CE - 110010315000202300974011SENTENCIA20230727154556

Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00974-01 Demandante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Temas: Tutela de fondo - Confirma improcedencia por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad – acción popular medio idóneo y eficaz para la protección del derecho a un ambiente - artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor José William Sánchez Páez contra la sentencia de 27 de abril de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente el amparo deprecado por no superar el requisito de la subsidiariedad. 1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo El señor José William Sánchez Páez, en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra la Presidencia de la República, el Congreso de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con el fin de obtener la protección de sus derechos «fundamentales individuales y colectivos a la vida, salud, intimidad familiar y personal, el goce de ambiente sano, al equilibrio ecológico y la protección a la familia, adolescentes, niños y adultos mayores». Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el incremento de vehículos, motos y bicicletas con motor en zonas urbanas dentro del territorio nacional

familiar y personal, el goce de ambiente sano, al equilibrio ecológico y la protección a la familia, adolescentes, niños y adultos mayores». Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el incremento de vehículos, motos y bicicletas con motor en zonas urbanas dentro del territorio nacional y, en particular, en el sector de Chapinero en la ciudad de Bogotá, situación que, a su juicio, genera contaminación del aire y auditiva. 1 El 23 de febrero de 2023 se radicó la acción de tutela en el buzón electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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1.2. Pretensiones La parte actora solicitó: 1. Prohíbase la importación y circulación de nuevos Vehículos y Motos al territorio Nacional, con excepción de los destinados a la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) y Bomberos y hasta que: a. El Gobierno Nacional reconozca el ruido por fuentes móviles como problema de salud pública en las zonas urbanas y a fin que el congreso de la republica le dé prioridad en legislar sobre este tema. 
 b. El congreso de la Republica legisle y saque normativas eficientes y eficaces para la protección a las personas por el ruido de fuentes móviles y en especial los que estamos en Zonas Urbanas y como pueden ser: (i) Prohibir y que se desmonte las cornetas de fuentes móviles (buses, camiones, volquetas, vehículos, motos y demás) y que se dé un tiempo de desmonte no superior a un año. 
 (ii) Crear Normativa con nuevas disposiciones, al ruido Vehicular, proveniente de alarmas, pitos, bocinas, motores y demás y a fin de proteger al ser humano de estas fuentes de ruido y para que el Ministerio de Transporte, empiece a regular, limitar, controlar y medir el ruido de alarmas, bocinas, pitos, motores y demás 
 (iii) Crear estándares ambientales de ruido y del aire, que se aplique a la importación de nuevos vehículos y motos que entren a circular al Territorio Nacional. (iv) Crear Normativa que autorice a los Alcaldes de Zonas Urbanas a incorporar mecanismos para que cualquier persona pueda reportar

contaminación auditiva de fuentes móviles (vehículos y Motos) y como puede ser: tránsito de Vehículos de Carga por zonas no autorizadas, uso de Sirenas de Ambulancias a 200 metros y cuando está llegando a un hospital, Alarmas de Vehículos que dejan en conjuntos residenciales y demás zonas y se activan automáticamente sin ninguna necesidad, entre otras. (v) Si es el caso crear impuesto al ruido, por concepto de alarmas, bocinas, pitos, motores y demás, tanto en Motos como en Vehículos. c) Se reduzca los niveles de contaminación del aire y de ruido en zonas urbanas del territorio Nacional, a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud,
se mejore en calidad del servicio y seguridad del transporte público (buses, trenes).
Los centros de Diagnóstico empiecen a medir los niveles de ruido tanto en alarmas, pitos, bocinas, motores en estado de aceleración y demás, si estos superan los límites, impleméntese el Impuesto al Ruido y/o de acuerdo a rangos de contaminación auditiva, que implemente el Ministerio de Transporte. 3. Prohíbase la importación de partes, autopartes, piezas de vehículos y motos para la producción y/o ensamble de nuevos Vehículos y Motos, que circulen en el territorio nacional, con excepción de los destinados a la fuerza pública (Ejército y PolicíaDemandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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Nacional) y Bomberos y hasta que: (...) Se Permita la importación de nuevos Vehículos y Motos, de partes, autopartes y piezas para nuevos vehículos y motos al territorio Nacional, únicamente por chatarrización o reposición de otro vehículo o moto, que salga de circulación del territorio nacional. Se Prohíba la circulación de Bicicletas con Motor a gasolina, por el alto ruido que estos generan en el ser humano y que se cree si no existiera, la correspondiente infracción en el Artículo 131 de la Ley 769 de 2002, en un plazo no superior a 2 meses, para que el Ministerio de Transporte, informe con anticipación en comunicado de prensa, la prohibición de Circulación de Bicicletas con Motor a Gasolina y la proximidad de radicar el proyecto para este cumplimiento y que en un tiempo prudencial los que tienen instalado los motores a gasolina en Bicicletas, las empiecen a desmontar Se ordene a las entidades que corresponda (DIAN, Ministerio de Comercio, Ministerio de Transporte y demás) a implementar controles, para el cumplimiento de la prohibición y excepciones de las importaciones antes mencionadas. Se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que visite los residentes y familias que están en la carrera 10 entre calles 64 y 69 y muy especialmente en la carrera 10 entre calles 67 y 69, Calle 67A entre carreras 9 y 10 y Calle 69 entre carreras 9 y 10 para que: Levante una encuesta y pregunte ¿Qué tanto les ha afectado el ruido vehicular, ya sea de día o de noche, sobre la vía donde tienen su residencia familiar? ¿Qué tanto les ha afectado el ruido vehicular cuando abren las ventanas, sobre la vía donde tienen su residencia familiar? Con respuestas como: Nada, Poco, o Mucho Se presente un plan de implementación a esta Comunidad y a fin de proteger la intimidad personal y Familiar, la Vida, la

¿Qué tanto les ha afectado el ruido vehicular cuando abren las ventanas, sobre la vía donde tienen su residencia familiar? Con respuestas como: Nada, Poco, o Mucho Se presente un plan de implementación a esta Comunidad y a fin de proteger la intimidad personal y Familiar, la Vida, la Salud y el Ambiente sano y como puede ser: (i) Cambiar el sentido del tránsito de los vehículos como por ejemplo en la carrera 10 que transite ahora los vehículos desde la calle 69 hasta la calle 67. (ii) Colocar en la carrera 9A entre calles 63 y 64 Zonas de Parqueo Pago o Zonas de Estacionamiento de Bicicletas, a fin de limitar esta vía para el tránsito de vehículos y en especial de carga pesada. (iii) Aumentar los tiempos del Semáforo que esta sobre la calle 63 a la altura de la carrera 8, para que pueda fluir más los vehículos que suben por la calle 63. 
 (iv) Limitar e incluso disminuir las Rutas de transporte Publico que sube por la Calle 63 entre carrera 9A y 8 y Calle 66 entre Carrera 11 y 8, ya que estas vías sean, a mucho, 2 carriles. 
 (v) Implementar señalización de “Circulación Prohibida de Vehículos de Carga” y de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana (Laminas Retroreflectivas). (vi) Señalización horizontal como la instalada en la carrera 20c con calles 72 y donde se observa en la mitad unos parales de color amarillo.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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(vii) Señalización horizontal como: pictograma de “Paso Peatonal”, Reducción a un solo carril sobre la carrera 10 esquina con calle 69, Pictograma de 20Km. (viii) Señalización Vertical de “Prohibido Pitar” sobre la carrera 10 entre la calle 64 y 67, a fin de mitigar los pitos de las Sirenas de las Ambulancias que llegan al Hospital Infantil Colsubsidio.»2 1.3. Hechos Del escrito presentado por el actor, el cual no es completamente claro3, y de los documentos allegados al trámite de tutela se extraen los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión. 1.3.1. El actor ha iniciado varias actuaciones ante diferentes entidades del orden nacional y distrital con la finalidad de mejorar la movilidad y contaminación en el sector de Chapinero (Bogotá). No obstante, a su criterio, con ninguna ha logrado su objetivo. Al respecto comentó sobre las siguientes: - En el año 2021 radicó una petición ante el Ministerio de Transporte con el objeto de incluir en la revisión técnico mecánica de vehículos y motos la intensidad de las bocinas de conformidad con la Ley 769 de 20024, sin embargo, dicha cartera le indicó que «el artículo 515 ibídem era la normativa aplicable para la revisión tecnomecánica, hasta que el Congreso de la República expidiera una nueva disposición». - En virtud de la anterior respuesta, acudió ante el Congreso de la República para solicitar crear la normativa para el tránsito de vehículos de carga liviana y pesada en zonas urbanas; asimismo,

establecer un impuesto al uso de bocinas, alarmas y motores de bicicletas que superen los estándares y decibeles permitidos. No obstante, la presidencia del Senado mediante oficio PRES-CS-CV-19-R-0000-2022 le explicó el trámite de las iniciativas legislativas. - En el año 2021 radicó una acción popular6 en contra de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, cuyo asunto conoció el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, en providencia del 2 2 Trascripción literal del original con posibles errores. 3 Es oportuno destacar que, en auto de 1º de marzo de 2023 el a quo constitucional solicitó, previo a la admisión, corregir la solicitud de amparo para que se «precisara con claridad cómo las autoridades demandadas estaban vulnerando los derechos fundamentales invocados». 4 “Por la cual se expide el código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” 5 "ARTÍCULO 51. Revisión periódica de los vehículos. <Artículo modificado por el artículo 201 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. La revisión estará destinada a verificar. 6 Identificada con radicado 11001333501120210010800.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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de julio de 2021, declaró aprobado el pacto de cumplimiento suscrito entre el señor José William Sánchez y la apoderada de la Secretaría Distrital de Movilidad y otros, acerca del nuevo Plan de Manejo de Tránsito y la disminución de tránsito vehicular por las vías objeto de la acción popular. - Finalmente, el 16 de agosto de 2022, instauró otra acción popular contra la Nación – Congreso de la República, y Distrito Capital – Secretaría Distrital de Movilidad, en la cual solicitó el amparo del goce a un ambiente sano. Del asunto conoce el Juzgado 18 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, mediante auto del 28 de noviembre de 2022, negó la solicitud de medida cautelar interpuesta solicitada por el actor; decisión contra la cual interpuso recurso de apelación. 1.4. Fundamentos de la vulneración La parte actora puso de presente que actualmente se encuentra en trámite una acción popular ante el Juzgado 18 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, pero considera que el juez constitucional también es competente «cuando no hay un ambiente sano y ya empieza a vulnerar y amenazar derechos». Luego expuso varias inconformidades frente a la cantidad de vehículos que circulan en el territorio nacional, en resumen7: • El alto ruido que generan los pitos, motores de carros y motos de todo cilindraje. • Las Bicicletas con Motor a gasolina es otra situación que está creciendo y se está viendo más a menudo y después de Pandemia. Estas generan un ruido desesperante. Estas Bicicletas con Motor a gasolina las estamos viendo más, en zonas como Chapinero, de la ciudad de Bogotá, de Domingo a Domingo y en especial en los servicios a domicilio. • Todo esto ha llevado a tener más contaminación del aire y ruido vehicular, en Zonas Urbanas que nos afecta a nosotros como

Motor a gasolina las estamos viendo más, en zonas como Chapinero, de la ciudad de Bogotá, de Domingo a Domingo y en especial en los servicios a domicilio. • Todo esto ha llevado a tener más contaminación del aire y ruido vehicular, en Zonas Urbanas que nos afecta a nosotros como seres humanos. • El daño al ser humano por exposición al ruido son: Problemas Fisiológicos, Psicológicos, del Sueño, Cognitivos, Cardiovasculares, Metabólicos (como presión arterial, hipertensión, diabetes), Tinnitus, Resultados adversos en el Parto de Mujeres. 7 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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• En Bogotá el ruido está entre 70 y 83 decibeles según informe del PNUMA; donde menciona a Bogotá, muy por encima de lo recomendado por la OMS, promedio 53 decibeles de día y 45 de noche. • La contaminación del aire en zonas urbanas, también afecta negativamente a los seres humanos, con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El efecto de estas enfermedades se ve reflejado en el deterioro en la Salud Mental y Física, deterioro del Bienestar y deterioro en la Calidad de Vida, que también lo menciona el informe de la PNUMA en la página 9 como “resultados adversos”. Aseguró que lo anterior conlleva a «la vulneración de los derechos que mencionó en detalle en DERECHOS E INTERESES, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, VULNERADOS Y AMENAZADOS e incluyó también vulneración al artículo 1 y 2 de la Constitución Política de 1991 y Vulneración al Trabajo». Por último afirmó: Un ejemplo grave que está pasando del ruido desesperante por Tránsito Vehicular es, sobre la carrera 10 entre calles 64 y 69, de la ciudad de Bogotá, donde pasa de todo: Camiones, Volquetas, Carros Mezcladores de Cemento, Sirenas de Ambulancias (de todos los días por la clínica que está en la Cra 10 con calle 67), Sirenas de Carros de Bomberos (Incluso en la noche no importa la hora), Buses de Transporte Especial, Motos de todo cilindraje a alta velocidad, Ahora Bicicletas con Motor a gasolina (Que generan un ruido desesperante) y los Carros y motos a alta velocidad y además los pitos de cornetas y bocinas de todo tipo de vehículo. Yo actualmente tengo afectado mi oído izquierdo con un zumbido permanente y del que tengo que vivir toda mi vida8. 1.5. Trámite de la acción

y los Carros y motos a alta velocidad y además los pitos de cornetas y bocinas de todo tipo de vehículo. Yo actualmente tengo afectado mi oído izquierdo con un zumbido permanente y del que tengo que vivir toda mi vida8. 1.5. Trámite de la acción de tutela Mediante auto del 1º de marzo de 2023, el magistrado sustanciador de la primera instancia requirió al tutelante para que precisara con claridad cómo las autoridades demandadas estaban vulnerando los derechos fundamentales invocados. En virtud de lo anterior, la parte actora allegó memorial en el cual reiteró los argumentos del escrito de tutela e insistió en que existe una ausencia del Estado Colombiano para proteger la contaminación del aire y auditiva por el incremento de vehículos, motos y bicicletas con motor en zonas urbanas. Luego, a través de auto del 14 de marzo de 2023, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al demandante, a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá en calidad de demandados; asimismo, vinculó al Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, al Ministerio de 8 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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Ambiente y Desarrollo Sostenible, como terceros interesados en el resultado del proceso. 1.6. Intervenciones Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes: 1.6.1. La Presidencia de la República solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumple el requisito general de subsidiariedad en la medida que es evidente que «las pretensiones del accionante se enmarcan dentro del ejercicio de una acción popular, mecanismo del cual hizo uso y se encuentra en trámite». Explicó que las medidas que pide el tutelante son protecciones que, de implementarse tendrían efectos erga omnes, lo que implica que serían oponibles a todas las personas y autoridades públicas, y no se limitan, como debe ser en el caso de la tutela, a afectar únicamente al accionante. Finalmente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva porque no es la entidad responsable sobre la implementación de medidas en materia de movilidad en la cuidad de Bogotá. 1.6.2. El Senado de la República por conducto del secretario general, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y pidió que se desvinculara del presente trámite a esa entidad por considerar que no es el competente para conocer de los requerimientos y pretensiones solicitadas. Al respecto explicó que una vez exista por parte del gobierno la inicia legislativa por medio de la presentación de un proyecto (a nivel distrital: Secretaría Distrital de la Movilidad o del Medio Ambiente; o a nivel nacional de los ministerios de Transporte o el de Ambiente y Desarrollo Sostenible) el Congreso procederá con su función legislativa. 1.6.3. La Cámara de Representantes a través de la jefe de División Jurídica pidió se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva habida cuenta que «la controversia suscitada en el asunto de la referencia

el Congreso procederá con su función legislativa. 1.6.3. La Cámara de Representantes a través de la jefe de División Jurídica pidió se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva habida cuenta que «la controversia suscitada en el asunto de la referencia recae exclusivamente sobre entidades que tienen a su cargo la reglamentación del transporte en Colombia». 1.6.4. El Ministerio de Transporte a través de la coordinadora del Grupo de Atención Técnica en Transporte y Tránsito adujo que esa cartera no estaba legitimada en la causa por pasiva porque no es la autoridad competente para revisar las políticas en materia de tránsito adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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Explicó que el Ministerio de Transporte, de conformidad con lo establecido en el Decreto 087 de 2011, tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. Manifestó que procedió a verificar el Sistema de Gestión Documental Interno ORFEO en el cual aparece registrado una petición del actor con radicado 20213031137332 de 17 junio del 2021, donde solicitó: «Si es posible que se incluya en la revisión técnico, para dar cumplimiento al Artículo 104 de la ley 769 de 2002, que no sobrepase la intensidad provista por las entidades ambientales 2. Si no es posible el punto anterior ¿que requiere el Ministerio de Transporte?»9. La cual le fue respondida con oficio 20214070874131 del 26 de agosto de 2021, remitido al ciudadano y recibido, como bien lo reconoce el accionante, sin que haya manifestado, en concreto, una vulneración a la garantía de su derecho de petición. Finalmente, hizo hincapié en que si bien el Ministerio de Transporte funge como autoridad suprema en materia de tránsito en el país, no es superior jerárquico de las autoridades y organismos de tránsito distritales, dado que estos son autónomos e independientes. 1.6.5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante escrito de la coordinadora de Grupo de Gestión Ambiental Urbana solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de ese organismo dentro del trámite de la acción de tutela porque no es el llamado para atender las pretensiones de la acción de tutela. Explicó que dicha

mediante escrito de la coordinadora de Grupo de Gestión Ambiental Urbana solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de ese organismo dentro del trámite de la acción de tutela porque no es el llamado para atender las pretensiones de la acción de tutela. Explicó que dicha cartera es el ente rector de la política ambiental en Colombia y en tal sentido, debe expedir las regulaciones para la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación. Con todo, indicó que dicha cartera está trabajando en la formulación de una estrategia para fortalecer la gestión del ruido, que contiene un apartado de sensibilización para combatir la problemática en mención, con el fin de que, a través de un conjunto de diferentes medidas, se avance en el control de ruido que impacta a los receptores sensibles; pero que esas actuaciones no implican que sea la entidad llamada a responder por los reproches invocados en la acción constitucional. 9 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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1.6.6. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo por estimar que no se acredita el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor formuló acción popular con el mismo objeto al del presente mecanismo, que está en curso, aunado a que no se aportó prueba alguna que permita darle trámite a la acción de tutela como mecanismo transitorio. Así lo expreso: El demandante fomuló la acción de acción sin acreditar la configuración de la vulneración aludida y además solicitando el amparo de derechos colectivos. Se tiene entonces que no se cumple con este requisito en tanto que, el demandante cuenta con otros mecanismos judiciales, esto es, la acción popular, para solicitar la protección a sus derechos fundamentales. Frente a lo cual, debe precisarse que, tal como lo indicó, ya se encuentra en curso bajo el radicado No 11-001-33.35.018-2022002892-00, en los que solicitó la protección a sus derechos colectivos. Asimismo, si se revisa la presente acción se puede observar que ésta no aporta prueba alguna que permita observar que en la situación traída por el accionante exista un perjuicio irremediable. Todo lo contrario, en el proceso de acción popular No 11-001-33.35.018-2022002892-00, solicitó medidas cautelares y fueron negadas por el juez, tal como lo señala en el escrito de tutela, en razón de que no se evidencia la existencia de algún perjuicio irremediable. Una acción en la que se debe destacar en primer lugar, que el señor José William Sánchez Páez también es accionante de este, y en segundo lugar, que la citada acción popular tiene el mismo objeto y fines que la presente acción de tutela. 1.6.7. El Juzgado 18 Administrativo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá pese a ser

también es accionante de este, y en segundo lugar, que la citada acción popular tiene el mismo objeto y fines que la presente acción de tutela. 1.6.7. El Juzgado 18 Administrativo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá pese a ser debidamente notificados guardaron silencio. 1.7. Sentencia de primera instancia10 En providencia del 27 de abril de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente el amparo deprecado por el señor José William Sánchez Páez por no superar el requisito de la subsidiariedad. El a quo refirió que, en resumen, lo pretendido por el actor era que, vía acción de tutela, se protejan los derechos a la vida, la salud, la intimidad, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la protección de la familia, niños, adolescentes y adultos mayores. No obstante, «a juicio de la Sala, la parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la acción popular, consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada en la Ley 472 de 1998, de la cual, no solo ha hecho uso, sino que, actualmente, está ejerciendo con el mismo propósito». De otro lado, adujo que sumado a la clara improcedencia, si el actor considera que no se ha cumplido lo dispuesto en providencia del 2 de julio de 2021 dictada por el Juzgado Once Administrativo de Bogotá donde se aprobó un pacto de cumplimiento 10 La providencia se notificó por medio de correo el 5 de mayo de 2023.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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en la primera acción popular que radicó, tiene a su alcance el incidente de desacato conforme con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. Por último indicó que «no se aportó prueba que permitiera determinar que la vida o salud o del señor Sánchez Páez esté en riesgo por la problemática que plantea en el escrito inicial». 1.8. Impugnación11 Inconforme con la sentencia de 27 de abril de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, la parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque. Reprochó que el a quo constitucional hubiese afirmado que no se allegó prueba que demostrara el riesgo por la problemática de contaminación del aire y auditiva, cuando, a su juicio, en el escrito de tutela expuso que: (i) debido a los altos ruidos «debo usar TAPA OIDOS dentro de mi apartamento y hasta hay veces que me es difícil concentrarme en cosas importantes que debo hacer»; (ii) fue claro en señalar «lo que está pasando en la Carrera 10 entre Calles 64 y 69 (…) el salir a caminar por la ciudad es muy estresante, debemos aguantarnos el alto ruido y la contaminación del aire por las fuentes móviles, como me pasa a mí y a muchas personas, es hasta en algunos casos intolerable la situación». (iii) Se indicó que era innegable que la causa de los problemas que se expusieron son por la «AUSENCIA DEL ESTADO COLOMBIANO, que hace se vulnere y/o amenace aún más el derecho a la Vida y a la Salud de peatones,

ciclistas y residentes (como yo) en Zonas Urbanas, ya que entra en circulación y sin control, más y nuevas Fuentes Móviles que aumenta la Contaminación Auditiva (ejemplo las Bicicletas con Motor a Gasolina, que emiten un ruido desesperante) y no existe entidad del Estado a donde uno pueda reclamar, y mucho menos regulación al ruido por fuentes móviles». Por último, afirmó que la acción popular en curso no es un medio eficaz ni idóneo; luego, trajo a colación el siguiente aparte de la sentencia T-113 de 2013 de la Corte Constitucional: «si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales». 11 Presentada el 9 de mayo de 2023.Demandante: José WiIlliam Sánchez Páez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00974-01

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En igual sentido, citó de la sentencia T-672 de 2014 lo siguiente: Sobre el particular es preciso recordar que los accionantes obran con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales de petición, a la salud y a la intimidad,