CE - 110010315000202301062011SENTENCIA20230621161116

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

Demandante: DIANA PATRICIA GUZMÁN ROJAS Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala d ecide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 30 de marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 28 de febrero de la presente anualidad 1, los señores Diana Patricia Guzmán Rojas y Juan Camilo Gasca Guzmán interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Administrativo Transitorio 110013333401 y el Tribunal Administrativo del Caquetá, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia , a la igualdad y al debido proceso 2, con ocasión de las

Juzgado Administrativo Transitorio 110013333401 y el Tribunal Administrativo del Caquetá, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia , a la igualdad y al debido proceso 2, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas, en su orden, el 11 de agosto de 2017 y el 17 de agosto de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 18001-33-31-001-2008-00467-01. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 9 de mayo de 2023, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 También alegan la afectación del principio de «la buena fe»Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

Demandante: Diana Patricia Guzmán Rojas y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

2

PRIMERO: Que se nos tutele la garantía fundamental al Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad, debido proceso y buena fe, además de los que el señor Magistrado de tutela considere violados con los hechos, de nosotros los accionantes.

SEGUNDO: Que se declare que las providencias de fecha 11 de agosto del 2017 Proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio Despacho N° 110013333401 y diecisiete (17) de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de decisión , existió el DEFECTO FACTICO por indebida valoración probatoria.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto jurídicos las providencias emitidas por el Juzgado Administrativo Transitorio de Florencia

FACTICO por indebida valoración probatoria.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto jurídicos las providencias emitidas por el Juzgado Administrativo Transitorio de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta y en su lugar se ordene proferir nuevamente sentencia que en derecho corresponda con la debida valoración del material probatoria incorporado en debida forma al plenario de acuerdo a los lineamientos que determine la corporación, dentr o del proceso de Reparación Directa No. 18001 -33-31-001-2008-00467-01, teniendo en cuenta las pretensiones y los hechos de la demanda, el alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el precedente del Consejo de Estado.

CUARTO: Vincular a la presente acción de tutela a la Fiscalía 39 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva-Huila, para que allegue copia íntegra de la investigación penal del proceso N° 8783, que se adelanta contra SS. CARLOS ABEL

ACOSTA GIL, SLP, ALDIDIER BECERRA SABI, SLP. HECTOR MARIO

MARIN PARRA, SLP. WIBER MOLANO GUALI Y SLP. MARCELINO PENA

PENA, Delito HOMICIIO EN PERSONA PROTEGIDA, Victimas JUAN

CARLOS MONJE ALVARADO Y HONSON GASCA GUTIERREZ.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

Los señores Diana Patricia Guzmán Rojas y Juan Camilo Gasca Guzmán presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

Los señores Diana Patricia Guzmán Rojas y Juan Camilo Gasca Guzmán presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Honson Gasca Gutiérrez.

La pretensión resarcitoria se sustentó en que el 21 de octubre de 2007, el señor Honson Gasca Gutiérrez y el señor Juan Carlos Monje fueron citados a la base militar ubicada a la orilla del río Pescado del municipio de Valparaíso, con el fin de entrevistarse con el coronel Orlando Barbosa, y, al llegar al siti o los soldados del Batallón de Infantería 34 «Juanambú» les dispararon po r detrás, causándoles la muerte, y luego los reportaron como presuntos guerrilleros.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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3 En primera instancia, el Juzgado Adminis trativo Transitorio 110013333401 , mediante sentencia del 11 de agosto de 201 7, negó las pretensiones de la demanda.

La sentencia fue apelada y , en providencia del 1 7 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora expuso que la decisión del Tribunal confirmó la de primera instancia «sin analizar que existe una palpable valoración defectuosa y desequilibrada de las

Administrativo de Caquetá la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora expuso que la decisión del Tribunal confirmó la de primera instancia «sin analizar que existe una palpable valoración defectuosa y desequilibrada de las pruebas que reposan en el expediente»

Explicó que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar las pruebas practicadas en el proceso tales como la investigación penal que adelanta la Fiscalía 39 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con la cual se acredita «en forma inequívoca que no hubo enfrentamiento entre el ejército y las víctimas y que fueron engañados y a fectados sorpresivamente a tiros de fusil, cuando se disponían cumplir una cita con los militares.»

Agregó que esa versión está respaldada con el informe de campo FPJ-11 N°34019 elaborado por el coordinador la Policía Judicial en el que reposan las declaraciones de Ramon Monje Benavides, Juan Bermúdez Sánchez, Carlos Monroy Durán, Diana Patricia Guzmán Rojas, Juan Guillermo Monsalve, Fernando Martinez Fajardo y la entrevista realizada a una persona que por motivos de seguridad guardó su identidad.

Adujo que el Tribunal no tuvo en cuenta todo s los argumentos del recurso de apelación, en los cuales se resaltó la importancia de valorar y analizar las pruebas de la investigación penal y no solo las declaraciones del Ejército Nacional.

Señaló que la Fiscalía 136 Especializada de DD HH y DIH solicitó que la investigación penal por la muerte de los señores Gasca Gutiérrez y Mo nje fuera conocida por la jurisdicción ordinaria, dado que existen serias dudas respecto al

Señaló que la Fiscalía 136 Especializada de DD HH y DIH solicitó que la investigación penal por la muerte de los señores Gasca Gutiérrez y Mo nje fuera conocida por la jurisdicción ordinaria, dado que existen serias dudas respecto al operativo y su resultado. En tal sentido, agregó que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de l a Judicatura dirimió el conflicto de jurisdicciones y asi gnó el conocimiento de la investigación a la jurisdicción ordinaria.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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4 Sostuvo también que el informe del cadáver da cuenta de que el cuerpo estuvo expuesto a la lluvia y que las manos permanecieron en el agua, de modo que los resultados de la pólvora encontrados en las manos suponen que fueron depositados en ellas después de muertos, «lo que implica que esos residuos corresponden a disparos hechos, con las manos de los cadáveres, como era usual en los falsos positivos».

Que de los cinco impactos que recibió la víctima cuatro fueron por la espa lda, por ello, no es cierto que hubo enfrentamiento con los militares, «sino que fue asesinado a mansalva», pues estos estaban en una posición dominante, más alta que la de las víctimas y todos los disparos fueron por detrás, y a una distancia de 5 metros o menos.

Señaló que no se encontró ningún tipo de arma de fuego al momento del levantamiento, pese a que el informe señala que se hallaron dos fusiles; y los que fueron entregados al CTI no estaban en poder de las víctimas cuando murieron.

Señaló que no se encontró ningún tipo de arma de fuego al momento del levantamiento, pese a que el informe señala que se hallaron dos fusiles; y los que fueron entregados al CTI no estaban en poder de las víctimas cuando murieron.

Anotó que existen contradicciones entre las versiones dadas por los militares en el proceso disciplinario y en la investigación penal, por lo que fueron indebidamente valorados.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 3 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado, por intermedio del magistrad o sustanciador del proceso en primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativ o del Caquetá y el Juzgado Administrativo Transitorio 110013333401 de Florencia; (ii) ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como tercero con interés; y (iii) negó la solicitud de prueba documental dirigida a la Fiscalía 39 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva.

2.1. El Ministerio de Defensa sostuvo que en la demanda de tutela no se justifica la tardanza del actor para su ejercicio y que, en todo caso, la tutela no es el medio para reemplazar los procesos ordinarios, ni es instancia adicional a las existentes para abrir un debate clausurado.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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5 Insistió en que la tutela «no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la

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5 Insistió en que la tutela «no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la acción», puesto que en ella no se hizo un estudio de los requisitos específicos de su procedencia ni se acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Finalmente, explicó que la acción de tutela no puede ser una tercera instancia para controvertir una decisión adversa y que, en este caso, es claro que ninguna de las autoridades accionadas vulneró los derechos expuestos por la parte demandante, puesto que, las decisiones judiciales consideraron razonadamente que la muerte del señor Honson Gasca Gutiérrez fue ocasionada por un intercambio de disparos en el que los soldados respondieron al ataque iniciado por la víctima.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Quinta de esta Corporación, mediante fallo del 30 de marzo de 2023, negó la solicitud de amparo3.

En síntesis, el a quo sostuvo que la demanda de tutela cumplía todos los requisitos generales de procedencia. Concretamente, frente a la relevancia constitucional, destacó su cumplimiento por cuanto (i) se alegaba la vulneración de varios derechos fundamentales por la posible configuración de un defecto factico que involucró el estudio de responsabilidad del Estado en una afectación grave a los derechos humanos, por tratarse de una presunta ejecución extrajudicial; (ii) no se advertí que se ejerciera la tutela como una tercera instancia; (iii) y porque mediante

involucró el estudio de responsabilidad del Estado en una afectación grave a los derechos humanos, por tratarse de una presunta ejecución extrajudicial; (ii) no se advertí que se ejerciera la tutela como una tercera instancia; (iii) y porque mediante auto del 30 de agosto de 2022 dictado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Det erminación de Hechos y Conductas de la Ju risdicción Especial para la Paz, los demandantes fueron reconocidos como víctimas.

En cuanto al debate de fondo, negó que se configurara el defecto fáctico alegado, dado que «el ad quem, en ejercicio de su autonomía judicial y bajo los criterios de la sana crítica, consideró que no se encontraba acreditada la ejecución extrajudicial endilgada, al constatar, según el material probatorio, que se presentó una confrontación… y con ocasión a ello, se presentó una respuesta por parte de los militares».

3 El consejero Carlos Enrique Moreno Rubio salvó voto porque consideró que la tutela debió declararse improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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6 Descartó que no se hubiese tenido en cuenta la prueba traslada de la investigación de la Fiscalía, dado que la providencia «hizo expresa alusión a varios documentos que fueron entregados por esta entidad».

Señaló que no podía pasarse por alto la prueba técnica que valoró el Tribunal , y que, por tanto, no era posible afirmar «que se presentó una indebida o arbitraria

que fueron entregados por esta entidad».

Señaló que no podía pasarse por alto la prueba técnica que valoró el Tribunal , y que, por tanto, no era posible afirmar «que se presentó una indebida o arbitraria valoración de las pruebas, máxime cuando el argumento del extremo activo parte de la premisa de que no se probó la confrontación y pretende desvirtuar la decisión a la que llegó el ad quem al encontrar acreditado el combate».

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión. Consideró que el juez de primer grado analizó las mismas pruebas que sustentaron las providencias cuestionadas, pero no se manifestó sobre la valoración arbitraria e irracional que hicieron de las allegadas en la acción de tutela.

Reiteró que no se examinaron las pruebas de la investigación penal que adelanta la Fiscalía 39 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con las que se prueba de forma inequívoca que no hubo enfrentamiento entre el ejército y las victimas , las cuales fueron engañad as y atacadas sorpresivamente a tiros de fusil, cuando se disponían a cumplir una cita con los militares.

Que las declaraciones rendidas en el proceso penal pretenden acreditar que existía una estrecha relación de amistad y negocios entre Juan Carlos Monje Alvarado y el coronel Barbosa, persona que dio la oren para la operación en la que se produjeron los hechos.

Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 30 de marzo de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual se negó la solicitud de amparo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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7 Para ello, se examinará si, en efecto, la tutela cumple los requisitos generales de procedencia, especialmente, el de relevancia constitucional . De darse una respuesta positiva, se definirá si deben ampararse o no los derechos fundamentales, previo análisis del defecto fáctico atribuido a las sentencias cuestionadas; en caso contrario, esto es, de no acreditarse los requisitos generales, se modificará la sentencia para, en su lugar declarar improcedente la solicitud de amparo.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 4, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de

tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, ad ucir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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8 La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 5 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción

Sentencia de tutela de segunda instancia

8 La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 5 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia d e los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala se separa del razonamiento del a quo en cuanto afirmó que la tutela satisfizo el requisito de relevancia constitucional, toda vez que , contrario a lo allí afirmado, en criterio de esta Subsección la parte demandante sí pretende convertir la solicitud de amparo en instancia adicional del proceso ordinario para debatir nuevamente la valoración probatoria realizada por las autoridades judiciales accionadas.

No es suficiente, como se afirma en el fallo impugnado que en la demanda de tutela se invoque la vulneración de ciertos derechos o garantías constitucionales y que se identifiquen los defectos en que habría incurrido la providencia para dar por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional y que se justifique dictar una decisión de fondo. No. Pese a l a relación de la mayoría de los litigios con los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso —prerrogativas, todas, invocadas en la demanda de tutela —, el

derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso —prerrogativas, todas, invocadas en la demanda de tutela —, el legislador, según unas reglas de competencia, asignó la tarea de resolver las controversias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado por regla general (Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011) al juez contencioso administrativo y, de manera excepcional, al juez ordinario (numeral 1 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011).

Quiere decir lo anterior que la intervención del juez constitucional es absolutamente excepcional y limitada a los eventos en los que exista una posible y verdadera afectación de derechos constitucionales que desborde el juic io de los jueces naturales.

5 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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9 De esta manera, la Sala reitera que el papel del juez constitucional no está previsto para actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección6 de sus decisiones judiciales, salvo casos excepcionalísimos , en los que la discusión esté desprovista del enfoque de instancia adicional y contenga una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso en virtud del cual el

que la discusión esté desprovista del enfoque de instancia adicional y contenga una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso en virtud del cual el artículo 29 constitucional establece el derecho a ser juzgado «ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras asuman funciones que no les han sido encomendadas. De manera que cu alquier intención dirigida a que se reemplace o se actué como juez natural de la causa debe ser contenida en sede de tutela. De lo contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios del juez natural, independencia y autonomía judiciales, para convertirse en el escenario último en el que desemboquen todos los litigios judiciales por desacuerdos con la composición que del conflicto realicen los operadores judiciales de la causa.

Precisado lo anterior, se tiene entonces que la tesis que sustenta las pretensiones de los demandantes, esta es, que no existió un enfrentamiento entre los militares y las víctimas, y de lo que se trató fue de un ataque de aquellos contra estos que configuró un « falso positivo» , fue un asunto que ya se debatió ante los jueces administrativos de primera y segunda instancia, los cuales negaron las pretensiones de la demanda porque consideraron que sí hubo un ataque de los civiles frente a los militares, y que estos respondieron a ese ataque , por lo que, se presentó una culpa exclusiva de la víctima. Se insiste: no es procedente ejercer la acción de tutela para revivir un debate que fue zanjado en las respectivas instancias del proceso de reparación directa.

culpa exclusiva de la víctima. Se insiste: no es procedente ejercer la acción de tutela para revivir un debate que fue zanjado en las respectivas instancias del proceso de reparación directa.

En tal sentido, se constata que el Juzgado Administrativo Transitorio 110013333401, en sentencia del 11 de agosto de 2017, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que las pruebas aportadas al proceso permitían establecer de manera indiciaria de que la muerte del señor Honson Gasca Gutiérrez fue consecuencia de una eventual acción de combate con el Ejército Nacional, y que, por ello, acreditó el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

6 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

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10 En sustento de dicha afirmación, el juez de primer grado hizo una relación y análisis general de las pruebas existentes en el proceso. Dentro de ello, destacó que, de las pruebas trasladadas, no daría valor a la declaración de la señora Diana Patricia Guzmán Rojas, por tratarse de un testimonio de oídas o indirecto. En relación con los relatos de los militares que participaron de los hechos, precisó que, aun cuando no deberían se r tenidos en cuenta por «proporcionalidad y transparencia», estos coincidían con otras pruebas documentales, como la inspección técnica del cadáver y el informe de necropsia.

no deberían se r tenidos en cuenta por «proporcionalidad y transparencia», estos coincidían con otras pruebas documentales, como la inspección técnica del cadáver y el informe de necropsia.

Tales elementos le permitieron sostener que el señor Gasca Gutiérrez «sí accionó el arma que poseía y se enfrentó contra la tropa del Batallón de Infantería No. 34 Junambú (CORAJE 1), hecho este que lo llevó a exponer se imprudentemente al peligro, que terminó con su muerte»

La parte demandante apeló la sentencia y, en apoyo de su inconformidad alegó que a pesar de existir abundante material probatorio dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía 39 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva, con los que se demuestra que la muerte del señor Honson Gasca Gutiérrez fue una ejecución extrajudicial, el fallador no tuvo en cuenta dichas pruebas, ni otras de igual importancia, sino que «valoró mal otr as», y de mane ra incorrecta los testimonios de los militares.

Agregó en su recurso, que las pruebas de la Fisca lía demostraban « en forma inequívoca» que no existió enfrentamiento, sino que las víctimas «fueron engañadas y atac adas sorpresivamente cuando se disponían a cumplir una cita con los militares». De igual forma puso en entre dicho alguno de los hechos y enunciados fácticos del proceso, como la orden de operaciones o que los cadáveres se encontraron con rastros de pólvora, a pesar de que estuvieron expuestos a la intemperie y el agua; circunstancia que, en su sentir, supone que los disparos se

encontraron con rastros de pólvora, a pesar de que estuvieron expuestos a la intemperie y el agua; circunstancia que, en su sentir, supone que los disparos se hicieron con posterioridad a la muerte y con las manos de los cadáveres.

Evidentemente, y aun sin considerar la decisión del Tribunal, no hay duda de que los argumentos de la apelación de la sentencia de reparación directa son exactamente los que ahora se presentan en la tutela como una suerte de defecto fáctico, con el fin de que el juez constitucional se pronuncie sobre su contenido como si se tratara de una tercera instancia o de un escenario para hacer juicios de corrección o de elección de cuál de las tesis del proceso fue la que debió avalar elRadicación: 11001-03-15-000-2023-01062-01

Demandante: Diana Patricia Guzmán Rojas y otro Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro Sentencia de tutela de segunda instancia

11 Tribunal. Dicha intención no ha sido establecida ni por el Constituyente, ni por el legislador o la jurisprudencia en materia de tutela.

En todo caso, el juez de segundo grado, esto es, el Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 17 de agosto de 2022, se pronunció sobre esos puntos y confirmó la decisión apelada, porque también estimó que, en efecto, se configuró la culpa exclusiva de la víctima que inició el ataque contra los militares, los cuales no tuvieron otra posibilidad que repelerlo.

Para sustentar su conclusión, el Tribunal inició con un juicio de rectificación de un argumento del juez de primer grado en el sentido de que no era cierto que el Ejército

tuvieron otra posibilidad que repelerlo.

Para sustentar su conclusión, el Tribunal inició con un juicio de rectificación de un argumento del juez de primer grado en el sentido de que no era cierto que el Ejército estuviera en cumplimento de la orden de operación 036 «Fortín», dado que esta tenía como propósito una ofensiva en los municipios de José del Fragua y Curillo, mientras la muerte del Honson Gasca Gutiérrez fue en el municipio de Valparaíso.

A pesar de ello, expuso que la decisión apelada se ajustaba «de manera lógica con el material probatorio obrante en el expediente, por cuanto de este se desprende que el señor Honson Gasca Gutiérrez fue abatido por un enfrentamiento con el Ejército Nacional, ya que el occiso disparó contra los agentes y estos reaccionaron de igual manera en legítima defensa».

En tal sentido, se fundó en las diferentes pruebas aportadas al expediente, entre ellas el acta de inspección técnica del cadáver, el estudio balística, el residuo de disparo hallado en las manos del cadáver, contenido en el infor me de laboratorio del CTI de la Fiscalía, y en las pruebas de la investigación disciplinaria y penal para insistir en que «la mu