CE - 110010315000202301199011SENTENCIAREVOCA20230824144203

Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2023-01199-01 Demandante: JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ Y OTROS Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Tema: Derecho fundamental a la consulta previa. Acción de tutela contra proyectos de ley. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 18 de mayo de 2023, a través del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción. I. ANTECEDENTES 1. La petición de amparo Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2023 ante el Tribunal Administrativo del Cesar, los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar, en su condición de gobernadores de los seis resguardos indígenas que conforman la comunidad indígena Yukpa de la Serranía del Perijá en el departamento del Cesar, interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, con el objeto de que se protegieran sus derechos fundamentales a “la participación y la consulta previa”. Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales debido a que el Proyecto de Ley 399 de 2023, correspondiente a la reforma al sistema de salud, fue radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República sin

que se protegieran sus derechos fundamentales a “la participación y la consulta previa”. Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales debido a que el Proyecto de Ley 399 de 2023, correspondiente a la reforma al sistema de salud, fue radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República sin adelantar el mecanismo de consulta previa ante las comunidades indígenas. En concreto, solicitaron a esta Corporación: PRIMERO: ORDENAR al Doctor GUSTAVO PETRO URREGO, Presidente de Colombia, a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor ALFONSO PRADA,Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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Ministro del Interior, retirar del congreso de la República el Proyecto de Ley 339 "Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones". SEGUNDO: ORDENAR al Doctor, ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE, Presidente del Senado de Colombia, al Doctor DAVID RACERO, Presidente de la Cámara de Representantes y al Doctor AGMETH ESCAF TIJERINO, Presidente Comisión Séptima Constitucional, Cámara de Representantes, suspender de manera inmediata el trámite del Proyecto de Ley 339 "Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”; y devolver el mencionado proyecto de Ley al ejecutivo, hasta tanto no surta el debido proceso de Consulta previa con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa. TERCERO: ORDENAR a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN CARLOSAMA, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, convocar y adelantar un proceso de consulta previa con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa; del Proyecto de Ley 339 "Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones". CUARTO: ORDENAR a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN CARLOSAMA, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, convocar y adelantar con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa al proceso de consulta previa del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural –“SISPI del pueblo indígena Yukpa.1 2.

y adelantar con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa al proceso de consulta previa del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural –“SISPI del pueblo indígena Yukpa.1 2. Hechos Del extenso escrito de tutela se extraen los siguientes supuestos fácticos que, en criterio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto: Luego de hacer un recuento histórico, social, económico y cultural sobre el pueblo indígena Yukpa, así como del deber de protección que lo cobija dada su condición de nómada y seminómada, los accionantes resaltaron que a través de la Resolución 0081 del 5 de diciembre de 1997, la Dirección General de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior reconoció para todos los efectos legales la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar DUSAKAWI como una entidad de derecho público con carácter especial y sin ánimo de lucro. Explicaron que mediante la Resolución 0019 del 15 de marzo de 2001, la 1 Énfasis del texto original.Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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referida dependencia del Ministerio del Interior reconoció la transformación de la Administradora de Régimen Subsidiado DUSAKAWI ARS en Empresa Promotora de Salud DUSAKAWI EPSI, la cual cuenta con patrimonio propio y autonomía presupuestal, financiera y administrativa. Destacaron que DUSAWAKI EPSI es su empresa de salud indígena, la cual fue creada para fortalecer los procesos organizativos, desarrollar la autonomía de salud y avanzar en la consolidación de una política de administración de recursos públicos que permitiera implementar modelos propios de atención y de medicina tradicional. Aseguraron que el 89,79% de la población afiliada a esa EPS son indígenas que residen en zona rural dispersa y bajo condiciones de difícil acceso, ubicados en 3 departamentos, 22 municipios y 4 grandes microrregiones, que en muchos casos son impenetrables como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, La Guajira Inmensa y 367,72 kilómetros de frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Informaron que DUSAWAKI EPSI cuenta con una red de prestación de servicios integrada por 141 prestadores de servicios, de los cuales 19 son IPS indígenas, 21 empresas sociales del Estado, 77 son de mediana complejidad, 49 de baja complejidad y 15 de alta complejidad. Advirtieron que la EPS fue constituida bajo los principios, visión, modelos y autonomía de cada uno de los pueblos indígenas, proceso que ha llevado muchos años de esfuerzos, diálogos y concertación con las autoridades de las comunidades, pero que se vería afectado de forma negativa con la reforma a la salud planteada por el Gobierno Nacional al disponer su eliminación. Señalaron que, por lo anterior, el 17 y 18 de noviembre de 2022 presentaron una petición ante la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, la

con la reforma a la salud planteada por el Gobierno Nacional al disponer su eliminación. Señalaron que, por lo anterior, el 17 y 18 de noviembre de 2022 presentaron una petición ante la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y los presidentes de la Comisión Séptima del Senado y de la Cámara de Representantes, en la cual solicitaron que se convocara de forma urgente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira y a la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa a una consulta previa para la implementación del nuevo modelo de salud. Indicaron que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, mediante oficio OFI22-00158920/GFPU13050000 del 1° de diciembre de 2022, les informó que su petición había sido remitida a los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, para lo de su competencia. Resaltaron que a través de radicado 2023-2-002400-001883 del 25 de enero de 2023 de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se les indicó que la solicitud había sido trasladada el 23 de diciembre de 2022 a la Dirección deDemandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Agregaron que el 22 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social les informó que la petición se encontraba bajo la revisión conjunta con los delegados indígenas de la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación y que, cuando tuvieran una decisión sobre el particular, se la comunicarían oportunamente. Aseguraron que, pese a su petición, el Gobierno Nacional radicó el 13 de febrero de 2023 el Proyecto de Ley 399 “Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”, sin que se efectuara el procedimiento de consulta previa. En escrito posterior, manifestaron que el 23 de marzo siguiente el Ministerio del Interior respondió la solicitud en el sentido de informar que, una vez se determinara el deber de adelantar la consulta previa para dicho proyecto, se convocaría al Pueblo Indígena Yukpa y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, así como a las demás comunidades a que hubiere lugar, para realizar el proceso consultivo correspondiente. 3. Sustento de la vulneración Según los tutelantes, las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al radicar el Proyecto de Ley 399 de 2023 correspondiente a la reforma a la salud, sin agotar al mecanismo de consulta previa con el Pueblo Indígena Yukpa y el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, SISPI. Alegaron que el referido proyecto los afecta ya que en sus artículos 5 a 8 se refiere al sistema de salud sin establecer medidas necesarias para atacar las principales causas por las cuales su comunidad padece de enfermedades, bajo la aplicación de criterios de prevención. Indicaron que el nuevo sistema de salud planteado por el Gobierno Nacional no tiene en cuenta circunstancias que han dificultado el acceso al servicio de salud por parte del Pueblo Indígena

para atacar las principales causas por las cuales su comunidad padece de enfermedades, bajo la aplicación de criterios de prevención. Indicaron que el nuevo sistema de salud planteado por el Gobierno Nacional no tiene en cuenta circunstancias que han dificultado el acceso al servicio de salud por parte del Pueblo Indígena Yukpa, como lo es la falta de acceso a la tierra, al agua potable y al saneamiento básico, o la existencia de comunidades transfronterizas que han causado la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Sostuvieron que el proyecto de ley conlleva la eliminación de la EPS DUSAKAWI EPSI, a pesar de que ha prestado los servicios de salud entre la población indígena por más de 30 años. Por lo anterior, solicitaron que se garantice su derecho a la participación y a la consulta previa en cuanto al trámite de la reforma a la salud, ya que las entidades ignoraron sus solicitudes y alertas sobre el tema.Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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4. Trámite de la acción de tutela Mediante providencia del 3 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar remitió por competencia el expediente al Consejo de Estado. Una vez efectuado el nuevo reparto, a través de auto del 15 de marzo de 2023 la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela, negó la medida cautelar solicitada y ordenó notificar a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Senado de la República Por conducto de su secretario general, afirmó que la acción de tutela de la referencia es improcedente en atención a que los accionantes cuentan con otros medios de defensa dentro del proceso legislativo, como lo es acudir ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes a través del derecho fundamental de petición. Expresó que en dicha comisión se surte el trámite del Proyecto de Ley 399 “Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”, el cual se halla en etapa procedimental de estudio, análisis, debate y posterior votación. Resaltó que de conformidad con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 5 de 1992, en ese primer debate procedería el estudio de los reparos planteados por la parte actora, relacionados con el desconocimiento de los derechos de las minorías. 5.2. Procuraduría General de la Nación La profesional de la Oficina Jurídica de la entidad manifestó que el Ministerio Público no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes. Manifestó que la Procuraduría

con el desconocimiento de los derechos de las minorías. 5.2. Procuraduría General de la Nación La profesional de la Oficina Jurídica de la entidad manifestó que el Ministerio Público no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes. Manifestó que la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para Asuntos Étnicos allegó un informe el 23 de marzo de 2023, en el que indicó que el 29 de noviembre de 2022 había remitido una advertencia a los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social sobre el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo Indígena Yukpa respecto del nuevo modelo de salud. Por lo anterior, consideró que no ha vulnerado derecho alguno de la parteDemandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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actora por lo que solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. 5.3. Ministerio de Salud y Protección Social El apoderado de esa cartera rindió el informe solicitado en los siguientes términos: Aclaró que, contrario a lo afirmado por los tutelantes, las entidades promotoras de salud indígenas no son estructuras propias de esas comunidades, sino adaptaciones que se constituyeron para poder incluirlas en el sistema general de seguridad social en Colombia creado por la Ley 100 de 1993. Sostuvo que el espacio legítimo para concertar las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectar los pueblos y organizaciones indígenas es la Mesa Permanente de Concertación, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1397 de 1996. Resaltó que el proyecto de ley es distinto al texto que finalmente se publica en el Diario Oficial, por lo que para definir cualquier aspecto relacionado con los sistemas de conocimiento intercultural, medicina tradicional, entre otros, se concertará con las autoridades indígenas el contenido de los decretos con fuerza de ley que se expidan eventualmente y que definan de manera directa lo atinente a su sistema de salud. Aseguró que el Proyecto de Ley 339 de 2023 tiene por objeto la transformación del sistema de salud de conformidad con la Ley 1751 de 2015. Expresó que no se consideró conveniente adelantar la consulta previa porque, para adecuar lo previsto en la Ley 691 de 20012, el artículo 145 del proyecto de ley le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República en los siguientes términos: Artículo145. Consulta Previa a las autoridades

tradicionales de las comunidades indígenas. Para la reorganización del Sistema de Seguridad Social en Salud, en lo que respecta a reglamentar la prestación de servicios de salud y la organización del mismo en sus territorios, se adelantará consulta previa con las respectivas autoridades de los pueblos y comunidades indígenas en espacios suficientes y adecuados de participación sobre las decisiones que les afectan directamente. A tal efecto, facúltese al Presidente de la República por un periodo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley con el fin de adoptar las normas con fuerza de ley, de la organización y prestación de servicios de salud en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. 2 Mediante la cual de reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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Adujo que, según lo anterior, en la reforma a la salud se garantizará el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a través del decreto con fuerza de ley que expedirá el presidente de la República, ya que allí se definirán los componentes del sistema de salud propio con enfoque diferencial e intercultural, así que será en ese momento en el que se activarán los espacios de participación en cuanto a la construcción colectiva de las políticas públicas respectivas. Por tal razón, solicitó declarar la improcedencia de la acción por estar dirigida contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, en la medida en que la reforma a la salud planteada por el Gobierno Nacional contiene unos postulados genéricos dirigidos a toda la población y no a ningún grupo específico. 5.4. Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República La apoderada del DAPRE solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Refirió que no todos los actos y decisiones del Gobierno Nacional están sometidos al procedimiento de consulta previa. Expuso que la regla interpretativa en esta materia es que en cada caso concreto debe establecerse si opera el deber de consulta, bien sea porque se pretenda adoptar una norma que específicamente regula situaciones que repercuten directamente en las comunidades indígenas, o porque del contenido material de la medida se desprende una posible afectación de dichas poblaciones en ámbitos que les son propios. Afirmó que el objetivo del proceso consultivo es la adecuada participación de las comunidades en la formación de las reglas jurídicas que les afectarán de forma directa, pero no puede llegar al extremo buscado por los demandantes, quienes pretenden que toda clase de producción normativa deba ser sometida a ese trámite. Indicó que prohibirle al Gobierno Nacional tramitar la reforma al sistema de salud sería desproporcionado, ya que se paralizaría el estudio de todas las normas que la componen.

por los demandantes, quienes pretenden que toda clase de producción normativa deba ser sometida a ese trámite. Indicó que prohibirle al Gobierno Nacional tramitar la reforma al sistema de salud sería desproporcionado, ya que se paralizaría el estudio de todas las normas que la componen. Sostuvo que ni el Proyecto de Ley 339 ni su radicación ante el Congreso de la República desconocen el derecho a la consulta previa de la comunidad étnica accionante, ya que se trata de una medida legislativa en trámite de carácter general, que de acuerdo con su objetivo y finalidad busca afectar de forma uniforme a todos los ciudadanos, por lo que no tendría por qué someterse al mecanismo consultivo. Mencionó que, en todo caso, la consulta previa es un proceso dinámico queDemandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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no se agota en una única instancia, así que puede desarrollarse a lo largo del trámite legislativo, máxime si se tiene en cuenta que el proyecto será sometido a debate y podrá sufrir modificaciones a partir de las discusiones respectivas. Agregó que la reforma a la salud no contiene previsiones expresas que interfieran con los intereses directos de las comunidades indígenas y, concretamente, no aborda los componentes de salud étnicos diferenciales, ya que estos serán objeto de regulación posterior y para la cual se previó la consulta previa, de acuerdo con el artículo 145 del proyecto. 5.5. Ministerio del Interior La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción. Expresó que los accionantes no allegaron prueba alguna de la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera imperiosa la intervención del juez de tutela. Recalcó que en la solicitud de amparo no se explicó por qué la sola radicación del proyecto de ley de reforma a la salud afecta a la comunidad indígena accionante. Advirtió que, en todo caso, la consulta del proceso a los grupos étnicos se puede hacer antes de la presentación del proyecto, durante el debate legislativo o incluso después de su aprobación. Sostuvo que la reforma a la salud no pretende desconocer los avances que han logrado los pueblos indígenas ni mucho menos que desaparezcan los derechos ya adquiridos por éstos, sino que busca que el sistema de salud sea participativo, al punto de proponer la creación del Consejo Nacional de Salud, que tendría dentro de sus integrantes a tres representantes de las comunidades étnicas. Aclaró que el proyecto de ley es una propuesta que podrá tener cambios significativos durante su trámite ante el Congreso de la República en virtud de las discusiones que se adelanten al interior del órgano legislativo, siempre en aras de garantizar los derechos de todas las poblaciones afectadas. Precisó que la

que el proyecto de ley es una propuesta que podrá tener cambios significativos durante su trámite ante el Congreso de la República en virtud de las discusiones que se adelanten al interior del órgano legislativo, siempre en aras de garantizar los derechos de todas las poblaciones afectadas. Precisó que la reforma a la salud también incorpora un régimen de transición para no afectar los derechos adquiridos de la población, en desarrollo del principio de progresividad y no regresividad. Mencionó que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de la entidad respondió la petición radicada por los accionantes, en el sentido de indicarles que se establecería la procedencia de la consulta previa y que, de ser así, se les comunicaría la decisión correspondiente.Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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Señaló que, no obstante, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Salud y Protección Social convocarán a los peticionarios a una mesa conjunta con el fin de resolver cualquier inquietud adicional tanto del sistema como del modelo de salud propuesto. Consideró que la encargada de establecer si se incurrió en algún vicio de forma en el trámite del proyecto de ley es la Corte Constitucional al ejercer el respectivo control de constitucionalidad posterior a la promulgación del texto aprobado. Resaltó que lo pretendido con la reforma a la salud es establecer un marco general que posteriormente será implementado con un enfoque étnico diferencial a través de diversos actos jurídicos idóneos, pero previamente concertados con los pueblos indígenas, lo que demuestra que no era necesario agotar la consulta previa para poder radicar el proyecto de ley ante el Congreso de la República. 5.6. Cámara de Representantes La jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, ya que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que no procede contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. Expuso que el proyecto de ley controvertido no tiene efecto alguno en el ordenamiento jurídico pues no tiene fuerza normativa ni efectos erga omnes al no haber sido sancionado. Añadió que, aun en el caso en el que la norma fuera promulgada, la inconformidad de los actores no puede plantearse a través de la tutela, sino que debería tramitarse a través de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Insistió en que no es posible utilizar la solicitud de amparo constitucional para que un juez de la República se adjudique competencias impropias y, de manera infundada, establezca un juicio previo sobre una disposición de carácter abstracto y general. Concluyó

Constitucional. Insistió en que no es posible utilizar la solicitud de amparo constitucional para que un juez de la República se adjudique competencias impropias y, de manera infundada, establezca un juicio previo sobre una disposición de carácter abstracto y general. Concluyó que solo la Corte Constitucional es la competente para determinar si la norma desconoce el derecho fundamental a la consulta previa. 5.7. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado La apoderada de la entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción. Afirmó que, en principio, las medidas legislativas que generan cambios o restricciones a los pueblos indígenas deben ser objeto de consulta previa. Señaló que, no obstante, la Corte Constitucional ha aclarado que elDemandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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mecanismo consultivo solo es obligatorio en aquellos eventos en que se genere una afectación directa a las comunidades étnicas. Agregó que, por lo mismo, aquellas disposiciones que afecten de forma global y uniforme a la ciudadanía no deben ser objeto de consulta previa, ya que no causan un impacto diferenciado a la población indígena. Por lo anterior, consideró que no se ha desconocido el derecho fundamental invocado por los accionantes, ya que no se trata de una medida definitiva con una afectación directa la comunidad étnica y, en todo caso, corresponde a un proyecto de ley que puede ser modificado durante el trámite legislativo. Recalcó que el artículo 145 de dicho documento prevé el deber de adelantar la consulta previa respecto de los decretos con fuerza de ley que expida eventualmente el presidente de la República para regular la organización y la prestación del servicio de salud en los territorios indígenas. Expresó que ese precepto es el resultado de esfuerzos de las siete delegaciones de las comunidades indígenas, el viceministro de Salud y Protección Social, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, que en sesión del 24 de marzo de 2023 acordaron una ruta metodológica que permita garantizar el derecho a la consulta previa sobre la reforma a la salud que propone el Gobierno Nacional. 5.8. Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se ordenara a las entidades demandadas garantizar el derecho a la participación y a la consulta previa de los accionantes, por intermedio de la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa, respecto del proyecto de ley de reforma a la salud. Sostuvo que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que no existe otro mecanismo judicial para la protección de los derechos fundamentales de los interesados.

la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa, respecto del proyecto de ley de reforma a la salud. Sostuvo que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que no existe otro mecanismo judicial para la protección de los derechos fundamentales de los interesados. Explicó que, en la medida en que el proyecto de reforma aún no se ha convertido en ley de la República, no es posible plantear la existencia de un vicio por medio de la acción pública de inconstitucionalidad. Alegó que el contenido del proyecto de ley sí conlleva una afectación directa hacia el Pueblo Indígena Yukpa, por lo que debe garantizarse su participación en la deliberación correspondiente a través del mecanismo de consulta previa. 5.9. Parte actora Mediante memorial del 28 de marzo de 2023, los accionantes informaron queDemandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

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el Ministerio del Interior había convocado los días 21 y 22 de marzo de 2023 a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, de la cual no hace parte el Pueblo Indígena Yukpa, con el propósito de (i) concertar la modificación del artículo 145 del proyecto de ley, (ii) avanzar en el proceso de definición del procedimiento de consulta previa y (iii) protocolizar la ruta metodológica de la política pública de turismo indígena. Aseguraron que la reunión se llevó a cabo en las fechas referidas, per