CE - 110010315000202300821011SENTENCIA20230511165315

Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00821-01

Demandante: LUIS FERNANDO HERMOSA ROJAS

Demandados: COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciar se sobre la impugnación interpuesta por el señor Luis Fernando Hermosa Rojas contra la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción , por no acreditar el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 6 de febrero de 2023 , el señor Luis Fernando Hermosa Rojas, actuando en nombre propio instauró acción de tutela contra la Comisión

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 6 de febrero de 2023 , el señor Luis Fernando Hermosa Rojas, actuando en nombre propio instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, con el fin de que sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 23 de novie mbre de 2022 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , mediante la cual confirmó la providencia del 21 de agosto de 2021 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, “que sancionó con suspensión por el término de 1 mes en el ejercicio del cargo al señor Luis Fernando Hermosa Rojas, e n su calidad de Juez Quinto Civil del Circuito Judicial de Nieva, al haber incurrido en la falta disciplinaria grave a título de culpa grave (…)”. Lo anterior en el marco del proceso disciplinario con radicado 41001-1102-000-2016-00704-01.Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

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3. La parte accionan te solicitó el amparo de su derecho fundamental y reclamó lo siguiente: “(…) se dejen sin efectos el fallo calendado el día 6 de agosto de 2.021, (sic) y

3. La parte accionan te solicitó el amparo de su derecho fundamental y reclamó lo siguiente: “(…) se dejen sin efectos el fallo calendado el día 6 de agosto de 2.021, (sic) y que fuera confirmado por la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, mediante sentencia calendada el día 23 de Noviembre de 2022, por haber incurrido en las mencionadas providencias, las autoridades accionadas en una

VIA DE HECHO DE ORDEN MATERIAL o SUSTANTIVO (…)”

1.2. Hechos probados y/o admitidos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 4 de noviembre de 2016 el señor Norbey Polanco Montealegre instauró queja disciplinaria contra el señor Luis Fernando Hermosa Rojas, en su calidad de Juez Quinto Civil del Circuito de Neiva, quien falló el 20 de septiembre de 2016 en segunda instancia una acción de tutela con radicado 41001 -40-03-008-2016-0046701, que interpuso contra su empleador Baker Hughes de Colombia.

5. Las razones de inconformidad del quejoso radicaban en la evidente incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del fallo de segunda instancia, pues el Juez Quinto Civil del Circuito Judicial de Neiva que conoció la impugnación, si bien fundamentó la razones por las que la accionada debía reconocer la indemnización de 180 días por haberlo despedido pese a tener estabilidad laboral reforzada que lo cobijaba en razón de un pérdida de capacidad laboral calificada, lo cierto es que en la parte

haberlo despedido pese a tener estabilidad laboral reforzada que lo cobijaba en razón de un pérdida de capacidad laboral calificada, lo cierto es que en la parte resolutiva revocó los numerales 3° y 4° del proveído de primera instancia (lo cual no podría hacer), mediante los cuales se le había reconocido su derecho al reintegro y al pago de los emolumentos salariales dejados de percibir de sde el despido hasta la fecha de reintegro.

6. Mediante fallo del 21 de agosto de 2021 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila sancionó con suspensión por el termino de 1 mes en el ejercicio del cargo al señ or Luis Fernando Hermosa Rojas , “al haber incurrido en la falta disciplinaria grave a título de culpa grave, por transgredir el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 1, concordado de un lado con los artículos 281 del CGP2 y 26 de Ley 361 de 1997 3(…)”

1 “Artículo 153 . Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. (…)” 2 “Artículo 281. Congruencias . La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.”Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.”Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

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7. Como fundamento de su decisión , adujo que , de acuerdo al material probator io obrante en el plenario, quedó probada la existencia material y la responsabilidad del disciplinado porque el fallo constitucional de segunda instancia fue incongruente.

Esto debido a que las razones de la decisión no guardaron correlación necesaria con la resolutiva, “pues pese a que encontró probada la condición de debilidad manifiesta del trabajador y la ausencia de la autorización del Ministerio de Trabajo y por ese camino el despido del trabajador resultó ineficaz, inexplicablemente revocó las decisiones del Juez Octavo Civil Municipal de l Circuito Judicial de Nieva que había ordenado el reintegro y el pago de los emolumentos salariales , incluidos los aportes al sistema de seguridad social”.

8. Agregó que , si para el fallador de instancia era procedente el amparo constitucional de los derechos fundamentales del trabajador Norbey Polanco Montealegre, lo congruente era mantener en sede de impugnación la orden de reintegro y el pago de los emolumentos salariales dejados de percibir desde la terminación del vínculo laboral.

Montealegre, lo congruente era mantener en sede de impugnación la orden de reintegro y el pago de los emolumentos salariales dejados de percibir desde la terminación del vínculo laboral.

9. Mediante sentencia de segunda instancia del 23 de noviembre de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , confirmó la decisión del a quo. Agregó que el fallo de tutela de segunda instancia no cumplía con los parámetros fijados en la ley en relación con cómo deben cumplir sus funciones los falladores en ejercicio de la responsabilidad de impartir justicia, la cual , de conformidad con la Cons titución Política no puede ser caprichosa ni arbitraria.

10. Concluyó que, “lo que se le cuestionó al doctor Luis Fernando Hermosa Rojas no fue la decisión sino , el apartarse de sus propias razones y con ello generar la reseñada incongruencia, así como desbordar las facultades establecidas por el legislador.”

3 “Artículo 26º.- Modificado por el art. 137, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días

fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3. Fundamentos de la vulneración

11. Defecto sustantivo: por interpretación errónea del artículo 281 del Código General del Proceso, habida cuenta de que se “desbordó el marco contenido en esta última norm a procedimental, con desconocimiento del principio de legalidad, haciendo una indebida aplicación del pluricitado artículo 281 del Código General del Proceso, por cuanto hizo extensivo los efectos del principio de la congruencia, no solo frente a los hechos y pretensiones de la demanda, sino igualmente a los motivos de la decisión y la resolutiva del fallo…”

12. Adujo que en ninguno de los apartes de la norma en cita se hace mención a la obligatoriedad de armonizar la parte motiva y resolutiva de las sente ncias, “razón por la cual, se me sanciona con base en una interpretación indebida” . Agregó que se desconoció la órbita de la autonomía funcional del juez, por lo que se vulneraron los

la cual, se me sanciona con base en una interpretación indebida” . Agregó que se desconoció la órbita de la autonomía funcional del juez, por lo que se vulneraron los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombi a y se config uró una violación directa de la Constitución.

13. Desconocimiento del precedente: se desconocieron las sentencias “SC3959 de 2022 y de 22 de febrero de 2022 (Expediente No. 666) ” proferidas por la Corte Suprema de Justicia, en las que se precisó el alcanc e de “lo que se entiende por congruencia de la sentencia”. Igualmente, por desatender “la parte motiva de la sentencia C543 del 1º de octubre de 1.992 y la sentencia expedida por la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del 1 6 de octubre de 1.997,

MP. ALVARO ECHEVERRI URUBURO, exp. 9257B”.

14. Afirmó que se incurrió en desconocimiento de los principios de legalidad, hermenéutica jurídica, tipicidad de la conducta disciplinaria, autonomía e independencia judicial, por cuanto l as autoridades accionadas efectuaron juicios de valor propios del juez natural del asunto, y no del juez disciplinario.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

15. Mediante auto del 20 de febrero de 2023, el magistrado ponente de la S ección Primera decidió, entre otras cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora , así como a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de

Primera decidió, entre otras cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora , así como a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, como autoridades judiciales accionadas.

16. Igualmente, vinculó como tercero con interés al señor Norbey Polanco Montealegre (quejoso) y negó la medida provisional solicitada 4 al considerar que la misma no era urgente para garantizar los derechos fundamentales invocados.

4 2. La parte accionante solicita como medida provisional que se suspendan «[…] los efectos de las decisiones adoptadas en primera y ratificada en segunda instancia, calendadas los días 06 deDemandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

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1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial

17. Rindió informe en el que señaló que la solicitud de amparo carecí a de relevancia constitucional, pues lo pretendido por el actor era utilizar esta acción de tutela como una tercera instancia. Adujo que , en todo caso, con sus actuaciones no vulneró ningún derecho fundamental de la parte demandante, ya que se ajustaron a derecho.

1.5.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila

18. Solicitó declarar la improcedencia por cuanto no se configuró defecto alguno,

ningún derecho fundamental de la parte demandante, ya que se ajustaron a derecho.

1.5.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila

18. Solicitó declarar la improcedencia por cuanto no se configuró defecto alguno, aunado a que se adelantó el procedimiento disciplinario conforme a lo establecido en la ley y se garantizó en todo momento el debido proc eso. Añadió que , de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario se concluyó que se debía confirmar la sanción con suspensión por el término de 1 mes en el ejercicio del cargo al señor Luis Fernando Hermosa Rojas, en su calidad de Juez Quinto Civil del Circuito Judicial de Neiva, al haber incurrido en la falta disciplinaria grave a título de culpa grave.

1.5.3. Norbey Polanco Montealegre

19. Manifestó que coadyubaba los argumentos planteados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Adicionalmente, agregó que el accionant e le ocasionó graves afectaciones a sus derechos fundamentales, toda vez que se encuentra por fuera “del campo laboral” y el proceso ordinario laboral aún está en trámite.

20. Indicó que era apenas lógico que, si se establ eció en la parte motiva de la sentencia de tutela proferida en segunda instancia, que estaba protegido por el fuero de estabilidad laboral reforzada, debió darse completa aplicación a lo determinado por la Ley 361 de 1997, ordenando así su reintegro, “pues el reintegro del trabajador en estado de debilidad se encuentra dentro de las consecuencias de la declaratoria de fuero de estabilidad laboral reforzada, situación que no puede ser desatendida argumentando autonomía judicial, que en ningún caso podrá ser absoluta, acorde a

en estado de debilidad se encuentra dentro de las consecuencias de la declaratoria de fuero de estabilidad laboral reforzada, situación que no puede ser desatendida argumentando autonomía judicial, que en ningún caso podrá ser absoluta, acorde a lo determinado por el artículo 230 constitucional”.

septiembre de 2021 y 23 de noviembre de 2022, por parte de la COMISIÓN SECCIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL respectivamente, mientras finalmente se decide de fondo el presente asunto […]».Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.4. Luis Fernando Hermosa Rojas

21. Allegó un escrito mediante el cual puso de presente que , distinto a lo pregonado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el asunto sí reviste de relevancia constitucional, puesto que se discute la vulner ación de derechos fundamentales, tales como el derecho al debido proceso administrativo, “siendo este un asunto que adicionalmente comporta la afectación de la autonomía funcional d el suscrito como Juez de la Rep ública, si en cuenta se tiene que las decisiones adoptadas por las accionadas, comportan una instancia funcional, prohibida por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia, al carecer las accionadas de competenc ia para ello.”

22. Indicó que, con la decisión adoptada de suspensión del cargo, compromete sus derechos fundamentales, ta les como el derecho al trabajo y al de permanecer en el

de la Constitución Política de Colombia, al carecer las accionadas de competenc ia para ello.”

22. Indicó que, con la decisión adoptada de suspensión del cargo, compromete sus derechos fundamentales, ta les como el derecho al trabajo y al de permanecer en el cargo público, “sin que por lo demás, se reporte durante un tiempo una remuneración, lo que afecta mi mínimo vital.”

1.6. Sentencia de primera instancia5

23. El Consejo de Estado, Sección Primera mediante fallo del 1 6 de marzo de 2023 declaró la improcedencia de la acción al considerar que, de conformidad con la sentencia SU-215 de 2022, la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto resultaba insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

24. Agregó que el asunto carecía de relevancia constitucional porque: i) la discusión expuesta por el accionante no giraba torno al alcance, aplicación o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto; y ii) no existía un desarrollo argumentativo en el que se explicaran las razones por las cuales consideró que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial del derecho invocado, con ocasión de la expedición de la providencia enjuiciada.

1.7. Impugnación

25. Mediante escrito del 11 de abril de 2023 la parte actora impugnó la decisión de primera instancia y manifestó estar en desacuerdo con la decisión del a quo, para lo cual reiteró los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente traídos en su

primera instancia y manifestó estar en desacuerdo con la decisión del a quo, para lo cual reiteró los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente traídos en su escrito inicial.

5 Notificada el 28 de marzo de 2023.Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para conocer la impugnación interpuesta por el señor Luis Fernando Hermosa Rojas contra la sentencia del 16 de marzo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 16 de marzo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera , para lo cual se deberán resolver el siguiente problema jurídico:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial?

28. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

se deberán resolver el siguiente problema jurídico:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial?

28. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró el derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida en el marco de un proceso disciplinario , mediante la cual confirmó la providencia del a quo, que sancionó con suspensión por el término de 1 mes en el ejercicio del cargo al señor Luis Fernando Hermosa Rojas, en su calidad de Juez Quinto Civil del Circuito de Nieva, al haber incurrido en la falta disciplinari a grave a título de culpa grave?

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sen tencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su procedencia.8

31. Así p ues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

32. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se af irmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción n o intente reabrir el debate de instancia.

o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción n o intente reabrir el debate de instancia.

33. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son pro pias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional9

34. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la p rocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araúj o Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00;

9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araúj o Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-201905153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

www.consejodeestado.gov.co consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

35. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

36. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

37. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autorid ad judicial, por las razones anteriormente anotadas.

38. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en re lación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

39. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción co nstitucional contra providencia judicial se

39. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción co nstitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

40. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

41. En la sentencia SU -215 de 2022 11, el alto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acciónDemandante: Luis Fernando Hermosa Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

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Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00821-01

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42. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 12 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de importancia p ara la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

43. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en

concreto se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevanci a constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no ba