CE - 110010315000202301042011SENTENCIA20230616125437

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Temas: Vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, al decidir recurso de reposición contra actos dictados en la Convocatoria 27 de 2018.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que interpone la parte demandante contra la sentencia del 24 de marzo de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Juan Carlos Quiroga Chavarro promueve acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial , y la Universidad Nacional de Colombia para que s e prote jan sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad.

1.2. Pretensiones2

Universidad Nacional de Colombia para que s e prote jan sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad.

1.2. Pretensiones2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

El accionante formula las siguientes súplicas:

1. AMPARA[R] mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, vulnerados por la Universidad Nacional

y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

2. DECLARAR que la Uni versidad Nacional y la Unidad de Administración de la

Carrera Judicial, han incurrido en yerros en la elaboración, ejecución y calificación de la prueba escrita del concurso de méritos para la provisión del cargo de [juez de ejecución de penas y medidas de seguridad], en los términos relacionados en el acápite anterior.

3. RECALIFICAR mi examen de manera manual, verificando adecuadamente las preguntas contestadas adecuadamente, asignándole su calificación correcta y totalizando la calificación, puntaje que en cualquier caso será superior a ochocientos (800) puntos.

4. ORDENAR a las entidades accionadas permitirme la continuidad en el concurso de mérito y acceder a las etapas procesales que se han ido superando en el transcurso del mismo.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:

1. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, se abrió la convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Por

Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:

1. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, se abrió la convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Por reunir los requisitos exigidos se inscribió para el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad y presentó la prueba de aptitudes, conocimientos y psicotécnica el 24 de julio de 2022, cuyos resultados se publicaron el 2 de septiembre de 2022, por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.

1. Contra ese acto presentó recurso de reposición en el que expuso las irregularidades en la elaboración, ejecución y calificación del examen, que lo obligaron a acudir a mecanismos de impugnación para lograr el reconocimiento adecuado de sus derechos.

1. Oportunamente adicionó el recurso, previo acceso a los cuadernillos de evaluación, hojas de respuesta y claves de respuesta, desglosando cada pregunta que fue erróneamente formulada por parte de la Universidad Nacional de Colombia.3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

1. Pese a la relación detallada de inconsistencias encontradas, a través de la Resolución CJR23-0029 del 1 6 de enero de 2023, la Unidad de Administración de

Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatur a, negó «en masa […] las reposiciones» y, en su lugar, confirmó en todas sus partes el acto impugnado , sin responder en concreto las objeciones planteadas.

Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatur a, negó «en masa […] las reposiciones» y, en su lugar, confirmó en todas sus partes el acto impugnado , sin responder en concreto las objeciones planteadas.

1. En el escrito del recurso s e analizaron veintitrés preguntas, sin embargo, la Universidad Nacional copió y pegó los fundamentos de pertinencia de l os ítems y de las respuestas que consideró correctas, sin resolver las inquietudes señaladas fundadamente sobre las equivocaciones en que se incurrió en su elaboración y calificación.

1. Las preguntas impugnadas son la 7, 15, 17, 23, 24, 28, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 83, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 113, 116 y 126, las cuales se enc uentran mal formuladas, «mal contestadas » o de cualquier forma la calificación asignada es errónea; por ende, se deben tener como acertadas y otorgarle el puntaje correspondiente y sumarlo a su calificación definitiva.

1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, al resolver la reposición les dieron un enfoque diferente a las preguntas para ajustarlas a las respuestas, lo que configura una manipulación indebida y un abuso de la posición dominante, que termina en la vulneración de sus garantías fundamentales.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad.

1.5. Actuación procesal

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad.

1.5. Actuación procesal

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, admitió la acción de tutela mediante proveído del 2 de marzo de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, c omo demandados, para que dentro del término de dos días rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo Superior de la Judicatura . La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial solicita se niegue la protección que reclama el accionante, por las siguientes razones:

1. Las objeciones presentadas en la adición del recurso de reposición por el señor Juan Carlos Quiroga Chavarro a las preguntas 7, 15, 17, 23, 24, 28, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 83, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 113, 116 y 126, así como la petición de revisión manual se atendieron mediante la Resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023, en debida forma, por lo que se configura la carencia de objeto por hecho superado.

manual se atendieron mediante la Resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023, en debida forma, por lo que se configura la carencia de objeto por hecho superado.

2. No se han vulnerado los derechos invocados por el accionante, ya que se dio respuesta clara, completa y de fondo de conformidad con la información suministrada por la Universidad Nacional de Colombia, operador técnico de la prueba, y adicionalmente, no se observa inconsistencia alguna en el proceso de calificación, por ello, se confirmó el resultado que obtuvo a través de la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.

3. La acción impetrada no procede bajo el entendido de que existe otro mecanismo de defensa idóneo.

1.6.2. De la Universidad Nacional de Colombia. El director del Proyecto Contrato 96 de 2018, rinde informe en los siguientes términos:

1. Al accionante se le brindó respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y peticiones incoadas en ejercicio del recurso de reposición. Al respecto,5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

se debe señalar que el 16 de enero de 2023, se expidió la Resolución CJR23-000291 junto con sus respectivos anexos.

1. En el referido acto las entidades accionadas resolvieron de manera particular, las solicitudes y censuras del accionante expresando la justificación técnica de los diferentes ítems de la prueba en sus dos componentes, su vigencia y su pertinencia con relación al empleo para el que aplicó y la justificación técnico -jurídica de cada

solicitudes y censuras del accionante expresando la justificación técnica de los diferentes ítems de la prueba en sus dos componentes, su vigencia y su pertinencia con relación al empleo para el que aplicó y la justificación técnico -jurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta o incorr ecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido.

1. Cada uno de los planteamientos expuestos por la parte actora en materia de preguntas mal formuladas, mal contestadas o que de cualquier forma la calificación es desacertada, fueron marcadas en el Anexo 1 del precitado acto en donde se explica con detalle que en el examen no se encontraron interrogantes con múltiple respuesta y que no excluyó ningún ítem por inconsistencias en su redacción, pertinencia, vigencia o cualquier error que se hubiere advertido, por lo que no resultó procedente la recalificación.

1. Así mismo, en el Anexo 2, se indic ó el fundamento de cada opción de respuesta frente a todas las preguntas refutadas por el accionante , con el fin de destacar las consideradas correctas para el cómputo del puntaje, atendiendo a estándares técnicos internacionalmente aceptados como los patrones para pruebas educativas y psicológicas —Standards for Educational and Psychological Testing — de American Educational Research Association (AERA), American Psychological Asocciation (APA) y National Council on Measurement in Education (MNCE) edición del año 2014.

1. Con el fin de proteger el debido proceso y el derecho a la igualdad, el accionante fue convocado a la jornada de exhibición del material de la prueba el 30 de octubre de 2022, actividad en la que se garantizó el acceso a la información como lo pidió en el recurso de reposición, se dio a conocer la documentación del material de l as

fue convocado a la jornada de exhibición del material de la prueba el 30 de octubre de 2022, actividad en la que se garantizó el acceso a la información como lo pidió en el recurso de reposición, se dio a conocer la documentación del material de l as

1 «Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial».6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

evaluaciones en idénticas condiciones a los demás aspirantes que así lo requirieron, permitiéndole verificar uno a uno los aciertos frente a cada ítem de l examen, con lo que luego argumentó y allegó la ampliación a su escrito de impugnación.

1. Lo anterior evidencia que se ha garantizado al señor Quiroga Chavarro el derecho al debido proceso en todas las etapas del proceso de selección y así mismo se han resuelto en debida forma los diferentes cuestionamientos que ha formulado ; en consecuencia, n o existen situaciones que puedan configurar un trato desigual o discriminatorio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo del 24 de marzo de 2023, negó el amparo del derecho fundamental de petición por los siguientes motivos:

1. Dado que el señor Juan Carlos Quiroga Chavarro alega que el origen de la

de 2023, negó el amparo del derecho fundamental de petición por los siguientes motivos:

1. Dado que el señor Juan Carlos Quiroga Chavarro alega que el origen de la violación a sus garantías radica presuntamente en que no se despacharon de fondo la totalidad de las objeciones que planteó en el recurso de reposición y la adición que impetró contra la Resolución CJR22-351 del 1.º de septiembre de 2022, a través de la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos efectuada el 24 de julio de 2022, en el marco de la Convocatoria 27, el asunto a decidir se circunscribe a la vulneración del derecho de petición.

1. En el presente caso se constató que sí existió por parte de los demandados una respuesta de fondo a la reposición y la adición interpuesta contra la Resolución CJR22351 del 10 de septiembre de 2022, distinto es que l as explicaciones a sus inconformidades no hayan resultado favorables a sus intereses, lo que no quebranta la garantía superior de petición, por cuanto, c omo lo ha sostenido la Corte Constitucional, la respuesta idónea no siempre tiene que implicar la aceptación de lo solicitado.

1. De acuerdo con esa perspectiva, se repite, no se quebranta el derecho de petición7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

del accionante, toda vez que las contestaciones suministradas en la Resolución CJR2329 del 16 de enero de 2023, guardan correspondencia de objeto frente a sus argumentos de impugnación y exponen el motivo de cada una de las preguntas

del accionante, toda vez que las contestaciones suministradas en la Resolución CJR2329 del 16 de enero de 2023, guardan correspondencia de objeto frente a sus argumentos de impugnación y exponen el motivo de cada una de las preguntas efectuadas y las respuestas asignadas en el examen realizado el 24 de julio de 2002, para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.

1. Así las cosas, se colige que no existe la transgresión alegada por el accion ante, no obstante, respecto a los argumentos de fondo que sustentan cada una de sus inconformidades tiene la posibilidad, si a bien lo tiene, de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de los medios de control dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para que sea analizada la motivación y legalidad de las razones que respaldan las determinaciones adoptadas en el precitado acto.

1.8. Impugnación

El accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales, con base en lo siguiente:

1. Contrario a lo que decidió el a quo, en amparo de las garantías al debido proceso, a la defensa, al acceso a cargos públicos y a la igualdad , se debe declarar que las entidades demandadas incurrieron en yerros en la elaboración, ejecución y calificación de la prueba escrita del concurso de méritos para la pr ovisión del cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en consecuencia, se ordene que procedan a recalificar el examen de manera manual, verificando adecuadamente las

de la prueba escrita del concurso de méritos para la pr ovisión del cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en consecuencia, se ordene que procedan a recalificar el examen de manera manual, verificando adecuadamente las preguntas contestadas acertadamente, asignándole s el puntaje correcto, a demás disponer su continuidad en el concurso de méritos y el acceso a las etapas que se han superado en el transcurso de aquel.

1. En el escrito de tutela se hace una relación de las preguntas que presentan inconsistencias, argumentando de manera suficie nte y conforme a la ley y la jurisprudencia tal situación, sin que ello hubiera sido tenido en cuenta por el juez constitucional, que desconoció los evidentes errores en que incurrieron las accionadas8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

y, si bien es cierto, presentan escuetas razones para justificar cada una de las preguntas, de modo alguno responden de fondo las inquietudes planteadas en el recurso de reposición, generalizando la contestación e insistiendo en hacer valer sus equívocos como verdaderos.

1. La primera instancia no examina de fondo el problema jurídico y acude al formato de la subsidiariedad de la acción de tutela, obligándolo a acudir a la jurisdicción ordinaria, sin dimensionar el perjuicio irremediable que se genera con tal alternativa; además de los costos económicos que ha tenido que asumir para atender los requerimientos de la convocatoria debido a las irregularidades presentadas en su desarrollo y ahora debe contratar un abogado que lo represente y haga valer sus

además de los costos económicos que ha tenido que asumir para atender los requerimientos de la convocatoria debido a las irregularidades presentadas en su desarrollo y ahora debe contratar un abogado que lo represente y haga valer sus derechos, así como agotar las diferentes etapas del engorroso trámite contenciosoadministrativo y quizás para cuando se resuelva la medida provisional se estará terminando el curso-concurso, ante la evidente mora judicial existente en este país.

1. Las entidades del Estado abusando de su posición dominante des obedecen las normas y la jurisprudencia que regulan los concursos y sobretodo hac en valer respuestas erróneas con razones superfluas, violando todos los postulados del derecho constitucional, por su parte, el a quo evitó reflexionar sobre el particular y omitió efectuar un pronunciamiento de fondo, sustrayéndose de su obligación de verificar si los argumentos que esgrimió son verdaderos y si las alegaciones expuestas por l os demandados realmente fund amentan su d icho, en cambio busca un «tecnicismo que le permita quitarse una tutela de encima y ganar un punto en estadística».

1. Los accionados dieron una respuesta al recurso formulado, pero no se valoró si decide de fondo las inconformidades señaladas, ya que de acuerdo al contenido de la reposición no existe una correlación con la resolución atacada, pero como el juez constitucional no decidió sobre el particular, no apreció la veracidad de los razonamientos expuestos en la impugnación, así como tampoco la validez del sustento del acto emitido, lo que representa una falla en la administración de justicia y en la finalidad de la tutela.9

razonamientos expuestos en la impugnación, así como tampoco la validez del sustento del acto emitido, lo que representa una falla en la administración de justicia y en la finalidad de la tutela.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 2 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto », esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, como lo decidió la primera instancia, las entidades demandadas no vulneraron el derecho fundamental de petición al señor Juan Carlos Quiroga Chavarro, al resolver e l recurso de reposición y la adición que presentó en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de

2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela

objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.

2.3.2. Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.

El legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, a través de la cual sust ituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En el artículo 14 , señaló como término general para resolver las peticiones el de quince días siguientes a su recepción y, sometió a término especial , i) las peticiones de documentos y de información , que deben ser resueltas dentro de los diez días siguientes a su recibo, y ii) las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, que deben decidirse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

3 Corte Constitucional, sentencias T -030 de 2015, T -871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de 2005, Tcargo, que deben decidirse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

3 Corte Constitucional, sentencias T -030 de 2015, T -871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de 2005, T972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

La Corte Constitucional, a modo de desarrollo jurisprudencial, compiló en la Sentencia T-377 de 20004 como parámetros para su protección los siguientes: i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa; ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo pedido; iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa 5 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el

algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa 5 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía fundamental; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder; x) ante la presentación de una petici ón, la entidad debe notificar su respuesta al interesado.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 19 de septiembre de 2022, el señor Juan Carlos Quiroga Chavarro interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 «por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de los [f]uncionarios de la Rama Judicial».6

4 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014. 5 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011. 6 Índice 9, del expediente electrónico.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

6 Índice 9, del expediente electrónico.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

2.4.2. El 4 de noviembre de 2022, el accionante adicionó el recurso de reposición interpuesto contra el acto mediante el que se dieron a conocer los resultados del examen que se efectuó el 24 de julio de 2022.7

2.4.3. El 16 de enero de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR23-0029, a través de la cual dispuso lo siguiente: 8

ARTÍCULO 1º: CONFIRMAR las decisiones contenidas en la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 de conformidad con la s razones expuestas en la parte motiva de esta [r]esolución y en consecuencia no reponer los puntajes obtenidos por los recurrentes relacionados en el «Anexo 1», para el cargo [juez de ejecución de penas y medidas de seguridad].

ARTÍCULO 2º: RECHAZAR los recursos de apelación presentados de conformidad con la parte motiva de la presente actuación.

ARTÍCULO 3º: RECHAZAR los recursos de reposición presentados sin el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 2 del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 4º: NO PROCEDEN RECURSOS en sede administrativa contra la presente resolución.

ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR está decisión, mediante su fijación, durante el término de

ARTÍCULO 4º: NO PROCEDEN RECURSOS en sede administrativa contra la presente resolución.

ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR está decisión, mediante su fijación, durante el término de cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la Judicatura.

2.4.4. La Un iversidad Nacional de Colombia aportó el Anexo 1 de la Resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023, en donde se expresa con detalle que en el examen no se encontraron preguntas con múltiple respuesta y que no se excluyó ningún ítem por inconsistencias en su redacción, pertinencia, vigencia o cualquier error que se hubiere advertido, por lo que no resultaba procedente recalificar ningún puntaje.9

2.4.5. Igualmente, la aludida entidad remitió el Anexo 2 de la prueba aplicada para el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, indicando su pertinencia,

7 Índice 9, del expediente electrónico. 8 Índice 9, del expediente electrónico. 9 Índice 10, del expediente electrónico.13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01042 01

Demandante: Juan Carlos Quiroga Chavarro

la justificación de la clave asignada, y las razones de las opciones de respuesta no válidas, las que son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.10

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

la justificación de la clave asignada, y las razones de las opciones de respuesta no válidas, las que son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.10

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

El señor Juan Carlos Quiroga Chavarro impugna la sentencia del 24 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó e l amparo del derecho de petición porque constató que sí existió por parte de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia una respuesta de fondo al recurso de reposición y la adición interpuesta contra la Resolución CJR22-351 del 10 de septiembre de 2022, distinto es que las explicaciones a sus inconformidades no hayan resultado favorables a sus intereses, por cuanto, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la respuesta idónea no siempre tiene que implicar la aceptación de lo solicitado.

Pues bien, como lo señaló el a quo, en la Resolución CJR-23-29 del 16 de enero de 2023, la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió los recursos de reposición que se impetraron contra el acto mediante el cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos que se efectuó el 24 de julio de 2022, dentro del concurso de méritos para la provisión del cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de la Rama Judicial, en el que participó el accionante, se analiz