CE - 110010315000202301178001SENTENCIA20230511160629

Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

Demandantes: MÓNICA ÁLVAREZ CORTÉS Y OTROS

Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS

Temas: Tutela de f ondo - análisis de la figura de temeridad y mora judicial. Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

La señora Mónica Álvarez Cortés, actuando en su nombre y el de sus hijos, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez y Juan Sebastián Pimentel Álvarez, presentó acción de

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

La señora Mónica Álvarez Cortés, actuando en su nombre y el de sus hijos, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez y Juan Sebastián Pimentel Álvarez, presentó acción de tutela1 con el fin de obtener el ampa ro de sus derechos fundamentales de «ACCESO A LA JUSTICIA E IGUALDAD, contemplados en los Artículos 229 y 13, de la Constitución Nacional, y los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la presunta falta de pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en el trámite de las quejas y denuncias que ha presentado en virtud de los hechos acaecidos dentro del trámite de un proceso ejecutivo del que conoce el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía2.

A su vez, afirmó que dent ro del expediente judicial se han presentado múltiples irregularidades, relacionadas con la falta de defensa técnica, la inclusión de una prueba pericial falsa, la falta de trámite a una recusación que presentó contra la juez

1 Con escrito presentado el 3 de marzo de 2023, a través del buzón electrónico tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado , en la misma fecha. 2 Que se identificó con el No. 25175-40-03-001-2018-00298-00 (2018-00298).Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros

en la misma fecha. 2 Que se identificó con el No. 25175-40-03-001-2018-00298-00 (2018-00298).Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co primera civil municipal del Circuito Judicial de Chía y, la falta de acatamiento de una sentencia de tutela.

1.2 Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Ordenar al Magistrado Juan Carlos Granados Becerra de la Comisión Nacional de disciplina judicial proferir sentencia a la apelación interpuesta.

2. Ordenar al juzgado primero civil municipal de chía, colaborar con la justicia penal y declarar la PREJUDICIALIDAD en el proceso 2018 -0298, hasta que se determinen las respon sabilidades penales del señor FRANCISCO PAEZ FAJARDO y el abogado demandante HECTOR EDUARDO GARCIA SARMIENTO, por los punibles de FALSEDAD PROCESAL, FALSEDAD

IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PRIVADO EN CONCURSO DE CONDUCTAS

PUNIBLES.

3. Ordenar a la fiscalía gene ral de la nación el cambio de asignaciones de los fiscales, porque durante 24 meses de interponer denuncias no han realizado ninguna actuación.

4. Ordenar a la comisión nacional de disciplina judicial abrir investigación disciplinaria en contra de los ma gistrados Jesús Antonio Silva Urriago y

fiscales, porque durante 24 meses de interponer denuncias no han realizado ninguna actuación.

4. Ordenar a la comisión nacional de disciplina judicial abrir investigación disciplinaria en contra de los ma gistrados Jesús Antonio Silva Urriago y Fernando Augusto Ayala Rodríguez por las sentencias inhibitorias a pesar del acervo probatorio.3

Adicionalmente, en escrito de 20 de marzo de 2023, la actora allegó nuevas solicitudes, alegando las presuntas irregularidades cometidas por el defensor de oficio que le fue designado durante el transcurso de la tutela, así:

1. Declarar improcedente la nulidad interpuesta, EL DIA 13 DE MARZO DE 2023, por el abogado de oficio JUAN CAMILO RUEDA.

2. Aplicar la excepción de inconstitucionalidad y convencionalidad, para que se me permita ejercer mi propia defensa. Teniendo como un HECHO

PERMANENTE, LA CARENCIA DE DEFENSA TÉCNICA.

3. Declarar la nulidad de todo lo actuado entre el 24 de septiembre de 2022 y el 8 de marzo de 2023, por carecer de defensor de oficio.

4. Declarar la Nulidad del avalúo falso e ilícito USADO por el demandante.

5. Declarar la Nulidad, por indebida representación, de lo actuado por los abogados de oficio, ANDRÉS CONTRERAS GARAY, SANTIAGO ANDRE S

GARZÓN BENALCÁZAR, Y MARTHA CATALINA QUECAN HERRERA.

6. Ordenar a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, trasladar el conocimiento del proceso 2018-0298 a un juzgado de la ciudad de Bogotá (por reparto).

6. Ordenar a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, trasladar el conocimiento del proceso 2018-0298 a un juzgado de la ciudad de Bogotá (por reparto).

7. Ordenar a la fiscalía y a la Comisión de Disciplina judicial, abrir y darle IMPULSO PROCESAL, a las investigaciones en contra del abogado

demandante HÉCTOR GARCÍA SARMIENTO.

8. Declarar la PREJUDICIALIDAD del proceso 2018-0298 que se adelanta en el juzgado primero civil municipal de chía.

3 Transcripción igual que el original, incluidos posibles errores.Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9. Finalmente, pienso que hay suficientes méritos, por las cuales se debería declarar la nulidad total del proceso 2018 -0298, somos personas de especial protección constitucional, que no tenemos porque soportar tantas y violentas vías de hec ho, Y QUE, ADEMÁS, han sometiendo a un nivel SECUNDARIO los DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ESTADO DE DERECHO, para proteger la actuación dolosa de un caballero y sus socios.4

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y las contestaciones , se establecen los sigu ientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1 Los relativos al proceso ejecutivo

De la solicitud de tutela y las contestaciones , se establecen los sigu ientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1 Los relativos al proceso ejecutivo

El señor Héctor Eduardo García Sarmiento inició un proceso ejecutivo contra la señora Mónica Álvarez Cortés, con la finalidad de hacer efectiva una garantía real de hipoteca, de la cual es acreedor.

El trámite le correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía (radicado 2018-00298), autoridad que libró mandamiento de pago el 20 de junio de 2018 «por las sumas de $ 5.000.000 , $13.000.000, $5.000.000, $10.000.000, $3.000.000, $4.000.000, $10.000.000, $5.000.000, junto con los respectivos intereses de mora».

El 24 de septiembre de 2018, previa solicitud de la ejecutada, se concedió amparo de pobreza a la señora Mónica Álvarez Cortes y se le designó como su defensor al abogado Paul Andrés Contreras Garay.

En providencia de 25 de octubre de 2018, se evidenció que había un error en el conteo de términos para el traslado de la demanda, por lo que se dejó sin valor y efecto lo actuado desde el 16 de octubre de 2018 5 y se ordenó volver a contar el plazo, a fin de que el extremo pasivo allegara su contestación y propusiera las excepciones pertinentes.

El 15 de noviembre de 2018, la ejecutada allegó un memorial al proceso en donde

plazo, a fin de que el extremo pasivo allegara su contestación y propusiera las excepciones pertinentes.

El 15 de noviembre de 2018, la ejecutada allegó un memorial al proceso en donde manifestó que no fue posible ubicar al profesional Contreras Garay y que aquel no había tomado alguna acción para actuar en su defensa. En consecuencia, por auto de 3 de diciembre de 2018, se le relevó de su designación y en su lugar se dispuso que Carlos Fabián Acosta Niño asumiera la defensa de la señora Álvarez Cortés.

A raíz de unas llamadas telefónicas entre el apoderado Acosta Niño y la actora en la que ella le manifestó su desacuerdo con la designación 6, el profesional informó la imposibilidad de ejercer la representación judicial.

Por lo expuesto, en auto de 8 de enero de 2019 se terminó la designación al abogado Acosta Niño y se ofició a la Defensoría del Pueblo7 para que designara un

4 Igual que la nota anterior. 5 Momento en el que se corrió el traslado. 6 Basándose en una condena en materia penal que pesó sobre el abogado. 7 A través del servicio de defensoría pública para asuntos civiles.Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apoderado para la ejecutada.

En respuesta, el defensor regional de Cundinamarca, asignó a Óscar Javier Mora

www.consejodeestado.gov.co apoderado para la ejecutada.

En respuesta, el defensor regional de Cundinamarca, asignó a Óscar Javier Mora Bustos8, como representante de oficio de la señora Mónica Álvarez Niño , profesional que sustituyó el mandato al abogado Santiago Andrés Garzón Benalcázar, quien también es defensor público. Este trámite fue aceptado en auto de 22 de agosto de 2019 dictado por el juzgado donde cursa el proceso. En la contestación de la demanda ejecutiva, el apoderado Garzón Benalcázar manifestó que se contactó con su defendida, pero que ella le expresó que no estaba de acuerdo con la designación. Teniendo en cuenta que no propuso excepciones, el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía resolvió se guir adelante con la ejecución, mediante auto de 22 de agosto de 2019.

Con providencia de 22 de octubre de 2019, se corrió traslado del avalúo catastral de la vivienda de la señora Álvarez Niño, aportado por el ejecutante, el cual fue aceptado sin observaciones por parte del abogado Garzón Benalcázar; la experticia fue aprobada en auto de 18 de noviembre de ese año.

El 12 de febrero de 2020, mientras el despacho se preparaba para realizar la diligencia de remate del inmueble, se suspendió el trámite por c uanto el Juzgado Trece de Familia del Circuito Judicial de Bogotá , dentro de la acción de tutela con radicado 2019-00981 interpuesta por la señora Álvarez Cortés contra el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía, dejó sin efecto la no tificación

radicado 2019-00981 interpuesta por la señora Álvarez Cortés contra el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía, dejó sin efecto la no tificación realizada a los defensores que se le asignaron a la ejecutada.

Tras surtirse nuevamente el proceso ejecutivo desde la notificación del auto que libró mandamiento de pago, de acuerdo con lo ordenado por el Juzgado Trece de Familia del Circuito Judicial de Bogotá, en auto de 26 de octubre de 2020 se volvió a aprobar el avalúo presentado por el ejecutante.

El 16 de abril de 2021, se realizó la diligencia de remate del inmueble y allí se resolvió una solicitud de nulidad de lo actuado radicada por la ejecutada previamente, en la que se afirmó que no contaba con representación judicial . En aquella oportunidad el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito de Chía rechazó la petición por cuando no se presentó a través del apoderado de la señora Álvarez Cortés, esto es, el profesional Garzón Benalcázar quien seguía actuando en su nombre como defensor de oficio. En todo caso, el remate se declaró desierto por falta de oferentes.

En auto de 28 de febrero de 2023 9, se designó como abogado de oficio de la ejecutada a Juan Camilo Rueda Jiménez, actuación que se le comunicó al togado el 1.° de marzo del mismo año . El día siguiente, la accionante se contactó con el profesional Rueda Jiménez , informándole la forma en que debía ejercer su representación.

El 13 de marzo de 2023, el apoderado de oficio solicitó la nulidad de la incorporación

profesional Rueda Jiménez , informándole la forma en que debía ejercer su representación.

El 13 de marzo de 2023, el apoderado de oficio solicitó la nulidad de la incorporación el avalúo catastral con el que se acreditó el valor de la vivienda de la actora ,

8 Previamente se designó a Norma Liliana Barreto Conde, pero no llegó a actuar en el proceso. 9 Aunque existieron varias actuaciones entr e el 16 de abril de 2021 y esta fecha, el despacho hace referencia a aquellos hechos que guardan relación con lo pretendido en esta acción constitucional.Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co justificándola en que el perito que la suscribió no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores.

1.3.2. De las denuncias y quejas presentadas por la accionante

La actora aseguró haber presentado las denuncias que condujeron a la apertura de las siguientes investigaciones penales:

 Radicado 25754-60-00-381-2021-51061, de conocim iento de la Fiscalía 6 delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, interpuesta contra Andrés Gutiérrez Beltrán, anterior juez primero civil municipal del Circuito Judicial de Chía.

 Radicado 25175-60-00-390-2021-50609, de conocimiento de la Fiscalía Tercera

Gutiérrez Beltrán, anterior juez primero civil municipal del Circuito Judicial de Chía.

 Radicado 25175-60-00-390-2021-50609, de conocimiento de la Fiscalía Tercera de Zipaquirá, contra el abogado Santiago Andrés Garzón Benalcázar, quien actuó como apoderado de oficio de la actora.

 Radicado 25754-60-00-381-2021-53124, de conocimiento de la Fiscalía Tercera de Zipaquirá, no se explicó contra quien iba dirigida.

 Radicado 11001-60-00-050-2022-52386, de conocimiento de la Fiscalía Treinta y Dos de Bogotá , contra la juez Yudy Mireya Sánchez Murcia, actual titular del Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía.

 Radicado 11001-60-99-149-2022-53748, de conocimiento de la Fiscalía Segunda de Zipaquirá, contra el perito que suscribió el avalúo del inmueble afectado por la garantía real de hipoteca.

 Radicado 25151-60-00-405-2023-10100, no se especificó quien tiene a su cargo este expediente, se interpuso contra el demandante en el proceso ejecutivo.

Por otra parte, manifestó que inició las siguientes acciones disciplinarias:

 Radicado 25000-25-02-000-2021-00457-01, de conocimiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dirigida contra la juez Yudy Mireya Sánchez Murcia.

 Radicado 25000 -11-02-000-2019-01420-00, de conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, contra el abogado Paul Andrés

 Radicado 25000 -11-02-000-2019-01420-00, de conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, contra el abogado Paul Andrés Contreras Garay.

 Radicado 25000 -11-02-000-2019-01421-00, de conocimie nto de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, contra los abogados Santiago Andrés Garzón Benalcázar y Óscar Javier Mora Bustos.

 Radicado 25000 -11-02-000-2019-01419-00, de conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, contra Andrés Gutiérrez Beltrán.

 Radicado 25000-25-02-000-2021-00497-00, de conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca contra la abogada Martha Catalina Quecan Herrera.Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  Radicado 25000-25-02-000-2022-00396-00, de conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, contra Giovanni Gutiérrez Gómez.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La actora planteó la presunta vulneración de derechos fundamentales de «ACCESO A LA JUSTICIA E IGUALDAD» bajo los siguientes puntos:

Gómez.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La actora planteó la presunta vulneración de derechos fundamentales de «ACCESO A LA JUSTICIA E IGUALDAD» bajo los siguientes puntos:

En primer lugar, a seguró que el avalúo catastral presentado en el proceso ejecutivo por la parte demandante incurre en falsedades, en tanto que nunca conoció el inmueble y, adicionalmente, quien fue presentado como perito n o tenía licencia para ejercer en avalúos.

Igualmente, reprochó que el defensor de oficio que tenía asignado en ese momento, Santiago Andrés Garzón Benalcázar, no presentó objeciones a la experticia.

De otra parte, afirmó que el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía, desconoció la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá , el 24 de marzo de 2020, dentro del proceso 201900981 que revocó el fallo del Juzgado Trece de Familia del Circuito Ju dicial de Bogotá, en el que se había ordenado rehacer el proceso ejecutivo desde la notificación del mandamiento de pago.

Acusó a la abogada de oficio Martha Catalina Quecan Herrera por no iniciar una acción judicial tendiente al cumplimiento de la mencionada providencia.

En un tercer punto, manifestó que ha existido una indebida representación de parte de los profesionales que le han designado para su defensa, enfocando sus reparos en lo actuado por Santiago Garzón Benalcázar y Martha Catalina Quecan Herrera.

Adujo que, a raíz de una llamada que recibió por parte de la titular del Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía a su número personal, presentó

Herrera.

Adujo que, a raíz de una llamada que recibió por parte de la titular del Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía a su número personal, presentó una recusación en su contra, que fue rechazada de plano en una extralimitación de funciones.

Por otra parte, aseguró que la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no han dado impulso a las denuncias y quejas radicadas contra los jueces y a bogados que han actuado en el proceso ejecutivo o, en su lugar, que aquellos sobre las cuales se han tomado decisione s, no está de acuerdo con lo resuelto, específicamente se refirió a los siguientes procesos:

Procesos penales, en estos casos la actora ex puso que no han tenido trámite por parte de los fiscales que los conocen:

 25754-60-00-381-2021-51061 que cursa en la Fiscalía Sexta ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  25175-60-00-390-2021-50609 y 25754-60-00-381-2021-53124, a cargo de la Fiscalía Tercera de Zipaquirá.

 11001-60-00-050-2022-52386, de conocimiento de la Fiscalía 32 de Bogotá.

Fiscalía Tercera de Zipaquirá.

 11001-60-00-050-2022-52386, de conocimiento de la Fiscalía 32 de Bogotá.

 11001-60-99-149-2022-53748, asignado a la Fiscalía Segunda de Zipaquirá.

 25151-60-00-405-2023-10100, sobre este proceso no se especificó qué Fiscalía lo tiene.

Procesos disciplinarios respecto de los que alega una mora judicial.

 25000-25-02-000-2021-00457-01, el cual se encuentra en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde se surte la segunda instancia. Para la actora, ha permanecido inactivo sin justificación desde octubre de 2022.

 25000-11-02-000-2019-01419-00, de conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, sin trámite durante tres años.

Procesos disciplinarios respecto de los que no está de acuerdo con lo resuelto.

 25000-11-02-000-2019-01420-00, con decisión inhibitoria proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.

 25000-11-02-000-2019-01421-00, con decisión de archivo proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.

 25000-25-02-000-2022-00396-00, con decisión de archivo por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

 25000-25-02-000-2021-00497-00, con sentencia inhibitoria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.

Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

 25000-25-02-000-2021-00497-00, con sentencia inhibitoria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.

Dentro de este cargo, aseguró que el fiscal sexto delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, incurrió en una causal de recusación por cuanto realizó una afirmación que prejuzgaba, de forma absolutoria, el actuar de una de las personas denunciadas.

Finalmente, consideró que debería ordenarse al Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía, que se declare la prejudicialidad del proceso ejecutivo, mientras se resuelven las denuncias y quejas impetradas.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 10 de marzo de 2023, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la tutelante, y como accionada s a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso se vinculó al Juzgado Primero Civil Municipal de Chía [autoridad que conoce el proceso ejecutivo] , a Héctor García Sarmiento y a Francisco Páez Faj ardo [ejecutante y perito en el proceso ordinario]; a SantiagoDemandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andrés Garzón Benalcázar, a Óscar Javier Mora Bustos y a Martha Catalina Quecan Herrera, a Paul Andrés Contreras Garay [quienes han actuado como defensores de oficio de la actora]; a Alirio Mah echa Acero , Andrés Gutiérrez Beltrán y a Yudy Mireya Sánchez Murcia [quienes ejercieron como titulares del Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito de Chía]; a las Fiscalías Segunda, Tercera y Sexta de Zipaquirá, a la Dirección Seccional de Fiscalías d e Cundinamarca, a la Fiscalía 32 de Bogotá, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, al fiscal Óscar Toro Lucena, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá [para que se refirieran respecto de las denuncias en materia penal instauradas por la actora] y a Giovanni Gutiérrez Gómez [juez primero Civil del Circuito Judicial de Zipaquirá, querellado por la accionante].

A su vez, negó la medida provisional solicitada, consistente en que el Juzgado Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía se abstuviera de continuar con el trámite del proceso ejecutivo.

Por otra parte, en auto de 14 de abril de 2023 y a raíz de las contestaciones aportadas y de un memorial allegado por la actora, ordenó la vinculación de Juan Camilo Rueda; se requirió al Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de

Por otra parte, en auto de 14 de abril de 2023 y a raíz de las contestaciones aportadas y de un memorial allegado por la actora, ordenó la vinculación de Juan Camilo Rueda; se requirió al Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Zipaquirá, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Zipaquirá, para que informaran el enlace de acceso a diferentes procesos de tutela que había iniciado la accionante, adicionalmente, se corrió traslado de nuevos argumentos y pretensiones elevadas por aquella.

Finalmente, en providencia de 28 de abril de 2023 le solicitó a la Secretaría de la Sección que insistiera en el requerimiento a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que remitiera el vínculo al proceso 11001-02-03000-2021-04052-00, pues advirtió su necesidad para agot ar el estudio de una posible temeridad.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Andrés Gutiérrez Beltrán, que corresponde a una de las personas contra las cuales la actora inter puso una queja disciplinaria por lo actuado cuando fungió como Juez Primero Civil Municipal del Circuito Judicial de Chía, manifestó que no vulneró los derechos fundamentales de la actora y, por el contrario, consideró que la presente acción es dilatoria para el proceso ejecutivo.

1.6.2. Giovanni Yair Gutiérrez Gómez , quien es el juez primero Civil del Circuito Judicial de Zipaquirá y que también se encuentra vinculado a un proceso

la presente acción es dilatoria para el proceso ejecutivo.

1.6.2. Giovanni Yair Gutiérrez Gómez , quien es el juez primero Civil del Circuito Judicial de Zipaquirá y que también se encuentra vinculado a un proceso disciplinario por cuenta de la accionante, informó que en su despacho cursó la acción de tutela 2022-00001 donde la señora Mónica Álvarez Cortés era la tutelante y que se resolvió con una declaración de improcedencia.

Respecto de la queja presentada en su contra, manifestó que no ha sido notificado de alguna actuación, por lo que se abstuvo de pronunciarse al respecto.Demandantes: Mónica Álvarez Cortés y otros Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01178-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.3. Martha Lucía Reyes Camacho, fiscal seccional 2 de Zipaquirá, explicó que en su oficina se encuentra la investigación 11001 -06-99-149-2022-53748, contra Luís Francisco Páez Fajardo, que inició por la presunta comisión de fraude procesal y falsedad, expediente que fue recibido el 21 de octubre de 2022 y que desde el 4 de noviembre siguiente se encuentra cursando el respectivo programa metodológico10 y que, aunque las órdenes proferidas al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) datan de esa fecha sin respuesta de aquella entidad, aún se encuentran vigentes.

Señaló que la accionante solicitó información sobre el proceso, lo cual fue atendido

Investigación (CTI) datan de esa fecha sin respuesta de aquella entidad, aún se encuentran vigentes.

Señaló que la accionante solicitó información sobre el proceso, lo cual fue atendido mediante correo electrónico de 11 de enero de 2023, donde se le comunicó que en este momento se adelanta la correspondiente indagación preliminar.

1.6.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá manifestó que, si bien la actora sí ha impulsado quejas ante esa entidad, ninguna corresponde a los sujetos aquí vincu lados, por lo que solicitó ser excluida de la presente acción constitucional.

1.6.5. La Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá manifestó que, dentro de las dependencias del Distrito Capital, se encontró que el proceso 11001-60-00-0502022-52386 fue co nocido inicialmente por la Fiscalía 32 Seccional de Bogotá y, posteriormente, por la Fiscalía 6 delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, por lo que consideró que es la Seccional de Cundinamarca, quien debe prestar su apoyo para la ubicación del expediente.

En consecuencia, pidió ser desvinculada de la acción de tutela.

1.6.6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca explicó que en esa corporación cursa el proceso 25000-11-02-000-2019-01421-00, iniciado por la actora contra los abogados Santiago Andrés Garzón Benalcázar y Óscar Javier Mora Bustos. Los elementos que fundamentaron la queja fueron resumidos así:

[…] solicitó al citado despacho judicial 11 le concediera amparo de pobreza, sin

Javier Mora Bustos. Los elementos que fundamentaron la queja fueron resumidos así:

[…] solicitó al citado despacho judicial 11 le concediera amparo de pobreza, sin que dicho pedimento hubiese sido atendi do y se le designó al abogado Óscar Javier Mora Bustos como su defensor de oficio, quien no se posesionó del cargo y en consecuencia, no se le reconoció personería para actuar en el proceso civil. Subsiguientemente, apareció en el proceso civil en la aludi da calidad, el profesional del derecho Santiago Andrés Garzón Benalcázar, a pesar de que no obraba decisión que acreditara dicha designación, pero en el acta de su posesión se consignó que había sido nombrado en amparo de pobreza por la Defensoría Regional de Cundinamarca; destacándose por la quejosa, que para subsanar la

10 Hace referencia a la «[…]herramienta de trabajo que permite organizar y explicar la investigación, con el fin de identificar y asegurar los medios cognoscitivos necesarios para demostrar, más allá de duda razonable, la ocurrencia del delito y su autor o partícipe», según se explica en el texto Programa metodológico en el Sistema Penal Acusatorio [página 17], publicado por la Escuela de Estudios e Invest