CE - 110010315000202301004011SENTENCIA20230629164944

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecut ivo en el que se pretendía el cumplimiento de una sentencia declarativa que ordenó la inclusión de la pri ma de actividad entre los años 1993 y 1995 .

Defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la sentencia de 24 de marzo de 202 3 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Primera del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se reajustara la pensión por invalidez 1 con la inclusión de l a prima de actualización y el pago de la indexación de las mesadas causadas.

Señaló que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga en sentencia de 6 de marzo de 2008 , ordenó el reajuste de la pensión de invalidez con la inclusión de la pri ma de actualización y el pago de las sumas dejadas de percibir indexadas a partir de 1 de enero de 1993.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander en fallo de 14 de mayo de 2009, confirmó esa determinación y aclaró que las fechas en las que se ib a a realizar el reajuste de la pensión del demandante con la inclusión de la prima de actualización eran de 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1995.

Indicó que el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Resolución No. 00603 de 13 de febrero de 2012, con el fin de dar cumplimiento a las órdenes judiciales.

Sostuvo que presentó demanda ejecutiva contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , al considerar que la inclusión de la prima de

1 Resolución No. 02006 de 10 de mayo de 1977.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Nacional, Ejército Nacional , al considerar que la inclusión de la prima de

1 Resolución No. 02006 de 10 de mayo de 1977.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 actualización conlleva un incremento en los pagos de la mesada pensional, lo que no ocurrió.

Aseveró que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en el curso de la audiencia inicial celebrada el 5 de junio de 2018, declaró no probada la excepción de pago total y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Por último, manifestó que la parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Santander en fallo de 14 de diciembre de 2022 la revocó y declaró probada la excepción de pago , bajo el argumento de que los valores que pretendía la parte ejecutante “ no estaban contemplados en la sentencia base de recaudo del proceso de la referencia”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como los principios de primacía del derecho sustancial, confianza legítima, iura novit curia y buena fe , supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander con l a sentencia de 1 4 de diciembre de

confianza legítima, iura novit curia y buena fe , supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander con l a sentencia de 1 4 de diciembre de 2022, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia y se declaró probada la excepción de pago.

En primer lugar, el accionante se refirió a los requisitos generale s de procedencia de la acción de tutela , específicamente, afirmó que el asunto goza de relevancia constitucional “ en cuanto se discute la presunta vulneración de varios derechos fundamentales a partir de la sentencia proferida en segunda instancia por el T ribunal Administrativo de Santander (…) en el seno del proceso ejecutivo identificado con radicado No. 6800013333012 -2015-0008-02, aspecto que deberá indagarse a fin de verificar si en efecto existe la configuración de las ca usales especiales de procedibil idad derivadas de un defecto Fáctico, así como de un claro Desconocimiento a la decantada Jurisprudencia frente a casos de idéntica problemática al aquí planteado”.

Luego, señaló que “ la valoración o argumentación de la decisión tomada por parte del Tribunal Administrativo de Santander (…), en el fallo de segunda instancia proferido el 14 de diciembre de 2022, mediante el cual se revocó el fallo de excepciones de primera instancia proferido en la audiencia de instrucción y juzgamiento realizada el 5 de jun io de 2018 por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en el seno del proceso ejecutivo identificado con radicado No. 6800013333012 -2015-00088-02, sobre el supuesto de que el argumento de mi prohijado en el proceso ejecutivo se lim itó a

del proceso ejecutivo identificado con radicado No. 6800013333012 -2015-00088-02, sobre el supuesto de que el argumento de mi prohijado en el proceso ejecutivo se lim itó a la liquidación presentada con la demanda, insistiendo en el pago de las diferencias de las mesadas pensionales desde 1992 a 2013, sin reprochar que lo reconocido y cancelado por la accionada en el acto de ejecución abarca el periodo liquidado por el Ministerio de Defensa, mientras que en los alegatos de 2° instancia se refirió a un tema netamente procesal, se configura como un yerro por ‘Defecto Fáctico ’ y ‘Desconocimiento al Precedente’, incurriendo en errores in iudicando e in procedendo, desconocie ndo el principio procesal clásico iura novit curia”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial , por cuanto no tuvo en cuenta la sentencia de 26 de enero de 2012 2 de la Sección Segunda, Subse cción “B” del Consejo de Estado y el concepto de 6 de abril de 2011 3 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

2 Radicado No. 13001-23-31-000-2008-00669-01, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve. 3 Radicado No. 11001-03-06-2010-00080-00, C.P.: Luis Fernando Álvarez Jaramillo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 En tercer lugar , el accionante indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la modificación de la sentencia de segunda instancia que conforma el título ejecutivo “ no puede entenderse como un desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales traídos a colación en acápite anterior, pues, lo que hizo fue aclarar que la prima de actual ización reconocida solo lo era para los años 1992 a 1995, cuyo reconocimiento se logró efectivamente a partir del año 1996 con la expedición del decreto 107 de 1996, pero esto no indica que se debe desconocer la incidencia de la inclusión de tal rubro en l a mesada pensional, que necesariamente debe ser actualizada”.

Sostuvo que la base pensional fue modificada por el incremento ante la inclusión de la prima de actualización, lo que incide en los pagos futuros y , en consecuencia, la liquidación que la entid ad efectúe para dar cumplimiento a las sentencias que conforman el título ejecutivo.

Resaltó que “ no basta como lo señaló el tribunal en la providencia atacada por este medio constitucional en incluir el rubro prima de actualización de manera independient e, sino que es necesario que dicho incremento se incluya como parte de la asignación básica (sueldo básico) que es factor salarial para la referida prestación por retiro”.

Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta la

sino que es necesario que dicho incremento se incluya como parte de la asignación básica (sueldo básico) que es factor salarial para la referida prestación por retiro”.

Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta la incidencia de las mesadas futuras al incluir de manera temporal la prima de actualización, por lo que “ resulta pertinente es ordenar, como se pidió en la demanda ejecutiva, la reliquidación de la asignación de retiro y demás prestaciones sociales del señor Sar gento Viceprimero Jairo Pe ña Pérez a partir del 1 de enero de 1996, pues resulta apenas obvio que, si su base prestacional cambió por comprender la referida prima de actualización hasta el año de 1995, los aumentos anuales de ley en la asignación de retiro, deben reliquidarse a partir del nuevo monto prestacional que arroja el hecho de haber incluido dicha prestación. Tal previsión, como se viene señalando, fue ordenada por las providencias cuya ejecución se pretende”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Se sirva amparar los Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO JUDICIAL (Art. 29 Constitución Nacional) PRIMACIA DEL DERECHO SUSTANCIAL (Art. 228 Constitución Nacional) ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 Co nstitución Nacional), IGUALDAD (Art. 13 Constitución Nacional), la garantía de la CONFIANZA LEGTIMA implícitas en el derecho a la BUENA FE (Art. 83 Constitución Nacional), así como el principio procesal clásico iura novit curia, y demás que se consideren v iolados, conforme los fundamentos y argumentos esbozados in

la BUENA FE (Art. 83 Constitución Nacional), así como el principio procesal clásico iura novit curia, y demás que se consideren v iolados, conforme los fundamentos y argumentos esbozados in extenso, del señor Sargento Viceprimero JAIRO PE ÑA PÉREZ, y que en la actualidad están siendo vulnerados con ocasión del fallo de segunda instancia proferido el 14 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander (…), mediante el cual se revocó el fallo de excepciones de primera instancia proferido en la audiencia de instrucción y juzgamiento realizada el 5 de junio de 2018 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucarama nga, al interior de la acción ejecutiva identificada bajo el Radicado No. 6800013333012 -2015-00088-02, incoada contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, con ocasión del cobro ejecutivo de la providencia judicial proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 200303007-00, y confirmada y modificada en su Núm. 3° por la referida Corporación, consistente en la reliquidación de la pensión con inclusión de la prima de actualización en aplicación de los decretos 25 de 1993, 65 de 1994, entre otros.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a su señoría, ordene al operador judicial accionado que profiera una nueva decisión al interi or del citado proceso ejecutivo, en la que se adopte una valoración de fondo al caso puesto de presente, efectuando una debida valoración probatoria, sin

profiera una nueva decisión al interi or del citado proceso ejecutivo, en la que se adopte una valoración de fondo al caso puesto de presente, efectuando una debida valoración probatoria, sin incurrir en errores in iudicando e in procedendo, por la valoración defectuosa de la sinopsis fáctica y jurisprudencial aplicable al asunto sub examine, desconociendo el precedente jurisprudencial en la Máxima Corporación de lo Contencioso en lo que respecta a la reliquidación de la asignación de retiro y demás prestaciones sociales de los miembros de las fuerzas militares y la incidencia del reconocimiento de la prima de actualización para las vigencias 1992, 1993, 1994 y 1995, para los años subsiguientes, en el sentido de que los reajustes anuales de ley, a partir del año 1996, se deberán liquidar teniend o en cuenta la base prestacional que resulta de aplicar hasta ese año, laRadicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 prima de actualización prevista en los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995” .

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela se anexaron los siguientes documentos relevantes:

• Sentencias de 6 de mayo de 2008 y 14 de mayo de 2009, proferidas, en su orden, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y

Con el escrito de tutela se anexaron los siguientes documentos relevantes:

• Sentencias de 6 de mayo de 2008 y 14 de mayo de 2009, proferidas, en su orden, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2003-3007-00. • Resolución No. 603 de 13 de febrero de 2012, “ por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Jairo Peña Pérez”. • Acta de la audiencia inicial de 5 de junio de 2018, en la que el Juzgado Doce Administrativo del Circu ito de Bucaramanga declaro no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución (No. 6800133-33-012-2015-00088-00). • Providencia de 14 de diciembre de 2022 emanada del Tribunal Administrativo de Santander proferida en el curso de la se gunda instancia del proceso ejecutivo con radicado No. 68001 -33-33-012-2015-000-88-02, en la que se declaró probada la excepción de pago.

5. Trámite procesal

Por auto de 28 de febrero de 202 2, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga

Nacional, Ejército Nacional y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bucaramanga

En escrito de 7 de marzo de 202 3, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

Afirmó que no cumple con los requisitos generales de procedencia, al desatender la carga de señalar los defectos en los que supuestamente incurrió la autoridad judicial accionada ni tampoco acredit ó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados ( igualdad, debido proceso y buena fe ), de l os que se evidencia como el escrito de tutela se limita a citar éstos para justi ficar la procedencia del amparo; no obstante , en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal aseveración.

6.4. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio, aun cuando se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por medio de sentencia de 24 de marzo de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela po r no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Afirmó que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento de este presupuesto.

Sostuvo que de acuerdo con el precedente judicial de la Corte Constitucional , la controversia planteada carece de trascendencia constitucional, porque la discusión expuesta por el accionante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino que se trata de la mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto.

Finalmente, indico que si bien la parte actora aduce que fueron desconocidos sus derechos fundamentales a la ig ualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, lo cierto es que no existe un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de esos derech os con ocasión de la expedición de la providencia aquí enjuiciada.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revocara y, en su lugar, que se accediera al amparo constitucional solicitado.

Afirmó que “en el presente caso debe decirse entonces que la parte accionada, conformada por el Tribunal Administrativo de Santander, M.P. Dra. Solange

en su lugar, que se accediera al amparo constitucional solicitado.

Afirmó que “en el presente caso debe decirse entonces que la parte accionada, conformada por el Tribunal Administrativo de Santander, M.P. Dra. Solange Blanco Villamizar, en el seno del proce so ejecutivo identificado con radicado No. 6800013333012-2015-00088-02, al haber revocado el fallo de excepciones de primera instancia proferido en la audiencia de instrucción y juzgamiento realizada el 5 de junio de 2018 por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en contra de la línea jurisprudencial y argumentativa del H. Consejo de Estado, incurriendo en errores in iudicando e in procedendo, desconociendo el principio procesal clásico iura novit curia, además de constituirse en vulnerativa a los derechos fundamentales de mí prohijado cuya tutela se solicita, da lugar a la ‘Configuración de Causales Genéricas y Especiales de Procedibilidad de la Acción de Tutela contra Providencias Judiciales’”.

Por lo demás, reiteró los argument os expuestos en el escrito de tutela en relación con los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los térmi nos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 24 de marzo de 202 3, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional , y si debe acceder a la protección constitucional solicitada por el demandante porque el TribunalRadicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 Administrativo de Santander con la decisión de 14 de diciembre de 2022, incurrió en los defectos i) por desconocimiento del precedente judicial, al desconocer el auto de 26 de enero de 2012 de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el concepto de 6 de abril de 2011 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y ii) en fáctico porque en la demanda ejecutiva lo que solicitó fue el p ago de las diferencias en las mesadas pensionales desde 1992 a 2013, toda vez que al incluirse la prima de actualización se incrementa la base de la pensión por invalidez.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

2013, toda vez que al incluirse la prima de actualización se incrementa la base de la pensión por invalidez.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 6, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.

En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.

En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tien e un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constituc ional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los

4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.

5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 siguientes: (i) Defecto orgánico 9; (ii) Defecto procedimental absoluto 10; (iii) Defecto fáctico 11; (iv) Defecto material o sustantivo 12; (v) Error inducido 13; (vi) Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si s e configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa

Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e ind ependencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La acción de tutela cumple el requisito de relevan cia constitucional y los restantes generales de procedencia, por lo que se debe revocar la decisión del a quo

El juzgador de primera instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la discusión planteada por la demandante es d e contenido claramente económico y de mera legalidad, por lo que no se cumplió el presupuesto de la relevancia constitucional.

Contrario a la conclusión a la que arribó el a quo, para la Sala el citado requisito general de procedencia se encuentra cumplido porque la discusión que propone la demandante, si bien resulta de trámite de un proceso ejecutivo en el que en principio los debates que allí se formulan son de contenido económico, lo cierto es que la solicitud de amparo constitucional se dirige a determinar si se incurrió en un defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial en relación con las diferencias que se causaron con la inclusión de la prima de actualización en la pensión de invalidez en las mesadas pensionales desde 1992 a 2013, lo que no se

9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

pensión de invalidez en las mesadas pensionales desde 1992 a 2013, lo que no se

9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probato rio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 14 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cue nta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 16 Cfr., Sentencia de l 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Berm údez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 17 Cfr., Sentencias SU -556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU -490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU -659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01004-01

Demandante: JAIRO PEÑA PÉREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 trata de una discusión de mera legalidad o de contenido económico que escape de la competencia del juez de tutela, a lo que se debe agregar que las razones en las que se sustentó la decisión de segunda instancia en el proceso de ejecución fueron d iferentes a las de la decisión objeto de apelación en la que se había ordenado seguir adelante con la ejecución.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que el accionante no cuentan con otro mecanism o de defensa

ordenado seguir adelante con la ejecución.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que el accionante no cuentan con otro mecanism o de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de un plazo razonable 18 precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 19 ; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judic