CE - 110010315000202301098011SENTENCIA20230626213417

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandante: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera,

Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia del 30 de marzo de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó el amparo deprecado.

1. La acción de tutela

Los señores María Noemí Zuluaga Escobar , Lucero Eliana Quintero Zuluaga, Jeiver Stiven Quintero Zuluaga, Omar Andrey Quintero Zuluaga, María Eva Gil de Quintero, Luz Mary Quintero Gil, Bairon de Jesús Quintero Gil, Arnobio de Jesús Quintero Gil, Pablo Elías Quintero Gil, Gloria Emilsen Quintero G il, Devora Rosa Quintero Gil y María Eva Quintero Gil a través de apoderado, promueve n acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al

María Eva Quintero Gil a través de apoderado, promueve n acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a los principios de justicia material y prevalencia de derecho sustancial sobre el procedimental.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundame nto el2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales -); ii) Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación

a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto contr ol de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en ca sos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución), todo ello en cone xidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA , SUBSECCIÓN C, con ponencia del Magistrado JOSÉ ELVER MUÑOZ BARRERA, del 31 de agosto de 2022, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado No. 11 001 33 43 063 2022 00059 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Cundinamarca se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se

decidendi del H, Tribunal Administrativo de Cundinamarca se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación y IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T-640/15). (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El 28 de julio de 2002, en la vereda el Molino del mMnicipio de Cocorná-Antioquia el señor Omar Quintero Gil salió hacia la cabecera Municipal a realizar un mercado y pasados varios días no volvió a su casa.

1. Al día siguiente del suceso, los familiares del occiso se trasladaron al Municipio de Cocorná Antioquia, más específicamente a la morgue, sitio en el que un hermano de la víctima directa reconoció el cuerpo de Omar Quintero.

1. Por los hechos anteriormente narrados se adelantó la investigación previa número 3604 por la Unidad Seccional de Fiscalía de El Santuario Antioquia; as imismo, la Jurisdicción Penal Militar adelantó Indagación Preliminar número 070 por el Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar que el día 18 de marzo de 2004, fue archivada.3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) El 8 de febrero de 2022, la señora María Noemi Zuluaga Escobar y su grupo familiar a través de apoderado, radicaron el medio de control de reparación directa con el propósito de que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional –Ejercito Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios presuntamente ocasionados como consecuencia de la desaparición y posterior muerte del señor Omar de Jesús Quintero Gil.

1. El 16 de febrero de 2022, el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, rechazó de plano la demanda por considerar que había operado el fenómeno de la caducidad.

1. El 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, resolvió confirmar parcialmente la providencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

Los centran en los siguientes defectos:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

1. La autoridad judicial accionada, al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, desconoció fallos posteriores del Consejo de Estado en los que se garantizó el acceso a la administración de justicia en casos de delitos de lesa humanidad y

1. La autoridad judicial accionada, al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, desconoció fallos posteriores del Consejo de Estado en los que se garantizó el acceso a la administración de justicia en casos de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Citó también la sentencia T-352 de 2016 de la Corte Constitucional según la cual «dar aplicación al artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia».4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 fue inaplicad a por la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver la acción de tutela 2019 04842 01, así como un auto del 18 de febrero de 2022, frente al cual no indicó el número de radicado.

Segunda del Consejo de Estado al resolver la acción de tutela 2019 04842 01, así como un auto del 18 de febrero de 2022, frente al cual no indicó el número de radicado.

1. El auto del 19 de julio de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a su juicio, expuso que la caducidad es una limitación al derecho de acceso a la administración de justicia que solo puede ser impuesta por el legislador.

1.3.2. Violación directa de la Constitución

1. A través de sentencia del 31 de julio de 2019, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,1 máxima corporación de lo contencioso administrativo , estableció que en casos de graves violaciones a derechos humanos prevalece el acceso a un recurso judicial fácil y efectivo para reparar a las víctimas, incorporando así la imprescriptibilidad y no la caducidad de las acciones de reparación contra el Estado, en cumplimiento de los estándares fijados por los altos tribunales a nivel internacional.

A su ve z, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la providencia objeto de litis inaplicó los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución y, de esta manera, desconoció el principio de interpretación de las normas legales conforme con los cánones constitucionales, pues, a su juicio, dicha autoridad procedió a analizar el caso desde el presupuesto de la caducidad del medio de control de reparación directa, sin atender el contexto de la época en la que se presentaron los hechos que ocasionaron el daño antijurídico.

1. En consecuencia, la autoridad judicial accionada debió aplicar la excepción de

atender el contexto de la época en la que se presentaron los hechos que ocasionaron el daño antijurídico.

1. En consecuencia, la autoridad judicial accionada debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

1.3.3. Ausencia de control de convencionalidad

1. Si bien el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa es una cuestión que el juez de conocimiento debe resolver mediante su pronunciamiento

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado número 25000 23 36 000 2018 00109 01.5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de fondo en un caso concreto, también lo es que , debió aplicarse el control de convencionalidad de manera cautelar a fin de proteger el derecho de las víctimas al acceso a un recurso judicial fácil y efectivo que garantice la protección de sus derechos, lo que -de haberse cumplidodemostraría que el Estado colombiano habría cumplido las obligaciones internacionales contraídas sobre la protección de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

1. Consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado en

cumplido las obligaciones internacionales contraídas sobre la protección de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

1. Consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado en el concepto y alcance del control de convencionalidad, propugnando la obligación de inaplicar las normas internas que no resulten compatibles con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, propias de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica -Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile. P árrafo 124iii) Citó la sentencia del 31 de julio de 20193 del Consejo de Estado, para establecer que el juez de conocimiento no puede desconocer los lineamientos internacionales en materia de delitos de lesa humanidad.

1. Citó los casos Órdenes Guerra Vs. Chile, as í como el de Familia Julien Grisonas

Vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.4. Actuación procesal

1. La tutela de la referencia , admitida por auto del 7 de marzo de 2023 de la Sección Quinta de esta corporación, ordenó notificar a los magistrados de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , como demandados y, como terceros interesados, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que conformaron el extremo pasivo y la autoridad judicial de primer grado, en el medio de control de reparación directa, identificado con el radicado número11001 33 43 063 2022 00059 00 [01].

1.5. Intervenciones

el medio de control de reparación directa, identificado con el radicado número11001 33 43 063 2022 00059 00 [01].

1.5. Intervenciones

1.5.1. La juez titular del Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, Lucelly Rocío Munar Castellanos, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reparación directa objeto de esta tutela y concluyó que se tramitó conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

Afirmó que no fueron vulnerados los derechos fundamentales de la parte ac tora, por lo que solicitó negar las pretensiones de la demanda de tutela.

1.5.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. Subsección C,2 José Élver Muñoz Barrera ponente de la decisión objeto de reparo, solicitó declarar la improcedencia del recurso de amparo de la referencia pues los accionantes no acreditaron que el asunto tenga evidente relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela; sin embargo, seña ló que de llegarse a estudiar de fondo la acción de tutela, se negara el amparo deprecado al no haberse demostrado que esa corporación incurrió en defecto alguno, por lo cual debe concluirse que no existe vulneración de derechos fundamentales en el caso en concreto.

al no haberse demostrado que esa corporación incurrió en defecto alguno, por lo cual debe concluirse que no existe vulneración de derechos fundamentales en el caso en concreto.

1.5.3. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, Pilar Amparo Romero Guarnizo, consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva para actuar en la presente acción constitucional, ya que no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones u omisiones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante.

Afirmó que la investigación penal adelantada por la justicia penal militar se encuentra archivada, por lo que no tiene idoneidad para pronunciarse sobre las pretensiones del proceso constitucional de la referencia.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 30 de marzo de 2023, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

Advirtió que las inconformidades planteadas por la parte actora est aban dirigidas a cuestionar la aplica ción del criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de

2 Expediente digital de tutela.7

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Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estado – sentencia del 29 de enero de 2020 -igualmente compartido por la Corte Constitucional – sentencia SU-312 de 2020 –, ya que a juicio de ella, i) el medio de

www.consejodeestado.gov.co Estado – sentencia del 29 de enero de 2020 -igualmente compartido por la Corte Constitucional – sentencia SU-312 de 2020 –, ya que a juicio de ella, i) el medio de control de reparación directa no debe contar con un término de caducidad cuando se trata de hechos originados en delitos de lesa humanidad, motivo por el cual se debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, así como el con trol de convencionalidad y ii) existen posiciones anteriores a dichos pronunciamientos de unificación, en los cuales se planteó una posición distinta a la definida en su caso.

Al efecto, esa Sección analizó en conjunto los defectos alegados, bajo los siguientes presupuestos:

1. De la revisión de la providencia cuestionada, evidenció que la autoridad judicial demandada no desconoció que el deceso del señor Quintero Gil ocurriera con ocasión de un delito de lesa humanidad, cuestión que, como se indicó no implica que las víctimas puedan demandar en cualquier tiempo, bajo el medio de control de reparación directa.

1. Es claro que el Tribunal aplicó las reglas establecidas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, en tanto «aquellas situaciones que se pretenden proteger con la imprescriptibilidad de la acción penal también están cubiertas en materia de lo contencioso administrativo, bajo el entendimiento del conocimiento del hecho dañoso como presupuesto necesario para que empiece a correr el término correspondiente, siempre que se advierta que el interesado conocía o podía conocer la injerencia del Estado en el mismo ». Aquello signifi có que, la demanda se presentó por fuera del término de caducidad, en la medida en que la parte

correr el término correspondiente, siempre que se advierta que el interesado conocía o podía conocer la injerencia del Estado en el mismo ». Aquello signifi có que, la demanda se presentó por fuera del término de caducidad, en la medida en que la parte demandante afirmó, desde el escrito inicial, que conoció del suceso trágico en los días siguientes al que ocurrió -28 de julio de 2002 - y que dicho hecho se atribuía a un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y su familiar.

1. Desde este panorama la Sala advirtió que no le asistía razón a la parte actora, pues la providencia objeto de estudio efectuó el control de convencionalidad que echaba de menos, así como de lo probado en el expediente, además tuvo en cuenta la posición unificada tanto del Consejo de Estado como de la Cort e Constitucional para resolver el caso concreto.8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Reiteró que en el sub judice no se discute la caracterización de la muerte, como tampoco el momento a partir del cual los tutelantes tuvieron conocimiento del hecho ni la participación del Estado en el mismo, ya que dichos aspectos fueron admitidos por los demandantes, lo que se cuestiona entonces es la existencia misma del presupuesto de la caducidad y la forma como esta Corporación, en su Sección Tercera y el Alto Tribunal de lo Constitucional han d eterminado que debe contabilizarse el respectivo término.

1.7. Impugnación

presupuesto de la caducidad y la forma como esta Corporación, en su Sección Tercera y el Alto Tribunal de lo Constitucional han d eterminado que debe contabilizarse el respectivo término.

1.7. Impugnación

1. Los accionantes reiteraron los argumentos y fundamentos jurisprudenciales expuestos en la acción de tutela, en particular los dos salvamentos de voto -del magistrado Alberto Montaña Plataque guardan consonancia con lo expuesto en la solicitud de amparo constitucional, suscritos en la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020 sobre el tema de la caducidad del medio de control de reparación directa que estableció , luego de un análisis integrado de preceptos del derecho internacional de los derechos humanos, que frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no opera la figura procesal de la caducidad en el medio de control de rep aración directa; y la sentencia con pon encia del mismo magistrado -expediente radicado 11001 03 15 000 2022 02527 00-, que señala que la sentencia SU-312-2020 no limita las competencias del juez para llevar a cabo el control de convencionalidad.

1. Hizo alusión nuevamente al caso Órdenes Guerra vs Chile y al pronunciamiento del 23 de septiembre de 2021, caso Familia Julien Grisonas vs Argentina, por medio de los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció según su parecer, sin vacilacio nes, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales emprendidas para obtener una reparación por graves violaciones a los derechos humanos, como criterio

los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció según su parecer, sin vacilacio nes, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales emprendidas para obtener una reparación por graves violaciones a los derechos humanos, como criterio reiterado y construido a partir de la interpretación de los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

1. En su criterio, la interpretación restrictiva del artículo 164 , numeral 2.° literal. i.) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso , establecida en la Sentencia de Unificación -expediente rad icado número 61.033 del 29 de enero de9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01098 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2020-, es una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos, que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano. En ese sentido, señaló que afirmar que el juez de la causa, en ejercicio de su autonomía e independencia, está facultado para decidir los asuntos sometidos a su arbitrio aplicando la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, «se convierte en la práctica en un respaldo de la conducta omisiva de los jueces de la República, consistente en la inaplicación y desconocimiento del control de convencionalidad en desmedro de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».

1. Recordó que esta corporación actuando como guarda de la Constitución, debe

República, consistente en la inaplicación y desconocimiento del control de convencionalidad en desmedro de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».

1. Recordó que esta corporación actuando como guarda de la Constitución, debe aplicar las normas que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad strictu sensu, tal como las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos en desarrollo del artículo 93 de la Constitución.

1. Concluyó que debía ha berse efectuado un profundo examen de convencionalidad respecto al tema de la caducidad de la acción de reparación directa con ocasión de las graves violaciones a los derechos humanos del señor Omar de Jesús Quintero Gil y su grupo familiar, para definitiv amente inaplicar los efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero del 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con radicado 61.033.

1. Finalmente, se pronunció respecto de los elementos fácticos constitutivos del deceso del señor Quintero Gil por parte del Ejército Nacional, esto es: i) Oficio número 5251 ESOC, con fecha del 28 de julio de 2002, suscrito por el comandante de la estación de policía de Cocorná, TE. Dickson Carrillo Delgado , dirigido a la Fiscalía Seccional, donde informó sobre la muerte del señor Omar de Jesús Quintero Gil , ii) Oficio con fecha del 29 de julio de 2002, suscrito por el Teniente Álvaro Calvache LópezComandante del Escuadrón Dardo -, dirigido al Teniente Coronel Comandante del Batallón Juan del Corral, en el cual presentó informe de los hechos que llevaron a la

Comandante del Escuadrón Dardo -, dirigido al Teniente Coronel Comandante del Batallón Juan del Corral, en el cual presentó informe de los hechos que llevaron a la muerte del señor Quintero Gil, iii) acta de levantamiento de cadáver número 000012, iv) protocolo de necropsia número 056, v) Oficio número 734 del 2 de octubre de 2002, suscrito por el Juez 25 de Instrucción Penal Militar, vi) hoja de radicación de10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co investigación previa número 3604, de la Unidad Seccional de Fiscalía de El Santuario, vii) solicitud de destrucción de material explosivo dirigida al Fiscal Seccional 059 de Santuario, por parte del Teniente Coronel Humberto Sánchez Rey.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferid o por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,3 según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera in stancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le

de Estado en primera in stancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, quebrantó los derechos fundamentales invocados por los accionantes al proferir la providencia del 31 de agosto de 2022 -dictada dentro del medio de control de reparación directa 11001 33 43 063 2022 00059 01, que revocó parcialmente el auto proferido el 16 de febrero de igual anualidad por el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá y resolvió que no había lugar a continuar con el proceso de referencia, en lo que respecta a las pretensiones contra el Ejército Nacional, por haber operado la caducidad de la acción, y ordenó al juez a quo, en relación con la Fiscalía General de la Nación, ante la ausencia de pruebas que impedían corroborar que se había consolidado dicho fenómeno, resolver lo pertinente, para lo cual debía disponer las medidas probatorias conducentes que permitan superar el vacío identificado.

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la d ecisión pueda

manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la d ecisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C -590 de 2005, 4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la

4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.12

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