CE - 110010315000202301195011SENTENCIA20231012120543

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-01

Actor: Manuel Antonio García León

Demandados: Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga

y Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii) vida digna y iv) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela del 21 de julio de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-01

Actor: Manuel Antonio García León

I. ANTECEDENTES

La solicitud

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Actor: Manuel Antonio García León

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia del 26 de mayo de 2020 y el Tribunal al proferir los autos de 28 de ju lio de 2022 y 31 de agosto de 2022; y la sentencia de 7 de septiembre de 2022 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001-33-33-000-014-2016-00321-00/01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del Auto núm. ADP 007888 del 16 de junio de 2016 NOT_PD 251996, radicado núm. SOP201600013471 expedido por la entidad mencionada, mediante el cual negó el reembolso de la suma de $14.125.745 correspondientes a

251996, radicado núm. SOP201600013471 expedido por la entidad mencionada, mediante el cual negó el reembolso de la suma de $14.125.745 correspondientes a los descuentos por concepto de salud realizados del retroactivo pensional que le fue pagado.

4. Adujo que “[…] La demanda correspondió por reparto al Juzgado 14

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, bajo el radicado No. 68001333301420160032100 y fue admitida el 15 de marzo de 2017 […]”.3

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Actor: Manuel Antonio García León

5. Manifestó que “[…] En este proceso, el Consorcio FOPEP en respuesta al oficio No. 530 del 2 de abril de 2019, librado por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga en cumplimiento de lo dispuesto en auto de pruebas del 02/04/2019, en forma equivo cada, hizo la relación de descuentos por concepto de salud desde octubre de 2010 hasta abril de 2019 y omitió relacionar los descuentos realizados por ese concepto, si los hubo, del período 05/2008 al 10/2010, que era lo que en verdad nos interesaba […]”.

6. Agregó que, “[…] Tampoco certificó el destino dado a los dineros descontados por salud de la pensión del demandante MANUEL ANTONIO GARCÍA LEÓN en este último lapso. Esto es lo que NO SE PROBÓ EN EL PROCESO, por error en la práctica de la prueba […]”.

7. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga profirió

este último lapso. Esto es lo que NO SE PROBÓ EN EL PROCESO, por error en la práctica de la prueba […]”.

7. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia el 26 de mayo de 2020, negando las pretensiones de la demanda.

8. Manifestó que, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga presentó recurso de apelación, solicitando entre otras cosas, el decreto de pruebas en segunda instancia. En ese orden de ideas, indicó lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta que el Consorcio FOPEP dio respuesta en forma incompleta al oficio Nº 530 del 02/04/2019 del Juzgado del conocimiento, en cumplimiento a lo ordenado en auto de esa misma fecha, de modo respetuoso me permito solicitar al Magistrado Ponent e, si lo considera procedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 77 del CPACA, en consonancia con el artículo 247-2 Ídem, las siguientes pruebas:

1. Oficiar al Consorcio FOPEP para que (i) certifique el destino de la suma de $14.125.745.oo descontada por salud correspondiente al período del 01/05/2008 al 30/10/2010, al momento de pagarme mi retroactivo pensional y que se registró en la certificación impresa el 8 de marzo de 2016 -que obra en el expedientebajo el rubro “Valor devoluciones de terceros”; indicando el nombre e identificación de la persona jurídica beneficiaria de los recursos; y (ii) aporte los soportes documentales que respaldan el traslado de dichos recursos al destinatario final.

el rubro “Valor devoluciones de terceros”; indicando el nombre e identificación de la persona jurídica beneficiaria de los recursos; y (ii) aporte los soportes documentales que respaldan el traslado de dichos recursos al destinatario final.

2. Oficiar a la entidad indicada por el Consorcio FOPEP, destinataria de la suma de $14.125.745.oo, para que informe lo siguiente: (i) Si en realidad de verdad recibió la citada cantidad de dinero; (ii) Cuál el concepto de dicho pago; (iii) Qué legitimidad tiene para haber recibido dichos recursos y la relación o nexo causal con el servicio de saludo que me hubiere prestado […]”.4

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9. El Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 28 de julio 2022 negó la práctica de las pruebas solicitadas en el recurso de apelación, propuesta contra la sentencia de primera instancia.

10. El actor presentó recurso de reposición con tra el auto del 28 de julio de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Bucaramanga.

11. El Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 31 de agosto de

2022, resolvió lo siguiente:

“[…] NO REPONER el auto del 28 de julio de 2022 […]”.

12. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de segunda instancia el 7 de septiembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, y en su lugar CONDENAR EN COSTAS a la parte actora, las

el 7 de septiembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, y en su lugar CONDENAR EN COSTAS a la parte actora, las que serán liquidadas por conducto de la secretaría del A quo, quien, además, fijará las agencias en derecho auto separado.

SEGUNDO. CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia apelada.

TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, previas constancias de rigor en el aplicativo SAMAI. […]”.

13. El Tribunal Administrativo de Santander consideró lo siguiente:

“[…] El PROBLEMA JURÍDICO se centra en determinar si le asiste derecho al demandante a la devolución de los descuentos que por concepto en salud se han efectuado de su pensión.

Igualmente, decidirá si es procedente confirmar la condena en costas de primera instancia […]”.

[…]

“[…] En sentencia del 2 de diciembre de 20211 la Sección Segunda del Honorable

Consejo de Estado explicó:

“De conformidad con los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 26 y 65 del Decreto 806 de 1998, los pensionados son afiliados5

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Actor: Manuel Antonio García León

obligatorios del régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en

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Actor: Manuel Antonio García León

obligatorios del régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y su cotización se calcula con base en la mesada pensional.

A su turno, el artículo 143 ibidem indicó que «[l]a cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos».

Por su parte el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 precisó que las entidades encargadas del pago de las pensiones «deberán descontar la cotización para salud, y transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté a filiado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud».

A partir de las citadas normas, la Corte Suprema de Justicia ha concluido lo siguiente:

Del conjunto de estas disposiciones, se entie nde con facilidad que todos los pensionados en el país, sin excepción alguna, al tener capacidad de pago, están llamados a cotizar y, por ende, financiar el régi men contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, siendo de cargo de los mismos la totalidad de la cotización, pues no de otra manera podría sostenerse económicamente el mismo, ni, menos, otorgar las diferentes prestaciones asistenciales y económi cas, tales como las sabido, de los aportes de los cotizantes al régimen c ontributivo, como es el caso de los pensionados, se descuenta un punto porcentual p ara la subcuenta de

menos, otorgar las diferentes prestaciones asistenciales y económi cas, tales como las sabido, de los aportes de los cotizantes al régimen c ontributivo, como es el caso de los pensionados, se descuenta un punto porcentual p ara la subcuenta de solidaridad del FOSYGA, encargada de cofinanciar, junto con los entes territoriales el régimen subsidiado, cuya destinación es la prestación del se rvicio de salud de la población colombiana sin capacidad de pago alguna, por lo que, en consecuencia, las cotizaciones de los pensionados resultan vitales para e l financiamiento del sistema en salud.

[…]

De lo dicho hasta el momento, se entiende no solo que todos los pensionados del país están llamados a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud, quienes deben asumir en su totalidad el valor de la cotización, sino que, además, la misma debe hacerse desde la fecha en que se causa el derecho pe nsional, pues no otra puede ser la interpretación que se deriva sistemáticamente de las disposiciones citadas de la Ley 100 de 1993, al haberse establecido las cotizaciones de los afiliados obligatorios, tal como es el caso de los pensionados, como parte esencial del financiamiento del sistema, además que, encuentra la Sala, éstas constituye n un requisito de los afiliados a la hora de acceder a las diferentes pr estaciones económicas, como las contempladas en los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993, reglamentados en varias oportunidades posteriores, por lo que el hec ho de no descontarse las mismas desde la causación de la pensión devendría en detr imento de los posibles d erechos derivados de este sistema a favor de los pensionados cotizantes.

reglamentados en varias oportunidades posteriores, por lo que el hec ho de no descontarse las mismas desde la causación de la pensión devendría en detr imento de los posibles d erechos derivados de este sistema a favor de los pensionados cotizantes.

De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, las entidades pagadoras de pensiones se encuentran obligadas a efectuar los descuentos con destino al sistema de salud, pues ello es inherente, esencial y necesario frente al otorgamiento de la pensión.

A su vez, dicha deducción procede desde el momento en que se causa la prestación, opera por virtud de la ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irra dian al sistema general de seguridad social, pues gracias a dichos aportes se garanti za la sostenibilidad financiera del sistema,6

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Actor: Manuel Antonio García León

su cubrimiento a un mayor número de personas y el acceso al servicio de salud en condiciones de eficiencia, universalidad e igualdad […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

14. El actor solicita en su escrito de tutela:

“[…]1. Tutelar mis derechos constitucionales al debido proceso, defensa, petición, pensión justa, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial.

2. Que se ordene dejar sin efectos las sentencias proferidas el 26 de mayo de 2020 y 7 de septiembre de 2022, cuya fecha fue corregida el 19 de octubre de 2022, por

2. Que se ordene dejar sin efectos las sentencias proferidas el 26 de mayo de 2020 y 7 de septiembre de 2022, cuya fecha fue corregida el 19 de octubre de 2022, por el Juzgado 14 Administrativo O ral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, re spectivamente, y en su lugar se conceda un término prudencial para que el Tribunal Administrativo de Santander profiera una sentencia complementaria en los siguientes términos:

2.1. Que se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, el reembolso al suscrito demandante de la suma de $13.984,487, debidamente indexada desde noviembre de 2010, una vez hecho el descuento del punto porcentual con destino al fondo de solidaridad y garantía en salud FOSYGA14, que debe hacerse a la de $14.125.745, depositada en “Valor devoluciones de terceros”, por el Consorcio FOPEP, como obra en el certific ado de pagos anexo al oficio radicado No. 201614200724271 del 9 de marzo de 2016 de la UGPP.

2.2. Que se revoque la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia del 7 de septiembre de 2022, cuya fecha fue corregida el 19 de octubre de 2022 objeto de la presente acción de tutela.

3. En el evento de no prosperar las anteriores peticiones, se solicita a los Honorables Magistrados dejar sin efectos los autos de 28 de julio y 31 de agosto de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander; y en su lugar ordenar la práctica de las

3. En el evento de no prosperar las anteriores peticiones, se solicita a los Honorables Magistrados dejar sin efectos los autos de 28 de julio y 31 de agosto de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander; y en su lugar ordenar la práctica de las pruebas solicitadas en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia. […]”.

15. El actor en su escrito de tutela señal ó que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en las causales de i) decisión sin motivación y ii) violación directa de la Constitución.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-01

Actor: Manuel Antonio García León

Actuación

16. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de auto del 10 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a l Juzgado Catorce Administrativo de l Circuito de Bucaramanga y al Tribunal Administrativo de Santander ; y iii) vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, al Ministerio del Trabajo, al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -FOPEP-, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-, y a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud -ADRES-, en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

del Sistema de Seguridad Social en Salud -ADRES-, en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

17. El Ministerio de l Trabajo, el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel NacionalFOPEP-, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud -ADRES-, solicitaron la desvinculación del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga señaló que:

“[…] Es preciso señalar que las decisiones judiciales tomadas por este Juzgado se encuentran adoptadas con el contenido de la norma aplicada, con la jurisprudencia aplicable al caso, por lo tanto, no obedecen a simples prejuicios del operador jurídico y no son arbitrarias, garantizando los postulados constitucionales y legales, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

Por lo anterior, se considera que este Despacho no ha vulnerado ni ha amenazado los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, pensión justa y vida digna, ni ningún otro derecho del señor Manuel Antonio García León, de tal forma que fuera procedente librar una orden de amparo a cargo de este despacho judicial. […]”.

19. La Unidad Administrativa Especial de Ges tión Pensional y Con tribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP adujo que:8

despacho judicial. […]”.

19. La Unidad Administrativa Especial de Ges tión Pensional y Con tribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP adujo que:8

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Actor: Manuel Antonio García León

“[…] • Que el juez natural de la causa ya se pronunció sobre el litigio haciendo un estudio profundo del caso en una etapa superior. Por lo tanto, la providencia proferida es una decisión en firme que hizo tránsito a cosa juzgada.

• Honorable Magistrado, la presente tutela contra una decisión que pone fin a una actuación judicial es a todas luces improcedente, porque como es de conocimiento del despacho, no puede ser utilizada con un fin exclusivamente económico en búsqueda de que se accedan a pretensiones de quien acciona pues ello va en contra de la autonomía de los jueces naturales de la causa, más aún, cuando el litigio ya fue ventilado respetando el principio de doble instancia.

• Por otro lado, tampoco se logra demostrar cómo la autonomía del juez de la causa y su decisión judicial vulneran el derecho al debido proceso, situación que resalta de la sola lectura del escrito.

• Además, no hay argumentación demostrativa que acredite que se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que opere la procedibilidad de esta tutela en contra de la decisión judicial, esto es una vía de hecho en la decisión judicial hoy atacada.

Es evidente que lo pretendido por la parte accionante a través de esta acción de tutela

opere la procedibilidad de esta tutela en contra de la decisión judicial, esto es una vía de hecho en la decisión judicial hoy atacada.

Es evidente que lo pretendido por la parte accionante a través de esta acción de tutela es que se desconozca la actuación judicial desplegada, las pruebas aportadas, la ley y la jurisprudencia aplicable al caso para que en su lugar se le conmine al estrado judicial accionado a revocar la decisión de los despachos accionados para que en su lugar se acce dan a sus pretensiones, lo cual no puede ser objeto de la acción constitucional ni en razón a su excepcionalidad pues no se puede utilizar con un fin netamente económico, al margen de lo establecido en la normativa y jurisprudencia pensional.

Con base en lo anterior se concluye de fondo , que la decisión tomada por el JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANT ANDER se dio conforme a derecho situación que no hace que por ello se esté violentando dere cho alguno de la parte demandante.

Así, de lo anteriormente descrito se tiene que n o se han vulnerado los derechos deprecados por el aquí accionante en la present e acción constitucional, máxime cuando se encuentra incluido en nómina de pensionados, devenga ndo una asignación mensual de $8,009,712.30, tal como se evidencia en el histórico de pagos FOPEP adjunto, situación que permite desvirtuar afectación al mínimo vital, por lo que me permito manifestar las siguientes: […]”.

20. El Tribunal Administrativo de Santander y el Fondo de Solidaridad y GarantíaFOSYGAguardaron silencio en esta oportunidad procesal.9

me permito manifestar las siguientes: […]”.

20. El Tribunal Administrativo de Santander y el Fondo de Solidaridad y GarantíaFOSYGAguardaron silencio en esta oportunidad procesal.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-01

Actor: Manuel Antonio García León

La sentencia impugnada

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia del 21 de julio de 2023 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Seguridad Social, el FOPEP y ADRES.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Manuel Antonio García León, por las razones señaladas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito

(artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. […]”.

22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. […]”.

22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

“[…] 29. 1) Respecto de la Sentencia de 7 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander la Sala declarará la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional como pasa a explicarse.

30. La relevancia constitucional es uno los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte Constitucional, (se trascribe ) “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cue stiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

31. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 20145, adujo e xpresamente que el requisito que se analiza requiere de la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se present e con el objeto de obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.

32. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene por finalidades p reservar la competencia e independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales

legalidad.

32. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene por finalidades p reservar la competencia e independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional9.

33. Lo anterior obedece a que, si b ien la parte actora mencionó la relevancia constitucional como uno de los requisitos que deben co ncurrir para que sea procedente la acción de tutela, lo cierto es que no realizó un desarrollo sobre la10

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Actor: Manuel Antonio García León

necesidad de intervención del juez de tutela dentro del presente asunto, el cual fue analizado y resuelto por su juez natural.

34. Adicional a lo anterior, la Sala logró evidenciar que la parte demandante pretendió que se analizaran argumentos que ya fueron expuestos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 68001-33-33-014-2016-00321-00/01.

[…]”.

[…]

“[…] 39. Además, se recuerda que las diferencias interpretativas que existieren entre el demandante y el juez natu ral de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otros términos, la presentación simple de discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es constitucionalmente rel evante. Más, si se trata de una

criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es constitucionalmente rel evante. Más, si se trata de una tutela contra providencia judi cial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional.

40. 2) En lo relacionado con la con dena en costas, la Sala también declarará la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

41. Para la Sala, la imposición de l a condena en costas, en el caso concreto, constituye un debate o controv ersia eminentemente patrimonial y económica, pues, aunque la parte actora alegó con ello la trasgresión de derechos fundamentales, ello no es suficiente para dar por cumplido ese requisito, pues se requiere d emostrar de manera razonable su restricción desproporcionada. En ese orden, al igual que en ocasiones anteriores, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a este aspecto.

42. 3) Finalmente, en lo relacionado con l os Autos de 28 de julio y 31 de agosto de 2022, proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander, se declarará la falta de relevancia constitucional.

43. No se superó el mencionado requisito, toda ve z que la parte actora no desplegó la carga argumentativa que justi ficara la intervención del juez de tutela, pues, como se indicó en el fundamento de la vulneración (párrafo 17) la parte ni siquiera expuso los motivos por los cuales cuestionaba dichos autos […]”.

La impugnación

23. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección

los motivos por los cuales cuestionaba dichos autos […]”.

La impugnación

23. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente1:

“[…] 1.1. La vulneración del debido proceso en este asunto consiste, de manera primordial, en la aplicación e interpretación de forma incompleta, por parte del Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, de normas que regulan el monto y distribución de las cotizaciones en materia pensional, con repercusión probada y clara en detrimento de garantías procesales con implicación en el derecho sustancial.

1 Transcripción literal del texto del escrito de impugnación.11

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Actor: Manuel Antonio García León

Se violaron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del suscrito, ya que sin ninguna justificación y con total ausencia de motivación, (i) los falladores desconocieron que durante 30 meses, entre el 2 de mayo de 2008 y 30 de octubre de 2010, estuve cesante, por tanto no ostenté la real condición de pensionado, y en ese tiempo no estuve afiliado a ninguna EPS como cotizante, sino como beneficiario de mi hijo; (ii) se descontó de mi retr oactivo pensional la suma de $14.125.745.oo, por concepto de afiliación al sistema de salud, aplicando de manera deficiente o parcial la normatividad imperante como se verá

pensional la suma de $14.125.745.oo, por concepto de afiliación al sistema de salud, aplicando de manera deficiente o parcial la normatividad imperante como se verá más adelante; (iii) se planteó la existencia de un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad a la cual se hizo el traslado del descuento por concepto de cotización en salud y el consiguiente detrimento patrimonial del demandante. […]”.

[…]

“[…] 1.5. Mi situación es atípica. No es común que un empleado renuncie a su cargo antes de que la entidad correspondiente reconozca, liquide y pague su pensión de vejez. Como está demostrado en el expediente, el 2 de mayo de 2008, renuncié al último cargo que tuve en la Rama Judicial y días después elevé la petición de reconocimiento y pago de mi pensión, la cual fue pagada 30 meses después. Entre tanto no percibí sueldo ni pensión de ninguna naturaleza.

1.6. De ahí que se haya considerado que no existe norma ni pronunciamiento jurisprudencial alguno en Colombia, para la resolución de casos c omo el que aquí se debate en el que disponga la devolución de dineros deficientemente descontados para el rubro de la seguridad social en salud, cuando quien es objeto del