CE - 110010315000202300958011SENTENCIA20230620162120

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y Otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii) mínimo vital, iv) igualdad y v) salud

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 13 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de enero

Administrativo del Meta y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de enero

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

de 2017, y el Juzgado, al proferir la sentencia de 26 de enero de 2016 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de radicación . 50001-33-33-007-201500017-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con el fin de que se declarara la nulidad “[…] del auto No. ADP 009073 del 11 de septiembre de 2014 […]” y, a título de restablecimiento del derecho, “[…] reconocer una pensión especial vitalicia de jubilación al actor, a partir de la fecha que cumplió con los requisitos para la misma, es decir, desde el 17 de marzo de 2014 […]”.

especial vitalicia de jubilación al actor, a partir de la fecha que cumplió con los requisitos para la misma, es decir, desde el 17 de marzo de 2014 […]”.

4. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio , profirió sentencia de primera instancia el 26 de enero de 2016 , en la cual, negó las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de segunda instancia el 24

de enero de 2017, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2016, por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda […]”.

5.1. Consideró que:

“[…] En el sub judice, no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad por cuanto la situación normativa que gobierna la controversia jurídica no ofrece conflicto o duda alguna sobre aplicación de varias normas o regímenes, pues, como se ha venido exponiendo, el actor es beneficiario del régimen de transición establecido en el Ley 810 de 2003, que remite a su vez al régimen de transición del Decreto 1835 de 1994, por ende, el régimen pensional que gobierna al actor es el contenido en los Decretos 1047 de 1978, específicamente su artículo 2, al haber alcanzado solo un tiempo de servicio continuos de 18 años, y 1993 de 1989, normas que él mismo solicitó tener en cuenta, tanto en la demanda, como en el recurso de apelación, no habiendo duda alguna de cuál es la norma a aplicar al caso objeto de estudio, distinto es que el3

cuenta, tanto en la demanda, como en el recurso de apelación, no habiendo duda alguna de cuál es la norma a aplicar al caso objeto de estudio, distinto es que el3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

demandante no cumpla con los requisitos estatuidos en su régimen especial, para acceder a la pensión reclamada.

Tampoco se avizora que se esté desconociendo el principio in dubio pro operario, pues como se dijo hace un momento, el sentido literal del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, es muy claro, sin que conlleve a varias interpretaciones, y deba escogerse la que más favorezca al trabajador, pues se reitera, de acuerdo a ese artículo, son 3 presupuestos para acceder a la pensión de vejez, tener un tiempo de servicio continuos de 18 años al DAS, 50 años de edad, y estar vinculado a la Entidad para la fecha en que se cumpla con la referida edad […]”.

[…]

“[…] En cuanto a la afirmación efectuada por el demandante en los alegatos de conclusión, que él estaba cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, habrá que decirse que no es cierto, porque por gozar de un régimen de transición especial, no pueda ser al mismo tiempo beneficiario del régimen de transición dispuesto en el régimen general de pensiones. En gracia de discusión, de aceptarse tal planeamiento, igualmente, se tiene que el actor no sería beneficiario del régimen de transición establecido en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,

aceptarse tal planeamiento, igualmente, se tiene que el actor no sería beneficiario del régimen de transición establecido en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a 1 de abril de 1994 […] apenas contaba con 29 años de edad y 9 años de servicio.

No obra comentar que tanto la jurisprudencia de la H. CORTE CONSTITUCIONAL, como del H. CONSEJO DE ESTADO, han admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, cuando esta s últimas le resulten más favorables a sus pretensiones, no obstante, no se hará ese análisis alguna en ese sentido, ni de ninguna otra norma, por cuanto la demanda se centró en solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, y en virtud del principio de la justicia rogada que rige a la jurisdicción contenciosa administrativa, el Juez se encuentra vinculado a lo solicitado, de forma que, no le resulte posible extenderse al estudio de temas ni emitir pronunciamiento sobre aspectos que no han sido plantados o sustentados por el accionante […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Primero. Se conceda la acción constitucional de amparo deprecada, y por ende acceda a tutela los derechos fundamentales de mi poderdante relativos a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIEAL EN CONEXIDAD CON EL MINIMO VITAL, LA VIDA DIGNA, SALUD, aplicando por vía de excepción de

acceda a tutela los derechos fundamentales de mi poderdante relativos a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIEAL EN CONEXIDAD CON EL MINIMO VITAL, LA VIDA DIGNA, SALUD, aplicando por vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión siem pre que para esta época fueren funcionarios de ese departamento contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución No. 37748 del 31 de julio de 2006, resolución No. 59457 del 26 de diciembre de 2007, auto No. ADP 009073 del 11 de septiembre de 2014 a través de las cuales CAJANAL hoy UGPP, negó la solicitud de reconocimiento de la pensión especial vitalicia de jubilación a mi poderdante sin tener en cuenta la condición más favorable.

Tercero. Solicito se deje sin efecto la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo el 26 de enero de 2016 confirmada por el Tribunal Administrativo del Meta el 24 de enero de 2017, radicado no 50001-33-33007-2015-00017-01, en aras de garantizar el debido proceso y co mo consecuencia se declare la nulidad de las resoluciones y auto antes mencionadas y en su lugar se reconozca la pensión especial vitalicia de jubilación por cumplir a cabalidad todos y cada uno de los requisitos.

Cuarto. Que, en caso de desacato, se pro ceda a imponer a los infractores las

especial vitalicia de jubilación por cumplir a cabalidad todos y cada uno de los requisitos.

Cuarto. Que, en caso de desacato, se pro ceda a imponer a los infractores las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 del Decreto Reglamentario 2591 de 1991 […]”.

Actuación

7. El Despacho Sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 27 de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio ; y iii) vinculó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

8. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que, “[…] no cumple con los requisitos especiales de procedencia, no acredita la relevancia constitucional ni demuestra la existencia de los yerros que se imputan, además, no es posible identificar en el caso la presunta vulneración de derechos ius fundamentales, y lo que se persigue en últimas, es cuestionar una actuación judicial, como una tercera instancia, desnaturalizando la acción de tutela

[…]”.5

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Actor: José Ángel Cortés Cano

[…]”.5

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Actor: José Ángel Cortés Cano

9. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, “[…] POR INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ E INACTIVIDAD DEL ACCIONANTE PARA ACUDIR A INTERPONER LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA; YA QUE HAN

TRANSCURRIDO MAS DE 6 AÑOS ENTRE LA EJECUTORIA DEL FALLO

JUDICIAL Y LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA […]”.

10. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 13 de abril de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor José Ángel Cortes Cano contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el T ribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en precedencia. […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el presente asunto, la parte actora reprocha las providencias del 26 de enero de 2016 y del 24 de enero de 2017 mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

“[…] En el presente asunto, la parte actora reprocha las providencias del 26 de enero de 2016 y del 24 de enero de 2017 mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

Al respecto, se observa que la providencia del 24 de enero de 2017 cobró ejecutoria el 1.º de febrero de ese mismo año2 y que la acción de tutela se radicó el 22 de febrero de 2023, es decir, transcurridos 6 años, lo que desvirtúa la urgencia del amparo.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, tratándose de la verificación de la inmediatez en tutela contra providencias judiciales, su examen debe ser más exigente respecto a la actualidad en la vulneración de los derechos fundamentales, pues como consecuencia de la acción de tutela podría dejar sin efecto una decisión judicial.

De esta manera, de a cuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia […]”.

[…]

2 Información que se extrae del documento 21_110010315000202300958005RECIBEMEMORIAL20230324152445.pdf6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

“[…] Como se advierte, en el presente asunto no se acredita ninguno de los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para flexibilizar el análisis del requisito de inmediatez, puesto que ni siquiera la parte actora argumenta los motivos por los cuales interpuso el mecanismo constitucional después de transcurridos 6 años de haber cobrado ejecutoria la decisión cuestionada.

Es necesario recordar que el análisis del presupuesto de inmediatez, cuando se trata de una acción de tutela contra providencia judicial, debe ser aún más estricto, toda vez que se trata de establecer la posibl e vulneración ius fundamental originada en una decisión que goza del atributo de cosa juzgada y por tanto, exige por parte del demandante, una carga argumentativa mayor en cuanto a la justificación en la tardanza en la interposición, precisamente para pres ervar el principio de seguridad jurídica y los efectos de la sentencia.

Además, el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas el titula r del derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial, pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obten er vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.

constitucional que se puede obten er vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.

Por lo anterior, considera la Sala que en el presente asunto no se acredita el requisito de inmediatez, razón por la que se declarará la improcedencia […]”.

La impugnación

12. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda

del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] En este evento es imprescindible destacar la característica de irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de la cual goza el derecho a la Seguridad Social, constitucionalmente institucionalizado en los Artículos 48 y 53 de la Carta Política; para el caso concreto el derecho a la pensión que puede ser reclamado en cualquier tiempo.

Es así que, frente al requisito de la inmediatez, si bien es cierto la última decisión se sucedió en el mes de octubre del año 2017, no es menos cierto que la seguridad social, en el presente caso el derecho pensional, es un derecho imprescriptible, y dado el carácter reciente de los nuevos pronunciamientos que permiten reiterar la solicitud de protección a través de la acción constitucional, en la fecha que nos ocupa se procede a invocar la acción constitucional […]”.

[…]

“[…] Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se demuestra que el señor CORTES CANO tiene derecho a que se revoque el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, confi rmado por el Tribunal Administrativo del Meta y en su lugar se decrete nulidad de la Resolución N° 377487

CANO tiene derecho a que se revoque el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, confi rmado por el Tribunal Administrativo del Meta y en su lugar se decrete nulidad de la Resolución N° 377487

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

del 31 de julio de 2006, Resolución N° 59457 del 26 de diciembre de 2007, Auto N° ADP 009073 del 11 de septiembre de 2014 a través de las cuales la UGP P negó la solicitud de reconocimiento de la pensión especial vitalicia de jubilación a mi poderdante […]”.

[…]

“[…] La autoridad de tutela de manera desacertada acoge los planteamientos de la entidad accionada, no analiza el proceder de la entidad accion ada, permitiendo que se desconozca abiertamente los derechos fundamentales del debido proceso, el derecho a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, la vida, la vida digna, la igualdad, la salud, la integridad física y moral, y a su vez se des conoció los principios constitucionales de la CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO,

FAVORABILIDAD e IRRENUNCIABILIDAD.

LA DEBILIDAD DEL CIUDADANO FRENTE A LA SUPREMACÍA DEL PODER

DOMINANTE DEL ENTE ESTATAL.

Como quiera que el deber de las entidades admini strativas, gira en torno a los postulados del Estado Social del Derecho, estas deben garantizar la prestación eficiente de su servicio a los habitantes del territorio.

DOMINANTE DEL ENTE ESTATAL.

Como quiera que el deber de las entidades admini strativas, gira en torno a los postulados del Estado Social del Derecho, estas deben garantizar la prestación eficiente de su servicio a los habitantes del territorio.

Para el caso concreto, tenemos que tal posición se da inicialmente cuando el ciudadano se vincula con la administradora pensional.

La UGPP, no da cumplimiento al pago del derecho pensional cuando está plenamente demostrado que la entidad accionada no aplico la norma correspondiente apara el reconocimiento pensional, tal situación se confi gura en un evidente abuso de la posición dominante que ostenta tal entidad frente al pensionado, puesta esta no puede valerse de su condición para desconocer el derecho adquirido de mi poderdante […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 4 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 4 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

3 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de la inmediatez.

tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de la inmediatez.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital , vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud , procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta ac ción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una

causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328. 7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

21.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamie nto de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional10.

Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela

24.Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199111 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 199912 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad d e este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 10 Corte Constitucional. Sentencia C590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 12 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01

Actor: José Ángel Cortés Cano

convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

25.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las

inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]13.

26.Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez.

27.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho14:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T322 del 10 de

cumplimiento del requisito de inmediatez.

27.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho14:

“