CE - 110010315000202300932001SENTENCIA20230627104529

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá DC, 13 de junio de 2023 Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto procedimental por falta de vinculación como litisconsorcio necesario o tercero con interés en acción popular – se niega Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia dentro de una acción popular, por considerar que le vulneraron sus derechos al no haber sido vinculado en dicho proceso como litisconsorte necesario o tercero con interés. De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (ASOMINEROS) en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado. Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y terceros. 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 21 de febrero de 2023, ASOMINEROS2, por conducto de su representante legal,

presentó acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de 4 de agosto de 2022, que fue proferida en la acción popular con radicado No. 25000-23-41-000-2013-02459-00/01, sin que fueran llamados como litisconsortes necesarios o vinculados como terceros con interés directo en el proceso. 2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe): 1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación. 2 Que agremia a los mineros del municipio de Vetas, Santander.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y al acceso de administración de justicia de esta Asociación (ASOMINEROS) que resultaron vulnerados por la autoridad judicial accionada. 2. Se revoque integralmente la Sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, DEL CONSEJO DE ESTADO, así como también la Sentencia del 6 de diciembre de 2018 proferida por la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que puso fin al proceso judicial adelantado dentro medio de control protección de derecho e intereses colectivos bajo los radicado No. 25000234100020130245901 y No. 25000234100020130245900, en contra de Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Minería. 3. Como consecuencia de lo anterior; se ordene al CONSEJO ESTADO SECCION PRIMERA que remita el expediente judicial al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN B a fin de que dentro de los diez 10 días siguientes al recibo del expediente; se profiera providencia con la cual se sanee el procedimiento surtido dentro de esta acción popular; y en consecuencia se emita nueva providencia con la que se ordene la vinculación, notificación, y traslado de la demanda a ASOMINEROS; y a partir de allí se continúe el proceso de acción popular conforme lo previsto en la Ley 472 de 1998; lo anterior teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente Acción de tutela”. 3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se destacan los siguientes: 4. 1) El 23 de octubre de

en la Ley 472 de 1998; lo anterior teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente Acción de tutela”. 3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se destacan los siguientes: 4. 1) El 23 de octubre de 2013, Iván Cepeda Castro y otros ciudadanos en nombre propio y/o en representación de diversas organizaciones presentaron una acción popular en contra del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, para obtener la protección de diferentes derechos colectivos3, al pretender, entre otras, que se suspendiera la radicación de solicitudes de concesión minera o se tuvieran por no presentadas y, además, se suspendiera el otorgamiento de títulos mineros. 5. 2) En Auto de 30 de octubre de 20134, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, y en Auto de 16 de junio de 20145 vinculó y ordenó su notificación a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero (se trascribe) “no vinculó a los diferentes afectados, es decir a los diferentes gremios mineros que agrupan y representan los intereses de la minería en Colombia, ni a los grandes, medianos y pequeños mineros que tienen en trámite solicitudes de contratos mineros”. 3 1) gozar de un medio ambiente sano y en condiciones de equilibrio ecológico; 2) la seguridad y salubridad públicas; 3) al patrimonio público; y 4) a la moralidad administrativa. 4 Revisado

el expediente de la acción popular, la Sala constató que el Auto se profirió fue el 29 de octubre de 2013. (folios 273 a 275). 5 Revisado el expediente de la acción popular, la Sala constató que el Auto se profirió el 13 de junio de 2014 y se notificó el 17 de junio siguiente. (folios 611 a 616).Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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6. 3) El 6 de diciembre de 2018, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, en la cual amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico y defensa del patrimonio público, asimismo negó los de moralidad administrativa y seguridad y salubridad públicas. 7. Con fundamento en la protección concedida, ordenó: 1) la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución No. 484 de 30 de octubre de 2012, mediante la cual la Agencia Nacional de Minería fijó la fecha de inicio de radicación de propuestas de contratos de concesión minera, hasta tanto se tuviera la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los polígonos de las áreas excluidas de minería6, 2) la realización de estudios por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la delimitación y/o establecimiento de zonas de reserva de recursos naturales, y 3) la verificación por parte de los demandados de que los procedimientos y requisitos en materia de títulos de concesión cumplieran con lo previsto en el ordenamiento jurídico y, en el evento de no ser así, adoptaran las respectivas medidas correctivas7. 8. 4) La anterior sentencia fue apelada por la parte demandada, por lo que la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de 4 de agosto de 2022, confirmó el amparo de los derechos colectivos, pero modificó las órdenes impartidas y la conformación del comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia. 9. En relación con los proponentes, decidió que la Agencia Nacional de Minería, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de dicha providencia, debía exigirles que aportaran con su solicitud de titulación un certificado

del cumplimiento de la sentencia. 9. En relación con los proponentes, decidió que la Agencia Nacional de Minería, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de dicha providencia, debía exigirles que aportaran con su solicitud de titulación un certificado de las autoridades ambientales competentes en el que se informara: (a) si su proyecto se superponía o no con alguno de los ecosistemas, (b) si tal territorio se encontraba zonificado, y (c) si las actividades mineras estaban permitidas en el instrumento de zonificación. Y que, en el evento en que se presentaran dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de Minería debía abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que existiera certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución.

6 Con la advertencia de que la suspensión no era aplicable a las solicitudes de legalización minera tradicional y de las que se concedan en el ejercicio del derecho de prelación de las comunidades étnicas de que tratan los artículos 124 y 133 del Código de Minas. 7 Para lo cual otorgó un plazo perentorio de 2 años contados a partir de la notificación de la sentencia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________ 4 de 15

10. 5) La anterior decisión fue aclarada y adicionada a solicitud de parte y de oficio, mediante la providencia de 29 de septiembre de 20228. 11. 6) ASOMINEROS indicó que, el 8 de noviembre de 2022, se enteró de la existencia de la sentencia anterior, a causa de una noticia publicada en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 12. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en la violación directa de la Constitución porque, en su parecer, las autoridades judiciales demandadas dejaron de interpretar y aplicar una disposición legal9 y precedentes constitucionales10 sobre la obligación del juez popular de integrar el contradictorio. En consonancia con lo anterior, manifestó que en la acción popular se inobservaron derechos fundamentales de aplicación inmediata, a saber, debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política) y acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), y se desconocieron derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas en materia minera (artículo 58 ibidem). 13. También alegó la configuración de un defecto procedimental absoluto porque en el trámite de primera y segunda instancia de la acción popular se omitió vincular, notificar y correr traslado como tercero directamente interesado o como integrante de la parte pasiva al gremio minero, de conformidad con la Ley 472 de 1998 (artículos 14 y 18) y la Ley 1437 de 2011 (artículos 198 y 199) en concordancia con la Ley 1564 de 2012 (artículo 61). En ese orden, indicó que se desconoció el debido proceso de personas que tenían expectativas legítimas sobre la actividad minera y que resultaron afectadas con la sentencia enjuiciada, sin haber tenido la oportunidad de defenderse. 14. Adujo que, si bien, resultaba imposible e inadecuado vincular a todos los mineros que desarrollaban de

de personas que tenían expectativas legítimas sobre la actividad minera y que resultaron afectadas con la sentencia enjuiciada, sin haber tenido la oportunidad de defenderse. 14. Adujo que, si bien, resultaba imposible e inadecuado vincular a todos los mineros que desarrollaban de forma legal las actividades de exploración o explotación minera y, por ende, contaban con títulos mineros o contratos de concesión o tenían solicitudes en trámite o prórroga, los jueces de primera y segunda instancia debieron vincular a las agremiaciones y/o asociaciones de mineros que representaban a personas naturales y/o jurídicas, (se trascribe) “más aún en este caso de tanta complejidad y con el cual se pretendía implementar en el país la llamada moratoria en materia minera, la cual afectaría directamente todas las 8 En relación con la orden descrita en el párrafo 10 de esta providencia, la Sección Primera del Consejo de Estado la adicionó en el sentido de que (se trascribe) “Para tal efecto, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, y junto con las entidades de los sectores minero y ambiental que estimen competentes, establecerán previamente: (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios.

(…)”. 9 Ley 472 de 1998 (artículos 18, 21 y 22), Ley 1437 de 2011 y Ley 1564 de 2012. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-646 de 2003, T-511 de 2006 y T-004 de 2019.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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actividades mineras de los grandes, medianos y pequeños mineros (…) e incrementaría la actividad minera ilegal”. 1.2. Posición de la parte demandada y terceros11 15. La Sección Primera del Consejo de Estado indicó que la tutela debía ser declarada improcedente porque la parte actora no demostró un perjuicio irremediable, carecía de legitimación activa en la causa12 y no acreditó la relevancia constitucional del asunto, pues lo que pretendió fue reabrir el debate jurídico zanjado por el juez popular, respecto del cual, a su juicio, le asistía un interés meramente económico, y convertir la tutela en una tercera instancia para dejar sin efectos etapas procesales precluidas. 16. Sostuvo que, en caso de superarse los requisitos generales de procedibilidad, el amparo solicitado debía ser denegado, ya que en la acción popular no se cuestionó ningún título minero o propuesta de concesión específica y, en consecuencia, ningún concesionario o proponente debía ser vinculado al litigio como litisconsorte necesario. Además, precisó que el juez popular cumplió con el deber de dar a conocer la existencia del proceso, pero ASOMINEROS no intervino ni solicitó su reconocimiento como coadyuvante. 17. Por otra parte, precisó que las órdenes dadas en la Sentencia de 4 de agosto de 2022, entre esas, la de que los proponentes presenten un certificado de compatibilidad expedido por las autoridades ambientales competentes, cuentan con suficiente fundamento normativo y jurisprudencial. También recordó que las solicitudes de propuesta de contrato de concesión no adquieren la condición de situación jurídica consolidada ni de derecho adquirido, sino de una mera expectativa. 18. Iván Cepeda Castro, en su calidad de demandante en la acción popular, pidió que se declarara improcedente el amparo porque ASOMINEROS no cumplió con la carga argumentativa mínima

de situación jurídica consolidada ni de derecho adquirido, sino de una mera expectativa. 18. Iván Cepeda Castro, en su calidad de demandante en la acción popular, pidió que se declarara improcedente el amparo porque ASOMINEROS no cumplió con la carga argumentativa mínima necesaria para satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Asimismo, afirmó que tampoco se cumplieron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad 11 Mediante Auto de 1 de marzo de 2023, el despacho del magistrado César Palomino Cortés resolvió: (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandada a la Sección Primera del Consejo de Estado, (3) vincular a la Nación - Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Vicepresidencia de Minería Hidrocarburos y Energía (ANDI), Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, Nación – Ministerio del Interior, Fundación al Verde Vivo, Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos - ASOGRAVAS, organizaciones Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna, Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo - CENSAT Agua Viva, Pensamiento y Acción Social - PAS, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios – SEMBRAR y Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol,

así como a Iván Cepeda Castro, Johana Rocha Gómez, Lila Tatiana Roa Avendaño, Diego Pérez Guzmán, Jhon Jairo Enríquez Clavijo, Teófilo Manuel Acuña Ribón, Aida Julieta Quiñones Torres, Isabel Giselle Clavijo Flórez, Sergio Alejandro Usuga Sánchez, Elson Leonardo Rodríguez, Hernando Alarcón Carbonell, Adelmo Mendoza, Fredy Fernando Romero, Rigoberto Loaiza, Absalón de Jesús Arias Arias, Yimi Fernando Torres Fajardo, y (4) ofició para que el expediente de la acción popular fuera allegado. 12 Por no haber sido parte o coadyuvante dentro de la acción popular No. 2013-02459-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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porque pasaron más de 6 meses desde la sentencia de segunda instancia y los accionantes no se presentaron en el proceso, a pesar de que el tribunal ordenó su publicidad, así como tampoco expusieron de manera clara cómo su participación hubiera podido influir en la decisión. 19. La ANLA señaló que no tuvo participación alguna en el desarrollo de las actuaciones u omisiones (falta de vinculación de ASOMINEROS) que motivaron la presentación de la tutela bajo estudio, por lo que solicitó su desvinculación por falta de legitimación pasiva en la causa e inexistencia de vulneración de su parte a los derechos fundamentales invocados. 20. La Agencia Nacional de Minería adujo que no tenía competencia de satisfacer las pretensiones de la parte accionante, consistentes en dejar sin efectos las sentencias proferidas en la acción popular No. 2013-02459-00/01, por lo que también invocó su falta de legitimación pasiva en la causa. 21. El Ministerio del Interior refirió que no vulneró por acción u omisión los derechos que el accionante alegó como vulnerados, ya que (se trascribe) “los hechos propuestos por la accionante suponen actuaciones efectuadas ante la rama judicial del poder público”. En ese orden, solicitó que se le desvinculara y se declarara la improcedencia la tutela por configurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva en la causa. 22. El Ministerio de Minas y Energía se opuso a las pretensiones de la tutela porque su procedencia contra providencia judicial era excepcional. 23. Adujo que, aunque ASOMINEROS no había sido vinculado al proceso, comoquiera que

no era obligatorio, toda la ciudadanía tuvo la oportunidad de acudir a este, porque dentro del trámite se ordenó fijar un aviso de conformidad con el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, con el propósito de que cualquier persona se vinculara al proceso como coadyuvante. Incluso, indicó que las decisiones fueron notificadas mediante estados y ampliamente difundidas por medios de comunicación, por lo que no era procedente la aplicación del CPACA ni del CGP sobre integración de un litisconsorcio necesario por pasiva, ya que la finalidad de la acción popular es la protección de derechos e interés colectivos, y no la salvaguarda de intereses particulares o individuales. 24. En relación con lo anterior, puso de presente que la sentencia de segunda instancia enjuiciada no afirmó que la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas vulnerara o desconociera los derechos colectivos objeto de amparo, y que, además, no evidenciaba que se estuviera ante una relación jurídica única e indivisible.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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25. Adicionalmente, enfatizó en que la tutela no cumplía con la totalidad de los requisitos generales ni específicos de procedencia, pues, la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la vulneración de los derechos. Tampoco demostró la configuración de los defectos alegados, habida cuenta de que (se trascribe): “(…) el Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del 4 de agosto de 2022, no ordenó ni suspender el inicio de la radicación de las solicitudes de concesión minera, ni suspender indefinidamente el otorgamiento de títulos mineros, ni tener por no presentadas las solicitudes de concesiones mineras. Por el contrario, (…) impartió directrices para garantizar la protección de los intereses y derechos colectivos, (…) para lo cual, cada una de las órdenes contemplan un periodo para su ejecución y la participación de entidades de los sectores minero y ambiental”. 26. En todo caso, puso de presente que en el trámite se presentó una coadyuvante en favor de la parte demandada, María Liliana Hernández Martínez, quien manifestó que no existía relación de causalidad entre la apertura de la ventanilla de radicación de solicitudes mineras y la supuesta violación o amenaza de los derechos colectivos, por lo que los argumentos que formuló el accionante fueron analizados por el Consejo de Estado, el cual reconoció la importancia económica de la actividad minera, pero enfatizó en la necesidad de implementar una explotación racional de los recursos naturales. 27. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no tener injerencia alguna en la posible vulneración de los derechos invocados, ni tampoco ser la encargada de satisfacer pretensiones que no eran de su competencia. En esa medida, también solicitó que se declarara la falta de legitimación pasiva en la causa y se le desvinculara. 28.

no tener injerencia alguna en la posible vulneración de los derechos invocados, ni tampoco ser la encargada de satisfacer pretensiones que no eran de su competencia. En esa medida, también solicitó que se declarara la falta de legitimación pasiva en la causa y se le desvinculara. 28. El Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que no era la entidad que presuntamente amenazó o vulneró los derechos fundamentales reclamados, ni tampoco estaba dentro de sus funciones, el decidir, proferir o revocar providencias dentro de procesos judiciales, por lo que se configuraba la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa y, en consecuencia, solicitó su desvinculación. 29. Francisco Albeiro Zapata Ospina, actuando en calidad de consultor jurídico de Cantera Sinfaná Río Cauca SAS – CASIRCA SAS y Mauricio Flechas Hoyos, representante de la Federación de Productores de Carbón Boyacá – FEDECARBOY solicitaron su vinculación como coadyuvantes de la parte accionante, por considerar que les asistía un interés legítimo en el resultado del proceso, pues, a su juicio, la Sentencia de 4 de agosto de 2022 afectó al gremio minero, al cual le vulneraron sus derechos por no haberlo vinculado a la acción popular, y representó una amenaza para el desarrollo del país, la libertad de empresa y el derecho al trabajo de losRadicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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mineros. Así mismo, invadió la órbita del Congreso por exigir requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio de los títulos mineros. 30. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y las demás personas naturales y jurídicas vinculadas guardaron silencio. 2. CONSIDERACIONES DE LA SALA Contenido. 2.1. Avoca conocimiento 2.2. Manifestación de impedimento del consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez. 2.3. Solicitudes de desvinculación. 2.4. Solicitudes de coadyuvancia. 2.5. Identificación de defectos. 2.6. Fijación de la controversia. 2.7. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.8. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.9. Conclusión. 2.1. Avoca conocimiento 31. Mediante Auto de 20 de abril de 2023, el consejero de Estado César Palomino Cortés remitió al despacho ponente la acción de tutela de la referencia, tras considerar que guardaba similitud con la solicitud de amparo identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2023-00354-0013. 32. En efecto, se advierte que, en las 2 acciones de tutela referidas se enjuició la Sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción popular No. 25000-23-41-000-2013-02459-01; ambas acciones se dirigieron contra la misma autoridad judicial, y su fundamento lo constituyó la presunta vulneración del mismo derecho fundamental – debido proceso. 33. Debe advertirse, que de conformidad con el artículo 2.2.3.1.3.3 del Decreto 1834

ambas acciones se dirigieron contra la misma autoridad judicial, y su fundamento lo constituyó la presunta vulneración del mismo derecho fundamental – debido proceso. 33. Debe advertirse, que de conformidad con el artículo 2.2.3.1.3.3 del Decreto 1834 de 2015, no es procedente la acumulación de procesos pues, en el asunto No. 11001-03-15-000-2023-00354-00, ya se profirió Sentencia14. Por tanto, no se cumple con el requisito de oportunidad para decretar la acumulación con el proceso de la referencia. 34. No obstante, en atención a los artículos 2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.2 del mismo decreto, es posible avocar conocimiento de acciones de tutela que hayan sido remitidas por parte de otro despacho, en los eventos en que se advierta una identidad en las pretensiones, el objeto y sujetos pasivos, aun cuando ya se haya dictado fallo. 35. Por lo anterior, no se accederá la solicitud de acumulación y, en su lugar, se avocará conocimiento de la tutela de la referencia, al 13 Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Auto de 5 de mayo de 2023 (se advierte que, aunque dicha providencia dice 2022, en realidad es 2023). 14 El 8 de mayo de 2023, notificada el 1 de junio de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00932-00 Demandante: Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas - ASOMINEROS Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera Referencia: Acción de tutela Decisión: Niega amparo ______________________________________________________________________________________________________________

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encontrarse acreditados todos los requisitos para dictar fallo por parte de esta Sala. 2.2. Manifestación de impedimento presentada por el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez 36. Mediante escrito de 8 de junio de 2023, el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez allegó manifestación de impedimento, en aplicación del numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal15. Como fundamento, indicó que participó en la discusión y suscripción de la Sentencia de primera instancia de la acción popular No. 2013-02459-00/01, mediante la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió las pretensiones y, en esa medida, amparó los derechos colectivos en cuestión. 37. En virtud de lo anterior, la Sala considera que el consejero Ibarra Martínez debe ser apartado del conocimiento de la presente acción de tutela, comoquiera que la misma se relaciona con el proceso popular en el que participó. En consecuencia, su impedimento será aceptado. 2.3. Solicitudes de desvinculación 38. La ANLA, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica en sus informes, solicitaron su desvinculación del proceso de la referencia por carecer de legitimación pasiva en la causa. La Sala negará dichas solicitudes porque (1) la vinculación de las referidas autoridades se hizo en calidad de terceros interesados en el proceso, con excepción del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual intervino sin estar legitimado16, y (2) la eventual decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a tener incidencia en el proceso ordinario (acción popular) en el que fueron demandadas y/o vinculadas. 2.4. Solicitudes de coadyuvancia 39. Para la Sala es pertinente indicar que, sobre el

decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a tener incidencia en el proceso ordinario (acción popular) en el que fueron demandadas y/o vinculadas. 2.4. Solicitudes de coadyuvancia 39. Para la Sala es pertinente indicar que, sobre el tema de intervinientes en el trámite de la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 estableció expresamente que “[