CE - 110010315000202301017011SENTENCIA20230713165313

Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01017-01

Demandantes: NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial –confirma - falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 27 de abril de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado. En esa providencia se declaró la improcedencia de la presente acción de tutela por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La parte actora 1, actuando en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

1.1. La tutela

1. La parte actora 1, actuando en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana.

2. En sentir del extremo accionante, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se consolidó con la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por la autoridad judicial accionada, mediante la cual revocó la decisión del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de l Circuito de Cali, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación – Rama Judicial – Dirección

1 La parte actora está conformada por Nolberto Alfonso Ramírez Pinto en representación de sus hijos Yurgen Ramírez Jiménez y Ashley Brigitt Ramírez Jiménez, Yamil Jiménez Durando, Yiner Jiménez Durando, Geovany Ramírez Jim énez, Dulce María Pinto, Dina Liz Ramírez, Idanies Ramírez Pinto y Andrés Alfonso Ramírez Pinto. 2 El escrito de tutela se radicó en la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2023.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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Ejecutiva de Administración Judicial3.

1.2. Pretensión constitucional

3. En concreto la parte actora solicitó lo siguiente:

1. Se nos TUTELEN los derechos al DEBIDO PROCESO consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna, DIGNIDAD HUMANA, RESOCIALIZACION, LIBERTAD y demás valores y Principios Constitucionalmente protegidos y garantiz ados por la Legislación y Jurisprudencia vigentes que han sido tratados en esta Acción de Tutela y que están siendo vulnerados por el accionado.

2. Como consecuencia lógica y jurídica de la protección de los derechos reclamados, se ORDENE dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso tramitado el tribunal accionado, bajo el número de radicado 76001-33-33-021-2017-000306-01, y ordenar que profiera nueva fallo, respetando nuestros derechos fundamentales

(SIC y negrita y mayúsculas del texto original). 1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:

4. El 16 de agosto de 2011, el señor Nolberto Alfonso Ramírez Pinto fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja por el delito de tentativa de extorsión a 96 meses de prisión y una multa de 400 SMLMV.

condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja por el delito de tentativa de extorsión a 96 meses de prisión y una multa de 400 SMLMV.

5. El 23 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito de Santa Rosa de Viterbo modificó la dosificación de la pena y, en su lugar, le impuso 72 meses de prisión y una multa de 300 SMMLV.

6. El 6 de enero de 2016, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali decretó la extinción de la pena y, en consecuencia, concedió la libertad por pena cumplida del señor Ramírez Pinto, al haber purgado en reclusión física 4 años, 7 meses y 5 días , más el tiempo que le fue redimido por trabajo, lo que en total sumó 6 años y 20,6 días.

7. En consecuencia, el accionante manifestó en el escrito de tutela que estuvo privado injustamente de la libertad durante un periodo 20.6 días, tiempo en el cual él y su familia sufrieron de un profundo estado de angustia, depresión y congoja.

8. Por lo anterior, el señor Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y su grupo familiar4

3 En el marco del medio de control de reparación directa 76001-33-33-021-2017-00306-00/01 4 La parte demandante estaba conformada por: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto, Yamil Jiménez Durango, Yiner Jiménez Durango, Geovany Ramírez Jiménez, Yurgen Ramírez Jiménez, AshleyDemandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Durango, Yiner Jiménez Durango, Geovany Ramírez Jiménez, Yurgen Ramírez Jiménez, AshleyDemandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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ejercieron el medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Esto, con el fin que fuese declarado administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Ramírez Pinto, y se condenara a título de indemnización al reconocimiento y pago de perjuicios morales y materiales.

9. El 28 de septiembre de 2021, el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali dictó sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. En consecuencia, condenó a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de perjuicios morales en beneficio de algunos de los demandantes de la siguiente

forma:

Daño moral A favor de Calidad Monto Nolberto Alfonso Ramírez Pinto Víctima 15 SMLMV Yamil Jiménez Durango Compañera permanente

15 SMLMV

Geovanny Andrés Ramírez Jiménez Hijo 15 SMLMV Yurgen Ramírez Jiménez Hijo 15 SMLMV

Yamil Jiménez Durango Compañera permanente

15 SMLMV

Geovanny Andrés Ramírez Jiménez Hijo 15 SMLMV Yurgen Ramírez Jiménez Hijo 15 SMLMV Ashley Brigitt Ramírez Pinto Hija 15 SMLMV Dulce María Pinto Carillo Madre 15 SMLMV Alfonso Ramírez Molina Padre 15 SMLMV

10. Las partes procesales interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo del 8 de febrero de 2023. En esa providencia se revocó la sentencia de primera instancia dado que el señor Ramírez Pinto recobró su libertad por pena cumplida gracias a la materialización de su derecho de redención de la pena de prisión, no porque haya estado privado de su libertad física por todo el término de la condena que le fue impuesta.

1.4. Sustento de la vulneración

11. A juicio de la parte actora la sentencia del 8 de febrero de 2023 adolece de defecto fáctico, desconocimiento del procedente y violación directa de la

Constitución Política.

12. En primer lugar, manifestó la parte actora que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el derecho a la redención de la pena reconocido internacionalmente e integrado a nuestra Constitución Política.

Brigitt Jiménez Durando, Alfonso Ramírez Molina, Dulce María Pinto, Dina Liz Ramírez, Idanies Ramírez Pinto y Andrés Ramírez Pinto.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Ramírez Pinto y Andrés Ramírez Pinto.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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13. Resaltó que, de su decisión , se p odía inferir que la autoridad judicial consideró normal que el señor Nolberto Ramírez hubiera pasado más tiempo en prisión por no habérsele contabilizado y aplicado correctamente la mencionada figura.

14. Consideró que el accionado interpretó incorrectamente la demanda y desconoció las pruebas del proceso, pues no tuvo en cu enta que se irrespetó el derecho a la redención de pena y por esa situación la privación de la libertad se alargó por 20.6 días.

Así mismo , que desconoció los precedentes jurisprudenciales sobre la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Por otro lado, señaló que la acción de tutela impetrada cumple con los requisitos establecidos en la sentencia C-590 de 2005.

Respecto del defecto fáctico:

15. Señaló que el juez de segunda instancia no valoró correctamente las

siguientes pruebas:

• Sentencia del 16 de agosto de 2001 del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja. • Sentencia del 23 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. • Documento visible en la página 332, cuaderno 4 del proceso ordinario.

Especializado de Tunja. • Sentencia del 23 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. • Documento visible en la página 332, cuaderno 4 del proceso ordinario. • Auto interlocutorio Nº. 13 del 6 de enero de 2016 proferido por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

16. Explicó que una valoración correcta de dichas pruebas permitiría concluir que se configuró una falla del servicio por parte de la autoridad judicial.

Respecto de la violación directa a la Constitución Polìtica

17. Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

18. Afirmó que desconoció que en Colombia la principal función de la pena es la reinserción social o resocialización, así mismo paso por alto que las normas internacionales y nacionales, reconocen en la redención un derecho que le asiste al reo, el cual se concreta en el descuento o pago mismo de la pena impuesta mediante trabajo y estudio. Expresión de la resocialización como función de la pena en el sistema penal colombiano.

19. Explicó que la resocialización es entendida como el fin fundamental de la pena, es la motivación para que las personas privadas de la libertad ejerciten sus derechos a la educación, el trabajo y la dignidad humana, lo que implica laDemandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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dignificación del condenado y su preparación para reintegrarse a la sociedad luego de cumplir con la obligación que impone el Estado a través de la sentencia.

Respecto del desconocimiento del precedente:

20. Manifestó que con el fin que prosper e el mencionado defecto, relataría la línea jurisprudencial que debía servir de referencia al juez de la causa, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos respecto de un determinado asunto.

21. Inició exponiendo que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dicho que el título de imputación del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia abarca la mora judicial, y que en efecto, la falta de decisión judicial en un plazo razonable, siempre que la demora no esté justificada, es moti vo para que resulte procedente el examen de una demanda de reparación directa.

22. Explicó que la mencionada Corporación, indica que lo anterior ocurre cuando no existe factores que ameriten sobrepasar los términos fijado en la ley, dentro de los cuales se p uede encontrar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como ha sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que señalan en la ley, sino el promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora.

de trabajo que tenga el despacho y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que señalan en la ley, sino el promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora.

23. Mencionó que el artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia indicaba que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es aquel causado como consecuencia de la función jurisdiccional, lo que a su juicio, es aquel daño pr oducido como consecuencia de que el servicio de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía.

24. Finalmente relacionó la sentencia 25000233600020140109701 del 21 de septiembre de 2017 de Consejo de Estado, y concluyó que el accionado desconoció las reglas contenidas en la ratio decidendi de múltiples sentencias del Consejo de Estado que son aplicables a su caso, las cuales consideraba que debían ser tenidas en cuenta al ser el problema jurídico, los hechos y las normas invocadas similares.

1.5. Trámite de primera instancia

25. Mediante auto del 13 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y vinculó en calidad de tercero con interés legítimo al señor Alfonso Ramírez Molina, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de

Cali.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Administración Judicial y al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de

Cali.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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26. Así mismo ordenó al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali para que allegara copia en medio digital del expediente con radicado 7600133-33-021-2017-00306-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

27. Afirmó que la sentencia proferida contenía las argumentaciones necesarias con las cuales, de Sala de Decisión, de manera unánime decidió revocar la sentencia proferida por el a quo y procedió a negar las pretensiones.

28. Sostuvo que luego de valoradas las pruebas aportadas por los sujetos procesales, se concluyó que aunque existió una prolongación injusta de privación la libertad porque el condenado en su criterio estuvo privado de la libertad más de los seis años a los qu e resultó condenado, lo cierto fue que del material probatorio obrante en el proceso se demostró lo contrario, advirtiendo que el accionante recobró su libertad por pena cumplida, gracias a la materialización de su derecho de redención de la pena de prisió n, no porque efectivamente haya estado privado de su libertad física por todo el término de la condena que le fue impuesta.

accionante recobró su libertad por pena cumplida, gracias a la materialización de su derecho de redención de la pena de prisió n, no porque efectivamente haya estado privado de su libertad física por todo el término de la condena que le fue impuesta.

29. Afirmó que no podía la parte accionante pretender que , en virtud del derecho a la redención de la pena, se configurara una prolongación de la libertad, cuando lo que se procura con ese derecho es que se pueda recobrar la libertad de manera anticipada sin haber cumplido la totalidad de la pena física que le haya sido impuesta.

30. Consideró que no se advirtió vulneración de los derechos fundamentales que aduce la parte actora, pues su derecho de defensa fue garantizado, las etapas del proceso fueron surtidas a cabalidad y las partes siempre tuvieron las oportunidades procesales para pronunciarse, de tal suerte que, los accionantes pretenden por vía de tutela que se reabra el debate probatorio al estar inconforme con la decisión adoptada.

31. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali , pese a ser notificado en debida forma, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

32. En proveído del 27 de abril de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

33. Observó el ad quem constitucional que en la sentencia cuestionada elDemandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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Tribunal realizó un análisis de las pruebas obrantes en el expediente, que permitió concluir que el señor Ramírez Pinto, no estuvo recluido por más tiempo del que fue condenado, porque por el contrario estaba demostrado que aquel había recobrado su libertad gracias a la materialización de su derecho de redención antes de dicho término.

34. Dicho esto, sostuvo que lo pretendido por la parte actora era cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratara de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que , en todo caso, se vislumbrara que la autoridad accionada pudo actuar de forma abiertamente arbitraria o desbordando los límites del principio de la autonomía judicial.

35. Sostuvo que los actores buscaban que el juez hiciera un examen integral de las pruebas que fueron allegadas al proceso de reparación directa, con la finalidad que se corrigiera el análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acogiera a la interpretación que proponían.

36. Así mismo , consideró que la presunta configuración del precedente jurisprudencial tampoco cumplía con la carga argumentativa, pues los actores se limitaron a mencionar una providencia que contenía algunas precisiones conceptuales sobre el título de imputación del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esa oportunidad y la controversia del presente asunto.

conceptuales sobre el título de imputación del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esa oportunidad y la controversia del presente asunto.

1.8. Impugnación

37. El 15 de mayo de 2023 la parte actora impugnó la decisión de primera instancia. En ella manifestó que reiteraba los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial de la acción de tutela.

38. Ahora bien, revisado el expediente de la acción constitucional y las piezas que lo conforman, se advirtió que el 05 de junio de 2023, fue allegado por parte del señor Mauricio Castillo Lozano5 oficio mediante el cual manifestó remitir el Registro Civil de Defunción del señor Alfonso Ramírez Bonilla 6, sin embargo, el despacho sustanciador de segunda instancia, observó que la mencionada acta no fue aportada.

39. En consecuencia, me diante auto del 16 de junio de 2023 se requirió al profesional de derecho para que alleg ara la misma y a los Nolberto Alfonso Ramírez Pinto, Idanies Ramírez Pinto, Andrés Alfonso Ramírez Pinto, Dina Liz Ramírez Pinto y Dulce María Pinto Carrillo, a fin de que informaran si tenían conocimiento de otra persona que pudiera comparecer al proceso en calidad de

5 Apoderado de la parte actora en el proceso de reparación directa. 6 El despacho considera que presuntamente pud o haber un error de digitación, pues el segundo apellido del señor Alfonso Ramírez es Molina, y no Bonilla como erróneamente lo señala el abogado.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros

apellido del señor Alfonso Ramírez es Molina, y no Bonilla como erróneamente lo señala el abogado.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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heredero de Alfonso Ramírez Bonilla.

40. En este sentido, el 22 de junio de 2023 el señor Nolberto Ramírez Pinto a través de correo electrónico , remitió el R egistro Civil de Defunción del señor Alfonso Ramírez e informó que los únicos herederos del difunto son Nolberto

Alfonso Ramírez Pinto, Idanies Ramírez Pinto, Andrés Alfonso Ramírez Pinto, Dina Liz Ramírez Pinto y Dulce María Pinto Carrillo

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el señor Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de abirl de 2023, por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

42. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

43. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que las personas que conforman la parte accionante fungieron como demandantes en el proceso de reparación directa 76001-33-33-021-2017-00306-00/01. Por tanto, son titulares de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana , que reclaman. En consecuencia, goza n de legitimación en la causa por activa.

44. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se encuentra legiti mado en la causa por pasiva , al ser la autoridad que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

45. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o revoca el fallo del 27 de abril de 2023 en el que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela. Para esto se deberá

resolver los siguientes interrogantes:

revoca el fallo del 27 de abril de 2023 en el que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela. Para esto se deberá resolver los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos deDemandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta, la Sala analizará:

¿El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico , desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución, con ocasión de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023?

46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judi cial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y en caso se superarse (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judiciales

47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese

47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferente s posturas sobre este tema 8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.

48. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 11 y ocho defectos

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acció n de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan ag otado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Demandantes: Nolberto Alfonso Ramírez Pinto y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01017-01

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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

49. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura

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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

49. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

50. De modo que, de no observarse e l cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión se a de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

51. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

52. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia

interpretaciones o valoraciones probatorias