentos con los que pretendía acreditar la nulidad solicitada.

Adujo que la acción de tutela no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de fondo, pues a pesar de que el actor menciona la vulneración de los derechos fundamentales invocados, no

solicitada.

Adujo que la acción de tutela no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de fondo, pues a pesar de que el actor menciona la vulneración de los derechos fundamentales invocados, no argumentó ni justificó tal aseveración.

Finalmente, adujo que este mecanismo constitucional no puede ser una tercera instancia en la que se controvierta una decisión adversa.8

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor, al considerar que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo por falta de interpretación sistemática de las normas que regulan el caso en concreto, aunados a los efectos de la declaratoria de nulidad contenido en la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Para lo anterior, agregó que la autoridad judicial accionada concluyó que no le asistía derecho al actor, pese a que obtuvo las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en cuanto al nacimiento de sus hijos, pues solicitó su reconocimiento en el momento en el que el Decreto 1794 de 2000 había perdido vigencia,

que no le asistía derecho al actor, pese a que obtuvo las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en cuanto al nacimiento de sus hijos, pues solicitó su reconocimiento en el momento en el que el Decreto 1794 de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación los decretos 1161 y 1162 de 2014, según se evidencia de la hoja de servicios.

Señaló que no encuentra razonable cuestionar que el demandante9

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presentó su reclamación en vigencia de los decretos 1161 y 1162 de 2014, precisamente porque solo hasta que cobró ejecutoria la providencia de 8 de junio de 2017, era que el actor contaba con la certeza de informar a la institución acerca de su estado civil, lo que finalmente ocurrió en el 2018.

Indicó que aun cuando la norma dispone para el reconocimiento del subsidio familiar informar o presentar solicitud, para el momento en el que el actor contrajo nupcias, esto es, el año 2010, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 se encontraba derogado y, solo hasta finales del año 2017, fue que cobró firmeza la sentencia que revivió a la vida jurídica dicha norma.

Finalmente, añadió que no resultan de recibo los argumentos en

finales del año 2017, fue que cobró firmeza la sentencia que revivió a la vida jurídica dicha norma.

Finalmente, añadió que no resultan de recibo los argumentos en virtud de los cuales el TRIBUNAL indicó que no había lugar a acceder a lo pretendido, pues no advertía ni los registros civiles de los hijos del actor ni el matrimonio con la señora NOREIDA PÉREZ BECERRA, pues la misma autoridad mencionó que podía colegir que el señor GALVIS SANABRIA sí solicitó su reconocimiento, según lo indicado en la hoja de servicios en la que se reconoció el subsidio familiar con fecha de 18 de julio de 2014.10

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta, en los siguientes términos:

Adujo que si bien uno de los argumentos centrales de la negativa de las pretensiones es el no haber informado por parte del solicitante a la entidad sobre el cambio de su estado civil, no es menos cierto que se omitió analizar que el actor no cumplió con la carga de la prueba, lo que llevaba de una u otra forma a la negativa del reconocimiento de subsidio familiar.

En efecto, en la providencia acusada se expuso que, si bien se puede

se omitió analizar que el actor no cumplió con la carga de la prueba, lo que llevaba de una u otra forma a la negativa del reconocimiento de subsidio familiar.

En efecto, en la providencia acusada se expuso que, si bien se puede encontrar una mención de los hijos o de matrimonio, los documentos que demuestran el estado civil o el vínculo paterno filial no fueron aportados por el actor al proceso ordinario, lo que imposibilitaba corroborar el presunto derecho del actor.

Adicionalmente, alegó que la carencia probatoria seña lada traería consigo proferir una decisión de reemplazo estimatoria, sin contar con los medios de prueba necesarios para ello.11

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Adicionalmente, reiteró que la acción de tutela no cumple con el primer requisito de procedibilidad, en la medida en que el accionante no logró probar que el asunto sometido a estudio tenga una relevancia constitucional, de tal forma que lo pretendido por el actor es revivir la discusión sobre los fundamentos legales y probatorios utilizados en la sentencia acusada.

Por lo anterior , advirtió que acogió los criterios que correspondían para el asunto, por lo que no se quebrantaron los derechos fundamentales invocados, pues no se incurrió en defecto sustantivo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

para el asunto, por lo que no se quebrantaron los derechos fundamentales invocados, pues no se incurrió en defecto sustantivo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,12

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de13

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían14

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los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobr e todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un e fecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales dere chos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por

lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales dere chos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la a cción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda

que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sen tencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.15

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el qu e se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 27 de octubre de 2022, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del a quo que denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2020-00116-01.16

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Inconforme con lo anterior, el TRIBUNAL impugnó la decisión proferida en primera instancia, para lo cual indicó que si bien uno de los argumentos centrales de la negativa de las pretensiones es el no haber informado por parte del solicitante a la entidad sobre el cambio de su estado civil, no es menos cierto que se omitió analizar que el actor no cumplió con la carga de la prueba, lo que llevaba de una u otra forma a la negativa del reconocimiento de subsidio familiar.

Destacó la autoridad judicial accionada que los documentos que demuestran el estado civil o el vínculo paterno filial no fueron aportados por al proceso ordinario, lo que imposibilita ba corroborar el presunto derecho del actor; además, reiteró que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional , de tal forma que lo pretendido es revivir la discusión sobre los fundamentos legales y probatorios utilizados en la sentencia acusada.

En este punto la Sala conviene destacar que aun cuando el actor alegó un defecto sustantivo en el asunto, de los argumentos expuestos se evidencia que lo pretendido realmente es poner de presente un defecto sustantivo por desconoci miento del precedente judicial, toda vez que las inconformidades están encaminadas a18

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evidenciar que la autoridad judicial accionada desconoció los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia ju dicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en el defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2020-00116-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con19

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con19

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suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión ( artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia ( artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable 5 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente endilgado a la providencia de 27 de octubre de 2022, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 202000116-01.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

del derecho identificado con el número único de radicación 202000116-01.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012 -02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).20

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En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 6 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 7; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C -836 de 9 de agosto de 20018; C -816 de 1o. de noviembre de 20119; C-179 de 13 de abril de 201610; y T-102 de 25 de febrero de 201411.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

noviembre de 20119; C-179 de 13 de abril de 201610; y T-102 de 25 de febrero de 201411.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

6 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable). 7 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por neces