CE - 110010315000202300836011SENTENCIA20230511085258

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00836-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: RODRIGO MIGUEL LÓPEZ BORJA

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU LUGAR,

SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ASUNTO YA FUE RESUELTO EN EL AUTO CUESTIONADO, POR LO QUE LO PRETENDIDO POR EL

ACTOR ES BUSCAR UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO EN SEDE

CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de 16 de marzo de 20 23, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

1 En adelante Sección Cuarta.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00836-01

Actor: RODRIGO MIGUEL LÓPEZ BORJA

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor RODRIGO MIGUEL LÓPEZ BORJA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL con ocasión de la providencia proferida el 7 de octubre de 2022, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 1300111-02-000-2022-00443-01.

I.2.- Hechos

Refirió que ante unas irregularidades cometidas por los abogados ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ y KAREN VANESSA VEJAR RAMÍREZ dentro de un proceso ordinario laboral, presentó queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2022-00443-00.3

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Actor: RODRIGO MIGUEL LÓPEZ BORJA

2022-00443-00.3

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Relató que, de manera sorpresiva y sin atender el material probatorio obrante en el expediente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar mediante proveído de 8 de julio de 2022 archivó la queja.

Indicó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y, además, elevó petición con el fin de que se le remitieran las copias del expediente disciplinario.

Resaltó que la anterior petición fue denegada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante auto de 7 de octubre de 2022, al estimar que no era posible acceder a tal solicitud de copias en la medida que el quejoso no era sujeto procesal, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1123 de 22 de enero de 20072.

Sostuvo la Comisión Nacional de Discipl ina Judicial, al conocer del proceso en segunda instancia, mediante providencia de 2 de noviembre de 2022, modificó el auto apelado y, en su lugar, confirmó la decisión de dar por terminado el procedimiento en lo que concierne a la interposición y posterior desistimiento de la excepción previa de prescripción y, revoc ó para que se continúe la investigación

2 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.4

a la interposición y posterior desistimiento de la excepción previa de prescripción y, revoc ó para que se continúe la investigación

2 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.4

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disciplinaria por la presunta cita inexacta plasmada en la contestación de la demanda del proceso ordinario laboral.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negarle las copias del expediente disciplinario, de tal forma que la decisión acusada está soportada en una desacertada hermenéutica, restrictiva y sin fundamento.

Arguyó que al intentar conocer el estado de la queja o su trámite, no encontró vías, canales o medios para hacerlo, comoquiera que dicha investigación se encuentra reservada en la plataforma de consulta de la Rama Judicial.

De lo anterior, expuso que tales eventos le impiden como quejoso tener acceso al expediente , lo cual desatiende los principios constitucionales, máxime cuando tiene interés directo en el proceso.

Finalmente, puso de presente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confunde los verbos del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007,5

constitucionales, máxime cuando tiene interés directo en el proceso.

Finalmente, puso de presente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confunde los verbos del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007,5

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toda vez que el verbo “concurrir” contenido en dicha normativa, se refiere a la posibilidad de intervenir personalmente en las diligencias desarrolladas en el proceso disciplinario, además, en numeral 4º de la mencionada norma permite inferir que los intervinientes pueden solicitar copias del proceso.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamen tales invocados y, en consecuencia, dejar sin efecto la providencia de 7 de octubre de 2022, proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 13001-11-02-000-2022-0044301 y, en su lugar, que se ordene a la accionada que remita las copias del expediente disciplinario solicitadas.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL advirtió que la solicitud de amparo de la referencia carece del requisito de la relevancia constitucional, en la medida en que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales6

advirtió que la solicitud de amparo de la referencia carece del requisito de la relevancia constitucional, en la medida en que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales6

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invocados no es suficiente para ello, pues se requiere demostrar de manera razonable la restricción desproporcionada de los derechos deprecados.

Destacó que el actor confunde por complet o cuáles son las atribuciones del quejoso dentro del proceso disciplinario regido por la Ley 1123 de 2007, comoquiera a través de una lectura aislada de su artículo 66, pretende hacer ver que él es sujeto procesal de la actuación, cuando ello no es así, de conformidad con el artículo 65 ibidem, por lo que, a su juicio, resulta claro que el derecho a obtener copias de la actuación disciplinaria únic amente recae en el investigado, su defensa y el Agente del Ministerio Público.

Adujo que de conformidad con la sentencia C-014 de 2004, la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002, indicó que por regla general en el derecho disciplinario no existe el concepto de víctima, salvo que se presenten afectaciones al Derecho Internacional Humanitario, de tal forma que para que el quejoso

regla general en el derecho disciplinario no existe el concepto de víctima, salvo que se presenten afectaciones al Derecho Internacional Humanitario, de tal forma que para que el quejoso pueda ostentar la calidad de víctima y, por ende, ser sujeto procesal dentro del proceso disciplinario, se requiere que se trate de hechos relacionados con conductas violatorias a los derechos humanos,7

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Derecho Internacional Humanitario o acoso laboral, lo cual no se predica en el presente asunto.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo o, en su lugar, denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOLÍVAR, luego de rendir informe del trámite surtido dentro del proceso disciplinario, indicó que el actor no ostenta la calidad de sujeto procesal en el asunto objeto de reproche, pues solo tiene la facultad de concurrir al disciplinario para la formulación de ampliación de la queja, aportar pruebas e impugnar las decisiones que pongan fin a la actuaci ón, por lo que no resulta aceptable predicar la violación del principio de publicidad, puesto que las actuaciones surtidas siempre han sido comunicadas al correo

que pongan fin a la actuaci ón, por lo que no resulta aceptable predicar la violación del principio de publicidad, puesto que las actuaciones surtidas siempre han sido comunicadas al correo electrónico del mismo.

Ahora, sostuvo que si lo pretendido es estudiar las decisiones adoptadas, puede acudir a la Secretaría, donde le darán acceso a las8

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actuaciones, gestión que a la fecha no ha realizado el actor.

De lo anterior, alegó que en ningún momen to se le han conculcado los derechos fundamentales invocados por el actor, pues se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la norma al remitírsele las actuaciones surtidas dentro del proceso disciplinario.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación denegó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto endilgado, toda vez que el parágrafo 65 de la Ley 1123 de 2007, establece que los intervinientes en el proceso disciplinario son el investigado, su defens or y el Ministerio Público, no así el quejoso.

Resaltó que las facultades del quejoso en el proceso disciplinario se

proceso disciplinario son el investigado, su defens or y el Ministerio Público, no así el quejoso.

Resaltó que las facultades del quejoso en el proceso disciplinario se limitan únicamente a la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad de juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, de tal forma que las contempladas en el artículo 66 ibidem, especialmente las previstas9

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en los numerales del 1 al 4, corresponden sólo a los intervinientes.

Sumado a lo anterior, refirió que en la sentencia C -014 de 2004 la Corte Constitucional consideró que “como la imputación disciplinaria no precisa la vulneración de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un resultado materialmente antijurídico, no es posi ble afirmar la concurrencia de una persona afectada con la comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el proceso disciplinario no exista una persona afectada con la comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a una persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y alentando unas pretensiones específicas”.

Así las cosas, concluyó que tales argumentos resultaban suficientes

comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a una persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y alentando unas pretensiones específicas”.

Así las cosas, concluyó que tales argumentos resultaban suficientes para señalar que la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL no incurrió en el yerro alegado, en la medida que dio aplicación a las normas que regulan la materia , a pesar de que la parte actora se encuentre en desacuerdo con la decisión que negó el acceso a las copias del expediente disciplinario y que no se encuentre acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN10

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El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando que no le fue notificada la admisión de la acción de tutela, pese a que en dicho auto se ordenó notificársele tal actuación; sumado a ello, arguyó que tampoco se le corrió traslado de los informes rendidos por la accionada y la vinculada, lo cual le impidió conocer y rebatir las posturas expuestas en relación con el asunto bajo análisis.

Aseveró que el a quo no realizó un estudio a la luz de los principios constitucionales, en la medida en que de manera legalista y

las posturas expuestas en relación con el asunto bajo análisis.

Aseveró que el a quo no realizó un estudio a la luz de los principios constitucionales, en la medida en que de manera legalista y exegética, acogió una restrictiva hermenéutica de la norma y de la jurisprudencia proferida sobre el particular.

Destacó que una garantía esencial de cualquier actuación judicial es la publicidad, especialmente para el promotor de la queja, quien contrario a lo que se indica en la sustanciación de la decisión, sí le asiste interés jurídico directo, no solo por el deber de hacer respetar la dignidad de la justicia y su buen ejercicio, sino al ponerse en entredicho su buen nombre.

Manifestó que obligársele a que acuda personalmente a la Secretaría de la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL va en contravía de las directrices dispuestas en la Ley 2213 de 13 de junio11

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de 2022 3, que dispone la prelación o prevalencia de los medios digitales, máxime cuando las secretarías de las autoridades judiciales se “virtualizaron”, a tal punto que la presentación de memoriale s es vía mail, manejándose el expediente como mensajes de datos y no en físico.

Así las cosas, reiteró las inconformidades expuestas en el escrito de

se “virtualizaron”, a tal punto que la presentación de memoriale s es vía mail, manejándose el expediente como mensajes de datos y no en físico.

Así las cosas, reiteró las inconformidades expuestas en el escrito de tutela referentes a que se le debió acceder a la solicitud de copias del expediente, so pena de incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

3 “Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”12

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concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella13

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas14

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las decisi ones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de prof erida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar

se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales15

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derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales15

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no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el fu ncionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.16

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente v inculante del derecho fundamental vulnerado.

de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente v inculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente caso, la parte actora pretende que se deje sin efecto el proveído de 7 de octubre de 2022, proferido por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL , a través de l cual se le negó el acceso a las copias del expediente solicitadas dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 2022-00443-01.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la decisión acusada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se realizó una interpretación desacertada sobre la norma, la cual, por demás resulta restrictiva y sin fundamento alguno, pues en su condición de que joso tiene derecho a solicitar la expedición de copias del expediente disciplinario, máxime cuando el artículo 66 de la Ley 1123 así lo dispone.17

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que denegó las pretensiones

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que denegó las pretensiones de la demanda al considerar que la providencia cuestionada no incurrió en el yerro endilgado, en la medida en que, tal como lo dispuso la autoridad judicial accionada, de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley 1123, el quejoso no es parte interviniente en el proceso disciplinario, además, sus facultades se limitan únicamente a la formulación y ampliación de la queja, a aportar pruebas y a impugnar las decisiones que pongan fin al proceso, no siendo una de ellas obtener copias de la actuación.

En la impugnación el actor reiteró las inconformidades expuestas en el escrito de tutela referentes a que se le debió acceder a la solicitud de copias del expediente, so pena de incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Sumado a ello, señaló que no le fue notificada la admisión de la acción de tutela ni se le corrió traslado de los informes rendidos por la accionada y la vinculada, lo que le impidió conocer y rebatir las posturas expuestas en relación con el asunto bajo análisis.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple18

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Actor: RODRIGO MIGUEL LÓPEZ BORJA

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con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulner ó los derechos fundamentales invocados al negar la expedición de copias del expediente solicitado dentro dentro de l proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 2022-00443-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías19

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías19

Número único de radicación: 110