CE - 110010315000202301164011SENTENCIA20230907154659

Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01164-01

Demandante: JOAN LEANDRO ARTURO TIGREROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– privación injusta de la libertad – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el señor Joan Leandro Arturo Tigreros contra la sentencia del 2 de mayo 2023 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 19 de julio de 2022, el señor Joan Leandro Arturo Tigreros, actuando por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 19 de julio de 2022, el señor Joan Leandro Arturo Tigreros, actuando por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 31 de agosto de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión del 30 de sept iembre de 2019 del Juzgado Segundo Administrativo de Cali, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001 -33-33-002-2017-00130-01, instaurado contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación y Ministeri o de Defensa Nacional - Policía

Nacional.

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y como consecuencia pidió:Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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2 se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del

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2 se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, decisión proferida en segunda instancia el pasado 31 de agosto de 2022, y notificada el 6 de septiembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 76001 -3333-002-2017-00130-01, promovido por el señor Joan Leandro Arturo Tigreros y otros.

3.3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión de reemplazo, en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y a decúe a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad, en los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas, cuando la imposición de la medida de aseguramiento, no estuvo sustentada en elementos materiales probatorio s de los cuales se desprenda inferencia razonable sobre la comisión del delito; esto en los términos de la jurisprudencia administrativa y constitucional.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,

jurisprudencia administrativa y constitucional.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 29 de julio de 2015 fue capturado el señor Arturo Tigre ros, junto a otra persona, por miembros de la policía que ejercían labores de patrullaje en el barrio Villa Nelly en el corregimiento El Placer del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones, por lo que se le impuso medida de detención preventiva en establecimiento carcelario. Sin embargo, fue absuelto, mediante sentencia de 14 de octubre siguiente del Juzgado Penal de Descongestión de Palmira, por preclusión de la investigación seguida en su contra.

6. Con ocasión a lo anterior, el señor Arturo Tigreros en compañía de su grupo familiar1 presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional , por los daños causados con ocasión de la privación de la libertad que tuvo que soportar.

7. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, que el 30 de septiembre de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que «en efecto existió una privación injusta de la libertad, pero los daños causados

de Cali, que el 30 de septiembre de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que «en efecto existió una privación injusta de la libertad, pero los daños causados son imputables a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL comoquiera que sin tener los elementos suficientes imputaron, legalizaron la captura y restringieron su

1 Angélica María Criollo Muñoz, Guillermo Arturo Toro, Shirley Tigreros Beltrán, Flor Inés Beltrán Tenorio y Fanny del Socorro Toro de Arturo.Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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3 libertad».

8. Inconformes con la anterior decisión, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación interpusieron recursos de apelación, desatados el 31 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de revocarla, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

9. Como fundamento de su decisión recalcó que del análisis en conjunto de las pruebas arrimadas al plenario se tenía que el ente investigativo presentó al Juez de Control de Garantías elementos de juicio que eran indicios graves, que lo llevaban a inferir de manera razonable que el demandante podía ser coautor del punible que se le imputaba, por tanto, la privación de l a libertad no fue una medida ilegal, irracional ni

Garantías elementos de juicio que eran indicios graves, que lo llevaban a inferir de manera razonable que el demandante podía ser coautor del punible que se le imputaba, por tanto, la privación de l a libertad no fue una medida ilegal, irracional ni arbitraria.

10. Concluyó que, igualmente, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional SU-072 de 2018 la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad , así como de necesidad , ya que tal y como se desprendía de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigado, que no solo permitía sino exigía la medida restrictiva de la libertad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. Sostuvo que la providencia objeto de censura incurrió en defecto fáctico, dado que de los elementos de convicción adosados a las diligencias ordinarias no se infería que la medida de aseguramiento que se le impuso haya sido razonable y proporcional, máxime cuando «los informes de policía no constituyen prueba indiciaria, y solo pueden ser utilizados como criterios de investigación».

12. Adujo que la sentencia enjuiciada le otorgó caprichosamente el valor probatorio a las etapas penales a saber: legalización de captura, formulación de imposición de la medida de aseguramiento y la sentencia de preclusión de la investigación, la cual daba por cierto unos hechos debidamente probados sobre la falta de participación del señor Joan Leandro Arturo Tigreros en relación con el delito de porte ilegal de armas de fuego que se le endilgaba, y por ende, no era procedente revocar el fallo de primera

por cierto unos hechos debidamente probados sobre la falta de participación del señor Joan Leandro Arturo Tigreros en relación con el delito de porte ilegal de armas de fuego que se le endilgaba, y por ende, no era procedente revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

13. Enfatizó que, se desconoció que el juez penal indicó que la captura del señor Joan Leandro Arturo Tigreros, fue injustificada y sólo se fundó en el hecho haber transportado a la persona que portaba el arma de fuego objeto de la conducta punible, puesto que la misma no fue hallada en su poder, ni en ninguna parte de la motocicleta, como supuesto para inferir que fuese participe en la comisión del punible, siendo improcedente su aprehensión.Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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14. Concluyó que se tiene acreditado que la imposición de la medida de aseguramiento impuesta no cumplió los requisitos legales, lo que impedía limitarlo de su libertad.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

15. Mediante auto del 9 de marzo de 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad judicial demandada. Igualmente, se ordenó vincular en calidad

15. Mediante auto del 9 de marzo de 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad judicial demandada. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a los señores Angélica María Criollo Muñoz, Guillermo Arturo Toro, Shirley Tigreros Beltrán, Flor Inés Beltrán Tenorio y Fanny del Socorro Toro de Arturo, así como a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía Genera l de la Nación y Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, quienes hicieron parte del proceso ordinario.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

17. El ponente de la providencia acusada, pidió negar el amparo deprecado, habida cuenta de que el «derecho de defensa del accionante fue garantizado, las etapas del proceso conforme a las Leyes 1437 de 2011 y 1 564 de 2012 fueron surtidas a cabalidad y las partes siempre tuvieron las oportunidades procesales para pronunciarse por consiguiente, «la parte actora no puede pretender, vía acción de tutela, que se re abra el debate procesal al estar inconforme con la decisión adoptada».

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

18. A través de la coordinadora de la unidad de defensa jurídica de la dirección de asuntos jurídicos de ese ente estatal , solicitó declarar improcedente la acción de la

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

18. A través de la coordinadora de la unidad de defensa jurídica de la dirección de asuntos jurídicos de ese ente estatal , solicitó declarar improcedente la acción de la referencia, toda vez que el demandante «no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial[idóneo para ventilar la controversia objeto de esta, no hizo uso del mismo,

(ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la tutela sea procedente y (iii) pretende recuperar oportunidades procesales perdidas».

1.5.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

19. Por conducto del señor abogado de la división de procesos de la unidad de asistencia legal, se opuso a la prosperidad del amparo deprecado, en atención a que «la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proces o ordinario e interpretó en forma razonable la normativa y los criteriosDemandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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5 aplicables al caso concreto, que a pesar de no resultar satisfactoria al hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a derecho».

1.5.2. Policía Nacional

20. Por medio del jefe del área jurídica de esa institución, adu jo que el Tribunal

puede colegir que su actuación fue contraria a derecho».

1.5.2. Policía Nacional

20. Por medio del jefe del área jurídica de esa institución, adu jo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se encuentra limitado por lo decidido en un proceso penal, por consiguiente el hecho de que el actor hubiese sido absuelto, no significa per se el reconocimiento por vía judicial del restablecimiento económico por la privación de su libertad, pues la valoración probatoria de los dos togados es disímil, en tanto la autoridad penal analiza si existió un comportamiento reprochable objeto de sanción punitiva, y el fallador en el proceso contencioso estudia la posible responsabilidad estatal derivada de la causación de un presunto daño

21. Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe de fondo del asunto.

1.6. Sentencia de primera instancia

22. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante sentencia del 2 de mayo de 2023 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se configuró el defecto fáctico alegado. Por el contrario, adujo que la decisión reprochada fue razonable en cuando la medida de aseguramiento dictada contra el entonces procesado ya que se fundó en pruebas de las que era dable deducir la eventual comisión del delito por el que fue investigado

23. Adujo que, en ese orden de ideas, tal y como lo determinaron las autoridades demandadas, no era procedente imponerle a la administración el deber de resarcir los perjuicios reclamados en sede contencioso administrativa, habida cuenta de que su privación de la libertad no resultó desproporcionada ni arbitraria, tal como se concluyó

demandadas, no era procedente imponerle a la administración el deber de resarcir los perjuicios reclamados en sede contencioso administrativa, habida cuenta de que su privación de la libertad no resultó desproporcionada ni arbitraria, tal como se concluyó en la sentencia reprochada.

1.7. Impugnación

24. Mediante escrito presentado el 15 de junio 2023 la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y manifestó estar en desacuerdo con la decisión del a quo, para lo cual reiteró inextenso los argumentos expuestos en el escrito inicial , respecto de la configuración del defecto fáctico.

1.8. Auto de mejor proveer

25. A través de auto del 2 de agosto de 2023, la magistrada ponente de segunda instancia ordenó la notificación de la presente acción al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Cali, en calidad de tercero con interés, por haber fungido como a quo en la causa ordinaria.Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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26. Pese a haber sido notificado en debida forma, no rindió informe sobre el asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación interpuesta por el señor Arturo Tigreros contra la sentencia del 2 de mayo de 2023

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación interpuesta por el señor Arturo Tigreros contra la sentencia del 2 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de pro cedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

29. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los derecho s fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia debido a la sentencia del 31 de agosto de 2022 , que revocó la decisión del a quo para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda al considerar que la privación que sufrió el demandante no fue injusta?

30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procede ncia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo C ontencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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32. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela

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32. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

33. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

34. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

35. Cabe destacar que la Corte Constitucional 5 desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra

2.4.1. Relevancia constitucional

35. Cabe destacar que la Corte Constitucional 5 desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

36. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

37. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación

5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02 .20, Rad. 11001 -03-15-000-201905291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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8 diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

38. Así, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquell a autoridad judicial, por las razones anteriormente anotadas.

39. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el

anteriormente anotadas.

39. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibili dad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

40. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

41. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

42. En la sentencia SU-215 de 20227, el alto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

43. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 20228 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de

su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia d e 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este po stulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sente ncia del 29 de

rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sente ncia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Joan Leandro Arturo Tigreros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01164-01

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9 importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

44. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, s e planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en

concreto se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en dond e justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se

para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

45. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en uno de los defectos.

46. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar