CE - 110010315000202300831011SENTENCIA20230914155626

Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera –

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-00831-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00831-01

Demandantes: LUZ MARINA CASTILLO BOLÍVAR Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN

TERCERA - SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – ampara derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 16 de febrero de 2023 por correo electrónico, los señores

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 16 de febrero de 2023 por correo electrónico, los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán, actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales «a la igualdad ante la ley, consagrada en el art 13 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y art 29 el debido proceso y el art. 229 derecha al acceso a la justicia, el cumplimiento de los fallos judiciales.»

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales debido a la omisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión de dar respuesta de fondo a los diferentes memoriales que elevó con el fin de probar la legitimación en la causa que les asiste para que se les reconozcan las mejoras decretadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia de 2 de abril de 1998 , dictada en el marco del proceso de revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01.Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera –

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3. Como pretensiones solicitó:

1.- Se digne tutelar nuestros derechos a la igualdad ante la ley, consagrado en el art 13 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y art 29 el debido proceso y el art 229 derecho al acceso a la justicia, el cumplimiento de los fallos judiciales. Etc.

2.- Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DE DESCONGESTIÓN […] cesar toda violación al reconocimiento de las mejoras cuyo pago se ordenó en sentencia ejecutoriada del CONSEJO DE ESTADO, mediante providencia de fecha 2 de abril de 1998 y 23 de julio de 1998, donde se ordenó al INCORA el pago entre muchos otros, a nuestros padres (…) y hoy a nosotros sus herederos reconocidos (…)

3.- Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DE DESCONGESTIÓN […] PAGARNOS a los suscritos tutelantes los derechos adquiridos en las sentencias proferidas por H. CONSEJO DE ESTADO en la providencia de fecha 2 de abril de 1998, con los intereses de mora y la indexación de capital e intereses correspondientes actualizados; en el término de 48 horas o el que su Despacho señale para tal fin.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

de capital e intereses correspondientes actualizados; en el término de 48 horas o el que su Despacho señale para tal fin.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. En el marco del proceso de revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26000-1989-05388-01, el Consejo de Estado, Sección Tercera mediante sentencia del 2 de abril de 1998 resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 29 de mayo de 1997 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y dispuso, entre otras cosas, que el Instituto de Reforma Agraria – Incora debía hacer el

pago de unas mejoras, en los siguientes términos:

«QUINTO.- De conformidad con la sentencia, el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA "INCORA" pagará las mejoras existentes en el predio expropiado en la forma prevista en los numerares “1”, “2” y “3” del literal "b" del art.61 de ley 135 de 1961, a las siguientes personas, o a sus causahabientes por acto entre vivos o mortis causae:

(…)

JOSÉ RAMÓN CAST|LLO, la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($17.289

632.oo) MONEDA LEGAL;

(…)Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera –

Subsección C

632.oo) MONEDA LEGAL;

(…)Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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EDELMIRA BOL ÍVAR DE CASTILLO, LA SUMA DE DIEZ MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS,

($10.436.084.oo) MONEDA LEGAL».

6. El 6 de septiembre de 2017 el apoderado de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán (en su condición de herederos de los señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo) solicit aron el pago de las mejoras referidas en dicho numeral.

7. Dicha solicitud fue tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el cual, mediante auto de 15 de diciembre de 2017, notificado por estado el 19 del mismo mes y año, negó lo solicitado por no haberse allegado prueba del proceso de sucesión donde hubiesen sido reconocidos como herederos de los causantes y se les adjudicaran los bonos agrarios constituidos en el proceso de expropiación.

8. Para fundamentar su decisión, explicó que el Incoder1 con oficio 20152192733 del

reconocidos como herederos de los causantes y se les adjudicaran los bonos agrarios constituidos en el proceso de expropiación.

8. Para fundamentar su decisión, explicó que el Incoder1 con oficio 20152192733 del 26 de octubre de 2015 indicó que, dado que el señor José Ramón Castillo falleció, se le adjudicó la parcela 8 con área de 11,0392 hectáreas a los herederos Emelina Castillo y Víctor Julio Tinjacá, mediante resolución 726 del 22 de diciembre de 2011.

9. Igualmente adujo que, ya que la señora Edelmira Bolívar de Castillo falleció , se le adjudicó la parcela 22 con de área de 11,500 hectareas al señor Libardo Enrique Castillo, mediante la resolución 740 de diciembre de 2011.

10. Concluyó que «quienes alegan ser los herederos de los señores José Ramón Castillo y Edelmira Bolívar de Castillo no fueron reconocidos dentro del proceso de titulación».

11. El apoderado de la señora Luz Marina Castillo Bolívar y otros, mediante memorial allegado el 21 de julio de 2021, nuevamente solicitó el pago de las mejoras, pero esta vez alegó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca – Cundinamarca mediante sentencia del 22 de enero de 2021 reconoció a los accionantes como herederos de los señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo . Para sustentar lo dicho aportó: i) la sentencia del 22 de enero de 2021, sucesión de la señora Edelmira Bolívar de Castillo y José Ramón Castillo D íaz proferida por e l Juzgado promiscuo

dicho aportó: i) la sentencia del 22 de enero de 2021, sucesión de la señora Edelmira Bolívar de Castillo y José Ramón Castillo D íaz proferida por e l Juzgado promiscuo municipal de SUESCA y sentencia adicional de fecha 5 de febrero de 2021, del mismo juzgado y proceso y constancia de ejecutoria; y ii) el trabajo de partición y adjudicación fue realizado por la señora Alba Inés González Lozano, entre otros.

12. Dicha solicitud fue reiterada el 3 de agosto de 2021.

1 Con la expedición del Decreto 1300 de 2003 se creó el Incoder con el objetivo de asumir las funciones que el Incora venía desarrollando en materia de desarrollo rural.Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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13. Por lo anterior, para determinar la legitimidad para reclamar los aludidos títulos por parte de los herederos de los causantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C a través de auto del 13 de septiembre de 2021 requirió a la Agencia Nacional de Tierra s –ANT «para que remitieran copia de la Resolución No.

726 del 22 de diciembre de 2011 mediante la cual se adjudicó la Parcela No. 8 con área de 11,0392 hectáreas del Predio la Polinesia, ubicado en el municipio de Suesca –Cundinamarca

726 del 22 de diciembre de 2011 mediante la cual se adjudicó la Parcela No. 8 con área de 11,0392 hectáreas del Predio la Polinesia, ubicado en el municipio de Suesca –Cundinamarca (…) y de la Resolución No. 740 del 22 de diciembre de 2011 mediante la cual se adjudicó la Parcela No. 22 con área de 1 1,5000 hectáreas del Predio la Polinesia, (…) ubicado en el municipio de Suesca –Cundinamarca a efectos de terminar».

14. El 22 de septiembre de 2021, en atención al anterior requerimiento, la Agencia

Nacional de Tierras - ANT remitió copias de:

• La res olución 726 del 22 de diciembre de 2011 , «por la cual se adjudica a favor de VÍCTOR JULIO TINJACA RIVERA Y EMELINA CASTILLO DE MALAGÓN el predio rural denominado PARCELA N° 8 LOTE ZONA DE EXPROPIACIÓN LA POLINESIA ubicada en La Vereda El Hatillo, jurisdicción del Municipio de Suesca – Departamento de Cundinamarca».

-Y de la resolución 740 del 22 de diciembre de 2011 «por la cual se adjudica a favor de LIBARDO ENRIQUE CASTILLO BOLÍVAR el predio rural denominado PARCELA N° 22 LOTE ZONA EXPROPIACI ÓN LA POLINE SIA ubicada en La Vereda El Hatillo, jurisdicción del Municipio de Suesca – Departamento de Cundinamarca)».

15. El 11 de julio de 2022, las partes reiteraron la solicitud citada.

16. Lo anterior, fue resuelto por el tribunal accionado a través de auto de 5 de

Municipio de Suesca – Departamento de Cundinamarca)».

15. El 11 de julio de 2022, las partes reiteraron la solicitud citada.

16. Lo anterior, fue resuelto por el tribunal accionado a través de auto de 5 de septiembre de 2022, en el cual se les indicó que debían estarse a lo decidido en el auto de 15 de diciembre de 2017. La parte resolutiva fue la siguiente:

SEGUNDO: Respecto de la solicitud radicada el 11 de julio de 2022 (archivo digital No. 046), por el doctor Juan Eurípides López Padilla, en la que solicita ordenar el pago de las mejoras reconocidas por el Consejo de Estado -Sección Tercera, en la sentencia del 1 de abril de 1998, expediente No. 13.959, el solicitante deberá atenerse a lo dispuesto en auto del 15 de diciembre de 2017 que ya emitió pronunciamiento en el mismo sentido, en el sentido de negar dicha solicitud por las razones allí aducidas.

17. Contra esta determinación , el 12 de septiembre de 2022 el apoderado de los actores interpuso recurso de apelación.

18. No obstante, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión el 5 de diciembre de 2022 l a rechazó por improcedente y ordenó adecuarlo al recurso a una reposición, en virtud del artículo 181

del CCA. La parte resolutiva fue la siguiente:

1: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo deDemandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

del CCA. La parte resolutiva fue la siguiente:

1: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo deDemandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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5 Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán (en su condición de herederos de los señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo, q.e.p.d.), contra el auto del 5 de septiembre de 2022, q ue resolvió, en su numeral 2, estarse a lo resuelto en providencia del 15 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2: NO REPONER la decisión del 5 de septiembre de 2022, que resolvió, en su numeral 2, estarse a lo resuelto en providencia del 15 de diciembre de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

19. Al resolver la reposición, el tribunal accionado explicó que no había lugar a reconsiderar la decisión que en su momento se expuso en la providencia del 15 de diciembre de 2017, contra la cual no se promovió recurso alguno y que se encontraba en firme.

20. Igualmente, estimó que tampoco se aportaron nuevos elemento s de prueba o

diciembre de 2017, contra la cual no se promovió recurso alguno y que se encontraba en firme.

20. Igualmente, estimó que tampoco se aportaron nuevos elemento s de prueba o circunstancias fácticas diferentes a las que en su momento fueron estudiadas en decisión del 15 de diciembre de 2017 y en tal sentido, «no hay lugar a emitir un pronunciamiento diferente al que en ese entonces se emitió.»

21. Adujo que no podía considerarse el hecho de la condición de herederos de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán , por cuanto no obraba la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca del 22 de enero de 2021, conforme a lo referencia el apoderado de aquéllos, «razón adicional para no reconsiderar la decisión del 15 de diciembre de 2017, pues allí se explicaron con amplitud las razones fácticas y jurídicas en que se sustentó tal negativa.»

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C por medio de auto del 15 de mayo de 2023 puso de presente que aun hacían falta por entregar 140 bonos agrarios, que fueron constituidos dentro del proceso de expropiación de la referencia. Agregó que, si bien era cierto que durante el transcurso de los últimos años se habían resuelto diversas solicitudes de entrega de dichos bonos, también lo era que, «algunas de dichas solicitudes habían sido materializadas con la entrega de éstos a sus beneficiarios; en otros casos, se debió negar la entrega a falta

de los últimos años se habían resuelto diversas solicitudes de entrega de dichos bonos, también lo era que, «algunas de dichas solicitudes habían sido materializadas con la entrega de éstos a sus beneficiarios; en otros casos, se debió negar la entrega a falta del cumplimiento de los requisitos legales que acrediten su titularidad por parte de quien los ha reclamado.» Por lo anterior dispuso: PRIMERO: Se requiere al Secretario de la Sección a efectos de que lleve a cabo el trámite de su competencia , una vez se cuente con el nuevo cronograma de prescripción de depósitos judiciales, que habrá de expedir la Directora Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de ir adelantando el trámite pertinente, para decla rar la prescripción de los depósitos judiciales constituidos dentro del proceso de la referencia, conforme a lo explicado en la parte motiva del presente auto.Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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SEGUNDO: El expediente debe permanecer en secretaría de la Sección hasta tanto se expida el segundo cronograma de prescripción para depósitos judiciales, por parte de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a su vez, se cuente con la directriz que habrá de orientar el Secretario de la Sección, descrito en el numeral anterior.

por parte de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a su vez, se cuente con la directriz que habrá de orientar el Secretario de la Sección, descrito en el numeral anterior.

TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse una nueva solicitud de entrega de depósitos y/o bonos agrarios, ingresar el expediente al Despacho para decidir lo pertinente.

23. El 29 de mayo de 2023 los actores solicitaron la entrega de los bonos agrarios que les fueron asignados a sus padres (causahabientes), los señores, Edelmira Bolívar de Castillo y José Ramon Castillo Díaz, constituidos en el pago de las mejoras en virtud del proceso de expropiac ión que se adelantó por el predio La Polinesia. Junto a la solicitud, nuevamente allegó apartes del trabajo de partición presentado por los referidos herederos, dentro del radicado de la sucesión intestada 25772 -40-89-0012018-00402-00, como también la pro videncia que aprobó el trabajo de partición y su adición.

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C mediante auto del 22 de agosto de 2023 dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Previo a decidir lo que corresponde a la anotada solicitud de entrega de bonos, se requerirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, con el objeto de que remita copia íntegra del trabajo de partición presentado dentro de la Sucesión Intestada No. 25772 -40-89-001-2018-00402-00 d e Edelmira Castillo Bolívar y José Ram ón Castillo Díaz, como su correspondiente sentencia aprobatoria del mismo y su adición.

Sucesión Intestada No. 25772 -40-89-001-2018-00402-00 d e Edelmira Castillo Bolívar y José Ram ón Castillo Díaz, como su correspondiente sentencia aprobatoria del mismo y su adición.

Asimismo, para que informe, si dentro de ese mismo radicado existen nuevos trabajos de partición y, en caso afirmativo remita copia de los mismos con su correspondiente providencia que impartió aprobación a éstos.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección, proceder de conformidad. Y, una vez allegada la respuesta ingresar el proceso al Despacho para decidir lo pertinente.

1.3. Fundamentos de la vulneración

25. La parte accionante sostuvo que, con el incumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 2 de abril de 1998 en la que se ordenó al Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras , el pago de las mejoras del predio expropiado, se está desconociendo lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política, el cual garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia que se materializa cuando es posible poner en marcha la actividad jurisdiccional del

Estado.Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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26. Indicó que el derecho de acceso a la administración de justicia no se circunscribe exclusivamente al ejercicio del derecho de acción, pues está inescindiblemente vinculado al debido proceso y a la expectativa de las partes de que, una vez en firme, la decisión judicial que pone fin a una controversia se cumpla en debida forma. Por lo que considera que desconocer esta premisa básica implicaría soslayar el carácter vinculante y coercitivo de las providencias judiciales, en detrimento no solo de los derechos fundamentales, sino del orden constitucional vigente.

27. Adujo que 11 de julio de 2022, se aportó la partición y la sentencia aprobatoria de la partición, reclamando nuevamente el pago de las mejoras que le correspondían a sus abuelos, solicitud que fue negada a través del auto de fecha 5 de septiembre de 2022; resaltando el tribunal que deb ían atenerse al auto de fecha 15 de diciembre de 2017, sin tener en cuenta, para negar la solicitud, que ya se había tramitado el proceso de sucesión.

1.4. Auto admisorio

28. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A inadmitió la demanda de tutela mediante auto del 21 de febrero de 2023 para que los actores: «señalen de manera clara y precisa (i) los hechos y (ii) la providencia o providencias, debidamente identificadas con fecha y número de radicado, que en su entender, originan la vulneración de los derechos fundamentales. Asimismo, para que (iii) precisen l as pretensiones que se

identificadas con fecha y número de radicado, que en su entender, originan la vulneración de los derechos fundamentales. Asimismo, para que (iii) precisen l as pretensiones que se persiguen a través de la presente acción constitucional».

29. Luego de ser subsanada la demanda, mediante auto del 28 de marzo de 2023 se admitió y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión.

30. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de tercero s con interés a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y a la Agencia de Renovación del Territorio – ART, quienes hicieron parte del proceso con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Agencia Nacional de Tierras – ANT

31. Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Adujo que, en el desarrollo de sus competencias no puede determinar si ha existido vulneración de algún derecho fundamental por parte del tribunal accionado.Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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32. Igualmente, solicitó «negar por improcedente» toda vez que el juez de tutela no puede invadir la esfera propia de otras autoridades pue s su autonomía e independencia, salvo eventos como los que configuren una vía de hecho o un perjuicio irremediable, que no se acreditan en la presente acción.

1.5.2. La Agencia de Renovación del TerritorioART

33. Requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no asumió obligaciones del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –

Incoder.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión

34. Solicitó negar las pretensiones de la demanda por las siguientes razones que se

citan:

 Dentro del proceso de restitución en mención se han resuelto un sin número de peticiones en similares sentidos, es decir que los distintos herederos de los beneficiarios a quienes se les reconocieron mejoras (dis tintos a los que en esta acción de tutela se han detallado), en su momento allegaron los respectivos trabajos de partición, por ejemplo, donde se incluyeron como activos los bonos constituidos aquí, y se adjudicaron a sus respectivos herederos. De manera q ue dar un trato diferente del que se ha venido manejando en situaciones como ésta, sí constituiría un trato desigual en relación con los demás sujetos procesales que han interactuado a lo largo del proceso de expropiación.

dar un trato diferente del que se ha venido manejando en situaciones como ésta, sí constituiría un trato desigual en relación con los demás sujetos procesales que han interactuado a lo largo del proceso de expropiación.

 Respecto de cada una de las s olicitudes formuladas por los aquí accionantes, siempre se ha emitido respuesta de fondo y precisa, advirtiéndole la necesidad de aportar en futuras solicitudes en el mismo sentido, los documentos necesarios que acrediten su legitimación y titularidad de los mencionados bonos agrarios, a efectos de proceder con su entrega.

 De manera que la actuación procesal continúa hoy por hoy vigente, y a la espera que los demás interesados reclamen los bonos pendientes por entrega, que a lo sumo, son 140, que ascien den a un valor de $293638.971,oo, entre los cuales también se encuentran los bonos agrarios que, en su momento, le fueron reconocidos a los señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo, y hoy pretenden reclamar los aquí accionantes sin acreditar su condición de herederos y su legitimidad y/o titularidad sobre éstos.

 Lo anterior, se traduce además en una actuación garantista del debido proceso, no solo de los aquí accionantes, sino también de los demás beneficiarios que en condiciones similares, luego de adelantar el respectivo juicio de sucesión, con la sentencia y trabajo de partición, los han allegado al proceso de expropiación para solicitar nuevamente la entrega de los bonos.Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

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9  Tampoco se evidencia una limitación en el acceso a la administración de justicia, por cuanto siempre se ha dejado a libre disposición de los interesados en reclamar los bonos restantes, tanto que el proceso ni siquiera figura como archivado, pero ello naturalmente supone el cumplimiento de los requisitos es enciales que acrediten, como se ha mencionado en líneas anteriores, la legitimación o vocación de herederos de los causantes y su titularidad sobre los bonos en mención, a título de herencia.

 Por último, si bien en auto del 5 de diciembre de 2022 se neg ó la concesión del recurso de apelación contra la decisión de negar la entrega de los señalados bonos a los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán, esa decisión se profirió con apego estricto a la ley procesal aplicable, que no prevé para ese tipo de decisiones, el recurso de apelación, como medio de impugnación, en tanto no implica la terminación del proceso (art. 181 C.C.A.); y, aunq ue en principio la misma decisión era susceptible de recurso de reposición, no pudo ser estudiado de fondo, por haberse interpuesto fuera del término legal previsto por el C.G.P.

principio la misma decisión era susceptible de recurso de reposición, no pudo ser estudiado de fondo, por haberse interpuesto fuera del término legal previsto por el C.G.P.

35. La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe de fondo frente al asunto.

1.6. Sentencia de primera instancia

36. El Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A mediante fallo del 11 de mayo de 2023 «rechazó por improcedente» la acción por no acreditar el requisito de la inmediatez. Para fundamentar su decisión, adujo que la decisión del 5 de diciembre de 2022 no se pronunció, modificó o resolvió alguna solicitud o aparte del auto del 15 de diciembre de 2017, que no ordenó el pago de las medidas, sino que se trataba de una decisión de trámite que no constitu ía un hecho nuevo, «por lo que es a partir de esta providencia que se debe empezar a contar la inmediatez.»

37. Explicó que, el auto de 15 de diciembre de 2017 fue notificado mediante estado desfijado el 19 de diciembre de 2017, por lo que, dado que la presente acción de tutela se presentó el 16 de febrero de 2023, «es decir, luego de transcurrido un término de cinco (5) años, un (1) mes y veintiséis (26) días, no se acredit ó el requisito de inmediatez.»

38. Además, destacó que tampoco se acreditó el presupuesto de subsidiariedad, porque «la acción de revisión de recursos agrarios radicado núm. 25000 -23-26-000-1989inmediatez.»

38. Además, destacó que tampoco se acreditó el presupuesto de subsidiariedad, porque «la acción de revisión de recursos agrarios radicado núm. 25000 -23-26-000-198905388-01 se encuentra en curso en ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, por lo que la parte accionante puede plantear sus inconformidades al interior del proceso, más, si las mismas guardan relación con el cumplimiento de la sentencia de 2 de abril de 1998, disponiendo así de medios ordinarios de defensa dentro del ordenamiento jurídico».Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera –

Subsección C Radic