CE - 110010315000202301121011SENTENCIA20230518164612

Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01121-01

Demandante: MARTHA MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B y OTRO

Temas: Tutela contr a providencia judicial – Confirma improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Martha Margarita Orozco González contra la sentencia de 31 de marzo de 2023 , por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Martha Margarita Orozco González , a través de apoderado, presentó

acción de tutela interpuesta por la parte actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Martha Margarita Orozco González , a través de apoderado, presentó acción de tutela 1 contra el «CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D», con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales «al

DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUENA FE y ACCESO A LA ADMISITRACIÓN

(sic) DE JUSTICIA».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , que en providencia de 20 de octubre de 2022 , confirmó la sentencia de 9 de julio de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , promovida por la accionante contra la Universidad Nacional de Colombia; proceso q ue se identificó con el radicado 25000-23-42-000-2015-06444-00/01.

1 Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2023 , a través del correo electrónico tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado, mediante el buzón secgeneral@consejodeestado.gov.co.Demandante: Martha Margarita Orozco González

tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado, mediante el buzón secgeneral@consejodeestado.gov.co.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUN DA – SUBSECCIÓN D, el nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020), M.P. Israel Soler Pedroza, por medio de la cual negó las pretensiones invocadas, al considerar que no se había demostrado la subordinación, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por MARTHA MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , con radicado No. 25000-23-42-000-2015-06444-00.

SEGUNDO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el H.

CONSEJO DE ESTA DO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B , el veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, por medio de la cual confirmó

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B , el veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, por medio de la cual confirmó parcialmente la decisión de primer grado y, revocó solamente la condena en costas, al considerar que no se había acreditado la subordinación, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por MARTHA MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, con radicado No. 25000-23-42-000-2015-06444-01.

TERCERO: Que se ordene al H. CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B que en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión dentro del medio d e control de nulidad y restablecimiento del derecho proceso promovido por MARTHA MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, con radicado No. 25000-23-420002015-06444-01, en el que se tenga en cuenta la totalidad del material p robatorio incorporado en debida forma al proceso, se respete el derecho a la igualdad y el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se destacan los sigu ientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

de primacía de la realidad.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se destacan los sigu ientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Afirmó que entre el 23 de mayo de 2008 y el 31 de enero de 2015, prestó sus servicios como profesional universitaria en ingeniería de sistemas, en la Universidad Nacional de Colombia, a través de contratos de prestación de servicios.

Indicó que el 6 de febrero de 2015, le solicitó a la Universidad Nacional de Colombia el reconocimiento de una relación laboral, así como el pago de las prestaciones sociales derivadas de dicha relación. No obstante, la entidad nunca resolvió su petición.

Agregó que interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin que se dejara sin efectos el acto ficto suscitado por la falta de respuesta a la p etición de 6 de febrero de 2015 y se le ordenara a la entidad demanda da a reconocer y pagar las prestaciones de índole laboral causadas y no canceladas.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que al proceso se le asignó el radicado 25000 -2342-000-2015-06444-00 y

www.consejodeestado.gov.co Explicó que al proceso se le asignó el radicado 25000 -2342-000-2015-06444-00 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, autoridad judicial que mediante sentencia de 9 de julio de 2020, negó las pretensiones del medio de control al considerar que no se encontraba probado el elemento de la subordinación para entender como configurada la relación laboral que invocaba.

Manifestó que apeló la anterior decisión , pues consideró que no se efectuó una valoración adecuada de l os medios de convicción recaudados, específicamente el interrogatorio de parte y el testimonio de la señora Sonia María Vega Espitia que dan cuenta del elemento de la subordinación.

Explicó que el conocimiento de la segunda instancia le correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , que en sentencia de 20 de octubre de 2022, confirmó parcialmente la decisión de primer grado y revocó solamente la condena en costas, al disponer que ella “no logró acreditar las condiciones para la existencia del denominado «contrato realidad» que invoca, comoquiera que no demostró que a través de las órdenes de prestación de servicios suscritas se desdibujaran las características propias de este tipo de vínculo, para convertirse en una relación laboral disti nguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente subordinación”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la i gualdad y de acceso a la administración de justicia, toda vez que con las sentencias de 9 de julio de 2020 y

La parte actora alegó que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la i gualdad y de acceso a la administración de justicia, toda vez que con las sentencias de 9 de julio de 2020 y 22 de octubre de 2022, incurrieron en un defecto fáctico.

Al respecto, precisó que los jueces de instancia desconocieron las pruebas obrantes en e l expediente de las cuales se podía inferir el elemento de la subordinación entre ella y la entidad oficial, con lo cual se debía reconocer la existencia de una relación laboral con la U niversidad Nacional de Colombia, e ntre el 23 de mayo de 2008 y el 31 de enero de 2015.

Explicó que se cumplen con todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Particularmente, sobre la relevancia constitucional, indicó lo que se transcribe a continuación:

1. Relevancia constitucional: Este requisito se encuentra satisfecho, comoquiera que, el problema jurídico se contrae a determinar si las autoridades judiciales accionadas conculcaron a mi mandante los derechos fundamentales invocados, toda vez que, en las providencia s cuestionadas, no valoraron en debida forma la prueba documental y testimonial con las se podía inferir la subordinación de mi prohijada frente a la accionada, en ese sentido, resultaba procedente declarar que entre MARTHA MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ y la U NIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, existió una relación laboral que participó de los elementos de una relación de servicio legal y reglamentaria, entre el 23 de mayo de

entre MARTHA MARGARITA OROZCO GONZÁLEZ y la U NIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, existió una relación laboral que participó de los elementos de una relación de servicio legal y reglamentaria, entre el 23 de mayo de 2008 y el 31 de enero de 2015.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En esa línea de pensamiento, en el sub lite es evidente la relevancia constitucional, comoquiera que, la aludida contienda, involucra la protección de derechos constitucionales como el DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUENA FE y ACCESO

A LA ADMISITRACIÓN (sic) DE JUSTICIA.

Ahora bien, sobre las causales específicas d e procedibilidad de la acción de tutela, comunicó que las providencias reprochadas incurrieron en un defecto fáctico, bajo dos hipótesis: i) el desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos; y ii) una valor ación irracional o arbitraria de las pruebas aportadas, puesto que la apreciación efectuada por las autoridades judiciales fue equivocada o arbitraria y por ello se entiende como alterado el peso otorgado a las pruebas.

Señaló que en el expediente obra su ficiente material probatorio que permite inferir que entre ella y la entidad oficial se configuró una relación legal y reglamentaria,

entiende como alterado el peso otorgado a las pruebas.

Señaló que en el expediente obra su ficiente material probatorio que permite inferir que entre ella y la entidad oficial se configuró una relación legal y reglamentaria, toda vez que se demostraron sus tres elementos esenciales.

Alegó que si bien en los fallos de instancia no se encontró configurado el elemento de la subordinación, este sí se está satisfecho, pues las labores que desarroll ó en el cargo de profesional universitario en ingeniería de sistemas se extendieron por aproximadamente 7 años, es decir que no eran transitorias ni ocasio nales, conforme a las órdenes de prestación de servicios que obran en el plenario, lo cual desvirtúa el razonamiento efectuado por las autoridades judiciales accionadas, en el entendido que la modalidad bajo la que fue contratada encubre una verdadera relación laboral.

Explicó que los jueces restaron crédito al interrogatorio de parte y al testimonio de la señora Sonia María Vega Espitia, los cuales daban cuenta que ella tenía que cumplir un horario (incluidos los sábados), estaba bajo la supervisión de s u jefe inmediato, sus ausencias debían estar justificadas con un permiso y sus actividades correspondían a labores permanentes y necesarias para el funcionamiento administrativo de la universidad y el cumplimiento de su labor misional.

Consideró que en la s sentencias reprochadas se negaron las súplicas de la demanda, bajo el argumento que el cargo que ejerció no existía y que las labores desarrolladas eran temporales, pero no se tuvo en cuenta que si estuvo vinculada de manera continua por 7 años a través de contratos de prestación de servicios, con lo cual quedaba claro que sus labores correspondían a las de un empleado

desarrolladas eran temporales, pero no se tuvo en cuenta que si estuvo vinculada de manera continua por 7 años a través de contratos de prestación de servicios, con lo cual quedaba claro que sus labores correspondían a las de un empleado público.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 7 de marzo de 2023 , el magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Es tado, admitió la tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en calidad de autoridad es demandadas, así como a la rectora de la Universidad Nacional de Colombia , como tercero con interés.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital de la acción de tute la, se presentaron los siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

Por conducto del magistrado ponente2 solicitó que se niegue el amparo invocado por la actora, comoquiera que la providencia cuestionada estudió los elementos propios de una relación laboral , sobre los cuales se probó que hubo una

Subsección D

Por conducto del magistrado ponente2 solicitó que se niegue el amparo invocado por la actora, comoquiera que la providencia cuestionada estudió los elementos propios de una relación laboral , sobre los cuales se probó que hubo una prestación personal del servicio y una remuneración. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el requisito de la subordinación.

Sobre este aspecto, aclaró que en el fallo se analizaron las pruebas allegadas, las cuales no fueron concluyentes para demostrar la existencia de una relación subordinada, pues particularmente no probaban que existiera un cargo en la planta de personal de la Universidad Nacional de Colombia que realizara las actividades contratadas por la tutelante.

Sobre los testimonios, precisó lo que se transcribe:

Se indicó, que el testimonio solicitado por la parte demandante y el interrogatorio de parte, no fueron concluyentes para demostr ar la existencia de una relación subordinada y dependiente, toda vez que en el expediente no existían otras pruebas que soportaran lo anotado en dichos testimonios, verbi gracia, prueba documental que demostrara la forma como se daban las órdenes, o qué ti po de instrucciones; llamados de atención por no cumplir dichas órdenes; la citación a reuniones, así como memorandos, comunicaciones, circulares, solicitud y concesión de permisos para ausentarse de las labores, pues la testigo llamada por la actora sostu vo que tales solitudes debían realizase por escrito para ser tramitadas, sin embargo, no obra ninguno solicitado por la accionante, que en consecuencia hubiese sido tramitado o concedido por la entidad.

Por el contrario, se afirmó que los testimonios soli citados por la entidad

tramitadas, sin embargo, no obra ninguno solicitado por la accionante, que en consecuencia hubiese sido tramitado o concedido por la entidad.

Por el contrario, se afirmó que los testimonios soli citados por la entidad demandada, fueron contundentes en manifestar que la demandante en muchas ocasiones podía realizar sus actividades por fuera de la institución, y que lo que hacía, era desarrollar simple y llanamente los objetos contractuales que tení an actividades específicas para sistematizar las historias clínicas y brindar apoyo en la implementación, gestión y mantenimiento de un software utilizado en el sistema de información de salud de la Universidad Nacional de Colombia - Área de la Salud, de acuerdo con las necesidades de la entidad demandada.

De igual manera, explicó que las pretensiones del medio de control fueron negadas, entre otras cosas, porque en el expediente quedó demostrado que la demandante prestó sus servicios simultáneamente en dos áreas de la universidad, entre febrero y junio de 2011, lo cual desvirtúa la exclusividad que se predica de la relación laboral y para no percibir una doble remuneración.

2 Dr. Israel Soler Pedroza.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, allegó copia digitalizada del expediente identificado con el radicado 25000-23-42-000-2015-06444-00.

1.6.2. Universidad Nacional de Colombia

www.consejodeestado.gov.co Igualmente, allegó copia digitalizada del expediente identificado con el radicado 25000-23-42-000-2015-06444-00.

1.6.2. Universidad Nacional de Colombia

La jefe de la oficina jurídica – Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia solicitó que se le desvincule de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la c ausa por pasiva, toda vez que la vulneración invocada por la actora se predica del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

Alegó que lo que pretende la accionante al pr omover la acción constitucional es convertirla en una tercera instancia donde se discuta nuevamente las censuras que ya se debatieron en relación con los actos administrativos demandados, lo cual implica la improcedencia de este medio de defensa.

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

El magistrado ponente 3 de la decisión enjuiciada, se pronunció en el siguiente sentido:

El suscrito consejero de Estado, titular del despacho al que correspondió la ponencia del fallo dictado en segunda instancia dentro del expediente 25000-23-42000-2015-06444-01 (913 -2021), en la oportunidad indicada en el proveído admisorio de 7 de marzo de 2023, recibido el 10 siguiente, se pronuncia respecto de la acción de tutela de la referencia, en el sentido de que en lo concerniente a los hechos sobre los cuales se fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la

de la acción de tutela de la referencia, en el sentido de que en lo concerniente a los hechos sobre los cuales se fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 20 de octubre de 2022 proferida dentro del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 31 de marzo de 2023 , el Consejo de Esta do, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Margarita Orozco González , al no cumplirse con el requisito de la relevancia constitucional.

Como fundamento de la decisión, indicó que el asunto controvertido p or la actora ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, por lo que la acción de tutela no puede constituirse como una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, dado que esta tiene por objeto verificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales

Enfatizó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la acción de tutela contra providencias proferidas por una alta corte, como lo es en este caso, el Consejo de Esta do, el análisis de procedibilidad de los requisitos generales debe ser más riguroso y exigente.

3 Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consideró que lo que plantea la tutelante, en últimas, es un debate estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto ante el juez natural de la causa e n el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el juez constitucional no puede hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que se desconocería el principio de autonomía e independencia judicial y se desnaturalizaría el mecanismo constitucional al convertirlo en una instancia adicional.

Por lo tanto, concluyó que la acción de tutela no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios , cuya competencia está en cabeza del juez de lo contencioso-administrativo, de conformidad con la sentencia de unificación SU215 de 2022, de la Corte Constitucional.

Por último, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Universidad Nacional de Colombia.

1.8. Impugnación

A través de correo electrónico enviado el 19 de abril de 2023 4, al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la tutelante impugnó el fallo de 31 de marzo de 2023 y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción constitucional, para lo cual iteró todos los argumentos

marzo de 2023 y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción constitucional, para lo cual iteró todos los argumentos del escrito de tutela.

Explicó que el presente caso sí tiene relevancia constitucional, dado que involucra la protección de derechos fundamentales, como lo son el debido proceso, la igualdad, la buena fe y de acceso a la administración de justicia; máxime cuando en el proceso ordinario se pretende el reconocimiento y pago de derechos de índole laboral, con fundamento en el principio de realidad sobre las formas, previsto en el artículo 53 de la Constitución.

Alegó que al estar satisfecho el requisito de relevancia constitucional, lo que procedía era estudiarse de fondo de la acción constitucional para determinar si se configuró el defecto fáctico alegado.

Reiteró que las sentencias cuestionadas no analizaron en forma sistemática las pruebas documentales y testimoniales obrantes dentro del proceso, de las cuales era factible inferir que existió una relación laboral entre ella y la Unive rsidad Nacional de Colombia, del 23 de mayo de 2008 al 31 de enero de 2015.

Manifestó que el requisito de subordinación se encuentra satisfecho, pues las labores que desarroll ó en el cargo de profesional universitario en ingeniería de sistemas para la Uni versidad Nacional de Colombia, fue por aproximadamente 7 años, conforme con las órdenes de prestación de servicios que se aportaron al proceso. Al respecto, agregó lo siguiente:

4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 12 de abril de 2023 , y el

4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 12 de abril de 2023 , y el recurso se interpuso el 19 de abril del mismo año.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El aludido tiempo de prestación de servicios por parte de mi prohijada – 7 añ os aproximadamente-, desvirtúa el razonamiento lógico efectuado por las autoridades accionadas, pues contrario a lo señalado por las corporaciones en las providencias atacadas, ese periodo de labores ejecutadas por la señora Martha Margarita Orozco González, permite deducir 2 hipótesis. La primera de ellas, que, si el cargo no existía en la planta de personal de la Universidad, sí se requería una persona con conocimientos en ingeniería de sistemas de forma permanente y, la segunda, se contrató a mi procurad a bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, encubriendo una relación laboral, con la finalidad de eludir la carga prestacional.

Señaló que el interrogatorio y la declaración de Sonia María Vega Espitia, fueron espontáneos, claros, contunden tes, coherentes y elocuentes en demostrar las labores que desarrolló, así como los horarios y órdenes que le suministraban, con

Señaló que el interrogatorio y la declaración de Sonia María Vega Espitia, fueron espontáneos, claros, contunden tes, coherentes y elocuentes en demostrar las labores que desarrolló, así como los horarios y órdenes que le suministraban, con lo cual se acreditó el elemento de subordinación. No obstante, las autoridades judiciales no les otorgaron crédito a estas prueb as y no hicieron mención de las razones por las cuales no tenían peso probatorio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 31 de marzo de 2023 , proferido el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Con sejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 31 de marzo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente l a acción de tutela interpuesta por la señora Martha Margarita Orozco González.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos invocados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de juli o de 2012 5 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.Demandante: Martha Margarita Orozco González Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01121-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,

modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20 148, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte C onstitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias