CE - 110010315000202301173011SENTENCIA20230616154328

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

Demandante: ROSA INÉS OSPINA MUÑOZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: DESVINCULACIÓN DE CARGO EN PROVISIONALIDAD

COMO CONSECUENCIA DE NOMBRAMIENTO DE

REGISTRO DE ELEGIBLES. MADRE CABEZA DE

HOGAR – REQUISITOS GENERALES

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 14 de abril de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:

“PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por

del 14 de abril de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:

“PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante en relación con el cargo por el no decreto de las pruebas aportadas por la actora con su recurso de apelación en el proceso ordinario.

SEGUNDO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE con respecto a los demás cargos por falta de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. (…)”

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Rosa Inés Ospina Muñoz, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se revoquen las decisiones tomadas en sentencias de fecha 21 de noviembre de 2018 y del 03 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquiay el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisiónrespectivamente, dentro del radicado No.2015-01401

2. Como consecuencia de la petición primera, se ordene al INPEC a reintegrarme al puesto de Pagadora Grado 20 Código 4173 o a un puesto de equivalente al que ocupaba al momento de mi declaratoria de insubsistencia.

3. Solicito se declare la no solución de continuidad y en su defecto, me sean cancelados todos

de Pagadora Grado 20 Código 4173 o a un puesto de equivalente al que ocupaba al momento de mi declaratoria de insubsistencia.

3. Solicito se declare la no solución de continuidad y en su defecto, me sean cancelados todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha 18 de agosto de 2015, hasta la fecha de ejecutoria del presente fallo.

4. Le solicito se accedan a l as demás pretensiones invocadas en el libro de demanda presentado en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquia.”Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: La señora Rosa Inés Ospina Muñoz ingresó , en provisionalidad , al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y el 7 de febrero de 2011 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de pagador código 4173, grado 20 del establecimiento penitenciario de media na seguridad Bellavista en Medellín. La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) realizó la convocatoria núm. 250 de 2012 para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera

establecimiento penitenciario de media na seguridad Bellavista en Medellín. La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) realizó la convocatoria núm. 250 de 2012 para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera de la planta del personal administrativo del INPEC , entre los que se ofertó el cargo desempeñado por la actora. La CNSC, el 5 de septiembre de 2014, expidió la Resolución núm. 1827, por la cual conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer 57 vacantes del empleo denominado “pagador código 4173, grado 20 ” del sistema específico de carrera administrativa del INPEC. La lista fue conformada por 109 personas . La demandante, aunque participó en la convocatoria, no formó parte de la lista de elegibles porque no superó el puntaje requerido. Mediante oficio de l 21 de marzo de 2015 , la subdirectora de la Oficina de Talento Humano del INPEC informó que existían algunos factores de protección para los empleados que no superaron la convocatoria y que se aplicarían en el trámite de vinculación de empleados de carrera, entre los que se encontraba la condición de padre o madre cabeza de familia, situación que debía comunicarse antes del 27 de marzo 2015. Por Resolución núm. 002311 del 30 de junio de 2015 , el INPEC terminó el nombramiento en provisionalidad de la actora y le informó que ese cargo sería ocupado por el señor Carlos Antonio Becerra Arango, quien se encontraba en la lista de elegibles prevista en la Resolución núm. 1827 de 2014.

No obstante, la actora indicó que reportó verbalmente al INPEC que ostentaba el

ocupado por el señor Carlos Antonio Becerra Arango, quien se encontraba en la lista de elegibles prevista en la Resolución núm. 1827 de 2014.

No obstante, la actora indicó que reportó verbalmente al INPEC que ostentaba el fuero de protección de madre cabeza de familia, y el 27 de julio de 2015 envió declaración extra juicio en la cual afirmó que tenía esa condición, de conformidad con la Ley 82 de 1993 y el 18 de agosto de 2015, y por el INPEC por medio de oficio núm. 15353 el INPEC, informó a la actora que el factor de protección de madre cabeza de familia invocado no le era aplicable, pues el número de aspirantes fue superior al número de vacantes a proveer. Debido a lo anterior, la señora Ospina Muñoz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el INPEC con la finalidad de que se dejara sin efecto la Resolución núm. 002311 del 30 de junio de 2015 y, como restablecimiento del derecho, se ordenara el reintegro al cargo que ostentaba al considerar que el acto administrativo incurrió en falsa motivación e infracción de la norma superior en que debía fundarse. El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, en sentencia del 21 de noviembre de 2018, negó las pretensiones del medio de control al estimar que no se acreditó la falsa motivación puesto que en la resolución se estableció que el motivo del retiroRadicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

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obedeció al nombramiento en propiedad de una persona que aprobó el concurso de méritos.

Sostuvo, además, que la señora Ospina Muñoz no se encontraba amparada por la Ley 790 de 2002 , es decir, estabilidad laboral reforzada, porque la desvinculación no se dio como consecuencia de reestructuración o modernización en la administración o de una liquidación forzosa administrativa, sino como consecuencia del nombramiento de un in tegrante de la lista de elegibles y a gregó que la protección constitucional no se configura con la simple afirmación de ser madre cabeza de familia, sino que debe acreditarse .

La referida decisión fue apelada por la actora en la medida que el cargo no fue apelado por un miembro de la lista de elegibles sino por otra funcionaria en provisionalidad, mencionó que no se analizó si el acto atacado afectó su mínimo vital a la luz de su avanzada edad y conforme a lo expuesto en la sentencia T -638 de 2016 . Agregó que estuvo nombrada más de veinte años en provisionalidad, cuando dicho encargo no puede pasar de seis meses. Frente a la condición de madre cabeza de familia, sostuvo que el juez basó su posición en el interrogatorio

de 2016 . Agregó que estuvo nombrada más de veinte años en provisionalidad, cuando dicho encargo no puede pasar de seis meses. Frente a la condición de madre cabeza de familia, sostuvo que el juez basó su posición en el interrogatorio de la demandante, en el que manifestó que el padre de la menor se hacía cargo de la manutención de ésta.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 3 de mayo de 20221, confirmó la decisión al considerar que el acto administrativo demandado fue debidamente motivado, que la actora no probó su calidad de madre cabeza de familia, que no fue desvirtuada la presunción de legalidad con la que cuentan los actos administrativos y que, además, la actora propuso nuevos argumentos en el recurso de apelación y que, por ende, su análisis implicaría una vulneración al principio de congruencia.

3. Argumentos de la acción de tutela

La actora indicó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial . P recisó que no se analizaron las pruebas incorporadas con el recurso de apelación, lo cual desconoció los numerales 3 y 4 del artículo 212 del CPACA, por cuanto en el trámite de apelación pueden ser solicitadas y aportadas y el tribunal no tuvo en cuenta que las pruebas no fueron aportadas con anterioridad debido a la demora del INPEC en responder las solicitudes por ella presentadas.

Señaló que la im portancia de tener en cuenta las pruebas aportadas radica ba en que de ellas se podía acreditar que el cargo del que fue removida no fue provisto con alguna de las personas que integraban la lista de elegibles de la convocatoria

Señaló que la im portancia de tener en cuenta las pruebas aportadas radica ba en que de ellas se podía acreditar que el cargo del que fue removida no fue provisto con alguna de las personas que integraban la lista de elegibles de la convocatoria núm. 250 de 2012, sino con la señora Támara Vélez Zapata, quien no superó las etapas del referido concurso. Además, explicó que no se tuvo en cuenta que tiene la calidad de mujer cabeza de familia, para lo cual mencionó que tiene clasificación Sisbén IV y que no cuenta con la ayuda el padre de la menor, circunstancias que acreditan tal calidad y que fueron

1 La referida decisión fue notificada el 19 de septiembre de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

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expuestas ante el INPEC y demostradas con la declaración extraproceso que remitió a esa entidad. Adujo que no se probó en el proceso judicial que el INPEC h ubiera desplegado mecanismos de protección en su favor por la situación de debilidad manifiesta, más aún, al verse afectado el mínimo vital, pues e l trabajo era el único medio que le permitía tener un ingreso. Adicionalmente, sostuvo que no tuvo en cuenta su

mecanismos de protección en su favor por la situación de debilidad manifiesta, más aún, al verse afectado el mínimo vital, pues e l trabajo era el único medio que le permitía tener un ingreso. Adicionalmente, sostuvo que no tuvo en cuenta su desempeño laboral ni las declaraciones rendidas por las señoras Luz Andrea Álzate Prisco, Maide María Zuluaga Quintero, Luz Inés Rodríguez Muriel y Claudia Yaneth Peña Ramírez. Frente al defecto sustantivo, argumentó que se encuentra probada la vulneración del derecho fundamental a la igualdad porque la señora Támara Vélez Zapata, quien se encontraba en condiciones similares a las suyas, no fue desvinculada. Lo que le permite concluir que la interpretación de la Ley 790 de 2002 “fue muy pobre al no haber tenido en cuenta los precedentes constitucionales y jurisprudenciales sobre el fuero especial reforzado de mujer cabeza de familia” . Finalmente, señaló que se inc urrió en desconocimiento del precedente judicial porque no se tuv ieron en cuenta las sentencias de tutela proferidas el 18 y 25 de mayo de 2017 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en las cuales se explicó el marco normativo aplicable a la estabilidad laboral reforzada y su relación con los derechos derivados de la carrera administrativa; así como las sentencias de la Corte Constitucional T-326 de 2014, T -464 de 2019 y T -342 de 2021, que tratan sobre la estabilidad relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

4. Oposiciones El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín remitió el expediente de forma digital y no se pronunció frente a la solicitud de amparo.

que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

4. Oposiciones El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín remitió el expediente de forma digital y no se pronunció frente a la solicitud de amparo.

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

5. Intervenciones El INPEC, en calidad de tercero con interés, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque los argumentos expuestos por la actora ya fueron debidamente resueltos en el marco del proceso ordinario y, por tanto, se evidencia que pretende convertir la solicitud de amparo en una instancia adicional.

Indicó que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por haber transcurrido más de seis meses desde que la actora conoció el fallo atacado y porque “se encontraba en capacidad de acudir ante la jurisdicción para resolver el conflicto planteado en la acción de tutela”. Finalmente, solicitó desvincular a la entidad en la medida que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

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6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado , en providencia del

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6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado , en providencia del 14 de abril de 2023, negó el amparo al considerar que no se incurrió en defecto fáctico dado que el tribunal demandado fue claro al indicar que no era procedente tener en cuenta las nuevas pruebas aportadas por la demandante en la apelación.

Precisó que el tribunal consideró que las nuevas solicitudes probatorias no tenían relación con los cargos planteados en el proceso y que, de avalarse lo solicitado , se estaría frente a una nueva reforma de la demanda al incorporarse un nuevo cargo y conforme al artículo 281 del CGP, no se permite mutar la demanda y atacar un acto administrativo diferente al que origin ó el debate o corregir defectos probatorios.

Lo anterior, dado que la demandante en el recurso de apelación indicó que no cuestionaba la no aceptación del cargo por parte de Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC, con el cual se nombr ó́ pagadora a Támara Vélez Zapata.

Explicó que era adecuado el análisis desplegado por el tribunal demandado, dado que la actora pretendió incorporar pruebas no relacionadas con el objeto del litigio, de manera que no había lugar a su decreto.

Frente a los argumentos adicionales alegados por la demandante , declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que la misma no cumple con el requisito de relevancia constituciona l dado que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario .

7. Impugnación

improcedente la solicitud de amparo al considerar que la misma no cumple con el requisito de relevancia constituciona l dado que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario .

7. Impugnación

La demandante impugnó la decisión de primera instancia , reiteró los argumentos del escrito inicial y afirmó que la desvinculación implicó una afectación a su mínimo vital y al de su hija, quien est á bajo su cargo, dado que el salario que devengaba por el puesto que ocupaba al interior del INPEC, constituía su único sustento económico.

Adujo que los jueces de primera y segunda instancia, únicamente se dedicaron a copiar los apartes donde las testigos manifestaron que la suscrita trabajaba por días, pero no de su condición de madre cabeza de familia la cual , a su juicio , se encontraba probada con la declaración juramentada y el certificado de que pertenece al Sisbén en el grado de pobreza extrema la no fue objeto de pronunciamiento.

Expresó que la acción de tutela resulta procedente porque las autoridades demandadas desconocieron la estabilidad laboral reforzada de la que goza, debido a su condición de debilidad manifiesta por su calidad de madre cabeza de familia, pues, como lo explicó, aun cuando los empleados en provisionalidad no tienen derecho a permanec er de manera indefinida en el cargo, las entidades deben considerar las condiciones particulares de cada caso y propender por la protección de las personas en condición especial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

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considerar las condiciones particulares de cada caso y propender por la protección de las personas en condición especial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala que preliminarmente debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala que preliminarmente debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la sentencia de segunda instancia del 3 de mayo de 2022, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2015-01401-01, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos alegados por la tutelante, al confirmar la decisión de negar las pretensiones del medio de control al considerar que el acto administrativo demandado no incurrió en falsa motivación y no se encontró probada la condición de madre cabeza de familia de la actora.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las

legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, para que

2 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

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un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, como se verá, la demandante insiste en los argumentos propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la Sala advierte que la señor a Rosa Inés Ospina Muñoz propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanto contra, el INPEC.

Si bien, l a demandante alega que las providencias objeto de tutela vulner aron derechos fundamentales e incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial , lo cierto es que, en últimas, lo que pretende l a demandante es que se reabra el debate surtido en el proceso con radicado 2015-01401-01, el cual concluyó que no había lugar a acceder a las

desconocimiento del precedente judicial , lo cierto es que, en últimas, lo que pretende l a demandante es que se reabra el debate surtido en el proceso con radicado 2015-01401-01, el cual concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones del medio de control.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La Sala observa que la señora Rosa Inés Ospina Muñoz demandó al INPEC, con el objeto de que se declarara nulo el acto administrativo que terminó su nombramiento, en consecuencia, se ordenara su reintegro y el reconocimiento y pago de los emolumentos dejados de percibir, dado que a su juicio la entidad demandada no tuvo en cuenta que debido a condición de madre cabeza de familia goza de estabilidad laboral reforzada.

La demanda del medio de control estuvo fundamentada en que “la entidad accionada al emitir el acto atacado no cumplió con los lineamientos legales, jurisprudenciales y constitucionales referentes a la protección laboral reforzada de los empleados en provisionalidad, como lo es la condición de ser madre o padre cabeza de familia, ni precisó la ubicación geográfica del cargo a proveer, lo que lo afecta de nulidad el acto.”

los empleados en provisionalidad, como lo es la condición de ser madre o padre cabeza de familia, ni precisó la ubicación geográfica del cargo a proveer, lo que lo afecta de nulidad el acto.”

Además, en esa oportunidad pidió que se aplicaran las sentencias C-040 de 1995, T-326 de 2014, C-640 de 2012, SU446 de 2011, T -102 de 2012, T -768 de 2005, C-184 de 2003, T-1183 de 2005, SU-913 de 2009 y SU-917 de 2010.

A partir de lo anterior, l a Sala advierte que la señora Rosa Inés Ospina Muñoz propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde es demandante. Si bien la demandante alega que las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre la legalidad del acto que dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el entend ido de que a su juicio no se tuvo en cuenta de que goza de estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio de control (resumido en la providencia de segunda instancia), la actora sostuvo lo siguiente:

«La PARTE DEMANDANTE interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, sustentando su oposición frente a la p rovidencia impugnada con base en los siguientes argumentos:

«La PARTE DEMANDANTE interpuso recurso de apelación en contra de la