CE - 110010315000202301106001SENTENCIA20230330203806

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01106-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO AL DERECHO DE PETICIÓN FRENTE

A ALGUNAS ENTIDADES , POR FALTA DE PRUEBA SOBRE LA

RADICACIÓN DE LA SOLICITUD. SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL

DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE AL CONSEJO DE

ESTADO POR RESPONDER LA PETICIÓN DEL ACTOR DURANTE EL

TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN. SE DECLARA IMPROCEDENTE

LA SOLICITUD DE AMPARO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE

PROCESOS JUDICIALES DE FORMA GENERAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, DE PETICIÓN, AL DEBIDO

PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , el MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DEL DERECHO, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, el CONSEJO DE ESTADO , la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, la CORTE CONSTITUCIONAL, el CONSEJO SUPERIOR2

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NACIÓN, el CONSEJO DE ESTADO , la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, la CORTE CONSTITUCIONAL, el CONSEJO SUPERIOR2

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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

DE LA JUDICATURA, la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , el CONSEJO DE

ESTADO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , la CORTE

CONSTITUCIONAL, el CONSEJO SUPERIO R DE LA JUDICATURA, la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA por la falta de respuesta a una solicitud enviada, vía electrónica, el 14 de diciembre de 2022.

I.2.- Hechos3

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA por la falta de respuesta a una solicitud enviada, vía electrónica, el 14 de diciembre de 2022.

I.2.- Hechos3

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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN

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Manifestó que el 14 de diciembre de 2022 radicó vía electrónica una petición a las autoridades accionadas, en la que les solicitaba información sobre el número de jueces y magistrados capacitados en derecho ambiental, acciones judiciales relacionadas con esta materia, número de procesos en l os que han actuado peritos especializados en ese tipo de asuntos, entre otros aspectos, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela hubiese recibido respuesta alguna.

Indicó que ha promovido varios litigios relacionados con temas ambientales, no obstante, los jueces y magistrados han rechazado sus pretensiones, en su sentir, por la falta de conocimiento especializado en la materia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó qu e era reprochable que algunas autoridades judiciales estuvieran tramitando procesos relativos al derecho ambiental sin tener el conocimiento sobre la materia, porque tal situación atenta contra las disposiciones “[…] de la Asamblea General de la ONU (AGNU), que aprobó una resolución que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho4

contra las disposiciones “[…] de la Asamblea General de la ONU (AGNU), que aprobó una resolución que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho4

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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN

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humano […]”.

Apuntó que era necesario que se suspendieran todos los procesos judiciales relativos al medio ambiente, hasta tanto se demuestre que hay jueces y magistrados capacitados y con experiencia en esa materia.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 1. Se TUTELE los derechos constitucionales 8,11,23,29,79,80, y 229

2. Se DISPONGA que en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de la tutela, la demandada resuelva so bre las peticiones elevadas por mi representado ante la accionada.

3. Se DECRETE de manera oficiosa MEDIDA PROVICIONAL a todo litigio en el territorio colombiano que esté relacionado con el Articulo 79 de la constitución política de Colombia, hasta que se demuestre que EXISTEN TRIBUNALES especializados en temas ambientales y que hay JUECES Y MAGISTRADOS con formación profesional en DERECHO AMBIENTAL y que cuentan con la experiencia y experticia certificada en estos temas de índole ambiental.

ambientales y que hay JUECES Y MAGISTRADOS con formación profesional en DERECHO AMBIENTAL y que cuentan con la experiencia y experticia certificada en estos temas de índole ambiental.

4. Se ORDENE a las partes ACCIONADAS que deberán demostrar que personal CAPACITADO, EXPERTO Y CALIFICADO en temas AMBIENTALES Y DERECHO AMBIENTAL en todas las actuaciones judiciales que versen sobre las controversias y litigios de contenido ambiental, que traten sobre conflictos socio ambientales suscitados respecto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se adelanten dentro de un mismo predio o respecto de áreas declaradas como de especial5

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importancia ambiental incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las reservas forestales, los ecosistemas estratégicos y las demás categorías de protección que señalen la legislación nacional e internacional, así como los organismos internacionales que se ocupen de estas materias y tambi én se pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (en adelante, LEAJ), así como otras dos leyes (los Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA y General del Proceso – CGP), con el objeto principal de crear la especialidad ambiental, tanto en la Jurisdicción Ordinaria como en la Jurisdicción de lo Contencioso

Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA y General del Proceso – CGP), con el

objeto principal de crear la especialidad ambiental, tanto en la Jurisdicción Ordinaria como en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fijar las reglas y criterios generales que permitan su organización y efectivo funcionamiento, así como reglas procesales aplicables a los procesos que sobre el particular se adelanten en cada una de esas jurisdicciones para no incurrir en vulneración de los derechos constitucionales como el derecho a la VIDA en conexidad con el derecho a un ambiente sano […]”. (sic)

I.5.- Defensa6

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I.5.1.- La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , a través de su Presidencia, indicó que no ha recibido ninguna petición por parte del actor.

Aclaró que la presente acción de tutela inicialmente fue radicada ante su Secretaría General, no obstante, el Magistrado sustanciador decidió dividir las pretensiones, para remitir al CONSEJO DE ESTADO, a los JUZGADOS DEL CIRCUITO y la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ parte del asunto en atención a las reglas de reparto, no obstante haber continuado con el trámite frente a las autoridades que le correspondían a su competencia.

I.5.2.- El CONSEJO DE ESTADO, a través de su Presidencia, señaló que el actor envió su petición al correo de la oficina de Tecnologías

autoridades que le correspondían a su competencia.

I.5.2.- El CONSEJO DE ESTADO, a través de su Presidencia, señaló que el actor envió su petición al correo de la oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de esta Corporación, dependencia que el 14 de diciembre de 2022 le indicó que “[…] su escrito debía radicarse a través del canal dispuesto en la página web del Consejo de Estado para la recepción de PQRSD […]”.

Apuntó que, en todo caso, teniendo en cuenta la temática sobre la que versa la petición origen de la controversia, la autoridad llamada a contestar los cuestionamientos planteados por el accionante es el7

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a través de la Unidad de Análisis, Desarrollo y Estadística y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Arguyó que en la medida en que el actor también radicó su petición ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , no encontró necesaria la remisión de la solicitud a dicha autoridad, en aplicación a los principios de economía y celeridad previstos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111.

Manifestó que se advertía que en la petición había preguntas que implicaban análisis subjetivos relacionadas con la interpretación de derechos fundamentales, para los cuales no están facultadas las

la Ley 1437 de 18 de enero de 20111.

Manifestó que se advertía que en la petición había preguntas que implicaban análisis subjetivos relacionadas con la interpretación de derechos fundamentales, para los cuales no están facultadas las autoridades judiciales.

Adujo que, no obstante, en la medida en que podía proporcionarse jurisprudencia sobre materias puntuales a través de las relatorías, a partir de la cual puede efectuarse el análisis que el accionante pide en su escrito, procedió a remitir los pronunciamientos de la Corporación que puedan servir de insumo al peticionario.

1 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.8

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I.5.3.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA manifestó que resolvió la petición del actor a través del Oficio GFPU 12000002 de 3 de enero de 2023, en el que le indicó que la mi sma sería remitida a la autoridad competente, teniendo en cuenta su contenido.

Comentó que, en todo caso, dicha información ya la había remitido a la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110013103047-2023-00116-00, relacionada con el mi smo asunto y tramitada ante el JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL

la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110013103047-2023-00116-00, relacionada con el mi smo asunto y tramitada ante el JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

I.5.4.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN advirtió que no ha recibido petición alguna por parte del actor, además que al revisar la constancia de envío que este apor tó con la solicitud de amparo se observaba que había digitado de forma incompleta su dirección de correo electrónico (quejas@procuraduria.gov) , por lo que era claro que no recibió el memorial respectivo.

I.5.5.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO manifestó que, en efecto, recibió la petición aludida por el actor, no obstante, a través de Oficio MJD-OFI22-0048767-DJF-20200 de 2 de enero de 2023, le indicó que su solicitud sería trasladada por competencia al9

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y al MINISTERIO DE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Por último, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones del actor no guardan relación con las funciones y competencias que tiene asignadas por Ley.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Por último, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones del actor no guardan relación con las funciones y competencias que tiene asignadas por Ley.

I.5.6.- La CORTE CONSTITUCIONAL puso de presente que ya había rendido informe al respecto, dentro de la acción de tutela que tramitó la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA sobre el mismo aspecto con el número único de radicación 110010230000-2023-00226-00.

Comentó que en todo caso advertía que dentro de sus funciones no están “[…] la de absolver consultas, ni la de responder interrogatorios como el propuesto por el interesado, ni figura la facultad de suministrar asesorías jurídicas particulares, ni emitir conceptos con el fin de absolver consultas particulares y/o a entes oficiales […]”

Agregó que el 3 de febrero de 2023 “[…] mediante oficio No. 003, procedió a generar una respuesta dirigida específicamente al accionante […]” en la que se le indicó sus funciones “[…] y con base en ellas le remitió la fuente de información que le compete, para el10

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caso en concreto […]”.

Por último, solicitó ser desvinculada del presente asunto, comoquiera que “[…] ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil

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caso en concreto […]”.

Por último, solicitó ser desvinculada del presente asunto, comoquiera que “[…] ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil se está tramitando la misma solicitud de amparo constitucional que presentó el actor […]”.

I.5.7.- La JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ –JEP indicó que con ocasión de la remisión que le hiciere la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de la solicitud de amparo que el actor radicó inicialmente ante esa Corporación, “[…] la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz avocó conocimiento de la acción de tutela únicamente frente a los reparos generados en el escrito contra la JEP […]”.

Explicó que, en todo caso, mediante Oficio núm. 202303003338 de 7 de marzo de 2023, procedió a dar respuesta a la petición del actor, en lo que le correspondía.

I.6.- Trámite

La acción de tutela fue radicada inicialmente por el actor ante la11

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que, mediante auto de 28 de febrero de 2023 , dividió la solicitud al advertir que estaba dirigida contra diferentes autoridades, frente a l as cuales correspondía el conocimiento a distintos juzgadores en especialidad y categoría.

febrero de 2023 , dividió la solicitud al advertir que estaba dirigida contra diferentes autoridades, frente a l as cuales correspondía el conocimiento a distintos juzgadores en especialidad y categoría.

La CORTE SUPREMA DE JUS TICIA dispuso que el CONSEJO DE ESTADO decidiera lo que concerniera a él mismo y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , mientras que los Juzgados Civiles del Circuito lo relativo al MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DEL DERECHO y la PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA.

Además, resolvió lo relacionado con la CORTE CONSTITUCIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , mientras que la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ atendería lo que se aducía en su contra, así:

“[…] PRIMERO: Escindir el conocimiento de la presente acción de tutela y, por ende, en aplicación de los numerales 2º, 5º y 7º del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, enviar copia de las actuaciones a:

• La Presidencia del Consejo de Estado, para que decida lo pertinente frente a la queja constitucional elevada por el accionante contra esa misma Corporación y el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca.

• El reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de la ciudad de12

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Bogotá para que defina lo correspondiente frente al reclamo elevado contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República.

• La Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que se manifieste frente a la inconformidad elevada contra ese

Tribunal.

Infórmese al accionante y Ofíciese.

SEGUNDO: Conforme a lo previsto en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política, se avoca conocimiento de la acción de tutela promovida por Ericsson Ernesto Mena Garzón contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte

Constitucional […]”

Recibida la remisión respectiva, la Consejera Sustanciadora del proceso decidió ordenar la notificación de todas las entidades accionadas, con la finalidad de evitar la omisión de algún aspecto que pudiese entorpecer el trámite procesal de la acción.

Por otro lado, se verificó que, en efecto, en el expediente identificado con el número único de radicación 110010230000 -2023-00226-00, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA continuó con el conocimiento de la solicitud de amparo en relación con la CORTE CONSTITUCIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , mientras que dentro del expediente 1100131030472023-00116-00 el JUZGADO

la solicitud de amparo en relación con la CORTE CONSTITUCIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , mientras que dentro del expediente 1100131030472023-00116-00 el JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ asumió lo relativo a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.13

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Así mismo, el TRIBUNAL PARA LA PAZ avocó conocimiento de la solicitud de amparo en lo que le correspondía, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 150034915 2023 0 00 0001.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos14

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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la CORTE CONSTITUCIONAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO solicitaron su desvinculación del presente asunto, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Sala advierte que la CORTE CONSTITUCIONAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO solicitaron su desvinculación del presente asunto, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».15

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposició n por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra com o la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le

con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra com o la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable16

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del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso , en la medida que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y el JUZGADO CUARENTA Y SIETE DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ asumieron el conocimiento de la solicitud de amparo en relación con la CORTE CONSTITUCIONAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, respectivamente, la Sala aceptará su desvinculación del presente asunto, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Por otro lado, la Sala advierte que el estudio del presente asunto se limitará en relación con los reproches aducidos contra el CONSEJO DE ESTADO , el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, esta última frente a la cual no hubo pronunciamiento alguno en el auto en el que se escindieron las pretensiones.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se17

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Caso concreto

A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se17

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ordene a las autoridades accionadas darle respuesta a la petición que dice haberles radicado el 14 de diciembre de 2022, a través de la cual les formul ó un cuestionario sobre los jueces especializados en materia ambiental, entre otros aspectos relativos ese tema.

Adicional a lo anterior , el accionante pone de presente que ha formulado varias acciones judiciales para la protección del derecho al medio am biente, no obstante, que sus pretensiones han sido denegadas, en su sentir, por la falta de conocimiento especializado de las autoridades judiciales.

En consecuencia, el actor solicitó que se ordene a las accionadas que dispongan la suspensión de todos los procesos judiciales que versen sobre derecho ambiental, hasta tanto haya personal capacitado o se cree una jurisdicción especializada en la materia.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMA RCA, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE ESTADO vulneraron el derecho de petición del actor , por presuntamente haber omitido su deber de resolver la solicitud que dice haber radicado el 14 de diciembre de 2022.18

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presuntamente haber omitido su deber de resolver la solicitud que dice haber radicado el 14 de diciembre de 2022.18

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Además, esta Sala deberá establecer si la presente acción de tutela es procedente para ordenar la suspensión de todos los procesos relativos a la protección del medio ambiente, en los términos pretendidos por el actor.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a o btener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20113, estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos estructurales esenciales del derecho fundamental de petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por

términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

3 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.19

Número único de radicación: 110010315000-2023-01106-00

Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado est a Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de

2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene como pr esupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de