CE - 110010315000202300923011SENTENCIA20230608174334

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00923-01

Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia, iii) igualdad y iv) reparación integral

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 29 de marzo de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de agosto de 2022 , en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

1. El actor, a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de agosto de 2022 , en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, identificado con el número único de radicación . 76147-33-33001-201700050-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación con el fin de que se declararan responsables por “[…] la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Néstor Fabián Muñoz Valdez por el término de once meses y veinticinco días, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En consecuencia, se las condenara a pagar indemnización de perjuicios morales y materiales […]”.

4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago , profirió sentencia de primera instancia el 21 de mayo de 2019 , accediendo a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de se gunda instancia el 3 de agosto de 2022, resolviendo lo siguiente:

pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de se gunda instancia el 3 de agosto de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 021 del 12 de abril de 2021 por el Juzgado 1° Administrativo de Cartago y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. […]”.

5.1. Consideró que:

“[…] La sala revocará la sentencia revisada porque la privación de la libertad de Néstor Fabián Muñoz Valdez no fue injusta; la medida de aseguramiento satisfizo los requisitos legales, como quiera que los hechos en los que se produjo la detención justificaban la investigación penal en su contra, motivo por el cual estaba en el deber jurídico de soportarla […]”.

[…]

“[…] Para empezar, cabe precisar que para el momento de la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento había elementos que permitían inferir, razonablemente, la participación de Néstor Fabián Muñoz Valdez en el delito imputado. En ese momento procesal la Fiscalía y el juez de control de garantías contaban con su captura e n flagrancia porque tenía en su poder cocaína y sus derivados en una cantidad que superaba la dosis mínima y en una presentación que era sospechosa3

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

para fines de comercialización -21 bolsitas con estupefacientes que tenía escondidas bajo una escaleraademás de una suma de dinero en baja denominación que podría

Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

para fines de comercialización -21 bolsitas con estupefacientes que tenía escondidas bajo una escaleraademás de una suma de dinero en baja denominación que podría provenir de la comercialización de las papeletas embaladas en pequeñas dosis.

Fue en desarrollo de la investigación penal que la Fiscalía solicitó la absolución bajo el argumento que no logró tener certeza del fin comercial de la droga incautada.

En su labor de análisis probatorio, la Fiscalía otorgó mayor relevancia al peso de la droga que a su presentación, solicitando entonces la absolución y considerando al imputado como adicto, ponderación que solo era posible con posterioridad a la captura y que obedecía a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia sobre responsabilidad penal de adictos […]”.

[…]

“[…] En este sentido, la Sala encuentra satisfecho el primer elemento necesario de la medida de aseguramiento: inferencia razonable de que el imputado podía ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

Conforme a los artículos 308 y 310 del Código de Procedimiento Penal, también se satisfizo el requisito de la peligrosidad del imputado, toda vez para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento había certeza de que portaba más de la dosis mí nima de cocaína, siendo esta una conducta que, para ese momento, era calificable de peligrosa porque ponía en riesgo la salud de la comunidad.

También se agotó el requisito de tratarse de un delito investigable de oficio porque no está enlistado como de aquellos querellables1, con una pena que excede los cuatro años:

También se agotó el requisito de tratarse de un delito investigable de oficio porque no está enlistado como de aquellos querellables1, con una pena que excede los cuatro años:

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. (Se destaca en negrilla).

Por lo expuesto, la Sala concluye que la medida de aseguramiento que soportó el

salarios mínimos legales mensuales vigentes”. (Se destaca en negrilla).

Por lo expuesto, la Sala concluye que la medida de aseguramiento que soportó el señor Néstor Fabián Muñoz Valdez se ajustó a los cánones legales.

1 Los delitos querellables están enlistados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal.4

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

Ahora, si bien es cierto al juez administrativo no le corresponde calificar penalmente las conductas pre procesales del demandante, pues ya lo hizo el juez natural declarando la inocencia o precluyendo la investigación , en la esfera de responsabilidad civil y del Estado es necesario calificar los hechos y acciones que originaron el daño del que se depreca indemnización para determinar si, lo propició la propia víctima, pues de ser así, el Estado no está llamado a responder.

Esta Sala es del criterio que el demandante se expuso a ser privado de la libertad al portar cocaína en dosis superior a la permitida como de uso personal y en dosis que se utilizan para la venta, comportamiento típico, que sólo al agotar el proceso investigativo pudo dilucidarse obedecía a un alto grado de adicción; es decir, no era antijurídico.

En suma, la privación de la libertad del demandante no fue injusta y, por tanto, se debe revocar la sentencia de primera instancia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

debe revocar la sentencia de primera instancia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 2.1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a la administración de justicia, igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal y reparación integral que han sido vulnerados al accionante con la expedición de la sentencia de segunda instancia del 3 de agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, según las razones que serán explicadas.

2.2. Consecuente con lo anterior, dejar SIN EFECTO alguno la sentencia de segunda instancia del 3 de agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

2.3. Finalmente, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia que decida de fondo el presente asunto, proceda a proferir una sentencia de remplazo que acceda a las pretensiones formuladas en la demanda, haciendo uso del precedente jurisprudencial vigente y adecuado al caso; según el cual, el régimen de responsabilidad aplicable al mismo debe ser objetivo porque: i) no existe forma de estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento por cuanto no reposan los archivos de audio y/o video de esa diligencia; y ii) la absolución devino por atipicidad de la conducta, lo que según el precedente actual genera responsabilidad objetiva […]”.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00923-01

devino por atipicidad de la conducta, lo que según el precedente actual genera responsabilidad objetiva […]”.5

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

Actuación

7. El Despacho Sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 27 de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y iii) vinculó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago, a la Nación – Rama Judicial y a la Nación – Fiscalía General de la Nación, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago, manifestó que, “[…] debe el suscrito juez titular anticipar el respeto y acatamiento de la decisión que en esa sede de tutela provea esa Alta Corporación, y la disposición a proveer las providencias de amparo en lo que a esta sede a quo llegaren a corresponder […]”.

9.La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] (i) el apoderado del accionante no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de

a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales […]”.

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Nación – Rama Judicial guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 29 de marzo de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:6

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

“[…] 8.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumplió con el requisito de inmediatez, el cual ha sido establecido jurisprudencialmente en un término de seis meses cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales […]”.

8.1.- Según constancia secretarial del proceso de reparación directa aportada por el accionante y confirmada con la información disponible en el expediente digital en SAMAI, la Sala advierte que la providencia que puso fin a la controversia ordinaria fue proferida el 3 de agosto de 2022; el mensaje de datos con la notificación de la providencia se remitió el 9 de agosto del mismo año, y según el artículo 205 del

SAMAI, la Sala advierte que la providencia que puso fin a la controversia ordinaria fue proferida el 3 de agosto de 2022; el mensaje de datos con la notificación de la providencia se remitió el 9 de agosto del mismo año, y según el artículo 205 del CPACA2 , la notificación se surtió transcurridos dos días desde la remisión del correo electrónico, esto es, el 11 de agosto de 2022. Por lo tanto, el término de inmediatez corrió entre el 12 de agosto de 2022 y el 13 de febrero de 2023, por ser este el día hábil siguiente a la terminación del plazo de seis meses.

8.2.- El término de seis meses para presentar la acción de tutela contra una providencia judicial inicia a partir de la notificación de la decisión objeto de reproche, pues a partir de ese momento cabe inferir que los interesados conocen su contenido. En ese escenario, teniendo en cuenta que la acción de tutela se presentó el 20 de febrero de 2023, se advierte que transcurrió un término superior a seis meses entre la notificación del fallo y la interposición de la solicitud de amparo. Es decir, se superó el término previsto en la jurisprudencia. sin que en el escrito de tutela se alegara o acreditara una situación especial que permita flexibilizar o inaplicar este término […]”.

La impugnación

12. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera

del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] Mediante la decisión recurrida, el Consejo de Estado concluyó que la providencia objeto de censura constitucional había sido notificada al suscrito abogado el 11 de

del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] Mediante la decisión recurrida, el Consejo de Estado concluyó que la providencia objeto de censura constitucional había sido notificada al suscrito abogado el 11 de agosto de 2022; por lo que, los seis meses con que se contaba para interponer la tutela – término razonable y oportuno – vencieron el 13 de febrero de 2023, pero la misma fue presentada por fuera de ese término el 20 de febrero de esa misma anualidad, incumpliendo así el requisito de inmediatez que devenía necesario para poder estudiar el fondo de la controversia constitucional que fue planteada.

Así las cosas, de forma respetuosa el suscrito abogado disiente de la decisión adoptada en primera instancia, por cuanto el término para verificar el cumplimiento de la inmediatez debió ser contabilizado a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre la cual recaían los cuestionamientos constitucionales y no desde su notificación; comoquiera que, solo a partir de que adquiere firmeza dicha providencia inician sus efectos jurídicos […]”.

[…]

“[…] debe tenerse en cuenta que la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ocurrió el día 17 de agosto de 2021, según constancia secretarial que obra en el expediente; luego entonces, los referidos 6

2 En concordancia con el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación (radicado No. 68001-23-33-000-2013-00735-02).7

2 En concordancia con el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación (radicado No. 68001-23-33-000-2013-00735-02).7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00923-01

Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

meses vencerían el 18 de febrero de 2023, que al ser un día inhábil, traslada el término hasta el día hábil siguiente, es decir, 20 de febrero de 2023, fecha en la que precisamente fue radicada la acción de tutel a; esto es, oportunamente, razón por la cual, la sentencia de primera instancia debe ser revocada, a efectos de que pueda analizarse el fondo del asunto.

Ahora bien, como la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, decidió declarar improcedente la acción de tutela, bajo una causal que, como se vio, no se configuró, la mencionada Sala de decisión no conoció el fondo del asunto planteado y por ello, en aras de respetar el debido proceso y el principio de doble instancia, este proceso debe ser devuelto al Despacho de primera instancia para que conozca el fondo de la controversia constitucional; pues de lo contrario, el mismo sería tramitado en una sola instancia y ello no permitiría ejercer el derecho de defensa y contradicción a quien result are desfavorecido con la única decisión que se adopte […]”.

[…]

“[…] respetuosamente solicito que, una vez se determine que en el presente asunto la demanda fue presentada oportunamente satisfaciendo el requisito de inmediatez,

[…]”.

[…]

“[…] respetuosamente solicito que, una vez se determine que en el presente asunto la demanda fue presentada oportunamente satisfaciendo el requisito de inmediatez, se proceda a revocar la decisión de primera instancia y se remita el expediente nuevamente al Despacho del doctor MARTÍN BERMÚDEZ MUÑÓZ, para que la Sala de la cual es ponente decida el fondo del asunto planteado en la acción de tutela.

De considerarse improcedente el anterior pedimento, de forma subsidiaria solicito al fallador de segunda instancia proceda a resolver de forma directa todos y cada uno de los aspectos plasmados en el escrito de tutela, los cuales no reiteraré en este escrito por considerarlo innecesario […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 4 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

3 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00923-01

Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de la inmediatez.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación integral, procediendo posteriormente a v ii) resolver el ca so concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.9

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta ac ción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

21.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328. 7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00923-01

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presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

jurisdiccional.

22.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional10.

Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela

24.Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199111 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 199912 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de

y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 10 Corte Constitucional. Sentencia C590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 12 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.11

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Actor: Néstor Fabián Muñoz Valdez

convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

25.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.

en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la inter posición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]13.

26.Con fundamento en la anterior regla juris prudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez.

27.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho14:

“[…] Más recientement