CE - 110010315000202301129011SENTENCIA20230626142039

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

Demandados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro1

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proces o, ii) acceso a la administración de justicia e iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 24 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

Administrativo de Cundinamarca , porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 25 de agosto de 2022, y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 27 de febrero de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado co n el número único de radicación 250002337000201700124-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. RDO 484 de 12 de junio de 20152, y núm. RDC 407 del 1.o de agosto del 20163.

4. Indicó que, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de

y núm. RDC 407 del 1.o de agosto del 20163.

4. Indicó que, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, m ediante sentencia de 27 de febrero del 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Sostuvo que, inconforme con la decisión adoptada anteriormente, ambas partes interpusieron recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6. Manifestó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia

del 25 de agosto del 2022, resolvió:

2 “Por medio de la cual se profirió liquidación oficial a RIOPAILA CASTILLA S.A, con NIT. 900.087.414, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/01/2013 al 1/12/2013”. 3 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 484 del 12 de junio de 2015, a través de la cual se profirió liqui dación oficial a RIOPAILA CASTILLA S.A, con NIT. 900.087.414, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos 01/01/2011 al 31/12/2011 y del 01/01/2013 al 1/12/2013”25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

“[…] 2. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 27 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el cual queda así:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP realizar una nueva liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes, considerando los montos reg istrados en los comprobantes de pago (liquidaciones de contrato) y la nómina repo rtada por la empresa aportante, (ii) subsane el yerro respecto de la inclusión de pag os (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la demandante en su nómina de salarios, (iii) reliquide los aportes al ICBF y SENA en lo s casos de los trabajadores que devengaron salario integral en los periodos de mayo a diciembre de 2013, sobre un IBC del 70% de la remuneración, atendiendo el límite de 10 SMMLV, (iv) realice el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud, pensión, FSP y ARL - diciembre 2011), teniendo en cuenta como IBC la suma de $5.797.50 0 y (v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.

La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que result en de la reliquidación ordenada en esta providenc ia, siguiendo para el efecto el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa

La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que result en de la reliquidación ordenada en esta providenc ia, siguiendo para el efecto el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos realizados por la aportante.

3. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada […]”.

6.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el recurso de apelación, la parte actora cuestionó la decisión del tribunal de negar el cargo de falta de competencia de la UGPP para expedir los actos demandados, reforzando su posición con la excepción de inconstitucionalidad respecto de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 […]”.

[…]

“[…] Finalmente, se precisa que, conforme al análisis normativo realizado en precedencia, la UGPP tiene competencia para adelantar las acciones e investigaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de la protección social, comprobar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación y determinar la completa y oportuna liquidación de aportes, lo que comprende tanto la aplicación de las normas laborales para efectos de establecer el IBC como el examen y valoración de las pruebas que considere pertinentes, necesarias y útiles para tal fin.

Por lo expuesto, se concluye que los actos dema ndados fueron expedidos por las dependencias competentes, razón por la cual, no prospera el cargo de a pelación […]”.

[…]

“[…] En ejercicio de la anterior atribución, la UGPP puede analizar los medios probatorios que estén a su alcance, incluidos los contratos laborales, todo, con el

[…]”.

[…]

“[…] En ejercicio de la anterior atribución, la UGPP puede analizar los medios probatorios que estén a su alcance, incluidos los contratos laborales, todo, con el objeto de verificar qué pagos de los que recibe el trabajador deben integrar la base gravable, competencia que es independiente de la asignada a los jueces para dirimir los conflictos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, pues en estos últimos casos, el análisis se realiza a partir de la relación trabajador –25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

empleador, y no Autoridad Tributaria – aportante como ocurre en la labor de fiscalización que adelanta la mencionada entidad […]”

[…]

“[…] Del ejemplo analizado se concluye que no le asiste razón a la UGPP al afirmar que las bonificaciones que tuvo en consideración para efectos de liquidar el IBC del período fiscalizado coinciden con los pagos que según la información contable se pagaron en esa mensualidad. Motivo por el cual, no prospera el cargo de apelación y se confirmará la orden del tribunal en ese sentido […]”

[…]

“[…] En conclusión, se concuerda con el tribunal en que procede la nulidad parcial de los actos administrativos demandados (ordinal primero), sin embargo, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, en tanto que lo procedente, a título de restablecimiento del derecho, es ordenarle a la UGPP que practique una nueva liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes, considerando los montos registrados en los comprobantes de pago (liquidaciones de

título de restablecimiento del derecho, es ordenarle a la UGPP que practique una nueva liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes, considerando los montos registrados en los comprobantes de pago (liquidaciones de contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante, (ii) subsane el yerro respecto de la inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la demandante en su nómina de salarios, (iii) reliquid e los aportes al ICBF y SENA en los casos de los trabajadores que devengaron salario integral en los periodos de mayo a diciembre de 2013, sobre un IBC del 70% de la rem uneración, atendiendo el límite de 10 SMMLV, (iv) realice el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud, pensión, FSP y ARL - diciembre 2011), teniendo en cuenta como IBC la suma de $5.797.500, (v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes. La UGPP deberá devolver los valores que resulten de la reliquidación ordenada en esta providencia (art. 311 de la Ley 1819 de 2016), previa verificación de los pagos realizados por la aportante. En los demás, se confirmará […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020).

“[…] PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020).

SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022).

TERCERO: Como consecuencia de lo an terior se declare la nulidad parcial de los Actos Administrativos, Resolución No. RDC 407 del primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y Resolución No. RDO 484 del doce (12) de junio de dos mil quince (2015), proferidos por la UGPP.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

CUARTO: De no ser procedente la solicitud anterior solicitamos al honorable despacho se sirva ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, revisar los registros señalados en el escrito de demanda e identificados de forma expres a en el medio magnético CD, y la jurisprudencia frente a la firmeza de las declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma en materia tributaria. [...]”.

8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo por indebida aplicación de las

normas jurídicas. Para tal efecto, sostuvo que:

8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo por indebida aplicación de las

normas jurídicas. Para tal efecto, sostuvo que:

“[…] situación que no es de recibo, y respetuosamente indicamos las razones por las cuales, el Honorable Consejo de Estado, contrario a lo expresado, si debió pronunciarse respecto del cargo que relaciono como “ firmeza de las liquidaciones”, pues si observamos el trámite desarrollado dentro del proceso, desde la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado , en sentido amplio, que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, RIOPAILA CASTILLA S.A., pues no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, ya que como se argumentó desde el escrito de la demanda, la UGPP motivo (sic) los actos administrativos en la Ley 1151 de 2007 y la Ley 1 607 de 2012 , realizando una combinación de normas para crear un procedimiento legal que no se encontraba en ninguna disposición, lo que se denomina como la Lex Tertia, y que aunado a ello, aplicaron la Ley 1607 de 2012 de manera retroactiva a periodos (201 1) en los cuales se debía dar aplicación a la ley 1151 de 2007, en ese sentido, el honorable Despacho, debía realizar un análisis sistemático de lo que se expuso en el cargo de violación de la demanda y la complementación que se exteriorizó en los alegatos de conclusión tanto en primera como en segunda instancia y por supuesto, en el recurso de apelación contra la sentencia, que fue la razón por la cual el Consejo de Estado conoció el proceso en

complementación que se exteriorizó en los alegatos de conclusión tanto en primera como en segunda instancia y por supuesto, en el recurso de apelación contra la sentencia, que fue la razón por la cual el Consejo de Estado conoció el proceso en segunda instancia […]”.

[…]

“[…] Adicional a lo anterior es pertinente indicar que el despacho que incurre en la violación de los derechos fundamentales, por cuanto en casos similares ha fallado de forma diferente motivo por el cual insistimos en la vulneración del derecho a la igualdad, y la configuración del erro r por desconocimiento del precedente judicial, veamos […]”.

9. Por otra parte, la actora indicó que las autoridades demandadas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que desconocieron las siguientes providencias relacionadas con la facultad que tienen los jueces cont encioso administrativos para pronunciarse sobre la firmeza de las autoliquidaciones presentadas por las entidades declarantes: i) “[…] Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sentencia de 10 de noviembre de 2022, Radicado: 2500023-37-000-2015-01557-01 (26211) […]”, “[…] sentencia de 31 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso radicado25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

bajo el número 25000 -2327-000-2015-0026600 […]” y “[…] Sentencia de 30 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el

bajo el número 25000 -2327-000-2015-0026600 […]” y “[…] Sentencia de 30 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el expediente radicado bajo el número 25000 -2337-000-2017-0007801 […]”. Además, hizo referencia a las “[…] Sentencias de 26 de octubre de 2018 proferidas por los Juzgados Administrativos 41 y 44 del Circuito de Bogotá D.C., en l os expedientes número 11001 3337 044 2016 00292 00 y 11001 3337 041 2015 00234 00 […]”.

10. Finalmente, la actora adujo la configuración de un defecto procedimental absoluto, comoquiera que “[…] respetuosamente consideramos que el Juzgador en primera y segunda instancia (Consejo de Estado, Sección Cuarta), debió analizar de forma integral, cada uno de los cargos esbozados en la demanda , los alegatos de conclusión y recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en estos últimos en d onde se amplió la interpretación, argumentos y los precedentes judiciales adoptados, respecto a los cargos de violación descritos en la demanda […]”. (Resaltado por la Sala)

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-,

vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

12. La Sección Cuarta del Consejo de Estado rindió informe en los siguientes

términos:

“[…] Obsérvese que previo el análisis pertinente, la Sala evidenció que el argumento de aplicación retroactiva de la norma y de firmeza de las planillas PILA no fue propuesto en la demanda, solo en el recurso de apelación, lo que impedía que se emitiera pronunciamiento al respecto, pues de lo contrario, se le vulneraría el derecho25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

a la defensa y de contradicción de la contraparte, además, se desatendería el objeto del recurso de apelación […]”.

[…]

“[…] En cuanto al desconocimiento de la sentencia del 10 de noviembre de 2022, exp. 26211, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, es preciso mencionar que en ese caso particular la Sección decidió sobre la firmeza de las planillas PILA porque desde el escrito inicial la demandante se refirió al cargo de «aplicación retroactiva de normas por parte de la UGPP» y centró el análisis en la consecuencia de dicha retroactividad, situación que es diferente a lo que ocurrió en el proceso ordinario que originó la acción

escrito inicial la demandante se refirió al cargo de «aplicación retroactiva de normas por parte de la UGPP» y centró el análisis en la consecuencia de dicha retroactividad, situación que es diferente a lo que ocurrió en el proceso ordinario que originó la acción de tutela de la referencia, en cuyo caso, el citado cargo se propuso solo en el recurso de apelación. Por lo tanto, se trata de supuestos fácticos y jurídicos disimiles, de ahí que no se evidencie la vulneración alegada en el escrito de tutela […]”.

[…]

Por lo expuesto, le solicito comedidamente, como pretensión principal, que se declare la improcedencia de la acción impetrada. De manera subsidiaria, en caso de que se efectúe el estudio de fondo, que se denieguen las súplicas de la demanda, toda vez que, reitero, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante y, por el contrario, la actuación se ajustado en un todo al ordenamiento legal […]”.

13. La Subsección B de la Sección Cuarta de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó negar la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, debo resaltar que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la sociedad RIOPAILA CASTILLA S.A planteó el cargo denominado como “CREACIÓN DE TERCERA N ORMA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO”, con apoyo en que la liquidación oficial de revisión demandada se fundamentó en los procedimientos dictados en la Ley 1151 de 2007 y Ley 1607 de 2012, dando lugar a una combinación de normas para crear un procedimiento mixto (lex tertia) que quebranta el derecho de defensa y

revisión demandada se fundamentó en los procedimientos dictados en la Ley 1151 de 2007 y Ley 1607 de 2012, dando lugar a una combinación de normas para crear un procedimiento mixto (lex tertia) que quebranta el derecho de defensa y contradicción de la demandante, así como también arguyó que la UGPP le dio una aplicación retroactiva a la mencionada Ley 1607 de 2012. Tal censura fue resuelta desfavorablemente por la Sala que integro […]”.

[…]

“[…] Obsérvese que en el fallo de primera instancia, en mi condición de ponente, efectué un pronunciamiento del cargo propuesto en la demanda relativo a la creación de una tercera norma producto de conjugar dos procedimientos previstos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, el cual analicé de cara a los derechos fundamentales de defensa y contradicción que la sociedad RIOPAILA CASTILLA alegó como violados, no encontrando vulneración alguna al respecto por parte de la entida d demandada, quien únicamente hizo mención de la aludida normativa para hacer referencia a las competencias de los funcionarios de la UGPP para adelantar el procedimiento de determinación oficial de las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, situación que no tiene la entidad de viciar de nulidad los actos administrativos acusados […]”.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

14. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– adujo “[…] no ser la entidad que presuntamente ha vulnerados derechos a la sociedad accionante RIOPAILA

14. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– adujo “[…] no ser la entidad que presuntamente ha vulnerados derechos a la sociedad accionante RIOPAILA

CASTILLA S.A. […]”.

12.1. Para tal efecto, señaló lo siguiente:

“[…] En el presente caso, no existe un defecto material o sustantivo, por cuanto, el caso fue estudiado con base en las normas existentes, sin presentarse contradicción entre los fundamentos y la decisión; entonces, no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, desconocimiento del precedente judicial y acceso a la administración de justicia, es decir que esta acción constitucional no encuentra razón de ser, ni siquiera como mecanismo excepcional y/o transitorio de protección, por cuanto, existe una decisión judicial debidamente ejecutoriada, que se encuentra ajustada a la normatividad aplicable al tema.

En consecuencia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante en la presente acción de tutela, por cuanto, las actuaciones administrativas realizadas por la entidad se encuentran ajustadas a derecho […]”.

La sentencia impugnada

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 24 de abril de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.

15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.

15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala estima que la controversia propuesta en relación a l a configuración de los defectos sustantivo y procedimental no cumple con el requisit o de subsidiariedad. Así mismo, que el reproche por la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente judicial, carece del requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural del proceso contencioso administrativo, tal como se pasa a explicar […]”.

[…]

“[…] En las anotadas condiciones, comoquiera que tampoco se advierte un perjuicio irreparable que precaver en el asunto que se examina, la naturaleza subsidiaria de la25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

acción de tutela impone a la parte actora la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios de defensa dispuestos en el ordenamiento jurídico para la protección de la garantía fundamental que estima vulnerada. Tal imperativo constitucional pone de relieve que, para acudir al recurso de amparo, la sociedad Riopaila S. A. debe actuar con diligencia en tales procedimientos, pero

jurídico para la protección de la garantía fundamental que estima vulnerada. Tal imperativo constitucional pone de relieve que, para acudir al recurso de amparo, la sociedad Riopaila S. A. debe actuar con diligencia en tales procedimientos, pero también, que la falta injustificada de agotamiento de los recursos ordinarios o extraordinarios a que haya lugar, deviene en la improcedencia del mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 Superior […]”.

[…]

“[…] se reitera que si la parte actora considera que existe una incongruencia entre los cargos y pretensiones expuestos en la demanda y el recurso de apelación y la resolutiva de la sentencia -congruencia externa -, debió acudir al citado recurso extraordinario para hacer valer sus derechos, y no utilizar este mecanismo constitucional para sustituir etapas procesales, en busca de una solución más expedita a su conflicto […]”.

[…]

“[…] Por último, la Sala considera que el cargo por desconocimiento del precedente también carece de carga argumentativa, esto debido a que la sentencia de 10 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, estudió el caso de una demanda interpuesta por la sociedad SERVICIOS LARA RIOS LTDA en la que se solicitó decretar la nulidad de la Liquidación Oficial nº RDO 750 del 27 de junio de 2014 y la Resolución nº RDC 555 del 29 de diciembre de 2014, proferidas por la Subdirección de Determinación de Obligaciones y la Dirección de Parafiscales de la UGPP. A diferencia del caso objeto de estudio, en dicha ocasión, desde el escrito

por la Subdirección de Determinación de Obligaciones y la Dirección de Parafiscales de la UGPP. A diferencia del caso objeto de estudio, en dicha ocasión, desde el escrito inicial la demandante se refirió al cargo de aplicación retroactiva de normas por parte de la UGPP y centró su análisis en las consecuencias de dicha retroactividad , situación que es diferente a lo que ocurrió en el proceso ordinario que originó la presente acción de tutela, en cuyo caso, la accionante: (i) orientó sus esfuerzos argumentativos en demostrar la creación de una tercera norma a partir de indebida la conjugación de la Ley 1151 de 2007 y la Ley 1607 de 2012, mencionando de forma marginal la aplicación retroactiva de la última norma y (ii) solo propuso el cargo relacionado con los efectos negativos de la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la firmeza de la plantillas PILA emitidas en el período comprendido entre enero y diciembre de 2011, en el recurso de apelación […]”.

[…]

“[…] En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por la accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contenciosos administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dent ro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia

administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dent ro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia […]”.25

Núm. único de radicación: 110010315000202301129-01

Actora: Riopaila Castilla S.A.

La impugnación

16. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo

de Estado, con fundamento en lo siguiente:

“[…] se motiva la configuración de la causal y se ruega al honorable Ad Quem , revoque la decisión del A Quo, para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales que le asisten a mi poderdante, pues conforme se advirtió, el Honorable Consejo de Estado, contrario a lo expresado en la sentencia de segunda instancia, si debió pronunciarse respecto del cargo que relacionó a su arbitrio como “firmeza de las liquidaciones”, ya que si observamos el trámite desarrollado dentro del proceso, desde la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado, en sentido amplio, que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, RIOPAILA CASTILLA S.A., toda vez que no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, y tal como se argu mentó desde el escrito de la

sociedad que represento, RIOPAILA CASTILLA S.A., toda vez que no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, y tal como se argu mentó desde el escrito de la demanda, la UGPP motivo los actos administrativos en la Ley 1151 de 2007 y la Ley 1607 de 2012, realizando una combinación de normas para crear un procedimiento legal que no se encontraba en ninguna disposición, lo que se denomina en la materia como la Lex Tertia, y que aunado a ello, aplicaron la Ley 1607 de 2012 de manera retroactiva a periodos (2011) en los cuales se debía dar aplicación a la ley 1151 de 2007, en ese sentido, el honorable D