CE - 110010315000202301046011SENTENCIA20231018170159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01046-01

Actor: COMUNIDAD INDÍGENA WAYÚU DE MANAMÓN

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN – Se corroboró que las autoridades demandadas contestaron la petición de la parte demandante / DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA – No se acreditó la afectación d irecta del proyecto cuya consulta solicita la comunidad demandante.

La Sala decide l a impugnación presentada por la parte actora con tra la sentencia del 11 de julio de 2023, proferida por la Subs ección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 15 de febr ero de 2023, el señor Molbo Epiayú, quien actúa en calidad de autoridad tradicional de la Comunida d Étnica Wayúu de Manamón , Resguardo Indígena Wayúu del Municipio de Riohacha1, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República , el Ministerio del

Indígena Wayúu del Municipio de Riohacha1, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República , el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale s y el Grupo de Energía de Bogotá S.A. , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al medio ambiente sano, a la con sulta previa, de petición y a la igualdad. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Tutelar los derechos fundamentales a la consulta previa, igualdad, debido proceso, derecho de petición, medio ambiente sano y autonomía de la Comunidad Étnica I ndígena Way úu de Man amón Resguardo Indígena de Unapuchón Municipio de Riohacha La Guajira , vulnerados por el Presidente de la R epública de Colombia, Minis terio del Interior, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Empresa Grupo Energía de Bogotá, estos están

1 Se advierte q ue, el 8 de septiembre de 2023, el expediente ing resó al despacho de l a magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

Actor: Comunidad Indígena Wayúu de Manamón Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

ocasionando desplazamientos, despojos de tierras y perjuicios irremediables contra la Comunidad Étnica Indígena Wayúu de Manamón Municipio de Riohacha La Guajira.

2. Ordenar a la A utoridad Nacional de Licencias Ambientales, suspender el trámite de la Li cencia Ambiental solicitada por la Empresa Grupo de Energía

Riohacha La Guajira.

2. Ordenar a la A utoridad Nacional de Licencias Ambientales, suspender el trámite de la Li cencia Ambiental solicitada por la Empresa Grupo de Energía de B ogotá hasta tanto no se efectúe proceso de cons ulta previa entre la Comunidad Étnica Indígena Way úu de Manam ón Municipio de Riohacha la Guajira y la Empresa Grupo de Energía de Bogotá, porque esas mega obras de instalaciones de cinco torres de tra smisiones de energía del tramo Cuestecita Municipio de A lbania la Guajira hasta la Jagua d el Departamento del Cesar, van a ser instaladas dentro del resguardo Unapuchón afectando directamente a la Com unidad Indígena Way úu de Mana món, donde esas obras van a destruir las fuentes hídricas, floras, faunas, generan desplazamientos de animales, aves y de personas de la comunidad étnica.

3. Ordenar al Minis terio del Interior a convocar a proceso de consulta previa entre la Comunidad Étnica Indígena Wayúu de Manamón y la Empresa Grupo de Energía de Bogotá, antes de qu e se realicen las mega obras de las construcciones de las cinco torres de trasmisiones de energías, porque estas están generando afectaciones directas contra la Comunidad Indígena Wayúu de Manamón en materia social, cultural, espiritual y territorial, y es tas obras ponen en riesgo la supervivencia de la Comunidad Étnica de Manamón

Municipio de Riohacha la Guajira.

4. Ordenar al Ministerio del In terior y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hacer una visita de campo técnica donde participe la Comunidad Étnica de Manamón, para determinar las afectaciones directas que están

Municipio de Riohacha la Guajira.

4. Ordenar al Ministerio del In terior y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hacer una visita de campo técnica donde participe la Comunidad Étnica de Manamón, para determinar las afectaciones directas que están generando las obras ejecutadas por la empresa Grupo de Energía de Bogotá, en el territorio colectivo y áreas de i nfluencia de la Comunidad Étnica de

Manamón Resguardo Indígena Unapuchón.

1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

La comunidad indígena accionante manifestó que forma parte del Res guardo Indígena Una’apuchón del Municipio de Rio hacha, la Guajira , creado medi ante la Resolución 051 del 18 de diciembre de 2000, expedida po r el INCORA.

Este resguardo está conformado por 6 comunidades indíg enas, dentro de las cuales se encuentra la comunidad étnica de Manamón , integrada por más de 100 familias.

Sostuvo que la Empresa de Ene rgía de Bogotá va a instalar en su territorio varias torres de transmisi ón de energía , con ocasión de la construcción de la segunda línea de Tra nsmisión No. 61, 79 kilómetros de Riohacha a Cuestecita, además de 3 subestaciones y sus correspon dientes bahías de conexión.

Expresó que el desarrollo de ese proyecto se est á realizando sin haber agotado la respectiva consu lta previa con la comunidad étnic a de Manamón, teniendo en cuenta que « estas obras generarán de por vida afecta ciones directas c ontra la comunidad en materia social, cultural, espiritual y territorio, ocasionando

respectiva consu lta previa con la comunidad étnic a de Manamón, teniendo en cuenta que « estas obras generarán de por vida afecta ciones directas c ontra la comunidad en materia social, cultural, espiritual y territorio, ocasionando desplazamientos de la población, despojos de tierras y perjuicios irremediab les»Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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ya que no podrá desarrollar más sus actividades sociales ni culturales, dado que las torres de energía «ponen en riesgo la supervivencia de la comunidad».

Indicó que las afectaciones generadas por el Grupo de Energía de Bogotá son directas, pues va a instalar cinco torres de energía, y una de ellas en la vía de acceso a la comunidad étnica de l Resguardo , lo que destruirá « sus fuentes hídricas, flora, fauna, sitios sagrados (cementerio), m edio ambiente, seguridad alimentaria y generará desplazamientos porque le toca buscar la forma de cambiar su acceso ancestral por una nueva ». Indicó que los p untos de topografía están marcados con letras de c olor rojo en los árboles.

Sostuvo que la Empresa del grupo de Energía de Bogotá socializó el proyecto con otras comunidades indígenas que integr an el resguardo de Una ’apuchón, menos con la comunidad indígena Wayúu de Manamón.

Expresaron que , en el año 2022, el resguardo indígena solicitó ante la Agencia Nacional de Tierras la ampliación de territorio con el fin de que se dividiera entre

con la comunidad indígena Wayúu de Manamón.

Expresaron que , en el año 2022, el resguardo indígena solicitó ante la Agencia Nacional de Tierras la ampliación de territorio con el fin de que se dividiera entre las 6 comunidades que integran el res guardo por el territorio que en tregaron en el que se está desarrollando el pro yecto. Asimismo, m anifestó que el Ministerio de l Interior debe realizar una visita en conjunto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a todo el territorio para determinar las afectaciones , y realiz ar el proceso de consulta pr evia para poder obtener la licencia ambiental , pues el respectivo plan de manejo ambiental debe hac erse después de que se agote ese mecanismo.

Expuso que , el 25 de enero de 2023, solicitaron ante el Grupo de Energía de Bogotá la suspensi ón de las obras en las áreas de in fluencia hasta que no se realice el proceso de consulta previa entre la comunidad étnica de Manamón y esa autoridad, por cuanto esas obras están afectando su supervivencia, tejido social , usos y costumbres ancestrales.

Señaló que, el 25 de enero siguiente, presentó peticiones ante la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Au toridad Nacional de Licencias Ambientales, pero que, a la fecha de interposición de la tutela no habían obtenido respuesta alguna.

El 6 de febrero de 2023, el Grupo de Energía de Bogotá contestó su p etición y l e informó que a esa comunidad no se le reali zaría consulta previa porque , de conformidad con la Resolución 91 del 24 de octubre de 201 9, ex pedida por el

informó que a esa comunidad no se le reali zaría consulta previa porque , de conformidad con la Resolución 91 del 24 de octubre de 201 9, ex pedida por el Ministerio del Interior , se e xcluyó del proceso de consulta previa a la comunidad Indígena Wayúu de Manamón , lo cual desconoce sus derecho s fundamentales , yRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

Actor: Comunidad Indígena Wayúu de Manamón Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

lo dispuesto en el Convenio 169 de de 1989 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y el precedente constitucional.

Por último, indicó que el Ministerio del Interior debe hacer un estudio de campo antropológico, social, cultural y ambiental y lueg o pronunciarse sobre las comunidades que deben ser c onsultadas y cuáles no.

La comunidad accionante manifestó que las autori dades demanda das vuln eraron sus derechos fundamentales al desconocer los precedentes constitucionales que obligaban a realizar la consulta previa antes de llevar a cabo una obra en un territorio en el que tiene influencia los grupos étnicos.

Precisó que la certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia de una comunidad étnica no constituye al colectivo, sino que s ólo da cuenta de su existencia y ubicación, pues tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia T-219 de 2022, la identidad étnica es un asunto material o de hecho, y no un formalismo, por lo que la comunidad no existe en virtud de registros censales o de las certificaciones de las entidades estatales.

sentencia T-219 de 2022, la identidad étnica es un asunto material o de hecho, y no un formalismo, por lo que la comunidad no existe en virtud de registros censales o de las certificaciones de las entidades estatales.

Manifestó que, de conformidad con la Directiva Presidencial 10 de 2013, son 3 los supuestos en los que se debe realizar una visita técnica al área de influencia de un proyecto para certificar la presencia de comuni dades étnicas, con el fin de verificar si se debe realizar o no la consulta previa , estos son: (i) el asent amiento de comunidades en las áreas de infl uencia, (ii) el desarrollo de usos y costumbres por parte de comunidades en las áreas , y (iii) el trán sito de comunidades étnicas en las áreas de interés del proyecto.

Precisó que también resultaba necesario que los interesados pres entaran un plan de manejo arqueol ógico fundamentado en un programa de arqueología, puesto que para el desarro llo del proyecto se requería el otor gamiento de una licencia ambiental. Asimismo, en su criterio, debía ago tarse la consulta p revia por cuanto es u n deber de consultar a la población en general y a las comunidades diferenciadas sobre los cambios o impactos que se generan con la construcción de obras y pro yectos sobre los recursos naturales , de conformidad con las sentencias T-129 de 2011 y T-462 de 2014 de la Corte Constitucional.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1° de marzo d e 2023, el despacho del magistrado sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1° de marzo d e 2023, el despacho del magistrado sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades demandadas.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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2.2. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indicó que no es la entidad llamada a realizar y coordinar los procesos de consulta previa, pues es competencia de l Ministerio del Interior a trav és de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta P revia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2353 de 2019.

Asimismo, sostuvo que lo relacionado con la licencia ambiental del proyecto de instalación de las to rres para la transmisión de energía eléctrica, esa ob ra se encuentra asociada al proyec to denominado « UPME 06-2017 LÍNEA DE

TRANSMISIÓN ASOCIADA A LA CONEXIÓN CUESTECITAS – LA LOMA 500

KV» asociado al expediente LAV0011-00-2022, competencia de la ANLA.

Indicó que actú a en el proceso de consulta previa exclusivamente en el ámbito de los imp actos ambientales y medidas de manejo ambiental, apoyando en la valoración técnica que se haga de la s inquiet udes y expectativas de las comunidades étnicas, por lo que, insistió que no es la llama da a atender el amparo de los derechos pretendidos en la demanda.

valoración técnica que se haga de la s inquiet udes y expectativas de las comunidades étnicas, por lo que, insistió que no es la llama da a atender el amparo de los derechos pretendidos en la demanda.

Precisó que, no le corresponde a la ANLA ni al jue z de tutela pronunciarse sobre la legalidad de las ce rtificaciones expedidas por la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, por cuanto estas se presumen legales.

Indicó que sí contestó la petición de la comunid ad accionante el 6 de febrero de 2023, radicado 202302 1907-2-000, en la que le comunic ó que los trabajos de reconstrucción de la carrera de la vía Florida – Cuestecitas no requerían licencia ambiental, ni plan de manejo ambiental. Asimismo, le informó que mediante O ficio 22023021595-2-000 del 3 de febrero de 2023 remitió por competencia esa solicitud a la Corporación Autónoma Regional de la Guaji ra.

Mediante respuesta con radicad o 2023028867 del 16 de febrero de 2023 le informaron a la comunidad que no se identificaban condiciones que ameritaran ordenar la suspensión de la licencia ambiental del proyecto en mención.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en especial a la solicitud de suspensión del trámite de la l icencia ambiental, por cuanto la Corte Constitucional en la sentencia SU -123 de 2018 un ificó el criterio sobre la procedibilidad de la consulta previa y advirtió que debía llevarse a cabo cuando se afectara directamente a una comunidad étnica por la implementación de una medida

en la sentencia SU -123 de 2018 un ificó el criterio sobre la procedibilidad de la consulta previa y advirtió que debía llevarse a cabo cuando se afectara directamente a una comunidad étnica por la implementación de una medida administrativa o legislativa, de ahí que, a su juicio, no tiene l ugar por la solaRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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presencia de las comunidades en el área de influencia de un proyecto, sino por las afectaciones directas de las que puedan ser obj eto. Asimismo , indicó que esta procede en todas las fases del proyecto .

Señaló que la pretensión de suspensión del trámite de licencia ambiental resulta desproporcionada, por cuanto se puede realizar en cualquier etapa del proyecto la consulta previa en el evento en que se considere procedente, sumado al hecho que se debe demostrar sumariamente por parte de la s comunidades una afectación directa derivada del proyec to objeto de la controversia. Indicó que la tutela debe declararse improcedente por incump limiento del requisito de subsidiariedad , por cuanto se está cuestionando actos administrativos expedidos po r el Ministerio del Interior sobre la procedencia o no de la consulta previa con las co munidades étnicas , sumado al hecho que no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable.

Pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por p asiva de la ANLA , por cuanto no le corresponde realizar procesos de consulta previa . Que, de hech o,

configuración de un perjuicio irremediable.

Pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por p asiva de la ANLA , por cuanto no le corresponde realizar procesos de consulta previa . Que, de hech o, en caso de que se considere procedente, se deberá re alizar por la empresa titular del proyecto y bajo la dirección del Ministerio del Interior.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa manifestó que no se encontraba acreditada la condición de representació n de la comunid ad étnica , pues s ólo se aportó un documento de la Alcaldía de Riohacha de l 1° de agosto de 2011, que no constituye prueba válida para acreditar la representación de la comunidad .

2.3. El Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. manifestó que no es cierto q ue se vayan a instalar la torre 131 y la 132 dentro del territorio de la comunidad demandante, pues verificaron en sus bases de datos y esas torres serían ubicadas en predios de propiedad privada en el Municip io de Distracción, Guajira.

Expresó que la co munidad accionante no tie ne relación con el proyecto del GEB, ni muchos menos se le está afectando directamente, de ahí que en la tut ela no se advierta ningún documento que pruebe la supuesta afectación.

Señaló que ha dado cumplimiento amplio y estricto a la implementación de metodologías científicas nacio nalmente aprobadas, para desarrollar el estudio de impacto ambiental y adelantar el trámite de licenciamiento reque rido p or el proyecto.

En relación con el derecho de petición, indicó que fue respondid o el 2 de febrero

impacto ambiental y adelantar el trámite de licenciamiento reque rido p or el proyecto.

En relación con el derecho de petición, indicó que fue respondid o el 2 de febrero de 2023, mediante Oficio GEB ENL -00147-2023-S, en el que se indicó la debidaRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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diligencia adelantada por esa entidad y se le expuso que esa comunidad no se encontraba entre las comunidades con las cuales resultaba procedente la realización de la consulta previa, de conformidad con lo certificado por el Ministerio del Interior en las Resoluciones 91 y 271 de 2019.

Precisó, además, que en el escrito de tutela no se ide ntificó el lugar geográfico en el que ejerce sus práctic as, de ahí que no resulte procedente determi nar con el material que obra en el expediente si hay luga r o no a realizar la consulta previa.

Adujo que tampoco se aportaron prue bas sobre el impacto en concreto que tiene el proyecto de la comunidad, ni cuál es el elemento es encial y cultural que se afecta.

De hecho, sostuvo que , si bien el proyecto causa efectos como cualquier otro , en cumplimiento de las n ormas legales se realizó el trámite de licenciamiento con la finalidad de mitig ar, minimizar y prevenir afectaciones que se pudieren causar con la ejecución de los proyectos.

Indicó que en la zona de Riohacha existen otros dos proyectos de energía eléctrica, uno de los cuales ya está construido y en operación, en «donde sí

la ejecución de los proyectos.

Indicó que en la zona de Riohacha existen otros dos proyectos de energía eléctrica, uno de los cuales ya está construido y en operación, en «donde sí existen sitios de torres con la nomenclatura citad a que serían RICU131 y RICU132 y otro proyecto, del cual no tenemos info rmación cartográfica, sin embargo, es muy probable que el accionante se esté refi riendo a estos proyectos ».

Por todo lo anterior, solicitó que se neg aran las pretensiones de la deman da de tutela, ante la inex istencia de vulneración a los derechos de la comunidad accionante. Asimismo, indicó que no estaba legitimad o en la causa por pasiva , por cuanto no es la autoridad competente de definir la realización de la consulta previa.

Agregó que, además, la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto tuvo conocimiento de la n o certificación de procedencia de su com unidad frente al Proyecto Colectora desde hace más de 2 años y no ejerció recurso ordinario alguno.

2.4. En cuan to a la visita de campo , e l Ministerio del Interior señaló que es el resultado del proceso consultivo que inicia con la determinación de procedencia de la consulta previa en cabeza de la Autoridad Nacional de Consulta Previa de esa cartera ministerial, e n el cual ya se surtieron la s visitas que dieron como resultado el pronunciamiento administrativo.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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Luego de agotar el procedimiento con el fin de determinar las comunidades

Actor: Comunidad Indígena Wayúu de Manamón Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Luego de agotar el procedimiento con el fin de determinar las comunidades étnicas que se afectaban directamente por el proyecto Líneas de Transmisión asociadas a la conexión colectora 1-cuestecitas a 500kv, se realizaron 3 visitas de verificación a campo y en las mismas se verificó desde el criterio de afectación las dinámicas de las comunidades que efectivamente iban a ser afectadas quedando debidamente certificadas. Al igual que por el análisis cartográfico y geográfico , no fue posible determin ar que la comun idad étnica indígena Wayúu de Manamón se encontrara afectada directamente en el área de influencia del proyecto.

Expuso que luego de consultar las base s de datos, no se encontró la petición a la que hace referencia la demandante.

Asimismo, indicó que la tutela debe declararse improcedente por cuanto la comunidad demandante cuenta con otras vías judiciales disponibles y eficaces , pues pretende cuestionar la legalidad del acto po r medio del cual se establecieron las comunidades que hacían presencia en el área del pro yecto.

Además, precisó q ue no se acreditó que el proyecto atentara contra lugares relevantes para las co smovisiones (mitos, ritos, modo de producción y vías de subsistencia o el desarrollo de sus festividades). Finalmente, in dicó que la tutela tampoco cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto han transcurrido casi 4 años desde la ocurrencia de los hechos, sin que se pueda evidencia r consecuencias actuales qu e deriven en un perjuicio irremediable.

por cuanto han transcurrido casi 4 años desde la ocurrencia de los hechos, sin que se pueda evidencia r consecuencias actuales qu e deriven en un perjuicio irremediable.

2.5. La Presidencia de la República en primer lugar indicó que luego de verificar el sistema de gestión documental no encontró ninguna comunicación a no mbre del accionante y que hubiera sid o remitida a l correo elec trónico contacto@presidencia.gov.co.

Expuso que no es la autoridad competente para atender la solicitud de la comunidad demandante, puesto que ese asunto le corresponde al Minister io del Interior, al Minis terio Público, a la Defensoría del P ueblo y a las autoridades ambientales y territoriales y aquellos que promuevan las medidas que se consideran como lesivas en contra de las comunidades. De ahí que, en su criterio, se deba declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Fallo impugnado

En sentencia de l 11 de julio de 2023, la Subsección B de la Sección Tercer a del Consejo de Estado negó el amparo solicitado .Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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En primer lugar, en cuanto a la vulneración del derecho d e petición, el a quo constató que la empresa Grupo de Energ ía de Bogotá y la ANLA otor garon respuesta a las peticiones de la comunidad demandante . Respecto de las solicitudes present adas ante el Ministerio de l Interior y a la Presidencia de la

constató que la empresa Grupo de Energ ía de Bogotá y la ANLA otor garon respuesta a las peticiones de la comunidad demandante . Respecto de las solicitudes present adas ante el Ministerio de l Interior y a la Presidencia de la República «lo cierto es que la misma no se remitió a un canal habil itado para la recepción de PQRS».

En re lación con la vulner ación al derecho fundamental al debido proceso y a la consulta previa, se consideró que , a partir de lo reportado por la ANLA, l a Corporación Autónoma Regional de l a Guaji ra informó que la ejecución de ese proyecto no requería licencia, ni plan de manejo ambiental.

Asimismo, sostuvo que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior realizó visitas de verificación del 18 al 21 de diciembre de 2018, y d el 5 al 13 de marzo de 2019 , y la información recopilada en es as v isitas se plasmó en el informe técnico del 14 de mayo de 2019, en el que se determinó que dentro del territorio de ejecución del proyecto UPME -6 de 2017 había presenci a de diferentes comunidades, dentro de las cuales no se encontraba la aquí demandante .

A pesar de lo anterior, el a quo sostuvo que podría existir una posible afectaci ón directa respecto de la comunidad indígena de Manamón, y con el propósito de verificar si se encontraba vuln erado el derecho fundamental a la consulta previa, de conformidad con las reglas jurisprudenciales de la sentencia SU -123 de 2018, constató que no se encontró acreditada una afectación a sus tradiciones, por cuanto:

• No se allegó ma terial probatorio que d emostrara que la ejecución del proyecto se encontraba dentro de su territorio.

constató que no se encontró acreditada una afectación a sus tradiciones, por cuanto:

• No se allegó ma terial probatorio que d emostrara que la ejecución del proyecto se encontraba dentro de su territorio. - No se probó cómo los proyectos atentaban contra los lugares relevantes para las cosmovisiones, ritos, modo de producción y vías de subsistencia. - No existe claridad sobre el co ntexto geográfico en el cual di chas comunidades desarrollan su s us os y costumbres , pues en la tutela no se preocuparon por determinar puntualmente cuál era la afectación concreta que causaba el proyecto. - De las imágenes aportadas no resultaba posible conc luir a ciencia cierta que con la instalación de las torres de energía se afectaran los derechos de la comunidad.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

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4. Impugnación

Inconforme con lo anterior, la parte demandante la impugnó y manifestó que con el desarrollo del proye cto se le están causand o perjuicios irremediables y diversas afectaciones ambientales , so ciales, culturales y espirituales, de ah í qu e, a su juicio, debe ser consultada « igualmente como lo realizaron con las cinco comunidades más que conforman el Resguardo de Unap uchón, por que l os derechos en los resguardos indí genas son colectivos y no individuales».

Asimismo, solicitó que se ordenara a las demandadas agotar la consulta previa para que despu és pudieran realizar las instalaciones de las torres de transmis ión de energía.

derechos en los resguardos indí genas son colectivos y no individuales».

Asimismo, solicitó que se ordenara a las demandadas agotar la consulta previa para que despu és pudieran realizar las instalaciones de las torres de transmis ión de energía.

Finalmente, pidió que se le ordenara al Ministerio de l Interior la realización de una verificación de visita de campo al territorio colectivo en el que está u bicada la Comunidad Wayúu de Manamón.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia del 11 de julio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado. Para tal efect o, s e deberá establecer si las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de peti ción, al debido proceso y a la consulta previa de la Comunidad Indígena Wayúu de Manamón.

2. Análisis de la Sala

2.1. El derecho fundamental de petición

Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, tal como lo ha concebido la doctrina, es « un derecho que -antes que otra funciónfacilita la expresió n de las personas en su relación con un determin ado poder constituido »2 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho.

2 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En : Derecho público.

poder constituido »2 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho.

2 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En : Derecho público. Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01046-01

Actor: Comunidad Indígena Wayúu de Manamón Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Es, por tanto, « una de esas formas de vinculación entre el poder público y l