CE - 110010315000202301203011SENTENCIA20230531170841

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01203-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO . LA ACCIÓN DE

TUTELA NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD PARA

SER PRESENTADA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, EN LA MEDIDA

EN QUE EL ACTOR CUENTA CON OTRO MEDIO DE DEFENSA

JUDICIAL, ESTO ES, EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación oportunamente presentada por la actora contra la sentencia de 24 de abril de 2023, proferida por la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado1 que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante la Sección Tercera.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, -en adelante UGPP-, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander2 al proferir la providencia de 8 de septiembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001-33-33-0006-2017-00306-01.

I.2.- Hechos

Refirió que la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ prestó sus servicios como docente en el Departamento de Santander desde el 17 de febrero de 1977 hasta el 26 de mayo de 2014.

2 En adelante el Tribunal.3

sus servicios como docente en el Departamento de Santander desde el 17 de febrero de 1977 hasta el 26 de mayo de 2014.

2 En adelante el Tribunal.3

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Sostuvo que mediante la Resolución núm. PAP 003650 de 30 de marzo de 2010 , la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL3le reconoció a la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORTÍZ pensión gracia, en cuantía de $1.946.804.30, efectiva a partir del 11 de julio de 2009.

Indicó que mediante la Resolución núm. RDP 014555 de 16 de abril de 20 15, denegó la reliquidación de la pensión gracia por retiro definitivo del servicio docente a la citada señora y, posteriormente, confirmó dicha decisión a través de las resoluciones núms. 024068 de 16 de junio de 2015 y RDP 030365 de 24 de julio de 2015.

Señaló que mediante la Resolución RDP 001377 de 19 de enero de 2017, reliquidó la pensión de jubilación gracia de la señora MARÍA

Señaló que mediante la Resolución RDP 001377 de 19 de enero de 2017, reliquidó la pensión de jubilación gracia de la señora MARÍA EUGENIA STELLA en cuantía de $ 2.136.214, efectiva a partir del 11 de julio de 2009, pero con efectos fiscales a partir del 24 de agosto de 2013 por prescripción trienal, con el 75% del salario promedio devengado en el último año de servicios, incluyéndosele la asignación básica, la prima de navidad, la prima de vacaciones y sobresueldo y

3 En adelante el Cajanal.4

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sin incluir la prima extraordinaria de navidad por ser de naturaleza extralegal.

Adujo que mediante la s resoluciones núm. RDP 011683 de 22 de marzo de 2017 y RDP 015476 de 17 de abril de 2017 , resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la reliquidación señalada, confirmando la decisión.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior , la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior , la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de que se le reliquidara su pensión gracia con la inclusión de la doceava parte de todo lo deven gado (salarios y factores salariales) durante el año anterior a la fecha en que adquirió el derecho, especialmente, la prima extraordinaria de navidad.

Relató que el mencionado proceso fue identificado con el número único de radicación 68001 -33-33-006-2017-00306-00 y le correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga que, en sentencia de 23 de5

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agosto de 2019, denegó las pretensiones al considerar que no era procedente la inclusión de los factores salariales solicitados.

Indicó que contra la anterior providencia se interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, a través de la sentencia de 8 de septiembre de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, accedió al amparo solicitado y le ordenó reliquidar la

apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, a través de la sentencia de 8 de septiembre de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, accedió al amparo solicitado y le ordenó reliquidar la pensión de la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ con la inclusión de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, especialmente, con la inclusión de la prima extraordinaria de navidad.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que realizó un análisis indebido de las pruebas recaudadas en el proceso al ordenar la inclusión de factores salariales que no fueron creados por la autoridad competente sino por la Asamblea Departamental de Santander, corporación que no tenía facultades para ello.6

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Arguyó que el Tribunal también desconoció el precedente jurisprudencial proferido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respecto de la falta de competencia de las autoridades o corporaciones municipales, departamentales o distritales para

Arguyó que el Tribunal también desconoció el precedente jurisprudencial proferido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respecto de la falta de competencia de las autoridades o corporaciones municipales, departamentales o distritales para reglar lo referente al régimen salarial y/o prestacional de los empleados públicos, comoquiera que dicha competencia es exclusiva del Congreso de la República y del Gobierno Nacional, de tal forma que no era procedente ordenar el pago de factores salariales que fueron creados por autoridades que no están facultadas para el efecto.

Añadió que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución al desconocer los derechos fundamentales invocados y generar una afectación continua y periódica, configurándose así un abuso palmario del derecho y un desmedro al erario.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:7

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“[…] PRINCIPALES

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER al ordenar la reliquidación de la

“[…] PRINCIPALES

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER al ordenar la reliquidación de la pensión gracia de la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORTIZ con la inclusión de l a Prima extraordinaria de navidad sin que esta constituya factor salarial.

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:

a.- DEJAR sin efectos la decisión del 08 de septiembre de 2022 dictada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en el proceso contenci oso N°68001333300620170030600 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón a la orden de reliquidación de la pensión gracia de la señora MARIA EUGENIA STELLA DE ORTIZ, con la inclusión de la prima extraordinaria de navidad emolumento que no tienen la calidad de ser factor salarial, que quien la creó – Asamblea Departamental de Santandertuviera competencia para el efecto y que la misma fue dejada sin efectos al declararse la nulidad de la ordenanza que la creó

b.- ORDENAR al TRIB UNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, CONFIRMANDO el fallo del 23 de agosto de 2019 dictado por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA donde se negaron las pretensiones de la demanda, por encontrar demostrado que no es procedente la inclusión de la prima extraordinaria de navidad dentro de la reliquidación de la

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA donde se negaron las pretensiones de la demanda, por encontrar demostrado que no es procedente la inclusión de la prima extraordinaria de navidad dentro de la reliquidación de la pensión gracia de la señora MARIA EUGENIA STELLA DE ORTIZ.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos: Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.

Segundo. Como co nsecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria la sentencia del 08 de septiembre de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]”.8

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal afirmó que su decisión se profirió conforme al material probatorio allegado al proceso , puesto que la allí

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal afirmó que su decisión se profirió conforme al material probatorio allegado al proceso , puesto que la allí demandante acreditó que adquirió el status de pensionada el 11 de julio de 2009 , devengando como factores salariales , durante su último año (2008-2009), los de: asignación básica, prima de navidad, prima de vacaciones, prima extraordinaria de navidad y sobresueldo del 15%.

Indicó que la actuación surtida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche observó los parámetros de interpretación establecidos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 21 de junio de 2018 , así como la normatividad aplicable al caso, sin apartarse en ningún momento del ordenamiento jurídico.

Concluyó que la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ sí tenía derecho a que se le reliquidara su pensión gracia con la inclusión de la prima extraordinaria de navidad, pues la misma fue devengada en al año anterior a la adquisic ión de su estatus pensional.9

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I.6. Interviniente

I.6.1.- La señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORTÍZ pese a ser debidamente notificada del presente trámite constitucional, guard ó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 24 de abril de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se cumplió con el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que la actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión, mecanismo idóneo para perseguir la protección de los derechos fundamentales que solicita, además, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable en el asunto que justifique el tratamiento de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Sumado a lo anterior, destacó que aun cuando la actora solicitó como pretensión subsidiaria que se suspendan los efectos de la providencia enjuiciada, hasta tanto se resuelva el eventual recurso extraordinario de revisión, estimó que tal petición no estaba llamada a prosperar,10

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comoquiera que no se demostró el abuso palmario del derecho ni el perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los siguientes términos:

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el a quo, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales invocados como violados aun cuando existe otr a herramienta de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual, a su juicio, no es el medio pertinente y eficaz para finalizar el perjuicio irremediable que se está generando mes a mes, situación que le permite utilizar la facultad conferida en la sentencia SU -427 de 2016 para acudir de manera preferente y directa a la solicitud de amparo en protección del erario.

Adujo que el Tribunal incurrió en los defectos material o sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución al ordenar efectuar la reliquidación de la pensión11

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la Constitución al ordenar efectuar la reliquidación de la pensión11

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gracia de la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ incluyéndole para ello la prima extraordinaria de navidad , emolumento que no fue creado por la autoridad competente, en este caso el Gobierno Nacional, sino por la Asamblea Departamental de Santander.

Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta la providencia del 24 de abril de 20084, confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 31 de enero de 2013, mediante las cuales se declaró la nulidad de la Ordenanza núm. 37 de 1980, expedida por la Asamblea Departamental de Santander, decisiones judiciales que le hubiesen permitido concluir que no había lugar a incluir como factor salarial la prima extraordinaria de navidad en la liquidación de la pensión gracia de la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORTÍZ, lo cual evidencia un total desconocimiento de la cosa juzgada.

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, referentes a la configuración de los defectos endilgados, por lo que solicitó acceder al amparo deprecado.

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, referentes a la configuración de los defectos endilgados, por lo que solicitó acceder al amparo deprecado.

4 Proferida por Tribunal Administrativo de Santander.12

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la13

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es14

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genuinamente una cuesti ón de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y

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genuinamente una cuesti ón de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistem a jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concent rar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere i nterpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como m ecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en

como m ecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de dere chos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia15

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los de rechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo16

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia

por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del cont enido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 8 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal, a través de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001-33-33-00062017-00306-01, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión gracia de la señora MARÍA EUGENIA STELLA DE ORT ÍZ incluyendo como factor salarial la prima extraordinaria de navidad.17

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01203-01

ACTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sección Tercera que, mediante sentencia de 24 de abril de 2023 , declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento de l requisito de la subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión bajo el argumento de que, contrario a lo advertido por el a quo, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales invocados como violados, aun cuando existe otra herramien