CE - 110010315000202301052011SENTENCIA20230915145930

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

Demandantes: Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y otra

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01052-01

Demandantes: PROCURADURÍA 14 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE

ARMENIA Y OTRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de simple nulidad que denegó la nulidad del acto administrativo que concedió licencia de construcción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 9 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que denegó la tutela1.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de febrero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos

1. Solicitud de amparo

El 27 de febrero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia pidieron la protección del derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la parte demandante, la vulneración se presenta con respecto a la sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que, en segunda instancia, confirmó la decisión de declarar la nulidad de la Resolución 100 del 2 de julio de 2020, por la cual el municipio de Circas ia (Quindío) autorizó licencia de urbanismo en modalidad de loteo y urbanización al señor Jaime Escobar Botero (expediente de simple nulidad 63001-33-33-003-2020-00164-01).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ, con ocasión de la expedición de la Sentencia No. 005-2023-16 del 02 de febrero de 2023 dentro del medio de control de nulidad, Ex pediente No. 63-001-3333-003-2020-00-164-01.

2. DEJAR SIN EFECTOS, con fundamento en los elementos fácticos y normativos anteriormente referenciados, únicamente lo correspondiente al análisis y decisión relacionado con el cargo que

1 El 28 de agosto de 2023, el expediente de tutela ingresó al despacho sustanciador.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

referenciados, únicamente lo correspondiente al análisis y decisión relacionado con el cargo que

1 El 28 de agosto de 2023, el expediente de tutela ingresó al despacho sustanciador.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decidió la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ sobre el servicio público de acueducto, realizado a partir de la valoración de los documentos aportados por el señor Personero del Municipio de Circasia en Audiencia Pública Potestativa del Artículo 182B° de la Ley 1437 de 2011 celebrada el 23 de agosto de 2023, dentro del medio de control de nulidad, Expediente No. 63-001-33-33-003-2020-00-164-01.

3. En consecuencia con lo anterior, ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ, dentro del medio de control de nulidad, Expediente No. 63-00133-33-003-2020-00-164-01, proceder al debido análisis del material probatorio oportunamente allegado dentro del proceso y expedir en el marco de las garantías constituciona les una decisión únicamente sobre el cargo correspondiente al servicio público de acueducto para el caso del proyecto urbanístico Ecociudad Galicia del Municipio de Circasia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

únicamente sobre el cargo correspondiente al servicio público de acueducto para el caso del proyecto urbanístico Ecociudad Galicia del Municipio de Circasia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Mediante Resolución 100 del 2 de julio de 2020, el secretario de infraestructura de Circasia concedió licencia de urbanismo a Jaime Escobar Botero, en las modalidades de loteo y urbanización.

La Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia interpusieron demanda de simple nulidad contra la Resolución 100 del 2 de julio de 2020, por estimar «que fue emitida violando las normas en las que debería fundarse y de manera irregul ar», por lo siguiente: (i) que no fue debidamente acreditada la capacidad o viabilidad inmediata para proveer los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado , y (ii) q ue no se cumplieron los porcentajes legalmente previstos para cesiones obligatorias.

Por sentencia del 1° de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia declaró la nulidad de la Resolución 100 del 2 de julio de 2020, toda vez que si bien fue cumplido el requisito de disponibilidad inmediata de capacidad para la prestación de servicios públicos, lo cierto es que no fueron realizadas las cesiones previstas en el Decreto 1077 de 2015 y los Acuerdos 016 de 2000 y 049 de 2009.

El municipio de Circasia, la Sociedad Promotora Río Espejo S.A.S., Jaime Escobar

Decreto 1077 de 2015 y los Acuerdos 016 de 2000 y 049 de 2009.

El municipio de Circasia, la Sociedad Promotora Río Espejo S.A.S., Jaime Escobar Botero y la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia apelaron la decisión de primera instancia. En lo que interesa , las procuradurías insistieron en que no está cumplido el requisito de disponibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y realizaron consideraciones sobre la manera en que debe evaluarse probatoriamente de ese requisito.

Por auto del 12 de julio de 2022 , el Tribunal Administrativo del Quindío convocó audiencia pública, con la siguiente justificación: «encontrándose el proceso al despacho para impartirle el trámite que corresponde se observa que atendiendo la naturaleza de los intereses en discusión en el sub examine resulta pertinente, en aras de esclarecer la controversia convocar a la realización de la audiencia pública potestativa de que trata el artículo 182B del CPACA».

En audiencia pública potestativa del 23 de agosto de 2022, la Personería Municipal de Circasia aportó certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que da cuenta de la existencia de la concesión de fuentes hídricas para suplirRadicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las necesidades asociadas a la licencia de construcción (Resoluciones 1792 de 2018 y 020 de 2019).

Mediante sentencia del 2 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la nulidad del acto demandado, toda vez que «se encuentra viciado de nulidad por expedición irregular y vulneración de las normas en que debía fundarse, debiéndose declarar la prosperidad del cargo formulado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia». En síntesis, el tribunal demandado consideró lo siguiente:

(i) Que no fue cumplido el requisito de disponibilidad inmediata del servicio de alcantarillado, pues esa disponibilidad estaba condicionada a la construcción del Colector Yeguas y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Yeguas.

(ii) Que sí había disponibilidad inmediata respecto del servicio de acueducto, de conformidad con el certificado emitido por Empresas Públicas de Quindío y la certificación aportada por la Personería Municipal de Circasia en la audiencia pública potestativa realizada el día 23 de agosto de 2022. Que lo anterior permite concluir que para el año 2020, cuando fue solicitada la licencia de urbanización, el municipio de Circasia tenía capacidad para abastecer la demanda de agua urbana y, por ende, contrario a lo manifestado por la parte demandante, no es cierto que fuera inviable la conexión del predio al servicio de acueducto.

licencia de urbanización, el municipio de Circasia tenía capacidad para abastecer la demanda de agua urbana y, por ende, contrario a lo manifestado por la parte demandante, no es cierto que fuera inviable la conexión del predio al servicio de acueducto.

(iii) Que no había viabilidad inmediata del servicio de energía eléctrica, pues el solicitante de la licencia sólo la acreditó respecto de 600 viviendas y el proyecto señala que son 860 viviendas.

(iv) Que la licencia no cumplió el requisito de porcentaje mínimo de suelo para el desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP).

(v) Que no fueron cumplidos los porcentajes de cesión para áreas públicas.

(vi) Que no es posible convalidar el acto demandado, puesto que los vicios advertidos son sustanciales. Que no puede entender subsanadas las irregularidades por el hecho de la expedición certificados de disponibilidad del servicio público proferidos con posterioridad al otorgamiento de la licencia de urbanización.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que el tribunal demandado permitió que, por fuera de la etapa probatoria, la Personería de Circasia aportara nuevas pruebas. Que fueron agotados los recursos disponibles y que no es procedente el recurso extraordinario de revisión. Que está cumplida la inmedia tez, puesto que la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 9 de febrero de 2023. Que «la irregularidad alegada tiene un efectivo decisivo y determinante, en tanto el Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ en segunda instancia, negó uno de los argume ntos

«la irregularidad alegada tiene un efectivo decisivo y determinante, en tanto el Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ en segunda instancia, negó uno de los argume ntos principales de la parte demandante violando abiertamente el Debido Proceso, al transgredir el Principio de Oportunidad e Idoneidad en materia probatoria, ya que en una etapa y audiencia posterior y no señalada taxativamente para esto, incorporó una serie de documentos que presentó la Personería Municipal de Circasia queRadicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustancialmente cambiaron la decisión de fondo sobre el componente de servicio público domiciliario de acueducto en el caso concreto».

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora, e xplicó que « si bien esta parte demandante comparte la decisión tomada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ en la Sentencia No. 005-2023-16 del 02 de febrero de 2023 de declarar la nulidad de la Resolución No. 100 de l 02 de julio de 2020 expedida por la Secretaría de Infraestructura de Circasia, las suscritas se apartan de uno de los argumentos presentados en la parte considerativa de la providencia, exclusiva y únicamente al componente y análisis del cargo correspond iente al servicio público de acueducto que realizó la magistratura».

Dijo que la sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo

únicamente al componente y análisis del cargo correspond iente al servicio público de acueducto que realizó la magistratura».

Dijo que la sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, incurrió en defecto fáctico, pues, por fuera de la etapa probatoria, permitió que la Personería de Circasia aportara nuevas pruebas, que, en ultimas, determinaron que se desestimara el cargo de nulidad relacionado con la falta de disponibilidad inmediata del servicio de acueducto.

Resaltó que la audiencia estuvo sustentada en el artículo 182B del CPACA y que esa norma no permite que sean aportadas nuevas pruebas. Que, en ultimas, se trata de pruebas nulas de pleno derecho y que el tribunal demandado no podía tener las en cuenta para sustentar la decisión de segunda instancia.

Agregó que, de hecho, pese a la declaratoria de nulidad de la licencia de construcción, la obra continúa y está abierta al público una sala de ventas. Que «es manifiesto que el particular a quien se le había otorgado la Resolución No. 100 del 02 de julio de 2020 expedida por la Secretaría de Infraestructura de Circasia se encuentra contrariando los términos, obligaciones y alcances contenidos en la sentencia».

5. Intervenciones

La sociedad Promotora Río Espejo S.A.S. manifestó que la parte actora pretende habilitar una tercera instancia judicial, por el simple hecho de no compartir solo uno de los aspectos tratados en la sentencia cuestionada. Dijo que la parte actora quiere desconocer el efecto de documentos pú blicos que otorgaron capacidad para el municipio de Circasia proveyera el servicio de acueducto al proyecto urbanístico Ecociudad Galicia.

los aspectos tratados en la sentencia cuestionada. Dijo que la parte actora quiere desconocer el efecto de documentos pú blicos que otorgaron capacidad para el municipio de Circasia proveyera el servicio de acueducto al proyecto urbanístico Ecociudad Galicia.

El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia aportaron copia del expediente de simple nulidad, pero nada dijeron con respecto a la demanda de tutela.

El Municipio de Circasia – Secretaría de Infraestructura , la Veeduría Cívica de Armenia y el Quindío y el señor Jaime Escobar Botero no intervinieron, pese a que fueron notificados de la admisión de la tutela de la referencia, mediante correos electrónicos del 7 de marzo y 11 de abril de 2023.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 9 de mayo de 2023 , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, denegó la tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El a quo explicó que la tutela cumplió los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por estar comprometido el derecho fundamental al debido proceso. Que fueron agotados los recu rsos procedentes en el proceso ordinario. Que hubo inmediatez, por cuanto la sentencia cuestionada fue notificada el 9

asunto tiene relevancia constitucional, por estar comprometido el derecho fundamental al debido proceso. Que fueron agotados los recu rsos procedentes en el proceso ordinario. Que hubo inmediatez, por cuanto la sentencia cuestionada fue notificada el 9 de febrero de 2023 y la tutela fue radicada el 27 de febrero de 2023. Que fueron debidamente identificados los motivos de vulneración. Que no se cuestionan sentencias de tutela.

Luego de hacer un extenso resumen de la providencia cuestionada, explicó que «aunque la parte accionante alega que la autoridad judicial vulneró su derecho fundamental al debido proceso al valorar de manera errónea la Certificación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, lo cierto es que no desarrolló una suficiente carga argumentativa para sustentar su relevancia».

Señaló que no se evidencia defecto fáctico, puesto que la sentencia atacada se sustenta en el estudio y valoración razonable de las pruebas aportadas al proceso de nulidad simple, especialmente los provenientes de la Personería de Circasia. Que « se debe señalar que los argumentos alegados por la demandante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la actuación y decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de nulidad, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses».

7. Impugnación

con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de nulidad, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses».

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia del 9 de mayo de 2023 , por cuanto, a su juicio, «es limitada y evidencia un carente análisis en materia constitucional y del Debido Proceso; así mismo resulta llamativo que una instancia como el Consejo de Estado a partir del planteamiento de la triada jurídica de hechos, pruebas y pretensiones, no haya podido abordar íntegramente el Problema Jurídico que se presentó, y por el contrario se haya ceñido en un ejercicio completamente escueto a desconocer elementos axiales del Sistema Jurídico».

Que «lo que se debía decidir por el Juez Constitucional no era si la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ vulneró el Derecho Fundamental al Debido Proceso al incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico por haber valorado de manera incorrecta 2 documentos aportados por el Ministerio Público municipal de la autoridad ambiental del Quindío, sino justamente estudiar, evaluar, analizar y decidir si estos documentos incorporados y aportados en la Audiencia Pública Potestativa del Artículo 182B° de la Ley 1437 de 2011 (que por demás no fueron aportados por la parte demandada ni los coadyuvantes al contestar la demanda) podían ser o no tenidos como verdaderos elementos materiales probatorios en estricto sensu dentro de un medio de control de Nulidad Simple de acuerdo con el régimen procesal y probatorio, cuando ya había fenecido dicha etapa en todo el proceso y ser objeto de criterios decisionales

verdaderos elementos materiales probatorios en estricto sensu dentro de un medio de control de Nulidad Simple de acuerdo con el régimen procesal y probatorio, cuando ya había fenecido dicha etapa en todo el proceso y ser objeto de criterios decisionales efectivos para la providencia».

Que, no obstante, «el Juez llamado a establecer un problema jurídico coherente con lo presentado, en un ejercicio paupérrimo de análisis consideró otro problema jurídico de características restrictivas, disruptivas y carente de integralidad, pues cambióRadicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co justamente las reglas fácticas y normativas sobre las cuales debía solventarse la decisión en derecho».

Que el defecto fáctico se configura también cuando son tenidas en cuenta pruebas ilegalmente aportadas al proceso. Que «al incorporarse al medio de control de Nulidad Simple los documentos aportados por la Personería Municipal de Circasia y la Certificación proporcionada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ en el marco de la Audiencia Potestativa del Artículo 182B° de la Ley 1437 de 2011 era imposible desde el punto de vista normativo por parte del Tribunal Administrativo del Quindío - TAQ garantizar a las partes del proceso el traslado ya fuera oral u escrito de los documentos, pues ya la etapa consagrada en las Leyes para esto había concluido, lo cual de e videnciarse cualquier tipo de actuar procesal distinto al consagrado con

Quindío - TAQ garantizar a las partes del proceso el traslado ya fuera oral u escrito de los documentos, pues ya la etapa consagrada en las Leyes para esto había concluido, lo cual de e videnciarse cualquier tipo de actuar procesal distinto al consagrado con efectos directos en el fallo respecto de estos documentos, en un verdadero ejercicio juicioso del Derecho, hubiese implicado su exclusión inmediata por haber ingresado fuera del iter que el ordenamiento trae para estos».

Que se evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto fue desconocido el carácter preclusivo de las etapas procesales y la imposibilidad de aportar pruebas por fuera de las oportunidades procesalmente previstas.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia y la Procuraduría 99 Judicial I para Asuntos Administrativos de Armenia contra la sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que confirmó la decisión de anular la Resolución 100 del 2 de julio de 2020, por la cual el municipio de Circasia (Qui ndío) autorizó licencia de urbanismo en modalidad de loteo y urbanización al señor Jaime Escobar Botero.

La Sala anticipa que la tutela de la referencia resulta improcedente para cuestionar la sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, toda vez que decide un conflicto de mera legalidad suscitado en un proceso de simple nulidad y no implica decisiones concretas de las que pueda derivarse la vulneración de

sentencia del 2 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, toda vez que decide un conflicto de mera legalidad suscitado en un proceso de simple nulidad y no implica decisiones concretas de las que pueda derivarse la vulneración de derecho fundamentales. Por consiguiente, será revocada la sentencia impugnada y, en su lugar, se declarará la improcedencia.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales , (ii) la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto , y (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto deRadicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los req uisitos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los req uisitos específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. La improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto

El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 4 establece que la acción de tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este mecanismo no está previ sto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada por un acto general, sino para « suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación d eberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención»5.

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en ese tipo

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta derechos fundamentales. En efecto, en múltiples fallos6, esta Sección ha precisado que:

Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se ado pta lo que determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta una situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados constitucionales o legales.

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decret o 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general,

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decret o 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.

tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 5 Sentencia No. T-321 de 1993. 6 Ver sentencias de tutela del 22 de septiembre de 2016, Radicación No. 11001 -03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 17 de mayo de 2018, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez , del 10 de octubre de 2018, Radicado No. 11001 -03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez , del 7 de enero de 2019, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de febrero de 2022,

Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de febrero de 2022, Radicado No. 11001-03-15-000-2021-06516-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01052-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que, por regla general7, la acción de tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos 241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU391 de 20168 establece:

(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte Constitucional (artículo 241 de la Constitu ción) y de manera residual por el Consejo de Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).

judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada de l