CE - 110010315000202301088011SENTENCIACONFIRMA20230615150132

Demandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación No: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Demandante: GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR Y OTRAS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicialreparación directasucesión procesal del DAS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugn ación presentada por la parte actora contra el fallo del 31 de marzo de 2023, a través del cual la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 1º de marzo de 2023, las señoras Gloria Mercedes Rojas Escobar, Gloria Marcela y Sandra Paola Peñaloza Rojas, por conducto de

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 1º de marzo de 2023, las señoras Gloria Mercedes Rojas Escobar, Gloria Marcela y Sandra Paola Peñaloza Rojas, por conducto de apoderada judicial, instauraron acción de tutela en contra de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protecció n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, tras considerarlos vulnerados con la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por la autoridad judicial mencionada, en la que resolvió revocar e l proveído de 3 de marzo de 2022 emanado de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había accedido a las pretensiones invocadas dentro del medio de control de reparación directa 25000 -23-36-0002019-00120-00/01, instaurado contr a l a Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional con ocasión de la muerte del señor Julio Cesar Peñalosa Sánchez y, en su lugar, las denegó.

Pidió que se deje sin efectos la providencia cuestionada y se or dene al juez de segunda instancia demandado q ue resuelva íntegramente el recurso de apelación presentado por la Comisión Colombiana de Juristas contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, frente al medioDemandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de reparación directa referenciado.

2. Hechos

La Sala destaca las siguientes circunstancias fácticas relevantes para este caso:

El 8 de agosto de 1989, el señor Julio Cesar Peñaloza recibió un disparo de arma de fuego, mientras se encontraba en la plaza ce ntral de Soacha en el evento de recibimiento d el candidato Luis Carlos Galán Sarmiento. Cinco días después, falleció producto de esa herida y por la gravedad de la intervención quirúrgica que le practicaron.

El 11 de julio de 2012, la Corte Suprema de Jus ticia declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Julio Cesar Peñaloza, en calidad de crimen conexo al magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento; de igual forma, encontró probado que la Policía Nacional actuó de forma omisiva, en tanto no ejecutó las medidas necesarias ante el riesgo que gen eraba un evento de tal importancia, pese a conocer de la visita del candidato presidencial.

El 29 de enero de 2014, el Consejo de Estado encontró que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desvió la s investigaciones sobre el magnicidio mencionado, de modo que se dio la privación injusta de la libertad de Alberto Jubiz Hazbum, responsabilizado públicamente por el entonces director de la citada

Administrativo de Seguridad, DAS, desvió la s investigaciones sobre el magnicidio mencionado, de modo que se dio la privación injusta de la libertad de Alberto Jubiz Hazbum, responsabilizado públicamente por el entonces director de la citada entidad, Miguel Alfredo Maza Márquez. Frente a ello, tambi én se comprobó responsabilidad directa de agen tes del Estado comprometidos de forma determinante en los hechos.

El 20 de febrero de 2019, las señoras Gloria Mercedes Rojas Escobar, Sandra Paola y Gloria Marcela Peñaloza Rojas, en calidad de esposa e hijas de Julio Cesar Peñaloza, actuando por conduct o de la Comisión Colombiana de Juristas como representante judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa ante la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinama rca, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (en calidad de sucesora procesal del DAS).

Mediante sentencia de 3 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones d e reparación directa. Frente a la sucesión procesal del DAS, consideró que la Policía sí ostentaba tal calidad . Sustentó que se configuró una falla en el servicio por la omisión del DAS, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia penal sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y las circunstanc ias que rodearon tal acto en el cual falleció, además, el señor Julio Cesar Peñaloza Sánchez, quien se encontraba en la tarima como maestro de ceremonia.

magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y las circunstanc ias que rodearon tal acto en el cual falleció, además, el señor Julio Cesar Peñaloza Sánchez, quien se encontraba en la tarima como maestro de ceremonia.

A través de fallo de 23 de septiembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Esta do revocó la providencia en mención y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa tras considerar que la Policía Nacional no está llamada a responder por imputaciones contra el ext into DAS, ni en virtud de las normas de supres ión, ni en aquellas de carácter general por las que se asignaron funciones de protección antes de la supresión delDemandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 departamento administrativo citado.

3. Sustento de la vulneración

La parte actora invocó la conf iguración del defecto sustantivo, por cuanto aplicó el estándar legal ordinario para analizar el medio de control de reparación directa, cuando debió aplicar el estándar convencional, lo cual va en contravía de la misma jurisprudencia del Consejo de Estado que constituye precedente judicial 1, en la que se determinó que el juez administrativo también es un juez convencional cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos imputables a agentes

jurisprudencia del Consejo de Estado que constituye precedente judicial 1, en la que se determinó que el juez administrativo también es un juez convencional cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos imputables a agentes del Estado, lo que conlleva a mantener un estándar flexib le o orientado a la garantía material de la justicia de las víctimas.

Adujo que la autoridad judicial accionada estudió aspectos formales del proceso como la adecuada sucesión procesal del DAS, con el objeto de limitar la discusión únicamente en el estudi o de la admisibilidad del medio de control, po r lo cual la falta de aplicación del estándar convencional impidió que se materializara el acceso a la justicia al hacer prevalecer aspectos formales sobre el derecho sustantivo de las víctimas, y al imponerles cargas desproporcionadas para acceder a la justicia.

Sostuvo que por tal motivo se lesionaron los artículos 8.1, 25 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que “(…) el estándar convencional se ha adecuado internamente en la jurisprudenci a del Consejo de Estado, específicamente en tres aspectos: (i) en las hipótesis en las que el juez de lo contencioso administrativo debe actuar también como juez de convencionalidad; (ii) en el tipo de gestión judicial que debe realizar el juez convencional cuando trata violaciones graves de derechos humanos orientada a la provisión de justicia material; y (iii) en la flexibilización de estándares probatorios cuando se trata de la responsabilidad del Estado (…)”.

Manifestó que la autoridad judicial acciona da aplicó un estándar inadecuado en

material; y (iii) en la flexibilización de estándares probatorios cuando se trata de la responsabilidad del Estado (…)”.

Manifestó que la autoridad judicial acciona da aplicó un estándar inadecuado en segunda in stancia, dado que se centró en aspectos formales del procedimiento, como la sucesión procesal del DAS, y no en impartir justicia material ante una grave violación de derechos humanos imputada al Estado , por lo que si bien es importante para el proceso la d eterminación de la entidad que debe asumir la responsabilidad endilgada al DAS, este se trata de un aspecto previo para la conformación del litigio y no para la decisión orientada a la justicia material, en tanto no supone una solución de fondo sobre la falla en el servicio.

Agregó que el fallador debió haber resuelto dicho problema para luego proceder a administrar justicia de fondo, pues la conformación de las partes del proceso, aunque es necesaria, no puede convertirse en un criterio que limite decisio nes sustanciales, más aún cuando ello puede imponer estándares desproporcionados que impiden acceder a decisiones de fondo.

Por otro lado, señaló que el juez demandado no analizó íntegramente el proceso, teniendo en cuenta las pruebas y los argumentos de las partes, en especial en lo

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencia de 27 de abril de 2016. Expediente 50.231, reiterada el 14 de julio de 2016, Expediente 35.029.Demandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 que tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el ex director del DAS, Miguel Maza Márquez, porque no efectuó un análisis de fondo y concluyó erróneamente que a la Policía no se le reprochó ninguna o misión, acción o extralimitación, cuando de dicho pronunciamiento se desprende el daño jurídico y el nexo de causalidad; porque se impuso una carga desproporcionada al considerar que era responsabilidad de la parte actora haber conformado adecuadamente la legitimidad en la causa por pasiva.

4. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 7 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sección Tercera, Subsección “A ” del Consejo de Estado. De igual forma, dispuso la vinculación de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y de los magistrados de la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por tener interés directo en el proceso.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, indicó que no se vulneraron los

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, indicó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el asunto se resolvió de fondo y se determinó que el daño se le imputó a una entidad que no estaba llamada a responder, en tanto la Policía Nacional no participó en los hechos objeto de demanda y no ostentaba la condición de sucesora procesal del DAS, entidad que habría causado el daño.

Sostuvo que no se pasó por alto la importancia de los asuntos en los que se alegue grave violación de derechos human os, no obstante, ello no habilita la condena a una entidad por hechos ajenos a ella.

Adicionó que en caso de tutelas interpuestas contra decisiones dictadas por altas cortes, es necesaria la configuración de una anomalía que exija la intervención del juez constitucional, lo cual no ocurre en este cas o en tanto se efectuó un análisis serio y razonado del proceso.

5.2. La Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado ponente de primera instancia, aclaró que el cuestionamiento de fondo está dirigido contra la sentencia de segunda instancia, y que dará cumplimiento a las decisiones que se profieran en ella, o en sede de tutela.

5.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional solicitó su desvincula ción por falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que “(…) a la

sede de tutela.

5.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional solicitó su desvincula ción por falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que “(…) a la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, el 18 de agosto de 1989 donde resultó lesionado y posteriormente fallecido el señor Julio César Peñaloza Sánchez no se encon traba reglada normativamente responsabilidad a cargo de la Policía Nacional frente a la protección de personas, ni con posterioridad a laDemandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se trasladaron funciones de esa índole; tampoco se determ inó jurídicamente que los procesos incoados co n p osterioridad a la extinción de esa entidad fueran atribuidos a la institución policial, con el fin de responder administrativa y extracontractualmente (…)”.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Primer a del Consejo de Estado, a través del fallo pr oferido el 31 de marzo de 2023, denegó la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:

Argumentó que las tutelantes no cuestionaron el hecho de que la autoridad judicial accionada haya concluido que la Pol icía Nacional no sea la sucesora procesal del DAS.

Argumentó que las tutelantes no cuestionaron el hecho de que la autoridad judicial accionada haya concluido que la Pol icía Nacional no sea la sucesora procesal del DAS.

Advirtió que no se configuró el defecto sustantivo alegado, dado que no era posible atribuir responsabilidad a una entidad que no ejecutó los hechos objeto de demanda de reparación directa que fueron end ilgados al DAS, entidad que no fue sucedida procesalmente por la Policía Nacional.

Consideró que en virtud de perspectiva convencional pueden flexibilizarse ciertos aspectos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, como es el caso de los e stándares probatorios; sin embargo, ello no im plica que pueda omitirse el análisis sobre el vínculo sustancial entre la parte demandada y el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda, dado que ello no es una mera formalidad sin o una garantía derivada del derecho fundamental al debido proceso de quien es llamado a responder por determinada actuación.

Precisó que la exigencia de la relación sustancial entre la parte demandada y los hechos que originan el litigio para la prosperid ad de las pretensiones no es una carga desproporcionada para el demandante, pues dado que el derecho de acción debe ser ejercido por un abogado, este debe contar con el conocimiento preciso para tal efecto.

Concluyó que era razonable que la accionada no e studiara el caso a partir de la responsabilidad directa de la Policía Nacional, pues las tutelantes limitaron dicho aspecto al precisar que tal entidad actuaría como sucesora del DAS , departamento al que se le atribuía la omisión origen del daño.

7. Impugnación

responsabilidad directa de la Policía Nacional, pues las tutelantes limitaron dicho aspecto al precisar que tal entidad actuaría como sucesora del DAS , departamento al que se le atribuía la omisión origen del daño.

7. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó mediante memorial radicado el 19 de abril de 20232, en el que expuso los siguientes argumentos:

Adujo que en primera instancia no se hizo una valoración adecuada de los elementos fácticos y probatorios señalados en la acción de tute la, que ubicaban el nexo causal entre el daño ocasionado y la entidad demandada, o sea, la Policía Nacional; por el contrario, se hizo un análisis ligero sin tener en cuenta los

2 La sentencia de primera instancia fue notificada electrónicamente el 13 de abril de 2023.Demandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 alegatos de conclusión presentad os por la parte demandante en el proceso ordinario, de los que se extrae fácilmente dicho vínculo en tanto la institución demandada también tuvo responsabilidad en los hechos objeto de demanda.

Sostuvo que el análisis se centró en las disposiciones legale s que regulan la sucesión procesal del DAS , si n tener en cuenta que existió una responsabilidad autónoma de la Policía Nacional, imputable directamente a ella, además del traslado de la función específica del DAS a la entidad demandada.

sucesión procesal del DAS , si n tener en cuenta que existió una responsabilidad autónoma de la Policía Nacional, imputable directamente a ella, además del traslado de la función específica del DAS a la entidad demandada.

Expresó que hubo u n falso raciocinio de los hechos y un desconocimiento de las pruebas, pues el juez constitucional se limitó a replicar las afirmaciones del juez administrativo, cuando del análisis del expediente se encuentra probado que la participación de la Policía no s e predica únicamente de su función en relación con reforzar la seguridad del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, sino también de la seguridad de la plaza pública de Soacha, y en esa última es que se centran los hechos y la legitimidad por pa siva en relación con el medio de control de la reparación directa, en la medida en que el señor Julio Cesar Peñaloza no era beneficiario de ningún esquema de protección al momento de los hechos.

Indicó que en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual califican los hechos como delitos de lesa humanidad, también se efectúa un análisis de responsabilidad en relación con la participación omisiva de la Policía Nacional, providencia que fue allegada al proceso de reparación directa como prueba.

Manifestó que en el fallo impugnado hu bo una inadecuada formulación de la función que sí le fue trasladada a la Policía Nacional y que para el momento de los hechos estaba en cabeza del DAS, dado que el análisis del caso debió centrarse en la funci ón que sí fue objeto de traslado del departame nto en mención a la entidad demandada, como lo es “(…) llevar los registros delictivos y de

hechos estaba en cabeza del DAS, dado que el análisis del caso debió centrarse en la funci ón que sí fue objeto de traslado del departame nto en mención a la entidad demandada, como lo es “(…) llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deban rendir oportunamente las autoridades judiciales de la república (…)”.

Añadió que el respectivo análisis debió hacerse atendiendo las facultades convencionales del juez administrativo, con el fin de hacer una adecuada valoración de las leyes de sucesión procesal y, de esa forma, abordar correctamente el objeto de la reparación solicitada, con un estudio de las pruebas que corroboran el nexo causal entre el daño generado a Julio Cesar Peñaloza y su familia, por parte del a Policía nacional en c alidad de sucesora procesal del DAS por la función de llevar los registros delictivos.

Insistió en que el caso debe estudiarse desde una óptica de aplicación del control de convencionalidad, el cual no fue hecho por el juez de primera instancia.

Puso de presente la existencia de una “falacia del hom bre de paja”, con sustento en que la decisión im pugnada se centró en el hecho de que los accionantes no cuestionaron la sucesión procesal del DAS, lo que representó una distorsión del argumento con el fin de simplificarlo y hacerlo fácilmente derrotable.Demandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Destaco que el argumento principal de la acción de tutela es la configuración de un defecto sustantivo por falta de aplicación del control de convencionalidad en el proceso de reparación directa, el cual impli caba que el juez valorara integralmente el caso, flexibilizara las tarifas probatorias y propendiera po r la justicia material; no obstante, ello fue minimizado por el juez constitucional al centrarse específicamente en el tema de la sucesión procesal del DAS so pretexto de indicar que supone un aspecto fundamental para proteger el debido proceso de las partes en disputa, pero si se hubiera aplicado el estándar convencionales habría definido claramente la sucesión procesal del DAS, dado que es un aspecto det erminante para alcanzar la justicia material e n armonía con las peticiones de la parte actora. Esencialmente porque bajo ese estándar la entidad llamada a responder por una actuación, no puede servir de barrera para acceder a la justicia material, y tampoco como una forma para impedir la atribución de responsabilidad del Estado.

Agregó que l a obligación convencional supone que esos aspectos se clarifiquen por parte de los jueces y no se convierta en un límite al acceso a la administración de justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

por parte de los jueces y no se convierta en un límite al acceso a la administración de justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado , en primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso establec er si hay lugar a confirmar, modificar o revoc ar el fallo de primera instancia, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Primera denegó la acción de tutela.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra p rovidencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012)3, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corpo ración tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 4, conforme al cual:

(2012)3, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corpo ración tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 4, conforme al cual:

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en l as páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 “De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción d e t utela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC10203), han abierto paso a dicha ac ción constitucional, de manera excepcional, cu ando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio

excepcional, cu ando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”5.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de l a acción de tutela y, en consecuencia, conform e a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La C orte Constitucional se ha referido en forma amplia 6 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho a l amparo -procedencia sustantivay cuáles imp iden efectivamente adentrarnos en el fondo del asuntoprocedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos

sustantivay cuáles imp iden efectivamente adentrarnos en el fondo del asuntoprocedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisit os son: i) que el asunto sea relevante desde e l punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos s ean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala ade ntrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetr ado, se requerirá: i) que la causa,

5 Idem. 6 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Gloria Mercedes Rojas Escobar y otras Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Rad: 11001-03-15-000-2023-01088-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 motivo o r azón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción const itucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Caso concreto

Para el caso en concreto, esta Sección anticipa que confirmará el fallo impugnado, que denegó la acción de tutela por cuanto no se configuran los defectos alegados.

Como viene de explicarse, la parte actora cuestiona la sentencia de 7 de octubre de 2022 a través de la cual la Sección Tercera, Subsecci ón “A” del Consejo de Estado revocó el fallo de 3 de marzo de 2022 emanado de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había accedido a las pretensiones invocadas dentro del medio de control de reparación directa 25000 -23-36-0002019-00120-00/01, instaurado contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional con ocasión de la muerte del señor Julio Cesar Peñalosa Sánchez y, e