CE - 110010315000202300963011SENTENCIA20230523172352

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: IVÁN ALEXANDER CHINCHILLA ALARCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMIN ISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constituciona l, específicamente en lo ati nente al cargo de decisión judicial sin motivación / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN INDEBIDA – La autoridad judicial accionada desconoció la existencia del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en la sentencia SU -354 de 2017 , relacionado con los topes indemnizatorios como restablecimiento del derecho cuando se trata de empleados de carrera administrativa.

La Sala 1 decide la impugnación contra la sente ncia del 16 de marzo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de febrero de 2023 , el señor Iván Alexander Chinchilla Alarc ón interpuso

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de febrero de 2023 , el señor Iván Alexander Chinchilla Alarc ón interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administra tivo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub sección F, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la i gualdad y al d ebido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se t utele el derecho fundamental al debido proceso y que, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal de

1 El 5 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Cundinamarca el 26 de julio de 2022 y aclarada el 13 de septiembr e de l mismo año dentro del p roceso 11001-33-42-053-2017-00314-02, en la par te que concluye que: De los salarios, primas y demás prestaciones que me de be reconocer y pagar la Universidad desde el 1 de febrero de 2015, se descuenten las sumas que, por cualq uier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, yo haya recibido.

Esto como quiera que el precedente que se aplicó para concluir esta orden, se

por cualq uier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, yo haya recibido.

Esto como quiera que el precedente que se aplicó para concluir esta orden, se refiere a l reintegro de empleados provisionales, sin estabilidad plena, y de personal d e la Po licía sujeto a la discrecionalidad del cargo y no al nombramiento de cargos docentes de dedicación cátedra, el cua l obtuve judicialmente.

2. Q ue, como consecuencia de lo anterior y protegiendo mi derecho fundamental a la igualdad, se aclare en la sentencia que:

Se debe pagar la totalidad de los salarios y p restaciones derivados del nombramiento que debe hacer la Unive rsidad desde el 1 de febre ro de 2015, sin efectuar ningún descuento, como quiera que el desempeño de un cargo docente de cátedra y su consecuente remuneración, son una excepci ón a la prohibición de desem peñar más de un carg o público y recibir más de una asignación del erario, conforme a lo establecido por la Ley 4 de 1992, garantía que hoy día aplica a los docentes catedráticos de la Universidad Nacional y de otras in stituciones públicas que simu ltáneamente ejercen cargos, públicos y privados, de manera simultánea con su función docente.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:

En 2013 , el señor Chinchilla Alarcón participó en un concurso de méritos adelantado p or la Universidad Nacional de Colombia, para proveer el cargo de carrera de docente, dedicación cátedra 0.7, de la Facultad de Derecho , al término

adelantado p or la Universidad Nacional de Colombia, para proveer el cargo de carrera de docente, dedicación cátedra 0.7, de la Facultad de Derecho , al término del cual quedó de segundo en la lista de elegibles.

Expuso que, de confo rmidad con las reglas del concu rso, el ganador debí a posesionarse en los 30 días siguientes al nombramiento, de lo contrario, se debía nombrar al sigui ente en la lista de elegibles. Que, n o obstante, la Universidad Nacional dejó pasar 150 días para nombrar al siguiente integrante de la lista, quien tampoco se posesionó, ante lo cual dejaron pasar 90 días más, sin revocar el segundo nombramiento.

Reclamó su derecho a ser nombrado, toda vez que el cargo seguía vacante y él era el siguiente en la list a de e legibles, pero la universidad negó su petición fundamentada en que la lista de elegibles ya se había vencido « desconociendo que era atribuible a la negligencia» de la institución de educación superior.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

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Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó los actos administrativos que le negaron el nombramiento . Dicho proceso le correspondió al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, el que, en sentencia del 7 de noviembre de 201 9, negó las preten siones de la demanda. Inconforme con la anteri or decisión, la parte demandante interpuso recurso de

sentencia del 7 de noviembre de 201 9, negó las preten siones de la demanda. Inconforme con la anteri or decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.

En sentencia del 26 de julio de 2022, la Subsección F de l a Sección Segunda de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, resolvió:

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio D-38 del 29 de marzo de 2016, mediante el cual se negó la solicitud de nombramiento en el cargo de docente de dedicación cátedra perfil C -30 del concurso co nvocado y desarrollado por el Decano como Delegado del Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a t ítulo de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA nombrar en el cargo de Docen te de De dicación C átedra Perfil C -30 de la Facultad de Derecho, Ci encias Políticas y Sociales al señor IVÁN ALEXÁNDER CHINCHILLA ALARCÓN (…) siempre que existe y no haya sido provisto de manera def initiva y el demandante no se encuentre en alguna situación de inhabilidad, incompatibilidad o impedi mento, o haya cumplido la edad de retiro forzoso o adquirido el status de pensionado.

A título de indemnización se ORDENARÁ el recono cimiento y pago de todos los salarios, primas y demás prestaciones dej adas de percibir desde el 1° de febrero de 2015, descontand o de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya

los salarios, primas y demás prestaciones dej adas de percibir desde el 1° de febrero de 2015, descontand o de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticua tro (24) meses de sala rio, en los términos de las sentencias SU -556 de 2014 y SU -053 de 2015 proferidas por la H. Corte Constitucional y la sentencia del 1 9 de julio de 2018 proferida por el H. Consejo de Estado.

La p arte demandante presentó solicitud de aclaración , la cual f ue resuelta mediante providencia del 13 de septiembre de 2022, en la que se aclaró el ordinal tercero de la parte resolutiva, así:

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restable cimiento del derecho, ORD ÉNASE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA nombrar en el Perfil C-30 en el cargo de Docente de Dedicación Cátedra 0.7 del Área de Relaciones laborales, Derecho Laboral Procesal y Seguridad Social de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales al señor IVÁN ALEXÁNDER CHINCHILLA ALARCÓN (…) a partir del 1° de febrero de 2015, siempre que exista y no haya sido provisto de manera definitiva y el demandante no se encuentre en alguna situación de inhabilidad,Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección F

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incompatibilidad o impedimento, o haya cumplido la edad de retiro for zoso o adquirido el status de pensionado.

A título de indemnización se ORDENARÁ el recono cimiento y pago de todos los salarios, primas y demás prestaciones dejadas de percibir desde el 1° de febrero de 2 015, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente incluidos los honorarios percibidos por cualquier actividad, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea in ferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticua tro (2 4) meses de salario, en los términos de las sentencias SU -556 de 2014 y SU -053 de 2015 proferidas por la H. C orte Constitucional y la sentencia del 1 9 de julio de 2018 proferida por el H. Consejo de Estado.

La anterior providencia fue notificada por correo electrónico el 21 de septiembre de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

El demandante considera que la autoridad judic ial demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso porque desconoció que su nombramiento se trataba de un cargo de carrera docente en dedicación cátedra con plena vocación de permanencia y « por ser de de dicación c átedra es plenamente compatible con otros ingresos, incluso con cargos o asignaciones de origen o naturaleza públic a, como ocurre con muchos doc entes catedráticos de la

con plena vocación de permanencia y « por ser de de dicación c átedra es plenamente compatible con otros ingresos, incluso con cargos o asignaciones de origen o naturaleza públic a, como ocurre con muchos doc entes catedráticos de la misma Universidad Nacional».

Expuso que, de acuerdo con lo disp uesto por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional (sentencia C-006 de 1996) y del Consejo de Estado (sentencia del 29 de junio de 2011, proferida por la Sección Segunda, Subsección A ), los honorarios y asignaciones públicas de la hora cátedra son compatibles con otras asignaciones del erario.

Sostuvo que, mediante oficio 2.621 del 30 de s eptiembre de 2022, el Tribunal le comunicó a la Universidad Nacional la ejecutoria de la sentencia, solicitando su ejecución y cumplimiento ; pero diferentes aut oridades han dilatado el cumplimiento porque no existía el cargo en el que debía ser nombrado, a pesar de que ya fue certificado que existían dos cargos de cátedra 0.7.

De otra parte, manifestó que la autoridad judicial acc ionada incurrió en: «1) defecto material o sustantivo, entr e tanto se decidió con base en un precedenteRadicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

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inaplicable al caso; ii) decisión sin motivación, como quiera que no se dio cuenta del fundamento jurídico que permitió desconocer lo dispuesto por la Ley 4 de

Subsección F Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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inaplicable al caso; ii) decisión sin motivación, como quiera que no se dio cuenta del fundamento jurídico que permitió desconocer lo dispuesto por la Ley 4 de 1992 y su desarrollo jurisprudencial; y iii) desconocimiento del precedente, pues al aplicar un precedente equivocado, se dejó de aplicar el que r ealmente correspondía».

Para tal efecto, en cuanto a la incompatibilidad entre la indemnización y otros pagos laborales púb licos y priva dos, y dependientes e independientes, precisó que el Trib unal accionado soportó su decisión en un precedente que no era aplicable.

Manifestó que l a sentencia SU -556 de 2014 de la Corte Constitucional estudió tres casos de servi dores públicos provis ionales que fueron desvinculados sin motivación alguna. Agregó que a llí se reiteró la natur aleza de estabilidad relativa que le asiste a los empleados provisionales y enfatizó en que est os no tienen vocación de permanencia y, por ta nto, no resulta obligatorio generar el pago de salarios y prestaciones durante todo el tiempo transcurrido entre la desvinculación y el reintegro derivado de la orden judicial.

Precisó que l a i ncompatibilidad de la indemnización con otros ingresos y la inclusión de topes para la indemnización (6 a 24 meses) es exclusiva para casos de empleados que ocupan cargos en provisionalidad, lo cual es opuesto a su caso, pues se trata de un cargo de carrera profesoral, con plena vocación de permanencia y al ser de dedicación cátedra, está habilitado para ser compatible con otras asignaciones del erario.

caso, pues se trata de un cargo de carrera profesoral, con plena vocación de permanencia y al ser de dedicación cátedra, está habilitado para ser compatible con otras asignaciones del erario.

En relación con la sentencia SU-053 de 2015 , según el act or, reiteró la tesis que consiste en que la desvinculación de los servido res públicos que no tienen plena vocación de permanencia, dada su natural eza temporal y limitada de los empleos provisionales, por lo que no resultaba aplicable en su caso.

Precisó que el Consejo de Estado, en las sentencias del 2 de junio de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-03538-01, y del 16 de enero de 2019, expediente 1100 1-03-15-000-2018-04124-01, ratificó la teoría según la c ual el precedente fijado en la sentencia SU -556 de 201 4 va diri gido a personas que ocupaban cargos en provisionalidad.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

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En relación con los precedente s jurisprudenciales que debieron ser considerados por el Tribunal, reiteró que el literal D del artícul o 19 de la Ley 4 de 1992 estableció que los honora rios hora cátedra son una excepci ón a la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación del erario, excepción aplicable para a quellos casos en los cuales los

estableció que los honora rios hora cátedra son una excepci ón a la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación del erario, excepción aplicable para a quellos casos en los cuales los docentes de hora cátedra reciben salario y pre staciones. Para fundamentar su posición, citó la sentencia del 29 de junio de 201 1, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Concepto 1508 del 12 de agosto de 2003, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Afirmó que fue funcionario administrativo de la misma universidad entre octubre de 1997 y septiembre de 2021 , y que, de haber sido nombrado como docente en la modalidad de dedicación cátedra desde febrero de 2015, los nuevos in gresos como docente hubieran sido plenamente compatibles con los que percibía como empleado administrativo.

Por último, indicó que , de mantenerse la exclusión o i ncompatibilidad ordenada por el t ribunal accionado, sería el único docente en dedicación cátedra de la Facultad de Derecho, que no podría recibir otros ingresos del erario.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de febrero de 2023, el magistrado ponente del proceso en primera instancia admitió la demanda y ordenó que aquel se notificara a los magistrados de la Subsección F de la Secc ión Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y a la Universidad Nacional de Colombia y al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá , como terceros con interés, con el propósito de que rindieran informe.

Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y a la Universidad Nacional de Colombia y al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá , como terceros con interés, con el propósito de que rindieran informe.

2.2. El Juzgado 53 Administrativo de Bogot á indicó que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, toda vez que lo pretendido es utilizar la acción de tutela para insistir en su teoría de la correcta interpretación de la jur isprudencia y así «hacer variar la decisión de segunda instancia».

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, indicó que la orden impartida consistente en el descuento de todos los sal arios que percibió el seño r Chinc hilla Alarcón durante el per íodo de desvinculación,Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

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provenientes de fuentes públicas o privadas, tuvo como fundamento las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015; «la primera de ellas hace alusión a quienes oc upan en provi sionalidad cargos de carrera, la segunda se ref iere al retiro discrecional de personal de carrera de la Policía Nacional».

Expuso que limitar la cuantía de la indemnización no obedece a la naturaleza de la vinculación que otorga un fuero de estabilidad relativo , toda vez que en el caso de la Policía Nacional se trata de p ersonal de carrera , y tampoco se refiere

Expuso que limitar la cuantía de la indemnización no obedece a la naturaleza de la vinculación que otorga un fuero de estabilidad relativo , toda vez que en el caso de la Policía Nacional se trata de p ersonal de carrera , y tampoco se refiere únicamente a la prohibición de percibir doble asignación del tesoro , pues la Corte Constitucional expuso en sus fall os que las sumas a descontar incluyen las percibidas en activid ades privadas, dependientes o independientes . Agregó que «el fundamento en ambos casos es el hacer con gruente la reparación del daño (indemnización), con el daño efectivamente sufrido por el a ccionante, atendiendo, además, a las reglas de experiencia sobr e la duración de la situaci ón de desempleo y falta de recursos, que es lo que se pretende resarcir».

Finalmente, manifest ó que no le vulneró los derechos fundamentales al accionante, puesto q ue los argumentos expuestos fueron estudiados en la sentencia que puso fin al proceso.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 16 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requ isito de relevancia constitucional. Para tal efecto, señaló que , de conformidad con lo considerado por la Corte Constitucion al en la sentencia SU -215 de 20 22, la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insu ficiente para tener por acreditado el cumplimiento de ese requisito.

Precisó que la discusión expuesta por el demandante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino « frente a la mera

acreditado el cumplimiento de ese requisito.

Precisó que la discusión expuesta por el demandante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino « frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto». Sumado al hecho de que el conflicto tiene un alcance «meramente económico (…) pues recae única y exclus ivamente con los descuentos que debe hacerse sobr e la indemnización ordenada por el juez natural».Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

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Finalmente, recalcó que la tute la no es una tercera instancia , sino un mecanismo de protección y garantía de los derechos fundamentales.

4. Impugnación

Inconforme con la anterior d ecisión, la parte demanda nte la impugnó y manifestó que la solicitud de amparo sí cumple con el re quisito de relevancia constitucional, pues la discusión no se limita a un asunto meramente legal , dad o que sí se le están vulnerando sus derechos fundamentales.

Precisó que la apli cación indebida de un precedente jurisprudencial vulnera su derecho fundamenta l a l a igualdad, pues le extendieron los efectos de una tesis establecida para determinados grupos poblacionales (provi sionales y policías) para una persona que no pertenece a esos grupos (docente catedrático).

Expuso que existen precedentes en sede d e tutela del Consejo de Estado , en los

establecida para determinados grupos poblacionales (provi sionales y policías) para una persona que no pertenece a esos grupos (docente catedrático).

Expuso que existen precedentes en sede d e tutela del Consejo de Estado , en los que se reconoció la relevancia constitucional de estos asuntos y, de pa so, se otorgó el amparo.

Por último, sostuvo que no pretende una mejor interpretación frente a la adoptada por el Tribunal, ni tamp oco busca reabrir el d ebate procesal, sino que su fundamentación de la tutela consistió en argumentar que el tribunal accionado no abordó la argumentación pr opuesta relativa a la comp atibilidad salarial, ni reconoció la especial naturaleza de los salarios de los docentes vincul ados en dedicación cátedra.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia del 16 de marzo de 202 3, proferida por la Sección Primera del Consejo que declar ó improcedente la solicitud de amparo. Para ta l efecto, se deberá establecer, en primer lugar, si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de la tutela contra providen cia judicial, particularmente el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la Subsección F de la Sección Segunda del TribunalRadicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón

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Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentale s del señor Iván Alexander Chinchilla Alarcón, al proferir la sentencia del 26 de julio de 2022.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional: el a quo consideró que la tutela presentada no cumplía con e ste requisito, toda vez que lo pre tendido por el demandante era reabrir el debate surtido en el proceso ordinario. Además, porque trajo a colación un asunto de naturaleza meramente económica y, en esas condiciones, la tutela no podía ser utilizada con ese propósito.

El demandante, en la solicitud de aclar ación contra la sentencia de segunda instancia, indicó lo siguiente:

En este punto, si bie n el cargo para el cual obtuve el nom bramiento corresponde a un cargo de c átedra, siendo compatible incluso con otras asignaciones del erario conforme a lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, resaltaré que acojo respetuosamente la decisión del Tribunal, en el sentido que, frente a los valores provenientes de la indemnización se deben descontar las sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado se hayan recibido.

No obstante, el fallo deja un a duda respecto a la aplicación de esta condición, pues si bien es claro que, conforme a los precedentes jurisprudenciales citados, no se podrían recibir doble salario producto de dos relaciones laborales coexistentes en el mismo periodo de tiempo, considero que existiría

pues si bien es claro que, conforme a los precedentes jurisprudenciales citados, no se podrían recibir doble salario producto de dos relaciones laborales coexistentes en el mismo periodo de tiempo, considero que existiría una duda interpretativa, pues una cosa e s el ingreso salarial, derivado de una relación laboral subordinada, sea esta pública o privada, y otr a cosa son los honorarios deri vados de pre staciones de servicios a utónomos e independientes. (…)

Conforme a lo anterior, la última aclaración que ruego hacer, es precis ar si el descuento que se ordena en el inciso segundo del numer al tercero de la parte resolutiva de la sentencia, se refiere ún icamente a las sumas percibidas por cualquier concepto laboral, público o privado, es decir las re feridas a salarios; o si, por el contrario, cuando el fallo refiere la palabra independiente, incluye para efectos de la deducción, los honorarios percibidos ocasionalmente como conferencista por módulos de fin de sem anas en Universidades del sector privado.

Mediante auto del 13 de sept iembre de 2022, la autoridad judicial accionada resolvió la solicitud de aclar ación e indicó que, «respecto a los de scuentos s e aclara que aquell as sumas percibida s de manera independi ente efectivamente comprenden los honorarios que hubiera percibido por cualquier concepto, incluidas las labores de conferencista » y, en consecuencia, aclaró el párrafo segundo de la parte resolutiv a de la sente ncia así: « (…)descontando de eseRadicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

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segundo de la parte resolutiv a de la sente ncia así: « (…)descontando de eseRadicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón

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monto las su mas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente incluidos los honorarios percibidos por cualquier actividad haya recibido el actor».

Como puede verse, el ad quem explicó detalladamente las razones de su decisión y a bordó de manera integral l os argumentos que el señor Chinchilla Alarcón expuso en la solicitud de ac laración, fundamentado en las sentencias de unificación de la Corte Constitucional.

La Sa la no advierte que la decis ión del tribunal, sobre ese punto espec ífico, hubiera sido caprichosa, arbitraria o irracional , situación disti nta es que la parte demandante esté inconforme con el análisis efectuado , lo cual resulta insuficiente para desmerecer la razonabilidad de esa decisión y provocar un nu evo examen del juez de tutela.

Tal como lo señaló el a quo, la C orte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 insistió en la relevancia constitucional como un requisito nece sario para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta en instancia adicional a lo s procesos o se resuelvan aspectos legales, económicos sin trascendencia constitucional.

[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez

económicos sin trascendencia constitucional.

[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se conviert a en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe anali zar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constituci ón Política o determinar el alcance de u n derecho fundamental; (ii) que la controv ersia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o pr ivadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales . Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se ex ige advertir, ad emás, una vulneraci ón arbitrari a o violatoria de derechos fundamentales.

Así pues, luego de considerar los criterios señalados, es claro que el presente asunto, en lo que concierne es pecíficamente a los descuentos de los honorarios o ingresos que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente hubiera recibido el actor , no es de aquellos en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o des arrollar la Constitución o darle alcance a un derecho fundamental, ni s iquiera por el hecho de que se alegue la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón

derecho fundamental, ni s iquiera por el hecho de que se alegue la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01

Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón

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En el fondo, la parte actora pretende que el juez de tutela orden e que se dicte una nueva sentencia, en la que no se le realicen los desc uentos en cuestión, sin que esa discusión revista la trascendencia iusfundamental