CE - 110010315000202301209011SENTENCIA20230922164618

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

Accionante: Bellanid Bustamante Mendosa y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

Accionantes: BELLANID BUSTAMANTE MENDOSA Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 30 de junio de 2023, dictado por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Bellanid Bustamante Mendosa , Alonso y Mariela Bustamante Mendoza y Teresa Mendoza Patiño solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a “la reparación integral”, que estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias del 7 de

Bustamante Mendoza y Teresa Mendoza Patiño solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a “la reparación integral”, que estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias del 7 de noviembre de 2019 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y del 7 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso (Caquetá), el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá1.

1 Proceso que se identificó con la radicación 18001-33-31-002-2008-00578-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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1.2. Los demandantes manifiestan que presentaron demanda de reparación directa contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso, adscrito al Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E., el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las intervenciones médicas que le practicaron a la señora Bellanid Bustamante Mendosa el 24 de agosto de 2008, cuando se presentó con dolores de parto y concluyó con un óbito fetal y se le realizó una histerectomía.

intervenciones médicas que le practicaron a la señora Bellanid Bustamante Mendosa el 24 de agosto de 2008, cuando se presentó con dolores de parto y concluyó con un óbito fetal y se le realizó una histerectomía.

1.2.1. Señalaron que el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia , mediante sentencia del 7 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda al encontrar probado que el día de los hechos , la señora Bellanid Bustamante Mendosa inició trabajo de parto y fue atendida en el Centro de Salud de la Inspección de Mayoyoque , corregimiento del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), donde estuvo por un lapso de cuatro horas, sin que se desencadenara el parto, razón por la cual fue remitida al Centro de Salud del municipio de Solita2 (Caquetá), donde se le suministró una dosis inadecuada de oxitocina y se le practicó la maniobra de Kristeller —la cual está proscrita — para originar contracciones uterinas y lograr la expulsión del feto. De allí fue trasladada al Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E., donde le diagnosticaron ruptura uterina y óbito fetal , razón por la cual se le practicó la histerectomía y la salpingoforectomia bilateral.

Sin embargo, el juzgado concluyó que no se encontraba configurada la responsabilidad: (i) del Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E., entidad a la que se encuentra adscrito el Centro de Salud de Valparaíso, porque el dictamen pericial d el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

responsabilidad: (i) del Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E., entidad a la que se encuentra adscrito el Centro de Salud de Valparaíso, porque el dictamen pericial d el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no fue preciso en determinar que los daños sufridos por la señora Bustamante Mendosa hubieran sido consecuencia del empleo de

2 Si bien la demanda de reparación directa se dirigió contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso, este contestó la demanda y alegó que la paciente no fue atendida a llí sino en Centro de Salud del municipio de Solita. Valga señalar que, de acuerdo con la información consignada en la sentencia ordinaria de segunda instancia, ambos se encuentran adscritos al Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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la maniobra de Kristeller o de la aplicación de una dosis incorrecta de oxitocina, pues además la paciente venía de un trabajo de parto bastante prolongado, y que, este centro asistencial la atendió de forma primaria en el trabajo de parto, y ante las complicaciones presentadas, la remitió en el menor tiempo posible a un centro médico de mayor complejidad , ni tampoco (ii) del Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E., pues, de acuerdo con el mismo dictamen y las demás pruebas recaudadas, cuando la p aciente arribó a este centro asistencial, se le diagnosticó ruptura

tampoco (ii) del Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E., pues, de acuerdo con el mismo dictamen y las demás pruebas recaudadas, cuando la p aciente arribó a este centro asistencial, se le diagnosticó ruptura uterina severa y óbito fetal intrauterino, por lo que era necesario practicarle la histerectomía y salpingoforectomia bilateral, procedimientos que se ajustan al protocolo médico.

1.2.2. La parte actora informó que contra la anterior providencia interpuso el recurso de apelación y mediante fallo del 7 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó, al considerar que no estaba demostrada la falla en el servicio ni la relación de causalidad entre el daño y la actividad desplegada los demandados, porque: (i) si bien el informe pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicaba que en el Centro de Salud de Solita, adscrito al Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E. , se le suministró una dosis inadecuada de oxitocina y se le practicó la maniobra de Kristeller , lo cierto es que no quedó acreditado que los daños padecidos por la paciente hubieran sido consecuencia de esas fallas; (ii) el trabajo de parto había iniciado cuatro horas antes, cuando la paciente se encontraba en el corregimiento de Mayoyoque, sin que se hubiese logrado el descenso del feto, razón por la cual estaba justificada la inducción al parto ; (iii) debido a lo prolongado que fue el trabajo de parto, no era posible establecer con certeza en qué momento se había presentado la ruptura uterina, que a su vez generó el

cual estaba justificada la inducción al parto ; (iii) debido a lo prolongado que fue el trabajo de parto, no era posible establecer con certeza en qué momento se había presentado la ruptura uterina, que a su vez generó el óbito fetal, máxime cuando allí el feto ya se encontraba taquicárdico , y (iv) antes de la aplicación de la oxitocina l a paciente presentaba una actividad uterina irregular, por lo que el daño no podía asociarse a ese medicamento.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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1.3. Los demandantes alegan en la tutela que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico porque no valoraron en conjunto las pruebas allegas al proceso, no especificaron el método de valoración utilizado, se limitaron a dar por ciertos los argumentos de las entidades demandadas y trasladaron la carga de la prueba a la parte actora.

1.3.1. En concreto, señalaron que, d e acuerdo con la información que reposaba en la historia clínica: (i) el personal médico y asistencial no tuvo en cuenta que la paciente debía ser canalizada de forma inmediata y que debía brindársele una adecuada hidratación, tal y como lo señala la norma técnica para la atención de l parto; (ii) el cen tro hospitalario —no especificaron cuál— omitió el diligenciamiento del partograma, con el que

debía brindársele una adecuada hidratación, tal y como lo señala la norma técnica para la atención de l parto; (ii) el cen tro hospitalario —no especificaron cuál— omitió el diligenciamiento del partograma, con el que se pudo haber detectado cualquier situación anómala; (iii) como lo indicó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la paciente se le suministró una dosis inadecuada de oxitocina, la cual puede generar efectos adversos como hiperdinamia uterina, ruptura uterina, desprendimiento de placenta y estado fetal no tranquilizador ; (iv) de acuerdo con el anterior informe pericial, la maniobra de Kristeller que se le practicó, está totalmente proscrita según las recomendaciones de l a Organización Mundial de la Salud (OMS) , y (v) en el proceso sí quedó demostrado en qué momento de la atención se presentó la ruptura uterina, pues cuando la paciente ingresó al Centro de Salud de Solita, no presentaba tal lesión , tanto así que la dilatación del cuello uterino se encontraba dentro de los parámetros normales y no se observaba sangrado notable ni ningún otro síntoma que hubiera alarmado al personal de salud.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo de Caquetá, demandados en esta acción de tutela, y el Centro de Salud de Valparaíso, el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E., el Instituto Departamental de Salud de Caquetá y La Previsora S.A., vinculados como terceros con interés, guardaron silencio.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

E.S.E., el Instituto Departamental de Salud de Caquetá y La Previsora S.A., vinculados como terceros con interés, guardaron silencio.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 30 de junio de 2023 , el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B estudió el fondo del asunto y denegó el amparo solicitado al evidenciar que el tribunal demandado había estudiado de manera razonable los argumentos de la demanda y las pruebas recaudadas, para concluir que no se había demostrado el nexo causal entre el daño sufrido por la señora Bustamante Mendosa y la falla consistente en la realización de la maniobra de Kristeller y en el exceso en la dosis de oxitocina, pues no había certeza sobre el momento y lugar en el que se presentó la ruptura uterina que generó el óbito fetal, la cual pudo producirse por diferentes factores, entre estos, el trabajo de parto prolongado que inició en el Centro de Salud de Mayoyoque y se extendió por cuatro horas.

De otra parte , advirtió que el tribunal omitió válidamente estudiar los argumentos relacionados con la falta de canalización e hidratación de la paciente y la omisión en el diligenciamiento del partograma, pues estos solo habían sido esgrimidos en la apelación.

IV. IMPUGNACIÓN

argumentos relacionados con la falta de canalización e hidratación de la paciente y la omisión en el diligenciamiento del partograma, pues estos solo habían sido esgrimidos en la apelación.

IV. IMPUGNACIÓN

Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia y reiteraron los argumentos de la solicitud de amparo.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Bellanid Bustamante Mendosa , Alonso y Mariela Bustamante Mendoza, Alonso Bustamante Rivera y Teresa Mendoza Patiño interpusieron demanda de reparación directa contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso , el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá, con el fin de obtener la indemni zación de los perjuicios causados por las

Salud del municipio de Valparaíso , el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá, con el fin de obtener la indemni zación de los perjuicios causados por las intervenciones médicas que le practicaron a la señora Bellanid Bustamante Mendosa el 24 de agosto de 2008, cuando se presentó con dolores de parto y concluyó con un óbito fetal y se le realizó una histerectomía.

5.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante sentencia del 7 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda , al considerar que no se había acreditado el nexo de causalidad entre el daño y la actividad de los centros asistenciales demandados. Los demandantes apelaron la anterior decisión y, mediante fallo del 7 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó, básicamente por las mismas razones.

5.2.3. Los señores Bellanid Bustamante Mendosa , Alonso Bustamante Mendoza, Mariela Bustamante Mendoza y Teresa Mendoza Patiño interpusieron acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las anteriores providencias.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundament al, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el re quisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios” . Consideración a la cual agregó que:

satisfaga el re quisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios” . Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a “la reparación integral” , que estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias del 7 de noviembre de 2019, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, y del 7 de septiembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso, el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá, proceso que se tramitó bajo el radicado 18001-3331-002-2008-00578-01.

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 4 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 4 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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Por ello, c orresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para identificar si la cuestión que se discute cumple con este requisito, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las

el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de t utela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constituc ional. En la sentencia SU–573 de 2019, el alto tribunal 5 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las

persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, po r tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

La Sala analizará inicialmente si en este asunto se cumple con el primero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que afecten los derechos fu ndamentales. En la sentencia SU -573 de 2019, la Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria

Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria

5 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022 6 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos ad elantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa

del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU -215 de 2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU -573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego

lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego reiterado en los fallos SU -128 de 2021 7, SU -103 de 2022 8, y más recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la

7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 8 M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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sentencia proferida el 4 de mar zo de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.

imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T -422 de 2018 9, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino mediante l a acreditación razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca].

El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T –422 de 2018, SU-573 de 2019, SU -128 de 2021, SU -103 y SU -215 de 2022, entre otros, consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acredi tación de este primer elemento que integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la

evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acredi tación de este primer elemento que integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la

9 M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01

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vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje ins