CE - 110010315000202301020001SENTENCIA20230911091736

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01020-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: LUIS MARIANO RODRÍGUEZ ROA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO FRENTE A LA MORA JUDICIAL INVOCADA. DURANTE EL

TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, LA SALA DE

CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO

PROFIRIÓ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y DIGNIDAD

HUMANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

CONSEJO DE ESTADO1 y su SECRETARÍA.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 Cuyo conocimiento correspondió al conjuez Juan Antonio Barrero Berardinelli.2

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Actor: LUIS MARIANO RODRÍGUEZ ROA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: LUIS MARIANO RODRÍGUEZ ROA

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El señor LUIS MARIANO RODRÍGUEZ ROA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, los cuales estima vulnerados por la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO y su SECRETARÍA al haber incurrido en una presunta mora judicial injustificada, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicació n 25000-23-25-000-2011-01013-02, por cuanto no se ha proferido sentencia de segunda instancia.

I.2. Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra l a NACIÓNRAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2, con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación por compensación de conformidad con el Decreto núm. 610 de 19983.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2011-01013-00 y le correspondió por reparto a la SALA

2 En adelante la Dirección. 3 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.”3

radicación 2011-01013-00 y le correspondió por reparto a la SALA

2 En adelante la Dirección. 3 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.”3

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DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que, en sentencia de 11 de noviembre de 2016, declaró la nulidad del acto administrativo que denegó el pago de la bonificación por compensación y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada a retribuir el equivalente al 80% mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un Magistrado de Alta Corporación y que se dejó de pagar con sus consubstanciales derechos.

Adujo que inconforme con lo anterior, la DIRECCIÓN interpuso recurso de apelación ante la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO que, a la fecha, no ha proferido sentencia de segunda instancia.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la tardanza en la resolución de la sentencia de segunda instancia le ha generado daños morales y materiales, por cuanto han transcurrido más de once años desde la presentación de la demanda y su culminación, lo que, a su juicio, ha sido responsabilidad de la

instancia le ha generado daños morales y materiales, por cuanto han transcurrido más de once años desde la presentación de la demanda y su culminación, lo que, a su juicio, ha sido responsabilidad de la autoridad judicial que ha retrasado injustificadamente la decisión de fondo.

4 Con ponencia del conjuez Héctor Diaz Romero.4

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Adujo que cuenta con 76 años y en la actualidad su condición de salud no es la más adecuada e idónea, pues padece de hernias cervicales y lumbares que le restringen la movilidad y, además, sufre de disminución en la función visual por lo que ha sido intervenido quirúrgicamente en cuatro oportunidades.

Señaló que la mora injustificada en la resolución definitiva del proceso judicial vulnera ostensiblemente sus garantías constitucionales, por lo que consideró que la acción de tutela constituye el único medio idóneo que puede impedir la prolongación de la vulneración deprecada.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1°. Se tutelen mis derechos fundamentes del debido proceso y dignidad humana - del suscrito.

2". Ordenar como consecuencia que la Sala de Decisión de la que

como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1°. Se tutelen mis derechos fundamentes del debido proceso y dignidad humana - del suscrito.

2". Ordenar como consecuencia que la Sala de Decisión de la que es Consejero Ponente el Dr. Juan Anto nio Barrera, en el menor término que se le señale resuelva el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial contra el fallo del 11 de noviembre de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3°. Cumpliendo con lo normado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 manifiesto ba jo la gravedad del juramento que no he presentado ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y5

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derechos invocados en el presente escrito, adem ás que no se vislumbra mecanismo de def ensa Judicial distinto que me impida acudir como lo hago al sub sidiario, eficaz y final de la acción de tutela […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El conjuez JUAN ANTONIO BARRERO BERARDINELLI informó que el 22 de septiembre de 2022 fue designado como conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado ; y que al momento de posesionarse recibió un inventario inicial de 80 procesos.

informó que el 22 de septiembre de 2022 fue designado como conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado ; y que al momento de posesionarse recibió un inventario inicial de 80 procesos.

Destacó que desde su posesión hasta la fecha ha suscrito como ponente 86 providencias y participado y decidido como integrante de Subsección en 94 procesos , teniendo en la actualidad un inventario de 116 procesos a su cargo.

Comentó, en relación con el proceso objeto de debate, que el 1o. de agosto de 2023 presentó ponencia ante la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO , estando actualmente el proyecto de sentencia en ajustes para su aprobación y firma.

I.5.2.- El conjuez BERNARDO ANDRÉS CARVAJAL SÁNCHEZ6

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puso de presente que el 28 de julio de la presente anualidad recibió el proyecto de sentencia de segunda instancia, el cual fue analizado y aprobado en Sala de Conjueces del 1o. de agosto del año en curso, luego de que el Conjuez ponente estuvo de acuerdo con realizar algunos ajustes sugeridos en la Sala de decisión.

Aseveró que firmó la sentencia de segunda instancia de forma electrónica a través de SAMAI el 16 de agosto de 2023, de tal forma

luego de que el Conjuez ponente estuvo de acuerdo con realizar algunos ajustes sugeridos en la Sala de decisión.

Aseveró que firmó la sentencia de segunda instancia de forma electrónica a través de SAMAI el 16 de agosto de 2023, de tal forma que, a su juicio, se ha actuado con la mayor celeridad, evidentemente en un marco generalizado de congestión judicial.

Sumado a lo anterior, resaltó que en el tiempo que lleva ejerciendo su labor de Conjuez ha cumplido con las labores que le han sido encomendadas, de tal forma que, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, estima que se configuró el hecho superado por carencia actual de objeto.

I.5.2.- La SECRETARÍA se limitó a remitir el expediente digital contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.6.- Interviniente7

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I.6.1.- La DIRECCIÓN solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no goza de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre lo pretendido por el tutelante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

la causa por pasiva para pronunciarse sobre lo pretendido por el tutelante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las actuaciones surtidas en el trámite de la presente acción de tutela; y,8

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1. la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

-. De las actuaciones surtidas en el trámite de la presente acción de tutela

Mediante sentencia de 31 de marzo de 2023, la Sección Primera del

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

-. De las actuaciones surtidas en el trámite de la presente acción de tutela

Mediante sentencia de 31 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado conoció de la presente acción de tutela y denegó la solicitud de amparo solicitada al estimar que no se incurrió en mora judicial injustificada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002325000-2010-00039-02.

Posteriormente, a través de proveído de 13 de junio de 2023 , la Sección Cuarta de esta Corporación , Consejer a ponente Myriam Stella Gutiérrez Arguello, declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas, inclusive a partir del auto admisorio de la demanda, por cuanto consideró que aun cuando la acción de tutela fue promovida por la presunta mora judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2011 -01013-02, desde el auto admisorio el aná lisis de inconformidad se enrutó como si se estuviera discutiendo la mora del9

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proceso identificado con el número único de radicación 2010-00039025, por lo que ordenó rehacer la actuación atendiendo al proceso

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proceso identificado con el número único de radicación 2010-00039025, por lo que ordenó rehacer la actuación atendiendo al proceso respecto del cual se alegó la mora judicial, así como la vinculación de la autoridad que conoció dicho proceso.

Dando cumplimiento a lo anteriormente ordenado , mediante proveído de 11 de julio de 2023, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia , respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2011-01013-02, vinculando como parte demandada a la

SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO

DE ESTADO y su SECRETARÍA.

-. De la s olicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN - RAMA

JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL

5 De conformidad con lo previsto en SAMAI, se advierte que el actor promovió dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que cursan ante el Consejo de Estado.

a) Proceso identificado con el número único de radicación 250002325000-2010-00039-02, cuyo conocimiento correspondió al conjuez Germán Eduardo Palacio Zúñiga. En este proceso la Sala de Conjueces debe decidir el recurso de apelación contra la sentencia ordinaria de 17 de octubre de 2017.

b) Proceso identificado con el número único de radicación 250002325000-2011-01013-02, cuyo conocimiento actualmente corresponde al conjuez Juan Antonio Barrero Berardinelli. En este proceso la

b) Proceso identificado con el número único de radicación 250002325000-2011-01013-02, cuyo conocimiento actualmente corresponde al conjuez Juan Antonio Barrero Berardinelli. En este proceso la Sala de Conjueces debe decidir el recurso de apelación contra la sentencia ordinaria de 11 de noviembre de 2016.10

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las

Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías11

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procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.

cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL actuó como parte demandada dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2011-0101302, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a la entidad, en calidad de tercera, le asiste interés directo en las resultas de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte

calidad de tercera, le asiste interés directo en las resultas de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela12

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, los cuales estimó vulnerados por la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO y su SECRETARÍA, por cuanto no se ha proferido sentencia de segunda instancia dentro de la acción de nulidad y

DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO y su SECRETARÍA, por cuanto no se ha proferido sentencia de segunda instancia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2011-01013-02.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".13

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autoridad judicial accionada vulner ó los derechos fundamentales invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”7 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 8 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrifica r irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

7 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 8 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño14

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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte9 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo

incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 10. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario

9 Ibidem. 10 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».15

aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario

9 Ibidem. 10 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».15

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encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”11.

13.5. En la providencia T -230 de 201312, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fen ómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha dem ora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la

autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional13.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional 14, en otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad 15; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio16.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201617, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no

11 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 12 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 12 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime». 13 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C -543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio He rnández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)». 14 «Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Portounánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)». 15 «Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)». 16 «T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)». 17 «MP Gloria Stella Ortiz Delgado».16

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existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales desarrolladas por la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO y su SECRETARÍA dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2011-0101302, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.

Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado, SAMAI 18, se tiene lo siguiente:

18https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002325000201101 01302110010317

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01020-00

18https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002325000201101 01302110010317

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01020-00