CE - 110010315000202301040011SENTENCIA20230601151538

Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., primero (1.º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

Demandante: ROGER ADRIANO RUBIO MOLINA

Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia de 24 de abril de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Roger Adriano Rubio Molina , el 27 de febrero de 2023, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima , con el fin de que se proteja n sus derechos al debido proceso, al mínimo vital y al buen nombre.

tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima , con el fin de que se proteja n sus derechos al debido proceso, al mínimo vital y al buen nombre.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las providencias dictadas por las autoridades judiciales censuradas el 7 de abril de 2021 y 16 de noviembre de 2022, a través de las cuales fue sancionado, en su calidad de juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué , con la suspensión del ejercicio de sus funciones por el término de dos (2) meses, en el marco de l proceso disciplinar io identificado con el radicado 73001-11-02-000-2017-01277-01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. Se declare que la Comisión Secci onal de Disciplina Judicial del Tolima, Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Comisión Nacional de DisciplinaDemandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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Judicial, incurrieron en una vía de hecho judicial que vulnera mis derechos fundamentales a la legalidad y debido proceso, ent re otros, al imponer una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por dos (2) meses sin derecho a remuneración la primera y por confirmar una decisión violatoria de derechos fundamentales la segunda, carente de un análisis adecuado de las pruebas, sin una

disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por dos (2) meses sin derecho a remuneración la primera y por confirmar una decisión violatoria de derechos fundamentales la segunda, carente de un análisis adecuado de las pruebas, sin una argumentación clara y suficiente y fundamentada en la responsabilidad objetiva.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la decisión del 7 de abril de 2021 emitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la decisión del 16 de noviembre de 2022 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por entrañar una clara violación al debido proceso y no corresponder con el acervo probatorio allegado a la acción constitucional.

3. Se retrotraiga los efectos jurídicos generados por las señaladas decisiones a mi favor con las reivindicaciones legales a que haya lugar. 1

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Roger Adriano Rubio Molina informó que, el 8 de septiembre de 2017 dictó fallo condenatorio en la causa penal identificada con el radicado «2013 -00010», concerniente al delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, y en sede de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué indicó que en el primer grado se había incurrido en una mora judicial injustificada, razón por la que ordenó la compulsa de copias.

Adujo que e l asunto lo resolvió en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima mediante sentencia de 7 de abril de 2021, en la que

que ordenó la compulsa de copias.

Adujo que e l asunto lo resolvió en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima mediante sentencia de 7 de abril de 2021, en la que declaró la responsabilidad disciplinaria del señor Rubio Molina por vulnerar el deber funcional previsto en lo s numerales 1.º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 ,2 en consonancia con el contenido de los artículos 29 superior 3 y 140 de la Ley 600 de

20004. Por tanto, fue sancionado con la suspensión del ejercicio de sus funciones por el término de dos (2) meses.

1 Transcripción literal con posibles errores. 2 «ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. […]

15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. […]» 3 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 4 «ARTICULO 140. DEFINICIÓN. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 4 «ARTICULO 140. DEFINICIÓN. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> EsDemandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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Informó que la anterior decisión obedeció a que tardó injustificadamente en expedir la respectiva sentencia dentro del proceso «2013-00010», pese a que se trataba de un caso penal por delitos sexuales en persona menor de 14 años, comoquiera que desde el 13 de octubre de 2015 y hasta el 8 de septiembre de 2017 el expediente estuvo al despacho sin que se efectuara ninguna actuación distinta a la de ordenar la libertad del entonces enjuiciado. Conducta que se calificó como grave a título de culpa grave.

La alza da la desató la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en fallo de 16 de noviembre de 2022 en el sentido de confirmar la resolutiva del a quo por iguales razones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

1.4.1. El señor Roger Adriano Rubio Molina señaló que las decisiones demandadas incurrieron en un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria efectuada por

razones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

1.4.1. El señor Roger Adriano Rubio Molina señaló que las decisiones demandadas incurrieron en un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria efectuada por las autoridades disciplinarias, en atención a que demostró que la mora en proferir la sentencia estuvo justificada en la congestión del despacho del cual es titular, por casos que están revestidos de una alta complejidad; frente a los cuales debe respetar el orden de turnos asignados y observar la prevalencia que tienen otros asuntos como las acciones de tutela, hábeas corpus e incidentes de desacato.

Adujo que en el mismo espacio temporal que le tomó dictar la sentencia penal, tramitó 554 acciones de tutela de primera instancia y 143 en segundo grado; 282 incidentes de desacato; realizó 387 sesiones de audiencia; y otras 4.550 actuaciones adicionales entre autos interlocutorios, de sustanciación y consultas. Aunado a que en el marco de la Ley 1820 de 2016, tomó decisiones de amnistía de iure, indultos, libertades condicionales y otros beneficios otorgados en el marco del proceso de paz y reintegración del grupo desmovilizado FARC que debían ser resueltas en el plazo de 10 días no prorrogables.

Aseguró que los jueces que lo investigaron no se tomaron el trabajo de comparar la estadística del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué respecto de los otros despachos; no recaudaron elementos favorables al disciplinado; no consideraron que es el encargado exclusivo de evacuar los procesos de la Ley 600 de 2000 que quedaban en el departamento del Tolima; y no tuvieron en cuenta que su calificación

despachos; no recaudaron elementos favorables al disciplinado; no consideraron que es el encargado exclusivo de evacuar los procesos de la Ley 600 de 2000 que quedaban en el departamento del Tolima; y no tuvieron en cuenta que su calificación siempre ha sido excelente.

En ese sentido, advirtió que las comisiones reprochadas resolvieron su caso con apego literal de la norma, lo cual deja en evidencia la marcada desatenci ón de la realidad en desmedro del principio de in dubio pro disciplinable debido a que al darle un tratamiento igual a todos los deberes que recaen en su cabeza, omitieron que tiene a su cargo la función de juez constitucional que, a su juicio, es la principal.

quien sin ser autor o partícipe de la comisión de la conducta punible tenga la obligación de indemnizar los perjuicios.»Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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1.4.2. Agregó la existencia de un defecto sustantivo «por desconocimiento del precedente» del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional contenido en las sentencias de 19 de marzo de 2015,5 T-747 de 2009, T-1154 de 2004, T-230 de 2013, relativo al cumplimiento de los términos judiciales.

Al respecto, indicó que la congestión judicial y los problemas estructurales de la administración de justicia tornan en un «imposible» cumplir con los plazos establecidos

relativo al cumplimiento de los términos judiciales.

Al respecto, indicó que la congestión judicial y los problemas estructurales de la administración de justicia tornan en un «imposible» cumplir con los plazos establecidos en la ley para efectos de resolver los asuntos que tienen a cargo los jueces de la República que , en su criterio , en muchos casos deriva en una mora plenamente justificada por no ser atribuible al servidor judicial. Por ello, agregó que su despacho adolece de un represamiento laboral heredado d e los demás juzgados del Distrito Judicial del Tolima y no a una negligencia o descuido de sus obligaciones.

Finalmente, resaltó que la providencia judicial de segunda instancia carece de sustento en atención a que se limitó a explicar que el proceso penal por el cual fue sancionado debía resolverse con prioridad por la clase de delito y de la víctima, y omitió pronunciarse sobre los argumentos elevados en el escrito de apelación.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 2 de marzo de 2023 el ponente del primer grado admitió la solicitud de amparo y dispuso tener como autoridad es judiciales accionadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

1.6. Intervenciones6

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:

1.6.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, en escrito allegado el 10 de marzo de 2023, manifestó que el fundamento fáctico de las supuestas violaciones al debido proceso y las vías de hecho propuestas por el actor fueron

1.6.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, en escrito allegado el 10 de marzo de 2023, manifestó que el fundamento fáctico de las supuestas violaciones al debido proceso y las vías de hecho propuestas por el actor fueron cuestiones que se abordaron y analizaron en la sentencia sancionatoria de primer a instancia, d e tal suerte que, a su juicio, lo que se pretende es reabrir un debate probatorio que fue debidamente resuelto por las correspondientes autoridades judiciales, razón por la cual solicitó negar el amparo.

1.6.2. Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en memorial presentado el 10 de marzo de 2023 solicitó que se despachen de forma negativa las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

5 Expediente 25000-23-42-000-2015-00340-01. 6 Extracto obtenido del fallo de tutela de primera instancia.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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Lo anterior, en atención a que, en consonancia con la intervención de la comisión seccional, advirtió que lo procurado por el accionante es emplear este mecanismo constitucional como una tercera instancia de la causa disciplinaria en la que se revisen las decisiones que le fueron desfavorable a sus intereses.

Agregó que los argumentos expuestos en el escrito inicial son similares a los reparos

constitucional como una tercera instancia de la causa disciplinaria en la que se revisen las decisiones que le fueron desfavorable a sus intereses.

Agregó que los argumentos expuestos en el escrito inicial son similares a los reparos contenidos en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión sancionatoria primigenia y, en ese sentido, carece de la carga argumentativa desde la órbita de los derechos fundamentales que implique la necesidad de que el juez de tutela intervenga en el presente trámite, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia que puso fin al proceso disciplinario fue proferida por el órgano de cierre en esa materia.

1.7. Sentencia de primera instancia7

Con fallo de 24 de marzo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no encontrar superado el análisis de relevancia constitucional. Al respecto señaló:

En el asunto objeto de estudio, resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues los argumentos planteados por el accionante respecto del defecto fáctico, fueron, a su vez, formulados en el escrito de descargos que presentó dentro del proceso disciplinario, así como en el recurso de apelación presentado contra el fallo de 7 de abril de 2021; pues, en los todos plantea que la mora judicial estaba justificada en: (i) la carga laboral, (ii) la conges tión judicial, (iii) la complejidad de los asuntos, (iv) la obligatoriedad del respeto de los turnos asignados, (v) la prevalencia de ciertas acciones, como las tutela, los habeas corpus e

judicial, (iii) la complejidad de los asuntos, (iv) la obligatoriedad del respeto de los turnos asignados, (v) la prevalencia de ciertas acciones, como las tutela, los habeas corpus e incidentes de desacato, (vi) las actuaciones realizadas en el marco de la Ley 1820 de 2016, (vii) que ese despacho era el encargado exclusivamente de evacuar los procesos de Ley 600 del 2000 que quedaban en el departamento del Tolima y, (viii) la cuantificación de todas las providencias que profirió.8

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 2 de mayo de 2023, el señor Roger Adriano Rubio Molina alegó que el caso de la referencia s í es relevante constitucionalmente, debido a que en las decisiones disciplinarias no se tuvo en cuenta las condiciones de congestión en las que se encuentra el despacho del cual es titular.

Precisó que el a quo de tutela abordó de manera tangencial los defectos fáctico y «material por desconocimiento del precedente » planteados en el escrito inicial, al limitarse a señalar que el accionante pretende agotar a través de esta acción especial una tercera instancia de la causa disciplinaria.

Finalmente, solicitó el análisis de este caso desde un óptica constitucional «y atendiendo todas las circunstancias que rodean el ejercicio de la administración de

7 Fallo que se notificó vía electrónica el 26 de abril de 2023. 8 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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8 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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justicia y se conceda el amparo constitucional solicitado, revocando en consecuencia la decisión disciplinaria sancionatoria».

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 24 de abril de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Si bien la solicitud de amparo se dirigió contra las dos decisiones del proceso disciplinario, lo cierto es que, en caso de proceder el análisis del fondo del reclamo, este se haría respecto de la providencia dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por ser la decisión que puso fin a ese asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la s ala determinar si proc ede confirmar, modificar o revocar la

Judicial por ser la decisión que puso fin a ese asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la s ala determinar si proc ede confirmar, modificar o revocar la providencia de 24 de abril de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente esta solicitud de amparo.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp . No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sal a Plena antes reseñada.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sal a Plena antes reseñada.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación si mplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la s ala resulta necesario anunciar que , en consonancia con el análisis efectuado por el a quo , el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Roger Adriano Rubio Molina no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de un ificación 215 de 16 de

superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Roger Adriano Rubio Molina no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de un ificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.5.1.1. En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye « su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU -128 de 2021, oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional pa ra discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de exponer con suficiencia la “ restricción desproporcionada” a las garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.13

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 14; es decir, el reclamo debe ser «trascendente para la interpr etación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales».15

un asunto meramente legal y/o económico 14; es decir, el reclamo debe ser «trascendente para la interpr etación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales».15

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su na turaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés

13 Parafraseo de la SU 2015 de 2022. 14 Sentencia SU-103 de 2022. 15 Sentencia SU-573 de 2019.Demandante: Roger Adriano Rubio Molina Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01040-01

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general”16. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental».17

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso18, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.

2.5.1.2. Ahora bien, al descender al análisis del escrito inicial y el de impugnación, esta colegiatura no avizora que las inconformidades del accionante contengan la carga argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispe nsable que el accionante , además de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías superiores que considera vulneradas, debe cumplir con el deber de exponer con suficiencia las razones del porqué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.

Si bien el señor Rubio Molina presentó una extensa solicitud de amparo que iteró de manera sucinta en la impugnación , lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

manera sucinta en la impugnación , lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

Tal afirmación deviene de manera indiscutible, del hecho notorio correspondiente a que la controversia propuesta por el actor se circunscribe a un debate de interpretación meramente legal y probatorio, al haberse cimentado