CE - 110010315000202301109011SENTENCIA20230629152518

Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01109-01

Demandante: LUIS GILBERTO LÓPEZ BASTIDAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el señor Luis Gilberto López Bastidas contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 2 de marzo de 2023, el señor Luis Gilberto López Bastidas, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que sean amparados sus derechos

1. Con escrito radicado el 2 de marzo de 2023, el señor Luis Gilberto López Bastidas, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al «debido proceso, a la seguridad social, de las personas de la tercera edad, y al acceso a la administración de justicia.»

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 6 de octubre de 2022, por medio de la c ual el Tribunal Administrativo de Boyacá, revocó la decisión del 23 de marzo de 2021 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, que había negado la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución , para en su lugar, declar ar probada la excepción de pago propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social , UGPP. Lo anterior, en el marco del proceso ejecutivo con radicado 15001-13-33-003-2018-00085-02.

3. Con base en lo anterior, solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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SEGUNDA: Que se DEJE sin valor y efecto la providencia del 06 de octubre de

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SEGUNDA: Que se DEJE sin valor y efecto la providencia del 06 de octubre de 2022 dictada dentro del proceso ejecutivo radicado 15001 -3333-003-201800085-00, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada la excepción de pago.

TERCERO: Que se DISPONGA que en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, dicte una nueva sentencia en la que ordene el pago de la diferencia de las mesadas desde el 01 de agosto de

1999.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante resolución 5633 de l 18 de mayo de 1999 y en cumplimiento de la sentencia de tutela de 16 de abril de 1999, le reconoció pensión de jubilación al señor López Bastidas en cuantía de $ 236.836, efectiva a partir del 30 de julio de 1999.1

5. Posteriormente, con la resolución 43872 del 15 de diciembre de 2005 y 4 3548 del 20 de septiembre de 2007, se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación que presentó el señor López Bastidas.

6. Mediante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , cuyo radicado fue

20 de septiembre de 2007, se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación que presentó el señor López Bastidas.

6. Mediante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , cuyo radicado fue el 15001 -3331-004-2008-00035-00, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja mediante sentencia de 7 de julio de 2011 2, ordenó ajustar la

1 Laboró para el departamento de Boyacá, en la escuela industrial departamental “José Ignacio de Márquez”, entre el 22 de febrero de 1968 y el 28 de abril de 1969 y al servicio de la UPTC en el Colegio Instituto Técnico Industrial “Rafael Reyes”, desde el 1º de febrero de 1971 hasta el 30 de julio de 2009. 2 PRIMERO. Declarar que es nula la Resolución 43548 de 20 de septiembre de 2007 proferida por el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social EICE “Por la cual se niega la reliquidación de una pensión de vejez por nuevos factores salariales”, por lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: Ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social ajustar la pensión mensual vitalicia de jubilación de LUIS GILBERTO LÓPEZ BASTIDAS, reconocida mediante Resolución N° 005633 del 18 de mayo de 1999, teniendo en cuenta el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y demás parámetros fijados en la parte motiva de esta pr ovidencia, incluyendo los factores salariales devengados en el año de consolidación del status pensional, el cual para este asunto en particular, va desde el 30 de julio de

fijados en la parte motiva de esta pr ovidencia, incluyendo los factores salariales devengados en el año de consolidación del status pensional, el cual para este asunto en particular, va desde el 30 de julio de 1998 al 30 de julio de 1999, siendo estos: asignación básica, horas cátedra, subsid io de alimentación, prima de vacaciones, prima de navidad.

TERCERO: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social a pagar a favor del demandante LUIS GILBERTO LÓPEZ BASTIDAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.573.719, expedida en Tunja, la diferencia de las mesadas pensionales dejadas de cancelar a partir del momento en que se hizo efectiva la pensión de jubilación. La cifra resultante será indexada mes a mes con fundamento en la siguiente fórmula: R= Rh x Índice final Índice inicial CUARTO: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. a pagar a favor de la demandante (sic) LUIS GILBERTO LÓPEZ BASTIDAS intereses legales en los términos del artículo

177 del C.C.A.Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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3 pensión de jubilación del señor Luis Gilberto López Bastidas, con inclusión de los factores salariales devengados en el año de con solidación del estatus pensional,

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3 pensión de jubilación del señor Luis Gilberto López Bastidas, con inclusión de los factores salariales devengados en el año de con solidación del estatus pensional, esto es, desde el 30 de julio de 1998 al 30 de julio de 1999, desde el momento en que se hizo efectiva la pensión. Esa decisión que no fue objeto de recurso de apelación, por lo que quedó en firme.

7. En cumplimiento de lo anterior, Cajanal EICE en liquidación profirió la resolución 36515 de 2 de marzo de 2012, a través de la cual reliquidó la pensión en $1.546.374, a partir del 1 de agosto de 2009 3. Este acto administrativo fue adicionado por la resolución UGM 054280 de 13 de agosto de 2012, en el sentido de establecer que se descontaría $4.621.730 por concepto de aportes para pensión.

8. Debido a la omisión de la entidad en el cumplimiento de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor inició un proceso ejecutivo, «esto en cuanto al pago de las diferencias entre las mesadas inicialmente reconocidas y las mesadas reliquidadas, desde el 01 de agosto de 1999, fecha a partir de la cual fue declarado el status.»

9. La mencionada demanda ejecutiva le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, bajo el radicado 15001 -3333-003-2018-00085-00, el cual, a través de mandamiento ejecutivo de 8 de noviembre de 2018, ordenó el pago de la suma de $4.144.295, por concepto de pago de intereses moratorios. En relación con

través de mandamiento ejecutivo de 8 de noviembre de 2018, ordenó el pago de la suma de $4.144.295, por concepto de pago de intereses moratorios. En relación con las diferencias de las mesadas por el periodo comprendido entre agosto de 1999 a julio de 2009, señaló que se haría a partir del momento en que se hizo efectiva la pensión de jubilación, lo cual ocurrió cuando el señor Luis Gilberto López Bastidas se retiró del servicio; es decir, a partir del 30 de julio de 2009.

10. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, bajo el sustento consistente en que su pensión ordinaria de jubilación se hizo efectiva a pa rtir del 30 de julio de 1999, tal y como había sido señalado en la demanda y según se acreditaba con las diferentes piezas procesales que reposaban en el expediente.

11. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de marzo de 2019, revocó esa decisión porque la parte resolutiva de la sentencia de 7 de julio de 2011título ejecutivoera consecuente con la tesis según la cual, el reconocimiento de la

QUINTO: Ordenar a la Caja Nacional de Previsión S ocial E.I.C.E. que cumpla lo ordenado en el presente fallo, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

SEXTO: Sin costas para las partes” 3 “[…] ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por [el] JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA el 7 de julio de 2011, se reliquida la pensión

3 “[…] ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por [el] JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA el 7 de julio de 2011, se reliquida la pensión de VEJEZ del (a) señor (a) LÓPEZ BASTIDAS LUIS GILBERO, ya identificado (a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $1,546,374 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (M/CTE), efectiva a partir del 1 de agosto de 2009 de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento […]”Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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4 pensión de vejez fue efectiva a partir del 30 de julio de 1999, teniendo en cuenta el régimen especial de los docentes que les permite recibir salario y pensión

12. En cumplimiento de tal decisión, el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, mediante auto de 20 de junio de 2019, libró mandamiento de pago por la suma de $100.914.374, por concepto de las diferencias indexadas causadas y no pagadas desde el 1º de agosto de 1999 hasta la fecha de pago de la resolución 36515 de

2012.

13. Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición, po r

desde el 1º de agosto de 1999 hasta la fecha de pago de la resolución 36515 de 2012.

13. Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición, po r considerar la existencia de: «caducidad de la acción ejecutiva, inexistencia del título ejecutivo frente a los intereses moratorios , no existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago , inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible , falta de legi timación en l a causa por pasiva, fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios, y no operancia de intereses moratorios y capital durante el término de la liquidación de CAJANAL EICE».

14. El Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, a través de proveído de 26 de septiembre de 2019, decidió no reponer el auto de 20 de junio de 2019 y declaró no probadas las excepciones propuestas por la UGPP.

15. El 11 de octubre de 2019, la apoderada de la UGPP presentó escrito de excepciones de mérito, las que denominó: p ago, cobro de lo no debido, inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible y fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios.

16. El juez de conocimiento, con auto de 23 de enero de 2020, rechaz ó de plano las excepciones propuestas de cobro de lo no debido, inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible y fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios. A su vez, corrió traslado de la excepción de pago.

17. Al respecto, la apoderada del señor López Bastidas desco rrió el referido traslado

clara, expresa y exigible y fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios. A su vez, corrió traslado de la excepción de pago.

17. Al respecto, la apoderada del señor López Bastidas desco rrió el referido traslado dentro de la oportunidad dada para ello, y alegó que, en relación con la excepción de pago, la UGPP no había aportado ninguna prueba que lo acreditara.

18. En cumplimiento de auto de pruebas de 27 de febrero de 2020, la UGPP apo rtó al proceso ejecutivo el oficio 2021111000227311 de 7 de febrero de 2021, en la cual

se indicó:

“En consecuencia, me permito informar que mediante la resolución N° 5633 del 18 de mayo de 1999, expedida por la Extinta CAJANAL, se da cumplimiento a un fallo de tutela y se reconoce una pensión de vejez a favor del señor LUIS

GILBERTO LOPEZ.Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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5 Remito copia de la resolución. Así mismo, remito certificado del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP, donde se evidencian los pagos efectuados en vir tud de dicha resolución, a partir del mes de agosto de 1999, mes de inclusión en nómina” (Destacado fuera del texto original)

19. En audiencia inicial llevada a cabo el 23 de marzo de 2021, la juez de

efectuados en vir tud de dicha resolución, a partir del mes de agosto de 1999, mes de inclusión en nómina” (Destacado fuera del texto original)

19. En audiencia inicial llevada a cabo el 23 de marzo de 2021, la juez de conocimiento declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante la ejecución.

20. En el curso de la misma audiencia, la apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación, por considerar que no existía ninguna obligación por satisfacer, dado que la entidad cumplió la sentencia base de la ejecución.

21. El 6 de octubre d e 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá, revocó la anterior sentencia y en su lugar declaró probada la excepción de pago que había sido propuesta por la UGPP, bajo las siguientes razones que se sintetizan así:

-Como fundamento de su decisión , adujo que en el numeral tercero de la sentencia base de ejecución no se precisó claramente la fecha a partir de la cual se cancelaría la reliquidación de la pensión, «pues el juzgado indicó que la diferencia de la mesada pensional se debía pagar a partir del momento en se hizo efectiva la pensión de jubilación. »

-Para establecer dicha fecha, analizó aspectos desarollados en la sentencia base de ejecución tales como la compatibilidad de la pensión con el sueldo4 y la excepción de prescripción trienal5.

4 Frente al punto citó el siguiente acápite de la sentencia base de ejecución: El Decreto 3135 de 1968, al que se refirió l a jueza en la sentencia base de la ejecución, no reguló la compatibilidad del salario

4 Frente al punto citó el siguiente acápite de la sentencia base de ejecución: El Decreto 3135 de 1968, al que se refirió l a jueza en la sentencia base de la ejecución, no reguló la compatibilidad del salario con la pensión; pero, el Decreto 1848 de 1969, también citado en la referida providencia, previó en el artículo 77 que el “disfrute de la pensión de jubilación es incompa tible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del ser vicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963. En concordancia con lo anterior, en la sentencia de 7 de julio de 2011 -título ejecutivo - no se hizo alusión al artículo 5° del Dec reto 224 de 1972 que estableció que el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el go ce de la pensión de j ubilación ni al artículo 19 de la Ley 4° de 1992, que reguló las excepciones de la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un emple o público y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público; y tampoco indicó que a este caso sería aplicable la Ley 91 de 1989. En este orden de ideas, en la sentencia se interpretó que el demandante era un servidor público de carácter general y, por ello, no le aplicó el régimen docente. 5 Citó el siguiente acápite de la sentencia base de ejecución: «Comoquiera que el actor empezó

En este orden de ideas, en la sentencia se interpretó que el demandante era un servidor público de carácter general y, por ello, no le aplicó el régimen docente. 5 Citó el siguiente acápite de la sentencia base de ejecución: «Comoquiera que el actor empezó a disfrutar efectivamente de la prestación social a partir del 30 de julio de 2009, una vez se retiró efectivamente del servicio, es evidente que no transcurrió el término previsto en la citada norma y en tal sentido no se consolida la prescripción aludida, por lo que no prospera la mencionada excepción…»Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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6 -En este contexto, indicó en la sentencia que no se declaró la prescripción de los reajustes de las mesadas pensionales bajo el entendido que éstas se causaron a partir de la fecha de retiro del servicio, es decir, el 30 de julio de 2009 y no desde que el demandante había adquirido el estatus pensional.

-Paso seguido, adujo que se debía determinar si, de acuerdo con las normas aplicables al caso concreto, la entidad le debía alguna suma al ejecutante atendiendo a que, se reitera, el t ítulo ejecutivo estableció la obligación del pago de las diferencias de las mesadas pensionales a partir del retiro del servicio.

-Así, concluyó que, al 23 de diciembre de 2012, cuando la entidad ejecutada realizó

diferencias de las mesadas pensionales a partir del retiro del servicio.

-Así, concluyó que, al 23 de diciembre de 2012, cuando la entidad ejecutada realizó la consignación, se había causado un capi tal de $ 27.642.099,803 y unos intereses moratorios que ascendían a $ 8.158.988,2510, lo cual equivalía a una deuda de $35.801.088,054. Sin embargo, la entidad realizó un pago $ 37.278.845,39, lo cual implicó el cumplimiento de la obligación, según se explica en el siguiente cuadro.

1.3. Fundamentos de la vulneración

22. El accionante presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con el fallo de 6 de octubre de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó l a decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar probada la excepción de pago propuesta en el curso del proceso ejecutivo que se adelantó en su contra.

23. En primer lugar, advirtió que en el presente asunto se analizan los derechos de una persona de la tercera edad a quien no se le ha logrado materializar una mesada pensional justa, por haber laborado en la docencia oficial por más de 40 años.

24. Luego afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en varios errores, pues la providencia objetada se refirió a la incompatibilidad entre salario y pensión, cuando en su función de juez de ejecución e l tribunal debió limitarse al cumplimiento de lo dispuesto en el título ejecutivo.

25. Agregó que no era necesario hacer referencia al artículo 5 del Decreto 224 de

en su función de juez de ejecución e l tribunal debió limitarse al cumplimiento de lo dispuesto en el título ejecutivo.

25. Agregó que no era necesario hacer referencia al artículo 5 del Decreto 224 de 1972, ni al artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que se refieren a la compatibilidad de sueldo y pensión, teniendo en cuenta que la litis se limitaba a la reliquidación de la

pensión.Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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26. De otra parte, señaló que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, por cuanto realizó una valoración irracional de las siguientes pruebas:

-Resolución 005633 de 18 de mayo de 1999 : mediante la cual el actor fue ingresado a n ómina en agosto de 1999, sin necesidad de acreditarse retiro del servicio y sin que sobre este aspecto en algún momento haya existido controversia alguna, por lo que en la providen cia objetada no se debió imponer un requisito adicional como la claridad en la fecha del retiro del servicio.

-Resolución 43548 de 20 de septiembre de 2007 : por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión, al considerar que para reclamarla po r retiro del servicio, se debía acreditar con el respectivo acto administrativo, el cual no se había producido para el momento de efectuarse la reclamación administrativa e incoarse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

se debía acreditar con el respectivo acto administrativo, el cual no se había producido para el momento de efectuarse la reclamación administrativa e incoarse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

-Sentencia del 7 de julio de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Admin istrativo del Circuito Judicial de Tunja: en tanto la autoridad judicial accionada al momento de estudiar el título ejecutivo no hizo referencia a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimi ento del derecho, las cuales, sin lugar a dudas, le hubieran otorgado claridad de qué era lo pretendido por el actor y lo resuelto por la juez del proceso declarativo.

27. Asimismo, señaló que la providencia objeto de reproche constitucional incurrió en defecto orgánico, por cuanto excedió el ámbito de su competencia como juez de ejecución de una sentencia, toda vez que abordó consideraciones relacionadas con la compatibilidad de sueldo y pensión, pasando por alto que dicho asunto ya había sido legalmente resuelto al momento de efectuarse el reconocimiento pensional en el año 1999, es decir, desde hacía más de 23 años.

28. También sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, pues al resolver la excepción de pago se desconoció el marco normativo con que se rige el proceso ejecutivo, en particular los artículos 297 de la Ley 1437 de 2011 y 422, 430, 431 y 440 del Código General del Proceso.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

29. Por auto de 8 de marzo de 2023, el despacho de l a magistrada sustanciadora

440 del Código General del Proceso.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

29. Por auto de 8 de marzo de 2023, el despacho de l a magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a l Tribunal Administrativo de Boyacá como autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado.Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Boyacá

30. El magistrado ponente pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela, bajo el argumento de que se utiliza como una tercera instancia, o en su defecto, que se nieguen las pretensiones porque no se evidenció la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y orgánico alegados.

31. Afirmó que el accionante omitió explicar de forma precisa la razón por la cual era necesaria la intervención del juez constitucional, en la medida en que sus argumentos se limitaron a exponer su interpretación respecto del derecho que tenía el demandante de devengar pensión y salario, sin necesidad del retiro del servicio.

necesaria la intervención del juez constitucional, en la medida en que sus argumentos se limitaron a exponer su interpretación respecto del derecho que tenía el demandante de devengar pensión y salario, sin necesidad del retiro del servicio.

32. De otro lado, indicó que se aplicó correctamente el numeral 4 del artículo 443 del Código General del Proceso, bajo el entendido de que el juez cuenta con la facultad de revisar el título ejecutivo en cualquier etapa del proceso con el objeto de velar por la legalidad de la ejecución, atendiendo a que el mandamiento ejecutivo tiene una naturaleza preliminar y se encuentra sujeto a variaciones en la sentencia, toda vez que en la etapa inicial las partes todavía no han expuesto la totalidad de las tesis argumentativas ni se han recaudado las pruebas relevantes para determinar el valor de la obligación.

33. Sostuvo que en la sentencia objetada se realizó un análisis completo del título ejecutivo, su contenido, así como su alcance, y de las demás pruebas que obraban en el expediente y encontró que la parte resolutiva del fallo de 7 de julio de 2011, no se precisó claramente la fecha exacta a partir de la cual se cancelaría la reliquidación de la pensión, pues el juzgado indicó que la diferencia de la mesada pensional se debía pagar a partir del momento en se hizo efectiva la pensión de jubilación.

34. Resaltó que en la sentencia proferida el 7 de julio de 2011 se concluyó que el actor empezó a disfrutar efectivamente la prestación social a partir del 30 de julio de 2009, una vez se retiró del servicio y, con base en ello, precisó que no se configuró la prescripción de los reajustes de la mesada pensional.

actor empezó a disfrutar efectivamente la prestación social a partir del 30 de julio de 2009, una vez se retiró del servicio y, con base en ello, precisó que no se configuró la prescripción de los reajustes de la mesada pensional.

35, Afirmó que el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de julio de 2011 debía entenderse en el sentido de que el momento en que se hizo efectiva la pensión era con el retiro del servicio, pues en caso contrario no existiría congruencia entre la ratio decidendi y lo resuelto.Demandante: Luis Gilberto López Bastidas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01109-01

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36. Sostuvo que la sentencia base de ejecución contenía una obligación clara, expresa y exigible de pagar la reliquidación de las mesadas atrasadas a partir del retiro del servicio, y no desde el 30 de julio de 1999 , cuando el ejecutante cumplió 55 años.

37. Aseveró que el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 enumera los documentos que constituyen título ejecutivo, disposición que no fue desconocida en la providencia de 6 de octubre de 2022, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Boyacá tuvo en cuenta que la sentencia proferida el 7 de julio de 2011 formaba parte del título, en los términos indicados en esa disposición y, en esa medida, estudió el alcance de la obligación que contenía la providencia que ordenó la reliquidación pensional.

los términos indicados en esa disposición y, en esa medida, estudió el alcance de la obligación que contenía la providencia que ordenó la reliquidación pensional.

38. Agregó que el artículo 422 del Código General del Proceso se refiere al título ejecutivo, el cual fue aplicado para determinar si la obligación perseguida era clara, expresa y exigible, así como los términos de esta. Igualmente, el artículo 430 del mismo e statuto procesal reguló el mandamiento ejecutivo, respecto del cual se dio aplicación en la providencia de 6 de octubre de 2022 a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y se concluyó que el mandamiento ejecutivo constituye la primera etapa del proceso y puede ser modificado en etapas posteriores, de acuerdo con las excepciones propuestas por el ejecutado y las pruebas que obren en el expediente.

39. Para terminar, manifestó que el análisis efectuado en la sentencia de 6 de octubre de 2022 se cir cunscribió a los argumentos del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, que regula la competencia del superior, por lo que no se configuró el defecto orgánico alegado por la parte actora.

1.5.2. Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

40. Pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela porque se presentó como una tercera instancia, o en su defecto, negar las pretensiones de la s olicitud, toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales al demandante.

41. Afirmó que el accionante no demostr ó siquiera sumariamente la ocurrencia de un

una tercera instancia, o en su defecto, negar las pretensiones de la s olicitud, toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales al demandante.

41. Afirmó que el accionante no demostr ó siquiera sumariamente la ocurrencia de un perjuicio irremediable e inminente, en tanto se le reconoció la pensión de jubilación desde el año 1999, la cual recibe actualmente