CE - 110010315000202300938011SENTENCIA20230428110528

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00938-01

Actora: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela del 16 de marzo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de su representante legal, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque a su juicio, al2

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Actora: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

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proferir la sentencia de l 29 de octubre de 2020 , en el proceso adelantado en ejercicio del recurso extraordinario de revisión identificado con el número único de radicación 11001-03-25-000-2013-01239-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que el Instituto de Seguros Sociales reconoció a favor del señor Marcos Evangelista Castañeda Segura la pensión de vejez.

4.Indicó que, el señor Marcos Evangelista Castañed a Segura, por intermedio de apoderado, presentó demanda1 contra el Instituto de Seguros Sociales en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. 014676 del 26 de mayo de 2005 y 040949 de 9 de diciembre de 2005; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reliquidara la pensión de vejez, teniendo en cuenta el 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior, a la fecha de adquirir el estatus pensional.

5. El Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 14 de agosto de 2009, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 14 de agosto de 2009, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

6. La Subsección A de la Sección Segunda de l Tribunal Ad ministrativo de Cundinamarca, profirió sentencia de segunda instancia el 25 de febrero de 2011, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia.

7. Previa solicitud de aclaración y corrección interpuesta por el demandante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por medio de sentencia aclaratoria corrigió la sentencia del 25 de febrero de 2011.

1 C.C.A.3

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8. El señor Marcos Evangelista Castañeda Segura presentó recurso extraordinario de revisión con el fin de que se infirme la sentencia del 25 de febrero de 2011, así como la sentencia a claratoria del 25 de agosto de 2011, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo d e

Cundinamarca.

9. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante

sentencia de 29 de octubre de 2020, resolvió:

“[…] Primero: Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Marcos Evangelista Castañeda contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, den tro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

el señor Marcos Evangelista Castañeda contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, den tro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Marcos Evangelista Castañeda contra el Instituto de Seguros Sociales.

Segundo: Infirmar parcialmente el numeral segun do de la parte resolutiva de la

sentencia referida, para en su lugar, disponer:

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, condenar al Instituto de Seguro Social I.S.S a reliquidar y pagar la pensión de jubilación al señor MARCOS EVANGELISTA CA STANEDA SEGURA identificado con C.C. nº 17.045.804 de Bogotá con los factores salariales devengados durante el último año de servicio, los cuales son asignación básica, alimentación, bonificación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima técnica, en cuantía del 75%, a partir del 03 de julio de 2001.

Tercero: Aclarar que, por los efectos de esta providencia, no será necesario efectuar algún pronunciamiento respecto de la decisión del 25 de agosto de 2011, que había corregido el numeral 2 de la sentencia del 25 de febrero de 2011, toda vez que allí únicamente se reemplazó la expresión “01 de julio de 2005” por “03 de julio de 2001”

[…]”.

9.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] En síntesis, el Tribunal consideró que la pensión del demandante se debía reliquidar con todos los factores devengados en el último año, los cuales atendían a

[…]”.

9.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] En síntesis, el Tribunal consideró que la pensión del demandante se debía reliquidar con todos los factores devengados en el último año, los cuales atendían a la asignación básica, alimentación, bonificación, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad (excluyendo la prima técnica], y no como lo había hecho el a quo al reliquidar dicha pensión con base en todos los factores salariales reconocidos por la Ley 33 de 1985 y 62 del mismo año, sin entrar a identificar los factores a liquidar.

En ese orden de ideas, la Subsección encuentra que el tema concerniente a si el demandante tenía o no derecho a la prima técnica no estaba en discusión. Es más, conforme a lo acreditado en el expediente, lo que incluso fue valorado por ambas instancias, es que el señor Marcos Evangelista Castañeda Segura había devengado esa prima técnica durante el último año de prestación de servicios.4

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Al respecto, obra en el expediente la certificación de fecha 17 abril de 2002, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que se acredita que uno de los factores devengados por el señor Marcos Evangelista Castañeda Segura durante el último año fue la prima técnica. Así mismo, en la actuación reposa copia de la Resolución n.º 0605 de 28 de febrero de 2000, proferida por la referida entidad, mediante la cual se asignó al demandante dicha prima, acto administrativo que entre

Resolución n.º 0605 de 28 de febrero de 2000, proferida por la referida entidad, mediante la cual se asignó al demandante dicha prima, acto administrativo que entre otras cosas reafirmó que constituía un factor salarial.

Sobre este último aspecto es importante destacar uno de los considerandos de la Resolución n.º 0605 de 28 de febrero de 2000:

Que revisada por el Comité de Evaluación de Prima Técnica la documentación aportada por el doctor MARCOS EVANGELISTA CASTAÑEDA SEGURA […] se hace merecedor a la prima técnica, por la modalidad del literal A) del artículo 2º de la Resolución 2957 de 1992, con una ponderación del 50% por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

No existía entonces ninguna duda acerca del derecho que tuvo el señor Marcos Evangelista Castañeda Segura para haber devengado la prima técnica como factor salarial, pues (i) así lo certificó la Registradur ía Nacional del Estado Civil; (ii) así lo entendieron las partes dentro del proceso (i) así lo reconocieron los jueces de instancia y (i) así aparece demostrado en el proceso.

En consecuencia, cuando este aspecto no estaba en discusión en virtud de los recursos de ap elación presentados por las partes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en uno de sus considerados manifestó lo siguiente:

Finalmente como no se acredita el evento por el cual el actor devengó la Prima Técnica, a saber, la evaluación por desempeño o alta calificación, no se tendrá en cuenta para la liquidación de la pensión solicitada.

Para esta Sala de decisión, lo que corresponde a «el evento» era el fundamento

Técnica, a saber, la evaluación por desempeño o alta calificación, no se tendrá en cuenta para la liquidación de la pensión solicitada.

Para esta Sala de decisión, lo que corresponde a «el evento» era el fundamento sobre el cual se soportaba el derecho que tenía el señor Marcos Evangelista Castañeda Segura para hacerse acreedor al reconocimiento de la prima. Sin embargo, este no era objeto del proceso, por cuanto lo que importaba en este asunto era verificar si el demandante había devengado este factor salarial para que fuera incluido en la respectiv a base de liquidación. En el presente caso, bastaba simplemente la certificación de la entidad para la cual prestó sus servicios, documento que fue allegado al proceso y con el cual se corroboró dicha situación.

Pero, además, en el proceso se encontraba la Resolución n. 0605 de 28 de Febrero de 2000, acto administrativo que no solo corroborara lo que fue informado en la certificación sino que además ponía de presente que un Comité habla revisado a documentación para que el señor Marcos Evangelista Castañed a Segura pudiera tener derecho al reconocimiento de la prima técnica.

Por tanto, siendo este asunto tan claro, las partes jamás discutieron dentro del proceso si el demandante tenía o no derecho a la prima técnica para que eventualmente fuera ratificada o incluida dentro de la respectiva base de liquidación.

En consecuencia, tiene razón el aquí demandante al decir que el Tribunal de primera instancia no podía adoptar esa decisión, no solo porque ello no hacía parte del proceso, sino porque había elemento s probatorios para arribar a una conclusión diferente a como lo hizo la autoridad judicial de segunda instancia.

Ahora bien, si se hubiera presentado alguna discusión sobre el particular, como por

proceso, sino porque había elemento s probatorios para arribar a una conclusión diferente a como lo hizo la autoridad judicial de segunda instancia.

Ahora bien, si se hubiera presentado alguna discusión sobre el particular, como por ejemplo, que así lo hubiese discutido la entidad demandada , el señor Marcos5

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Evangelista Castañeda Segura habría tenido la oportunidad dentro del proceso de contradecir dicha afirmación allegando o solicitando las respectivas pruebas que indicaran las razones por las cuales se tenía el derecho a dicho factor salarial.

De forma concreta, si este asunto hubiese sido objeto de discusión, muy seguramente se habría verificado si existían o no los soportes relacionados con la evaluación de desempeño y alta calificación aducidos por la segunda instancia o. lo que es lo mismo, «aquella documentación» que lo hacía merecedor de esa prima técnica, según se deduce de la misma Resolución no 0605 de 28 de febrero de 2000. En ese escenario, habría sido discutible incluso la ausencia de la documentación echada de menos por el Tribunal, por cuanto el acto administrativo mencionado goza de presunción de legalidad, aspecto que únicamente podría enervarse por un pronunciamiento judicial.

De esa manera, para la Sala no le era dable a la segunda instancia considerar mutuo propio que el demandante no acreditó el evento por el cual se tenía derecho a la primera técnica, por cuanto ese no era el asunto que estaba en discusión y porque adicionalmente existían pruebas de que el demandante si había devengado la prima

propio que el demandante no acreditó el evento por el cual se tenía derecho a la primera técnica, por cuanto ese no era el asunto que estaba en discusión y porque adicionalmente existían pruebas de que el demandante si había devengado la prima técnica y que esta era un factor salarial para ser incluida en la respectiva base de liquidación.

Sobre este último aspecto es importante considerar que el ad quem omitió considerar todos los elementos probatorios que reposaban en el proceso, no los advirtió o simplemente no los tuvo en cuenta para efectos de fundamentar su decisión, pues, en el caso concreto, es evidente que de haberse realizado un análisis y valoración juiciosa de la certificación y la Resolución expedidas por la Registraduria Nacional del Estado Civil habría llegado a una conclusión diferente.

Por lo anterior, es claro entonces que el defecto en el análisis probatorio y la adopción de una decisión que nada tenía que ver con el objeto de los recursos vulneró el debido proceso del demandant e, situación que se ori ginó en la sentencia de segunda instancia sin que se tuviera la oportunidad de contradecirse en el trámite del proceso.

En consecuencia, revisadas las actuaciones surtidas en el decurso procesal que dio origen a la sen tencia de 25 de febrero de 2011, considera la Sala que se debe declarar fundado el recurso ext raordinario de revisión y, por consiguiente, se debe infirmar la sentencia recurrida por con figurarse la causal de revisión alegada con fundamento constitucional violación del debido proceso […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpens iones al debido

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpens iones al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley, orientados a la Defensa del patrimonio público y a la protección del principio de sostenibilidad financiera, en consideración a que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – sección segunda subsección A - incurrió en violación directa a la Constitu ción, desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto6

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sustantivo, en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2020, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 110010325000201301239.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO de manera definitiva la sente ncia proferida el 29 de octubre de 2020, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – sección segunda subsección A-, dentro del proceso de nulidad y r establecimiento del derecho No. 110010325000201301239, teniendo en cuenta que la decisión allí adoptada es contraria a la normatividad y a la jurisprudencia constitucional fijada en la materia. En su lugar, ORDENE al despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela […]”.

11. La actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada

la materia. En su lugar, ORDENE al despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela […]”.

11. La actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de la norma jurídica, en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en la causal de iii) violación directa de la Constitución.

Actuación

12. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante auto de 23 de febrero de 2023: i) admitió la acción de tutela ; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó a l señor Marcos Evangelista Castañeda Segura, a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al juez que asumió las funciones del Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado adujo que:

“[…] De manera respetuosa, le solicito declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de inmediatez. En su defecto, deniegue el amparo solicitado, pues resulta incompatible con la pretensión del recurso

“[…] De manera respetuosa, le solicito declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de inmediatez. En su defecto, deniegue el amparo solicitado, pues resulta incompatible con la pretensión del recurso extraordinario de rev isión que fue resuelto con la sentencia del 29 de octubre de 2020, que en esta oportunidad se cuestiona […]”.

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:7

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“[…] En ese estado de cosas, solicito a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, como Juez de tutela, se desvincule a este Despacho de la presente actuación al evidenciarse que las pretensiones de la acción no se encuentran dirigidas contra la sentencia de proferida por esta Subsección en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2006-05295-02 sino frente a la providencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de octubre de 2020.

Respecto de la petición de envió del expediente 25000 -23-25-000-2006-05295-02 en préstamo, se tiene que el mismo fue remitido al Juzgado 8 Administrativo de descongestión desde el 22 de septiembre de 2011 y no se tiene en esta corporación […]”.

15. El señor Marcos Evangelista Castañeda Segura y el juez que asumió las

descongestión desde el 22 de septiembre de 2011 y no se tiene en esta corporación […]”.

15. El señor Marcos Evangelista Castañeda Segura y el juez que asumió las funciones del Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 16 de marzo de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos de la inmediatez y de la relevancia constitucional, por lo señalado en la parte motiva […]”.

16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para la Sala el asunto no reviste de relevancia constitucional, puesto que la parte actora cuestionó la providencia que infirmó parcialmente la decisión judicial que dispuso la reliquidación de la pensión del señor Marco Evangelista Castañeda Segura, pues le genera un perjuicio al tener que pagar una suma a la cual no tiene derecho y que, por tanto, se le causa un detrimento patrimonial.

En ese orden de ideas, el asunto gira en torno a una cuestión sustancial y de carácter netamente legal y económica, pues la inconformidad se limita al pago de unas sumas de dinero con ocasión de la orden judicial, más allá de estar orientado a la protección de los derechos fundamentales invocados […]”.

[…]

“[…] En lo particular, la Sala no encuentra un ejercicio pronto de la acción dentro del plazo de los seis meses dispuesto para ello, pues desde el día siguiente a la

de los derechos fundamentales invocados […]”.

[…]

“[…] En lo particular, la Sala no encuentra un ejercicio pronto de la acción dentro del plazo de los seis meses dispuesto para ello, pues desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada hasta la presentación de la acción de tutela, ha transcurrido más de 2 años.

Adicionalmente, tampoco existe un motivo válido que justifique la inactividad de la parte accionante para promover la solicitud de amparo dentro de los referidos seis meses, ni que la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos8

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de terceros afectados con la decisión, ni existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de esta vía constitucional y la vulneración de los derechos de los interesados.

Además, la situación desfavorable que alega respecto de la decisión acusada no es continua y actual, pues se reitera, lo que se demanda es la providencia judicial que cobró ejecutoria hace más de 2 años, mas no sus efectos o su materialización que, en este caso, recaen sobre una prestación periódica. Por tanto, también se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues en el presente asunto no se cumple con el presupuesto general de procedencia de la inmediatez […]”.

La impugnación

17. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado por las siguientes razones:

“[…] Ahora bien, la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela

La impugnación

17. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado por las siguientes razones:

“[…] Ahora bien, la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela implica que el Juez deba evaluar las circunstancias específicas del caso, de acuerdo a los principios de la sana crítica, con miras a comprobar si existe justificación en la inactividad del Accionante y, ante todo, determinar si la vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte actora es permanente, continua y actual, que amerite la intervención del Juez Constituc ional y la imposición de una medida de corrección en el caso concreto […]”.

[…]

[…] Dicho esto, es importante destacar que en el presente asunto se relativiza el presupuesto de inmediatez para la procedencia de la acción de amparo, esto, por cuanto se acusa la sentencia proferida el 29 de octubre de 2020 de violar derechos fundamentales de Colpensiones por desconocimiento del precedente y violación directa de la Carta política, defectos que se verificaron en el decisum de la sentencia y en su motivación, originado en la orden de reliquidación pensional a favor del señor MARCOS EVANGELISTA CASTAÑEDA SEGURA, teniendo en cuenta para la liquidación del IBL el 75% del promedio mensual devengado en el último año de servicios. Ello, como producto de una interpretación inadecuada del artículo 36 de la ley 100 de 1993, contraviniéndose el precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional, órgano encargado de la guarda de la Constitución y las leyes,

ley 100 de 1993, contraviniéndose el precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional, órgano encargado de la guarda de la Constitución y las leyes, quien había fijado para dicha época la hermenéutic a de la norma en sentencia con efectos erga omnes […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, dado que la sentencia atacada decantó en un posible abuso del derecho, que de plano es contrario a los fines de la norma que le fue aplicada, y atendiendo que conjuntamente se desatiende el precedente de la Corte Constitucional, es claro que el presupuesto de inmediatez se flexibiliza en el caso sub examine, pues esta carga procesal debe ceder ante la necesidad de que se salvaguarde el erario público y el interés general. Al respecto, la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento, efectuado en la sentencia T 619 de 19 de diciembre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Antonio Lizarazo Ocampo, indicó:

“Así las cosas, la Corte ha flexibilizado el criterio de inmediatez cuando se estudian i) cuestiones en las que se alega fraude a la ley y mala fe en detrimento del erario, ii) la afectación alegada, a pesar del paso del tiempo, se mantiene”.9

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Esto es así, por cuanto la Corte Constitucional ha mencionado de manera reiterada que si bien la acción de tutela debe interponerse en un término razonable , la razonabilidad está determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada

Esto es así, por cuanto la Corte Constitucional ha mencionado de manera reiterada que si bien la acción de tutela debe interponerse en un término razonable , la razonabilidad está determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto, pues debe prevalecer el derecho sustancial, mandato del artículo 228 de la Constitución.

En conclusión, este caso no puede analizarse desde la regla general de interposición de la acción de tutela dentro del término de 6 meses contados a p artir desde la ejecutoria de la sentencia acusada, pues se encuadra dentro de los parámetro s de excepción dispuesto por la jurisprudencia Constitucional para s u irrupción como mecanismo preferente luego de vencido dicho término, específicamente por las dos siguientes razones, a saber:

En el caso sub examine, se ordenó la reliquidación de una pensión de vejez, prestación económica de tracto sucesivo que se encuentra actualmente activa en la nómina de pensionados de esta Entidad, lo que per se decanta en una afectación continua, permanente y actual, cumpliéndose con uno de los criterios señalados por la jurisprudencia antes citada, que hace claro el cumplimie nto del requisito de inmediatez en el presente caso, en el entendido que “el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó”.

Se debate un asunto con posible abuso del derecho en detrimento del erario público y del sistema general de pensiones, lo que justifica el estudio de fondo del caso en garantía de la sostenibilidad financiera y del derecho a la seguridad social de todos

se prolongó”.

Se debate un asunto con posible abuso del derecho en detrimento del erario público y del sistema general de pensiones, lo que justifica el estudio de fondo del caso en garantía de la sostenibilidad financiera y del derecho a la seguridad social de todos los Colombianos. Por tanto, a la luz de todo lo expuesto, se solicita al Juez de alzada se opte por la flexibilización del requisito de inmediatez y se tenga por superado […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

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Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de inmediatez.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente

providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo pos