CE - 110010315000202301208011SENTENCIAFALLO20230804151948

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso disciplinario contra abogado / Defecto procedimental , sustantivo y violación directa de la Constitución Política

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Hernando Eduardo Peña Martínez, en contra de la sentencia proferida el 13 de abril de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Hernando Eduardo Peña Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la seguridad social , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en el proceso disciplinario identificado con el radicado 13001110200020160040101.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Alexander Castellón Salcedo presentó queja disciplinaria en contra de l abogado

en el proceso disciplinario identificado con el radicado 13001110200020160040101.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Alexander Castellón Salcedo presentó queja disciplinaria en contra de l abogado Hernando Eduardo Peña Martínez, por faltar a sus deberes profesionales debido a que, presuntamente, junto con la inmobiliaria Concasa Inversiones S.A. se confabularon para que suscribiera un contrato de cesión de derechos de crédito a favor de aquel, con la promesa de que le sería adjudicado un inmueble que garantizaba una obligación crediticia dentro de un proceso ejecutivo hipotecario que se adelantaba ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Cartagena.

1. El Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, a través de providencia del 28 de enero de 2022 sancionó a Hernando Eduardo Peña Martínez con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, por incurrir, a título2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez de culpa, en la falta disciplinaria fijada en el artículo 37, numeral 2, de la Ley 1123 de 20071, en desconocimiento del deber preceptuado en el artículo 28, numeral 10, ibidem2. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de apelación con los argumentos de prescripción de la acción disciplinaria y falso juicio de raciocinio, en tanto no se tuvo en cuenta que se le otorgó mandato por intermedio de la inmobiliaria ante la cual si rindió de manera periódica los informes correspondientes.

raciocinio, en tanto no se tuvo en cuenta que se le otorgó mandato por intermedio de la inmobiliaria ante la cual si rindió de manera periódica los informes correspondientes.

1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante fallo del 22 de octubre de 2022, redujo la sanción de suspensión a censura , en tanto, de un lado, decretó la prescripción parcial de la potestad sancionatoria del Estado al transcurrir 5 años desde la última solicitud de información del quejoso sobre la gestión del proceso y la fecha en que se profirió el fallo disciplinario; y, de otro, consideró que el hecho de que el mandato se otorgara por intermedio de la inmobiliaria no lo relevaba de la obligación de atender con diligencia sus encargos profesionales.

1. En relación con esa decisión, el demandante adujo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al incurrir en un defecto s sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución Política, por cuanto aplicó una norma derogada para la aceptación de la renuncia del poder, pues, en su criterio, quedó en firme desde el 20 de junio de 2016, por lo que para el 22 de octubre de 2022 ya había n transcurrido 5 años , configurándose la prescripción de la acción disciplinaria.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta y la facultad de interpretación del juez de tutela , se entiende que la parte actora pretende que , en amparo de sus derechos fundamentales, se deje sin efectos la sentencia proferida el 22 de octubre

Con fundamento en la situación fáctica expuesta y la facultad de interpretación del juez de tutela , se entiende que la parte actora pretende que , en amparo de sus derechos fundamentales, se deje sin efectos la sentencia proferida el 22 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y se ordene proferir una decisión de reemplazo, en la que se decrete la prescripción total de la facultad sancionatoria.

1.2. Informes rendidos en el proceso

1 ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: (…)

2. Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la gestión en los términos pactados en el mandato o cuando le sean solicitados por el cliente, y en todo caso al concluir la gestión profesional. 2 ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:

(…)

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez 1.2.1. El Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar3 manifestó que emitió sentencia el 28 de enero de 2022, en la que quedaron consignadas las razones de hecho y de derecho, así como el material probatorio tenido en cuenta para la emisión de esa determinación.

emitió sentencia el 28 de enero de 2022, en la que quedaron consignadas las razones de hecho y de derecho, así como el material probatorio tenido en cuenta para la emisión de esa determinación.

Afirmó que esa corporación se desprendió de la competencia del asunto tras conceder la apelación propuesta sin que hubiera retornado para el obedecimiento de lo resuelto por el superior, respecto de lo cual, resaltó que la situación que suscitó el inconformismo del actor no se relaciona con acción u omisión atribuible a aquella.

1.2.2. El Comisión Nacional de Disciplina Judicial 4 pidió que se declar e improcedente la solicitud de tutela por incumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en la medida en que esa corporación no afectó las garantías procesales del tutelante.

Explicó que como órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria tuvo bajo su resorte determinar durante qu é periodo actuó el togado como apoderado judicial, análisis que se sustentó en el hecho incontrovertible de que pese a que la renuncia fuera presentada el 20 de junio de 2016, no produjo efecto alguno dado que el Ju zgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Cartagena mediante auto del 18 de noviembre de 2016 se abstuvo de darle trámite , con fundamento en que no se adjuntó la respectiva comunicación enviada al poderdante ; decisión que pese a ser controvertible quedó en firme y, en cambio, consciente de mantener bajo su resorte tal responsabilidad continuó su actuación en el proceso civil correspondiente.

1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.5

1.3 Sentencia de primera instancia6

tal responsabilidad continuó su actuación en el proceso civil correspondiente.

1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.5

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 13 de abril de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela por carecer de relevancia constitucional, al considerar que lo pretendido era convertirla en una instancia adicional al proceso disciplinario, aun cuando las razones y argumentos planteados en la sentencia de segunda instancia emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como juez natural, se muestran razonables y no generan dudas de que se hubiera

3 Ver índice 1 0 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RESPUESTATUTELA202(.pdf ) NroActua 10 4 Ver índice 1 0 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RESPUESTATUTELA202(.pdf ) NroActua 10 5 Mediante auto del 5 de marzo de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar al señor Alexander Castellón Salcedo [parte accionante del proceso identificado con el radicado N.º 13001-11-02-000-2016-00401-01], a la inmobiliaria Concasa S.A.S. y al Juzgado Segundo Civil de l Circuito Judicial de Cartagena. 6 Ver índice 17 de SAMAI.4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez desconocido abiertamente algún postulado superior o la propia jurisprudencia de la

Corte Constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez desconocido abiertamente algún postulado superior o la propia jurisprudencia de la

Corte Constitucional.

1.4. Escrito de impugnación7

Hernando Eduardo Peña Martínez impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 8 y el Acuerdo 80 de l 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se había n desarrollado sobre el tema. 11 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio

que en su interior se había n desarrollado sobre el tema. 11 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en p resencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

7 Ver índice 24 de SAMAI 8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es

reseñada.5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena ,12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 13 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuesto s, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuesto s, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 14 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en qu e incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

C-590 de 2005. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez

La Sala deberá definir si: ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Hernando Eduardo Peña Bustamante con ocasión de la sentencia del 5 de octubre de 2022 que sancionó al abogado Hernando Eduardo Peña Bustamante con censura, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución Política?

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar e l estudio del fondo de los demás argumentos de inconformidad expuestos.

Pese a que el demandante, argumenta que el motivo de su inconformidad incurrió en defecto sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución Política, se analizará el asunto bajo el primero de los mencionados, en tanto los argumentos expuestos se enfocan hacia ese supuesto.

2.3.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional

expuestos se enfocan hacia ese supuesto.

2.3.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma inaplicable al caso concreto16. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar norma s jurídicas, esta no es una facultad absoluta17, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna

16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 17 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 20187

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

17 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 20187

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterio r, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad deb e ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales18.

2.3.3. Sobre el caso concreto

Hernando Eduardo Peña Bustamante acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 22 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en cuanto modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de reducir la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 2 meses a censura.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial aplicó una norma derogada para la aceptación de la renuncia del poder, la que en criterio del demandante quedó en firme desde el 20 de junio de 2016, por lo que, para el 5 de octubre de 2022,

para la aceptación de la renuncia del poder, la que en criterio del demandante quedó en firme desde el 20 de junio de 2016, por lo que, para el 5 de octubre de 2022, fecha de la sentencia acusada, ya había prescrito la acción disciplinaria.

Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por el demandante en cuanto a la configuración de la prescripción de la facultad sancionatoria, se observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en decisión del 22 de octubre de 2022, consideró:

«[…] Si bien el recurrente en su medio vertical deprecó la aplicación de la prescripción de la potestad disciplinaria del Estado, esta ha operado de manera parcial en relación con parte de los supuestos fácticos que sustentaron la declaración de responsabilidad disciplinaria, pero no en las condiciones argüidas por el apelante, sino bajo las siguientes premisas.

[…]

Ahora bien, el apelante solicitó la prescripción en relación con toda la actuación disciplinaria, ello porque consideró que el investigado solo estaba obligado a rendir informes de su gestión hasta el 22 de mayo de 2017, en razón a que el Juzgado 2° Civil del Circuito de Cartagena resolvió en providencia de la referida fecha terminar el proceso ejecutivo hipotecario que adelantaba con el radicado 2012-00137, porque al no haberse restructurado la obligación en los términos establecidos en la Ley 546 de 1999, lo procedente era revocar el mandamiento de pago que libró el 12 de mayo de 2012.

Tal interpretación del apoderado de confianza resulta errónea, porque si bien es acertado

procedente era revocar el mandamiento de pago que libró el 12 de mayo de 2012.

Tal interpretación del apoderado de confianza resulta errónea, porque si bien es acertado concluir que el proceso ejecutivo terminó en la data referida, lo cierto es que el abogado

18 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 20188

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez conservó el deber de actuar diligentemente hasta el 7 de diciembre de 2017, fecha en la que el despacho cognoscente le reconoció personería judicial al nuevo apoderado del señor Alexánder Castellón Salcedo, conclusión a la que arriba esta Colegiatura por las siguientes motivaciones, que además de antemano permiten advertir que la delimitación temporal del vínculo jurídico con su mandante fue precisamente hasta la resaltada calenda, y no hasta la fecha que el abogado equivocadamente considera.

Téngase en cuenta que el vínculo entre mandante y mandatario nació de la designación que como abogado externo de la inmobiliaria Concasa Inversiones S.A.S. le hiciese la representante legal Mirta Navarro al doctor Hernando Eduardo Peña Martínez, luego entonces no podría hablarse propiamente de un contrato de prestación de servicios entre el quejoso y el disciplinable que definiese en principio la manera de ejecutar las obligaciones derivadas de la relación jurídica; por ello ante la ausencia de pacto inter partes para establecer de manera consensuada las obligaciones reciprocas, la llamada a gobernar en este particular caso tal relación es el contrato entre el acuerdo entre

obligaciones derivadas de la relación jurídica; por ello ante la ausencia de pacto inter partes para establecer de manera consensuada las obligaciones reciprocas, la llamada a gobernar en este particular caso tal relación es el contrato entre el acuerdo entre Concasa y el encartado, y la propia ley (ope legis), en particular el Estatuto Deontológico de los Abogados.

La mentada codificación establece en el numeral 10° del artículo 28 que es deber de los abogados en su ejercicio profesional “10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo."

Esa celosa diligencia debe tener un término de duración, el cual para el caso concreto se circunscribió al lapso comprendido entre la aceptación del poder conferido (autorización consecuencial al convenio originario entre Concasa y el letrado) desde el 9 de julio de 2014 hasta el 7 de diciembre de 2017, fecha en la que fue reconocido un nuevo apoderado para actuar.

Contrario a lo concluido por el apelante, la gestión contractual no despuntó con la terminación del juicio coercitivo del 22 de mayo de 2017, porque al abogado le era exigible adelantar los trámites necesarios para el desglose de los legajos del aludido proceso ejecutivo, el cual no puede perderse de vista que se sustenta en la existencia de títulos-valores.

Para el poderdante resultaba de vital importancia contar con tales documentos, pues la terminación decretada por el Juzgado competente solo se orientaba a negar el

de títulos-valores.

Para el poderdante resultaba de vital importancia contar con tales documentos, pues la terminación decretada por el Juzgado competente solo se orientaba a negar el mandamiento de pago por faltar el requisito de la reestructuración del crédito hipotecario, el cual por disposición del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y el estudio de exequibilidad que la Corte Constitucional hiciese de la norma en comento, en el que a través de sentencias como la SU-813 de 2007 se estableció que los créditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999 debían ser reestructurados, con lo que se adicionó un requisito de procedibilidad a los procesos ejecutivos que tenían como fundamento obligaciones adquiridas bajo la modalidad del UPAC.

Por ello para el cesionario (quejoso) de la obligación crediticia adquirida a la inmobiliaria Concasa Inversiones S.A.S., resultaba de vital importancia recuperar para sí los documentos y proceder de conformidad a lo establecido en la disposición normativa y en las sentencias de unificación proferidas por el órgano de cierre constitucional, ello porque los derechos adquiridos en calidad de cesionario del crédito lo revestían de la facultad de requerir al deudor para poder reestructurar la obligación, y tratar de recuperar ya fuera los saldos insolutos del crédito con garantía real, o posteriormente iniciar un ejecutivo para hacer valer el crédito impago por el deudor.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01208-01

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez En iterados pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia ha definido que el cesionario reemplaza en un todo al cedente, circunstancia que hace de total relevancia la actuación

Demandante: Hernando Eduardo Peña Martínez En iterados pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia ha definido que el cesionario reemplaza en un todo al cedente, circunstancia que hace de total relevancia la actuación del abogado en procura de salvaguardar los intereses de su mandante, que aunque no hubiese tenido estipuladas las condiciones del contrato de prestación de servicios, porque la relación profesional surgió como fuente de las obligaciones de la designación que le hiciese en su momento la inmobiliaria Concasa, lo cierto es que su deber de ajustar su actuación a los cánones éticos establecidos en el Código Disciplinario del Abogado nació a partir del momento en el que aceptó representar los intereses del cesionario (quejoso) en el proceso ejecutivo y se extendieron hasta el momento en que se le relevó por solicitud que presentara el nuevo apoderado, al cual se le reconoció personería en auto del 7 de diciembre de 2017.

Entonces el deber de diligencia le era exigible al apoderado hasta tanto se agotara el trámite de desglose del título-valor que dio origen al proceso ejecutivo hipotecario para encaminar sus pasos hacia la reestructuración que echó de menos el juzgador, de tal suerte que solo hasta que se le otorgó por el cesionario un nuevo poder a un abogado, fue que se pudo surtir el retiro los legajos del despacho tantas veces referido.

Es claro para esta Colegiatura que tal trámite lo pudo adelantar el cesionario del crédito sin necesidad de recurrir a un profesional del derecho, pero como quiera que la renuncia presentada por el togado el 20 de junio de 2016 no fue aceptada en auto del 18 de noviembre siguiente, el togado conservó la obligación de actuar diligentemente hasta

sin necesidad de recurrir a un profesional del derecho, pero como quiera que la renuncia presentada por el togado el 20 de junio de 2016 no fue aceptada en auto del 18 de noviembre siguiente, el togado conservó la obligación de actuar diligentemente hasta tanto se le aceptara la renuncia al mandato, situación que como ha quedado advertido, solo se dio el 7 de diciembre de 2017, fecha a partir de la cual empezó a correr el término de prescripción de la acción disciplinaria, razón por la cual esta Colegiatura se encuentra en término para pronunciarse sobre el recurso de apelación en lo que refiere a los hechos que han sobrevivido al fenómeno de prescripción parcial que se decretó líneas atrás. Al fin y al cabo, la falta a la debida diligencia en estudio consiste en “Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la gestión en los términos pactados en el mandato o cuando le sean solicitados por el cliente, y en todo caso al concluir la gestión profesional". (Negrillas у subrayas fuera de texto). [...]»

Vistos los argumentos expuestos en la providencia judicial cuestionada resulta claro que el demandante considera que debía declararse la prescripción de toda la actuación disciplinaria, en la medida en que a partir del 20 de junio de 2016, cuando presentó renuncia al poder conferido, pues, según su dicho, desde allí debía contarse el término prescriptivo o, en su defecto, solo estaba obligado a rendir informes hasta el 22 de mayo de 2017, cuando el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Cartagena resolvió terminar el proceso ejecutivo hipotecario con radicado 2012-00137.

Sin embargo, l a Comisión Nacional de