CE - 110010315000202300828011SENTENCIAREVOCA20230511144816

Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

Sala Cuarta de Decisión Rad: 11001-03-15-000-2023-00828-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00828-01

Demandante: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

(CEDENAR S.A. E.S.P.)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA CUARTA

DE DECISIÓN

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca para declarar la improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación instaurada por la parte acci onante, contra la sentencia de 16 de marzo de 2023, por la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (en adelante Cedenar

Segunda del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La sociedad Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (en adelante Cedenar S.A. E.S.P.) presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Cuarta de Decisión , por considerar vulne rados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión de la sentencia del 7 de octubre de 2022 proferida por la a ludida autoridad judicial, que revocó el fallo de primera instancia para , en su lugar , acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa que la señora María Irene Sarmiento Cabra y otras personas formularon en su contra. Esto, al considerar que con dicha providencia se incurrió en un defecto fáctico por la valoración defectuosa del material probatorio , así como en laDemandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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indebida aplicación de una sentencia del Consejo de Estado para resolver el asunto1.

En consecuencia, la demandante pretende:

“Con fundamento en los anteriores hechos y teniendo en cuenta la necesidad de la protección de los derechos fundamentales al debido

asunto1.

En consecuencia, la demandante pretende:

“Con fundamento en los anteriores hechos y teniendo en cuenta la necesidad de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, solicito en forma atenta que se tutelen los derechos de primer orden antes invocados, y en consecuencia, se revoque la sentencia del siete (7) de octubre de 2022 – notificada el quince (15) de diciembre de 2022 –, dictada por el H. Tribunal Administrativo de Nariño en su Sala Cuarta de Decisión, en el Medio de Control de Reparación Directa No. 2013 -438-02 (5217) y en su lugar, se profiera dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo y en Sala constituida por diferentes Magistrados, una nueva decisión en la que se subsanen los defectos modesta y respetuosamente expuestos.”2

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte actora Cedenar S.A. E.S.P. informó que la señora María Sarmiento Cabra y otros 3 promovieron una demanda de reparación directa en su contra, por la muerte de los señores Julián Andrés Salas Pacichana y Juan Carlos Ramos Sarmiento ocurrida el 8 de marzo de 2013 en el sector urbano del municipio de La Florida (N ariño), quienes se electrocutaron por una descarga producida por las redes de med ia tensión que la entidad tenía ubicadas en la zona del suceso.

Indicó que dicho proceso se identificó con el radicado 52001 -33-33-003-201300438-02 (5217), cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al

zona del suceso.

Indicó que dicho proceso se identificó con el radicado 52001 -33-33-003-201300438-02 (5217), cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, el cual, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2017 negó las pretensiones de la demanda indemnizatoria y declaró probadas de oficio las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero.

1 La cual identificó así: “ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero. Bogotá D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 76001 -23-31-000-1999-0245001(30485…” 2 Se transcribe por posibles errores del original. 3 Los señores Sandra Lucía Villareal Enríquez, Kelly Jhoana Ramos Franco, Juan Carlos Ramos Villareal, Sandra Nathaly Ramos Villareal, María Irene Sarmiento Cabra, Meandro Eudoro Ramos Barco, María Irene Ramos Sarmiento, Menandro Ramos Sarmiento, Edilberto Ramos Sarmiento, Jhoan Ja iro Ramos Sarmiento, Sandra Patricia Ramos Sarmiento, Rubén Darío Ramos Sarmiento, Andrea Milena Ramos Sarmiento, Yuranny Carolina Salas Ramos, Luisa Fernanda Salas Ramos, Gloria Isabel Pachichana Guerrero, José Oswaldo Enríquez Castillo, Bosco Giraldo Sal as Guerrero, Sandra Yamileth Salas Pacichana, Gloria Milena Salas Pacichana y Víctor Alfonso Salas.Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

Castillo, Bosco Giraldo Sal as Guerrero, Sandra Yamileth Salas Pacichana, Gloria Milena Salas Pacichana y Víctor Alfonso Salas.Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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Adujo que , en calidad de de mandada en el proceso ordinario, presentó un recurso de apelación en contra de la decisión anterior, al considerar que la causa del daño no fue la intervención de las víctimas ni del propietario, sino la omisión materializada por Cedenar S.A. E.S.P., por i ncumplir con su deber de mantenimiento periódico de las redes y adoptar medidas de mitigación de riesgo.

Refirió que dicha alzada la decidió el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Cuarta de Decisión, con la sentencia del 7 de octubre de 2022 que revocó el fallo de primera instancia para , en su lugar , acceder de forma parcial a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Mencionó que en la precitada providencia se consideró lo siguiente:

1. Que conforme al material probatorio que obraba en el expediente, se encontró acreditada su responsabilidad en los perjuicios causados a los demandantes a raíz del deceso de los señores Juan Carlos Ramos Sarmiento y Julián Andrés Salas Pacichana por causa de una descarga eléctrica.

1. Que el ente demandado omitió cumplir con las reglas atinentes a la vigilancia

raíz del deceso de los señores Juan Carlos Ramos Sarmiento y Julián Andrés Salas Pacichana por causa de una descarga eléctrica.

1. Que el ente demandado omitió cumplir con las reglas atinentes a la vigilancia y conservación de las distancias que debe guardar una red eléctrica respecto de una construcción, esto habida cuenta que si bien la entidad aludió que la distancia era prudencial, lo cierto es que la misma la sociedad desvirtuó su argumento, cuando en su respuesta a la solicitud de alejamiento de las redes realizada por el propietario del inmueble donde ocurrió el accidente, esta precisó que “realizará el alejamiento con el fin de evitar el riesgo”.

1. Advirtió que, n o obstante, se encontró demostrado la existencia de unas concausas que incidieron en la producción del resultado dañoso , lo que conllevó a a reducir el quantum de la condena en un 45%.

3. Sustento de la petición

La parte actora sostuv o que con la providencia demandada se incurrió en un defecto fáctico porque realizó una valoración inadecuada de las pruebas, toda vez que no advirtió que era obligación del propietario del inmueble no solo contar con una licencia de construcción, sino respetar las distancias mínimas de seguridad frente a las líneas de energía, por lo que la posición de garante estaba en cabeza de aquel y no de la empresa de energía.

Indicó que el tribunal acusado no tuvo en cuenta que se configuró la causal de exoneración de responsabilidad del hecho de un tercero, puesto que el propietario del inmueble tenía la obligación de contar con una licencia de construcción antes de iniciar la obra y certificar el cumplimiento estricto de las

exoneración de responsabilidad del hecho de un tercero, puesto que el propietario del inmueble tenía la obligación de contar con una licencia de construcción antes de iniciar la obra y certificar el cumplimiento estricto de las distancias mínimas de seguridad RETIE frente a la infraestructura eléctrica preexistente.Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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Agregó que, adicionalmente , pasó por alto que se acreditó a través de varias pruebas, entre ellas, la declaración del señor Carlos Hernán Ramos Fajardo, propietario del inmueble y el oficio suscrito por el jefe de la zona de occidente de Cedenar S.A. E.S.P., que fue la conducta contraria al ordenamiento jurídico de parte del constructor la que provocó el accidente, pues edificó cuatro pisos de más de diez metros de altura e invadió las distancias mínimas de seguridad del fluido eléctrico instalado antes, cuando su deber era salvaguardar la seguridad de la comunidad en general y prevenir los riesgos de electrocución, incendio o explosión (en los términos definidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

Expuso que tampoco tuvo en cuenta la participación de las víctimas, a pesar de que su actuación fue determinante en la causación del daño, pues manipularon un objeto metálico con manilas cerca de las cuerdas de tensión media del

Expuso que tampoco tuvo en cuenta la participación de las víctimas, a pesar de que su actuación fue determinante en la causación del daño, pues manipularon un objeto metálico con manilas cerca de las cuerdas de tensión media del predio, a pesar de que fueron advertidos de su cercanía con el inmueble.

Consideró que la autoridad judicial demandada declaró la responsabilidad de la entidad con fundamento en la respuesta a una petición presentada por el propietario del inmueble y constructor, sin atención a que esta se radicó cuando la obra aún no había culminado y no se podía evidenciar que tendría una longitud de más de diez metros de altura, lo que representaba un potencial riesgo para la familia.

Resaltó que se pasó por alto que la empresa d e energía no tenía conocimiento de la instalación de un marco metálico de más de tres metros de altura, que sería manipulado cerca del tendido eléctrico e instalado por un personal que no contaba con elementos de seguridad para trabajo en alturas, como lo declararon los testigos en el proceso.

Adujo que, el tribunal demandado incurrió en el aludido defecto fáctico por inadecuada valoración probatoria, también por acudir a la teoría de la causalidad adecuada para concluir que el responsable por la muerte de los involucrados fue Cedenar S.A. E.S.P., en concurrencia de culpas con las víctimas, sin observar las disposiciones contenidas en el artículo 28 de la Ley 142 de 1994 y 40 de la Ley 143 de 1993, y dejando de lado la participación del constructor ilegal, quien tenía la obligación de respetar las distancias mínimas de seguridad y además había contratado a las víctimas para instalar un marco metálico de ventana.

constructor ilegal, quien tenía la obligación de respetar las distancias mínimas de seguridad y además había contratado a las víctimas para instalar un marco metálico de ventana.

Agregó que dicha autoridad tampoco se ocupó en su decisión por determinar una responsabilidad d e la administración municipal ajena a sus obligaciones frente a construcciones ilegales y menos de la culpa de las víctimas como el determinante principal de la ocurrencia del daño.

Afirmó que existió responsabilidad del municipio de La Florida, puesto qu e elDemandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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director de planeación y el alcalde no realizaron ninguna actuación administrativa o de policía para impedir que una construcción ilegal, a la que le habían negado la licencia de construcción, fuera culminada e invadiera las cuerdas de tensión eléctrica. Esto, en atención a que el terreno se ubica en una zona de amenaza volcánica, lo cual requiere del cumplimiento de las normas urbanísticas.

Cuestionó el hecho de que para el tribunal demandado señalara que omitió su deber de vigilancia del tendido elé ctrico, en tanto que, los artículos 28 de la Ley 142 de 1994 y 40 de la Ley 143 de 1994 no incluyen ese deber frente a inmuebles que no cumplan con las normas de urbanismo.

Adujo que no es de recibo que la autoridad judicial cuestionada invocara la

142 de 1994 y 40 de la Ley 143 de 1994 no incluyen ese deber frente a inmuebles que no cumplan con las normas de urbanismo.

Adujo que no es de recibo que la autoridad judicial cuestionada invocara la “sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero. Bogotá D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 76001-23-31-000-1999-02450-01(30485 (sic)”, como fundamento para revocar la decisión de primera instancia, pese a que los supuestos fácticos son totalmente diferentes con el asunto demandado.

4. Trámite en primera instancia

La acción de tutela se admitió mediante auto del 21 de enero de 202 3 y, en consecuencia, se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Cuarta de Decisión, como demandados.

Asimismo, se dispuso la notificación como terceros con interés del titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, pues conoció en primera instancia el proceso, así como, de los señores Sandra Lucía Villareal Enríquez, Kelly Jhoana Ramos Franco, Juan Carlos Ramos Villareal, Sandra Nathaly Ramos Villareal, María Irene Sarmiento Cabra, Meandro Eudoro Ramos Barco, María Irene Ramos Sarmiento, Menandro Ramos Sarmiento, Edilberto Ramos Sarmiento, Jhoan Jairo Ramos Sarmiento, Sandra Patricia Ramos Sarmiento, Rubén Darío Ramos Sarmiento, Andrea Milena Ramos Sarmiento, Yuranny Carolina Salas Ramos, Luisa Fernanda Salas Ramos, Gloria Isabel

Ramos Sarmiento, Jhoan Jairo Ramos Sarmiento, Sandra Patricia Ramos Sarmiento, Rubén Darío Ramos Sarmiento, Andrea Milena Ramos Sarmiento, Yuranny Carolina Salas Ramos, Luisa Fernanda Salas Ramos, Gloria Isabel Pachichana Guerrero, José Oswaldo Enríquez Castillo, Bosco Giraldo Salas Guerrero, Sandra Yamileth Salas Pacichana, Gloria Milena Salas Pacichana y Víctor Alfonso Salas por integrar la parte demandante del proceso ordinario.

5. Contestaciones

5.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado ponente de la providencia acusada manifestó que se atiene a las decisiones adoptadas en el trámite de la referencia.Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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Adujo que, la decisión demandada contiene un análisis conjunto de las pruebas allegadas al proceso, a las que les otorgó el valor que corresponde, sin que se configure ninguna de las causales de procedibilidad de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

5.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto

Esta autoridad judicial hizo referencia a que la sentencia de primera instancia se dictó con observancia de la ley procesal y estuvo sustentada en las pruebas debidamente recaudadas.

5.3. Los demás terceros vinculados guardaron silencio.

6. Sentencia de primera instancia

dictó con observancia de la ley procesal y estuvo sustentada en las pruebas debidamente recaudadas.

5.3. Los demás terceros vinculados guardaron silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante del 16 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

Consideró que se acreditaron los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial, particularmente:

“El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.”

Hizo referencia a los argumentos de la sentencia acusada, así como la valoración probatoria efectuada en dicha decisión, para examinar de fondo cada una de las inconformidades expuestas por la parte accionante y, concluir lo siguiente:

1. Que contrario a lo que adujo la accionante, la autoridad judicial cuestionada valoró las pruebas allegadas al proceso, entre estas, la Comunicación de la Oficina de Planeación del municipio de La Florida, el oficio suscrito por el jefe zonal de la e ntidad demandada y las declaraciones de los señores Carlos Hernán Ramos Fajardo, Silvio Orlando Ramos Valencia y Yusi Argenis Valencia Benavides relacionadas con la actuación del constructor y de las víctimas del suceso, con el propósito de definir si se c onfiguraban las causales de exoneración de responsabilidad antes mencionadas.

Destacó que si bien aquella definió que la conducta del tercero (propietario y constructor del inmueble) y la de los señores Juan Calos Ramos Sarmiento y

exoneración de responsabilidad antes mencionadas.

Destacó que si bien aquella definió que la conducta del tercero (propietario y constructor del inmueble) y la de los señores Juan Calos Ramos Sarmiento y Julián Andrés Salas Pa cichana, quienes lamentablemente fallecieron debido a la descarga eléctrica, contribuyó en la materialización del daño, pues, el primero, realizó una construcción ilegal que no contaba con la licencia o permiso de construcción requerido y, los segundos, ma nipularon un objetoDemandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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metálico cerca las líneas de tensión eléctrica, a pesar de que conocían de la proximidad de estas con el inmueble, lo cierto era que tales actuaciones no eran suficientes para excluir la responsabilidad de Cedenar S.A. E.S.P.

Mencionó que, la causa principal y eficiente del daño fue la omisión por parte de la entidad demandada de su deber de mantenimiento y vigilancia de las redes eléctricas, concretamente, por la no realización del alejamiento de las redes de tensión de la casa de habi tación donde ocurrió el accidente, a pesar de que se había comprometido a hacerlo, precisamente, por el riesgo que estas representaban.

1. Que no se evidenciaba el Tribunal accionado estuviera obligado a estudiar la actuación de la entidad territorial y si aquella incurrió en una omisión frente a su

había comprometido a hacerlo, precisamente, por el riesgo que estas representaban.

1. Que no se evidenciaba el Tribunal accionado estuviera obligado a estudiar la actuación de la entidad territorial y si aquella incurrió en una omisión frente a su deber de vigilancia y control frente a la construcción urbana, puesto que aquello no fue objeto de controversia en el proceso contencioso.

1. Que el tribunal demandado examinó la respuesta emitida por la en tidad el 15 de noviembre de 2012 y precisó que la petición por parte del usuario del servicio de energía eléctrica tendiente a que Cedenar S.A. E.S.P. alejara o reubicada las redes de tensión media de su predio se presentó cinco meses antes de la ocurrenci a del hecho; asimismo, precisó que la entidad demandada se comprometió, en ese momento, a realizar la reubicación de las redes con el propósito de prevenir el riesgo, pero no lo hizo así, a pesar de que transcurrió un tiempo prudencial y, según las declara ciones recaudadas en el proceso, tal actividad se materializó luego de la ocurrencia del accidente que originó la demanda.

Por lo que, no era cierto que la dicha autoridad judicial hubiese inadvertido o pasado por alto la fecha en que se emitió la respue sta por parte de la entidad demandada y, que, para ese momento, la construcción no estaba culminada o en el estado en el que se encontraba cuando ocurrió el accidente.

1. Refirió en cuanto al último desacuerdo de la parte accionante, relativo a la inexistencia de obligaciones a cargo de la compañía de energía frente al mantenimiento y reparación de redes en inmuebles que no cumplen con las normas urbanísticas, que la autoridad judicial accionada analizó el

inexistencia de obligaciones a cargo de la compañía de energía frente al mantenimiento y reparación de redes en inmuebles que no cumplen con las normas urbanísticas, que la autoridad judicial accionada analizó el ordenamiento constitucional y legal relacionado c on las obligaciones a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y, que en dicho proveído, se consideró que Cedenar S.A. E.S.P. tenía a su cargo el deber de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas en el municipio de La Florida

Agregó que, en ese orden, en la sentencia se estableció que con independencia de que la construcción ejecutada por el señor Carlos Hernán Ramos Fajardo fuera ilegal, al no contar con el permiso requerido y, de que las víctimas hubieran participado en la ejecución del riesgo, su omisión frente a la ubicación y distancia de las líneas de media tensión respecto al inmueble donde ocurrió elDemandante: Cedenar S.A. E.S.P.

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suceso, daba lugar a la configuración de la responsabilidad, en concurrencia de culpas con el tercero y los señ ores Calos Ramos Sarmiento y Julián Andrés Salas Pacichana.

Concluyó que, el estudio llevado a cabo por el tribunal acusado, para resolver la litis no fue irracional o caprichoso, pues valoró de forma minuciosa el acervo probatorio obrante en el plenario y explicó las razones por las cuales debía

Concluyó que, el estudio llevado a cabo por el tribunal acusado, para resolver la litis no fue irracional o caprichoso, pues valoró de forma minuciosa el acervo probatorio obrante en el plenario y explicó las razones por las cuales debía revocarse la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas del medio de control, lo cual no configura el defecto fáctico invocado, en tanto es justamente en el ámbito valorativo, donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso. Además, precisó lo siguiente:

Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de deci dir ante distintos medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica de la prueba, que, en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso, constituye una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.

7. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 12 de abril de 2023 , l a p arte demandante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia , notificado vía electrónica el 31 de marzo de la misma anualidad, bajo los siguientes términos:

Indicó que el a quo pasó por alto los argumentos expuestos en el escrito de tutela, que daban cuenta que en el proceso ordinario se logró probar que la

siguientes términos:

Indicó que el a quo pasó por alto los argumentos expuestos en el escrito de tutela, que daban cuenta que en el proceso ordinario se logró probar que la causa principal y determinante del daño fue el actuar irresponsable y delincuencial del constructor del inmueble, qui en a pesar de no tener una licencia de construcción por cuanto le ha bía sido negada por el municipio de La Florida (N), por encontrarse en una zona de amenaza volcánica alta, construyó un inmueble que inicialmente era de una sola planta y lo convirtió en un edificio de cuatro pisos con una altura que igualaba las líneas de energía que ya se encontraban instaladas hace muchos años en el sector.

Destacó que, por lo anterior, el tribunal demandado no puede, so pretexto de acudir a la interpretación en armonía con los postulados de la sana crítica , otorgarle un valor probatori o relevante a una respuesta expedida por un trabajador de Cedenar S.A. E.S.P., pues además no tenía la competencia para hacerlo y determinar que de allí nace la falla en el servicio como título o fuente de imputación jurídica

Mencionó que el juez constitu cional de primera instancia pasó por alto que laDemandante: Cedenar S.A. E.S.P.

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petición del constructor ilegal y dueño del edificio donde ocurrió el trágico

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petición del constructor ilegal y dueño del edificio donde ocurrió el trágico accidente y que es la principal prueba del tribunal para revocar la sentencia de primera instancia, se impetró en el mes de octub re del 2012, cuando aún el inmueble no se encontraba terminado y su objetivo se encaminaba a evitar a futuro un factor de riesgo para la familia del constructor y propietario, que adelantaba la obra en forma fraudulenta e ilegal.

Recordó que ninguna empre sa electrificadora es la responsable de realizar el alejamiento de las líneas de energía preexistentes frente a construcciones que invaden las distancias mínimas de seguridad y es, por el contrario, el constructor el directamente obligado a cumplir a cabal idad con el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE), quien además debe asumir los costos.

Reiteró sus cuestionamientos en cuanto al análisis probatorio efectuado en la sentencia demandada, para resaltar que el Tribunal demandado carece de apoyo pro batorio que permita justificar una condena con reducción por concurrencia de culpas, cuando quiera que el hecho de un tercero y la culpa de las víctimas se convierten en la causa principal, eficiente y determinante del daño. Añadió que la citada autoridad judicial tampoco hizo un juicio de valor objetivo a la hora de determinar su responsabilidad.

Agregó que, tampoco se comparte que el juez constitucional de primera instancia, no se refiriera a la teoría de la causalidad adecuada, siendo a su juicio, una imputación injusta de responsabilidad, en atención a que esta teoría,

Agregó que, tampoco se comparte que el juez constitucional de primera instancia, no se refiriera a la teoría de la causalidad adecuada, siendo a su juicio, una imputación injusta de responsabilidad, en atención a que esta teoría, no se hace como una forma de imputación o selección de causas y deja de un lado el hecho de un tercero en cabeza del constructor ilegal y tendencioso, como la causa eficiente y determinante del daño.

Sostuvo que el a quo constitucional tampoco tuvo en cuenta sus cuestionamientos en relación con que en la providencia acusada se aludiera a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B del 27 de marzo de 2014, expediente 76001-2331-000-1999-02450-01(30485), para revocar la decisión de primera instancia, pese a que los supuestos fácticos son totalmente diferentes con el asunto en cuestión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19914, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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Política».Demandante: Cedenar S.A. E.S.P.

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,

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el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera i nstancia conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuesto s en la impugnación d el fallo de primera instancia, se cumple con la relevancia constitucional, como uno de los presupuestos gen erales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así, si con la decisión demandada se incurrió en el defecto específico alegad